María Georgina Robles Guerrero

Expediente 675/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
675/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • María Georgina Robles Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de junio de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 21 inciso c), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruible, toda vez que, se negaron las suspensiones provisional y definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. De los anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos que remitió como complemento de su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial levantada en autos, en la cual el fedatario adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad legal para notificar las determinaciones de auto de seis de enero actual y la resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictados en el juicio de amparo en el que se actúa, a la parte quejosa María Georgina Robles Guerrero; en consecuencia de lo anterior, y con fundamento en lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación a la parte quejosa de dichos autos, del presente proveído y las subsecuentes, se efectúen por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de la Licenciada Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LAS SIGUIETES DETERMINACIONES: (AUTO DE 06-ENERO-2022) Cuernavaca, Morelos, a seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto; sin embargo, se omitió crear los oficios correspondientes para notificar dicha sentencia, además, de que no obstante que se ordenó la notificación personal de dicha resolución a las partes a la fecha no se han realizado; por tal motivo, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para realizar las notificaciones no hechas a las partes de la sentencia dictada. Por lo anterior, gírese oficio a las autoridades responsables adjuntándoles copia de la sentencia dictada. Por otra parte, instrúyase al Actuario adscrito para que a la brevedad posible realice las notificaciones personales de la sentencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, además verifique que dentro del expediente electrónico se encuentren debidamente vinculadas. Lo anterior, para estar en condiciones de continuar con la secuela normal del procedimiento y en su momento, mandar el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. (RESOLUCIÓN DE 18-JUNIO-2021) R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, María Georgina Robles Guerrero, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La resolución de fecha 19 de agosto del año 2020." SEGUNDO. El diez de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 675/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La resolución interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil veinte, que resuelve el recurso de reconsideración, que confirma la determinación de dos de diciembre de dos mil diecinueve, que niega la suspensión del acto reclamado, emitida en el juicio de nulidad 110/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de los anexos que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado cuerpo normativo. La impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro:"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Los conceptos de violación son inoperantes, de acuerdo a los argumentos que a continuación se expondrán. Para explicarlo, es necesario citar algunos antecedentes del acto reclamado: Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve, la hoy quejosa María Georgina Robles Guerrero, promovió demanda de nulidad contra el Gobernador del Estado de Morelos, Secretario de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Director General de Transporte Público y Particular del Estado de Morelos, de quienes reclama la falta de ordenar a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, la expedición de la actualización del permiso para circular 7515 LUT a nombre de la quejosa, como lo solicito el tres de octubre de dos mil dieciocho, la omisión de continuar con el acuerdo de regularización del servicio público de transporte público de pasajeros con y sin itinerario fijo, así como la omisión de expedir a favor de María Georgina Robles Guerrero, la concesión de transporte público sin itinerario fijo número 7515 LUT, no obstante de haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley de Transporte para el Estado de Morelos. Una vez subsanada la prevención formulada, el dos de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, y en relación a la solicitud de suspensión, se determinó negar la misma. Inconforme la negativa de la medida cautelar solicitada, la quejosa interpuso recurso de reclamación. Por resolución de diecinueve de agosto de dos mil veinte, la Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, confirmó el acuerdo impugnado. Dicha resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. En primer término, debe decirse que en el acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve, el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrado, determinó negar la suspensión de los efectos del acto impugnado, por diversos motivos, entre ellos, el hecho de que la actora no acreditara contar con un permiso o autorización emitido por la autoridad competente, ya que el exhibido por la actora tenía fecha de vencimiento el treinta de septiembre de dos mil dieciocho. Por su parte, la autoridad responsable al emitir el acto reclamado sostuvo que la recurrente no controvirtió la totalidad de los argumentos que sustentaron la determinación de negar la suspensión del acto, de ahí que ante la inoperancia por insuficiencia de los agravios esgrimidos, determinara confirmar el acuerdo en mención. Como se adelantó, son inoperantes los conceptos de violación formulados por la quejosa, sin que se actualice alguna hipótesis para suplirlos en su deficiencia, pues contrario a lo solicitado, al tratarse de la materia administrativa, opera el principio de estricto derecho. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprenden diversos argumentos encaminados a sostener la procedencia de la suspensión solicitada; sin embargo, la litis constitucional debe constreñirse a determinar si en efecto, del escrito de agravios formulado por la ahora quejosa, existía o no argumentación alguna que atacara el motivo por el cual se negó la suspensión (no acreditó contar con permiso vigente). Esto es, la Sala responsable en ningún momento abordó el estudio de procedencia de la medida cautelar solicitada, puesto que consideró que aún y cuando los agravios fueran fundados, éstos serían insuficientes para modificar el sentido del acuerdo recurrido, ya que por sí mismo, el argumento efectuado en el auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, en el sentido de que la quejosa no acreditó contar con permiso o autorización vigente, era suficiente para negar la suspensión de los efectos del acto impugnado. Por ende, la parte quejosa debió enderezar sus conceptos de violación a demostrar que contrario a lo sostenido por la responsable, sí esgrimió motivos de disenso en contra de dicho tópico, (contar con permiso vigente), lo cual no aconteció, y por ende, al no controvertirlo en esta vía, son inoperantes los conceptos de violación formulados. Al respecto, se cita la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, con registro digital 178786, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Solo resta establecer que tampoco le asiste la razón a la parte quejosa, al aducir la inconstitucionalidad de la resolución reclamada, por el hecho de que no se hubiera agregado el acuerdo PTJA/009/2020, en la cual se faculta al Secretario de Estudio y Cuenta, para el dictado de la resolución reclamada. Ello, en primer lugar, dado que la quejosa no expone argumento jurídico por el cual exista la obligación de la responsable de agregar copia de la sesión extraordinaria por la cual se hubiese habilitado al aludido secretario en funciones de Magistrado. Además, tampoco desvirtúa la existencia de dicho acuerdo, lo cual le correspondía la carga de la prueba, aunado a la publicidad y difusión que se les da a las sesiones y acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; máxime que contrario a lo establecido, la responsable sí fundó su competencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Georgina Robles Guerrero, contra el acto reclamado a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto; sin embargo, se omitió crear los oficios correspondientes para notificar dicha sentencia, además, de que no obstante que se ordenó la notificación personal de dicha resolución a las partes a la fecha no se han realizado; por tal motivo, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para realizar las notificaciones no hechas a las partes de la sentencia dictada. Por lo anterior, gírese oficio a las autoridades responsables adjuntándoles copia de la sentencia dictada. Por otra parte, instrúyase al Actuario adscrito para que a la brevedad posible realice las notificaciones personales de la sentencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, además verifique que dentro del expediente electrónico se encuentren debidamente vinculadas. Lo anterior, para estar en condiciones de continuar con la secuela normal del procedimiento y en su momento, mandar el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, dígase al promovente que una vez que transcurra el término que establece el dispositivo 86 de la Ley de Amparo, se acordará lo conducente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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