María Gracia Guerrero Lázaro
Expediente 65/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Gracia Guerrero Lázaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de febrero de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta signado por Paloma Morelia Vázquez López, apoderada jurídica de la quejosa María Gracia Guerrero Lázaro, por medio del cual desahoga la prevención de la demanda formulada en proveído de treinta y uno de enero del presente año. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del respectivo escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: El proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, que sobre acción de prescripción positiva promovió Raquel Guerrero Lázaro, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, representada por su albacea definitivo Manuel Guerrero Lázaro, por el que el a quo determinó que no ha lugar a tener a dicho albacea por interponiendo recurso de apelación contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual el citado juzgador determinó que no había lugar a tener al propio representante legal de la sucesión contestando la demanda, por no tener carácter reconocido dentro de ese sumario. De lo anterior, se colige que el acto reclamado en la presente instancia constitucional redunda en una sola cuestión, esto es, la afectación a los derechos que la quejosa refiere ostentar como heredera, dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, instaurado en contra de la sucesión intestamentaria a bienes del extinto José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, representada por su albacea definitivo Manuel Guerrero Lázaro. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento deben analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, desechar de plano la demanda, tal como lo establece el precepto 113 de la propia legislación que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En la especie, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Gracia Guerrero Lázaro, a través de sus apoderados legales, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto que se tilda de inconstitucional no afecta los intereses jurídicos de la agraviada. En efecto, el artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Por su parte, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior, se establece que el interés jurídico se traduce en un derecho subjetivo legítimamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción I y del transcrito 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o de la Ley de Amparo, establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio personal y directo. En ese sentido, el interés jurídico o legítimo, en sentido amplio, debe entenderse como la afectación a la esfera jurídica de un gobernado, esto es, un agravio a un derecho derivado de la ley y que ese perjuicio sea consecuencia directa del acto de autoridad; ante lo cual, el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por la persona a quien afecte en sus intereses jurídicos la ley o el acto que se reclame, por lo que para estimar procedente la demanda de amparo intentada por la impetrante de amparo, debe, en todo caso, demostrarse plenamente y no sólo de modo presuntivo que con el dictado del acto reclamado, le fue causado un detrimento o lesión jurídica, conforme a una situación determinada, de manera abstracta y previamente tutelada por la ley y haberse afectado en su interés jurídico. Lo anterior encuentra sustento en las tesis de jurisprudencia VI 3°.J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 117, Tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Asimismo, se invoca la diversa tesis de jurisprudencia I. 1º.T.J/59, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, tomo XXVIII, Octubre de 2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 2180, que es del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA. FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO. Cuando en el laudo impugnado no existe condena alguna en contra del promovente del juicio de garantías, es claro que no se afecta su interés jurídico, por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Concatenado con lo anterior, resulta trascendente precisar que los artículos 844 y 872 del Código Civil para el Estado de Michoacán, disponen: "Artículo 844. Los albaceas son los órganos representativos de la copropiedad hereditaria para actuar en nombre y por cuenta de los herederos o legatarios en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes hereditarios. Asimismo, tienen como función ejecutar las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión en juicio y fuera de él." "Artículo 872. Son obligaciones del albacea general: I. La presentación del testamento; II. El aseguramiento de los bienes de la herencia; III. La formación de inventarios; IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; V. El pago de las deudas mortuarias, hereditarias y testamentarias; VI. La participación y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra ella; y, IX. Las demás que le imponga la Ley". De los numerales anteriores se desprende, con absoluta claridad, que el único facultado para representar y defender los bienes o intereses de la sucesión, cuando ya existe el nombramiento respectivo, su aceptación y protesta, lo es el albacea, por lo que cualquier acción ejercida por los herederos para defenderlos será improcedente al carecer de legitimación para ello. En el caso, de la demanda de amparo se desprende que la quejosa, por conducto de sus apoderados legales, comparece por su propio derecho a reclamar lo actuado dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, que sobre acción de prescripción positiva promovió Raquel Guerrero Lázaro, en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, representada por el albacea definitivo Manuel Guerrero Lázaro; procedimiento dentro del cual, según refiere la parte promovente, el Juez señalado como responsable determinó no haber lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación hecho valer por el propio albacea, contra el auto que declaró improcedente la acción por éste intentada tendente a dar contestación a la demanda instaurada contra la sucesión intestamentaria que legalmente representa. Antecedentes que la quejosa, por conducto de sus apoderados legales, manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte, en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis I.15o. 28 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2613, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que reza: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Así, es manifiesto que el acto que reclama la quejosa no afectan sus intereses jurídicos y por tanto, carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, pues no obstante que se encuentran vinculados con el juicio ordinario civil 1050/2022, del consecutivo del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, promovido por Raquel Guerrero Lázaro, en contra de la sucesión a bienes de José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, tal acto de molestia no engendra un perjuicio directo respecto de su persona, sino de la sucesión a bienes de éste, representada por Manuel Guerrero Lázaro, en cuanto albacea definitivo. De tal suerte que, como se adelantó, el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado, caso contrario, éste será improcedente; lo que acontece en la especie, puesto que los actos reclamados no producen de manera directa una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa; en todo caso, la afectada sería la sucesión a bienes del de cujus. En efecto, del contenido de la demanda de amparo, así como del escrito de aclaración respectivo, se advierte lo siguiente: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, fue radicado el juicio sucesorio intestamentario 251/2021, a bienes del extinto José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, dentro del cual fue designado albacea definitivo Manuel Guerrero Lázaro, quien aceptó y protestó el cargo conferido. 2. Posteriormente, Raquel Guerrero Lázaro, en la vía ordinaria civil sobre prescripción positiva, demandó a la referida sucesión intestamentaria, juicio que por cuestión de turno correspondió su conocimiento al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, de esta localidad, el que fue registrado bajo el número de juicio 1050/2022. 3. Dentro de dicho procedimiento civil ordinario, Manuel Guerrero Lázaro, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria demandada, pretendió dar contestación a la demanda, haciendo suyas las constancias exhibidas por la parte actora relativas al juicio sucesorio intestamentario 251/2021; acto procesal al que recayó el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que el a quo determinó que no ha lugar a tener por contestada la demanda intentada por el albacea definitivo de la sucesión demandada Manuel Guerrero Lázaro, al comparecer por su propio derecho, virtud a que la demanda había sido instaurada en contra del propio Guerrero Lázaro, en cuanto albacea de la sucesión, quien ya había sido emplazada a juicio. 4. Contra esa determinación, el albacea de la sucesión intestamentaria demandada interpuso recurso de apelación, al que recayó el proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, en el sentido de no haber lugar a tener por interpuesto tal medio de impugnación por notoriamente improcedente, habida cuenta que dicha resolución judicial no resultaba apelable conforme a lo dispuesto por el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; acto de autoridad que constituye esencialmente el acto de reclamo en el presente juicio constitucional. Derivado de tal narración de hechos, se advierte que la agraviada, en su carácter de heredera que le fue reconocido dentro del mencionado juicio sucesorio intestamentario 251/2021, se duele fundamentalmente del procedimiento llevado dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, que sobre prescripción positiva promovió Raquel Guerrero Lázaro, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, representada por su albacea definitivo Manuel Guerrero Lázaro, pues refiere que el acuerdo reclamado de diez de enero del presente año, que contiene la determinación de no tener por interpuesto recurso de apelación contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, intentado por el albacea definitivo de la sucesión demandada, carece de legalidad al resultar falto de fundamentación y motivación. Así, se puntualiza que la afectación que resiente la quejosa deriva directamente del juicio ordinario civil 1050/2022, que sobre prescripción positiva promovió Raquel Guerrero Lázaro, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, toda vez que del análisis de sus argumentos vertidos en el capítulo correspondiente a los conceptos de violación, se advierte que están encaminados a combatir las determinaciones contenidas en él; por ende, carece de legitimación para promover el presente juicio al no encontrarse legitimada para gestionar de propio derecho, al encontrarse designado en dicho sucesorio Manuel Guerrero Lázaro, como albacea definitivo, que es en todo caso al que le correspondería acudir al presente juicio de amparo a reclamar los actos llevados a cabo en el juicio civil ordinario de marras, materia del acto reclamado. Ello es así, pues en todo caso, la legitimación activa para acudir a esta instancia constitucional le corresponde al albacea de la sucesión a bienes de José Luis Guerrero Lázaro y/o Luis Guerrero Lázaro, esto es, a Manuel Guerrero Lázaro. Sirve de apoyo, por analogía jurídica y por las razones que la conforman, la tesis II.2o.C.395 C, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1082, tomo XVII, febrero de 2003, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual". En efecto, de acuerdo a lo previsto en párrafos que anteceden, la quejosa María Gracia Guerrero Lázaro, en su carácter de coheredera, carece de legitimación procesal activa para demandar el presente amparo, puesto que conforme a los numerales transcritos del Código Civil para el Estado de Michoacán, la defensa de los bienes de la sucesión corresponde únicamente al albacea Manuel Guerrero Lázaro y no a los herederos, como en el caso acontece, pues la calidad de la quejosa respecto de la masa universal de bienes del de cujus no es individual, sino en comunidad con el resto de los herederos reconocidos en el juicio. Además de que los herederos pueden ejercer las acciones mancomunadas por título de herencia o legado, cuando sean reales o personales, siempre y cuando no se haya nombrado interventor ni albacea; lo que no sucede en la especie, pues como quedó precisado en los antecedentes del acto reclamado, en el juicio sucesorio intestamentario se designó como albacea definitivo al referido Manuel Guerrero Lázaro; sin que de autos conste que a la fecha de presentación del juicio de amparo que nos ocupa se haya revocado dicho nombramiento, por lo que atendiendo a los dispositivos antes citados del código sustantivo civil en la entidad, es a dicha persona a quien le corresponde instar las acciones que considere procedentes para velar por los intereses generales de la sucesión, y no a la promovente del amparo, aunque ésta también, en su caso, haya sido reconocida como heredera. Por tanto, es precisamente Manuel Guerrero Lázaro, en su carácter de albacea de la sucesión, quien resultaría legitimado para promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad que la ahora quejosa estima vulnera sus derechos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/241, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1462, tomo XX, Agosto de 2004, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HEREDEROS. CARECEN DE FACULTADES PARA INTENTAR CUALQUIER ACCIÓN QUE PERTENEZCA A LA SUCESIÓN. Las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea" (lo resaltado es nuestro). Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por María Gracia Guerrero Lázaro, por conducto de sus apoderados legales, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo acordó y firma la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, quien actúa asistida de la licenciada Jéssica Artemisa Arriaga Esparza, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSA PALOMA MORELIA VÁZQUEZ LÓPEZ, CARLOS GERARDO VÁZQUEZ LÓPEZ, SAUL AMADOR GUTIÉRREZ ESPINO, COMO MANDATARIOS DE LA C. MARÍA GRACIA GUERRERO LÁZARO, MEDIANTE AVISO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR LO QUE SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de febrero de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta signado por Paloma Morelia Vázquez López, apoderada jurídica de la quejosa María Gracia Guerrero Lázaro, por medio del cual desahoga la prevención de la demanda formulada en proveído de treinta y uno de enero del presente año. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del respectivo escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: El proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, que sobre acción de prescripción positiva promovió Raquel Guerrero Lázaro, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, representada por su albacea definitivo Manuel Guerrero Lázaro, por el que el a quo determinó que no ha lugar a tener a dicho albacea por interponiendo recurso de apelación contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual el citado juzgador determinó que no había lugar a tener al propio representante legal de la sucesión contestando la demanda, por no tener carácter reconocido dentro de ese sumario. De lo anterior, se colige que el acto reclamado en la presente instancia constitucional redunda en una sola cuestión, esto es, la afectación a los derechos que la quejosa refiere ostentar como heredera, dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, instaurado en contra de la sucesión intestamentaria a bienes del extinto José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, representada por su albacea definitivo Manuel Guerrero Lázaro. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento deben analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, desechar de plano la demanda, tal como lo establece el precepto 113 de la propia legislación que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En la especie, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Gracia Guerrero Lázaro, a través de sus apoderados legales, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto que se tilda de inconstitucional no afecta los intereses jurídicos de la agraviada. En efecto, el artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Por su parte, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior, se establece que el interés jurídico se traduce en un derecho subjetivo legítimamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción I y del transcrito 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o de la Ley de Amparo, establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio personal y directo. En ese sentido, el interés jurídico o legítimo, en sentido amplio, debe entenderse como la afectación a la esfera jurídica de un gobernado, esto es, un agravio a un derecho derivado de la ley y que ese perjuicio sea consecuencia directa del acto de autoridad; ante lo cual, el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por la persona a quien afecte en sus intereses jurídicos la ley o el acto que se reclame, por lo que para estimar procedente la demanda de amparo intentada por la impetrante de amparo, debe, en todo caso, demostrarse plenamente y no sólo de modo presuntivo que con el dictado del acto reclamado, le fue causado un detrimento o lesión jurídica, conforme a una situación determinada, de manera abstracta y previamente tutelada por la ley y haberse afectado en su interés jurídico. Lo anterior encuentra sustento en las tesis de jurisprudencia VI 3°.J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 117, Tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Asimismo, se invoca la diversa tesis de jurisprudencia I. 1º.T.J/59, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, tomo XXVIII, Octubre de 2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 2180, que es del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA. FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO. Cuando en el laudo impugnado no existe condena alguna en contra del promovente del juicio de garantías, es claro que no se afecta su interés jurídico, por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Concatenado con lo anterior, resulta trascendente precisar que los artículos 844 y 872 del Código Civil para el Estado de Michoacán, disponen: "Artículo 844. Los albaceas son los órganos representativos de la copropiedad hereditaria para actuar en nombre y por cuenta de los herederos o legatarios en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes hereditarios. Asimismo, tienen como función ejecutar las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión en juicio y fuera de él." "Artículo 872. Son obligaciones del albacea general: I. La presentación del testamento; II. El aseguramiento de los bienes de la herencia; III. La formación de inventarios; IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; V. El pago de las deudas mortuarias, hereditarias y testamentarias; VI. La participación y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra ella; y, IX. Las demás que le imponga la Ley". De los numerales anteriores se desprende, con absoluta claridad, que el único facultado para representar y defender los bienes o intereses de la sucesión, cuando ya existe el nombramiento respectivo, su aceptación y protesta, lo es el albacea, por lo que cualquier acción ejercida por los herederos para defenderlos será improcedente al carecer de legitimación para ello. En el caso, de la demanda de amparo se desprende que la quejosa, por conducto de sus apoderados legales, comparece por su propio derecho a reclamar lo actuado dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, que sobre acción de prescripción positiva promovió Raquel Guerrero Lázaro, en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, representada por el albacea definitivo Manuel Guerrero Lázaro; procedimiento dentro del cual, según refiere la parte promovente, el Juez señalado como responsable determinó no haber lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación hecho valer por el propio albacea, contra el auto que declaró improcedente la acción por éste intentada tendente a dar contestación a la demanda instaurada contra la sucesión intestamentaria que legalmente representa. Antecedentes que la quejosa, por conducto de sus apoderados legales, manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte, en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis I.15o. 28 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2613, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que reza: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Así, es manifiesto que el acto que reclama la quejosa no afectan sus intereses jurídicos y por tanto, carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, pues no obstante que se encuentran vinculados con el juicio ordinario civil 1050/2022, del consecutivo del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, promovido por Raquel Guerrero Lázaro, en contra de la sucesión a bienes de José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, tal acto de molestia no engendra un perjuicio directo respecto de su persona, sino de la sucesión a bienes de éste, representada por Manuel Guerrero Lázaro, en cuanto albacea definitivo. De tal suerte que, como se adelantó, el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado, caso contrario, éste será improcedente; lo que acontece en la especie, puesto que los actos reclamados no producen de manera directa una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa; en todo caso, la afectada sería la sucesión a bienes del de cujus. En efecto, del contenido de la demanda de amparo, así como del escrito de aclaración respectivo, se advierte lo siguiente: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, fue radicado el juicio sucesorio intestamentario 251/2021, a bienes del extinto José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, dentro del cual fue designado albacea definitivo Manuel Guerrero Lázaro, quien aceptó y protestó el cargo conferido. 2. Posteriormente, Raquel Guerrero Lázaro, en la vía ordinaria civil sobre prescripción positiva, demandó a la referida sucesión intestamentaria, juicio que por cuestión de turno correspondió su conocimiento al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, de esta localidad, el que fue registrado bajo el número de juicio 1050/2022. 3. Dentro de dicho procedimiento civil ordinario, Manuel Guerrero Lázaro, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria demandada, pretendió dar contestación a la demanda, haciendo suyas las constancias exhibidas por la parte actora relativas al juicio sucesorio intestamentario 251/2021; acto procesal al que recayó el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que el a quo determinó que no ha lugar a tener por contestada la demanda intentada por el albacea definitivo de la sucesión demandada Manuel Guerrero Lázaro, al comparecer por su propio derecho, virtud a que la demanda había sido instaurada en contra del propio Guerrero Lázaro, en cuanto albacea de la sucesión, quien ya había sido emplazada a juicio. 4. Contra esa determinación, el albacea de la sucesión intestamentaria demandada interpuso recurso de apelación, al que recayó el proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, en el sentido de no haber lugar a tener por interpuesto tal medio de impugnación por notoriamente improcedente, habida cuenta que dicha resolución judicial no resultaba apelable conforme a lo dispuesto por el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; acto de autoridad que constituye esencialmente el acto de reclamo en el presente juicio constitucional. Derivado de tal narración de hechos, se advierte que la agraviada, en su carácter de heredera que le fue reconocido dentro del mencionado juicio sucesorio intestamentario 251/2021, se duele fundamentalmente del procedimiento llevado dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, que sobre prescripción positiva promovió Raquel Guerrero Lázaro, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, representada por su albacea definitivo Manuel Guerrero Lázaro, pues refiere que el acuerdo reclamado de diez de enero del presente año, que contiene la determinación de no tener por interpuesto recurso de apelación contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, intentado por el albacea definitivo de la sucesión demandada, carece de legalidad al resultar falto de fundamentación y motivación. Así, se puntualiza que la afectación que resiente la quejosa deriva directamente del juicio ordinario civil 1050/2022, que sobre prescripción positiva promovió Raquel Guerrero Lázaro, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, toda vez que del análisis de sus argumentos vertidos en el capítulo correspondiente a los conceptos de violación, se advierte que están encaminados a combatir las determinaciones contenidas en él; por ende, carece de legitimación para promover el presente juicio al no encontrarse legitimada para gestionar de propio derecho, al encontrarse designado en dicho sucesorio Manuel Guerrero Lázaro, como albacea definitivo, que es en todo caso al que le correspondería acudir al presente juicio de amparo a reclamar los actos llevados a cabo en el juicio civil ordinario de marras, materia del acto reclamado. Ello es así, pues en todo caso, la legitimación activa para acudir a esta instancia constitucional le corresponde al albacea de la sucesión a bienes de José Luis Guerrero Lázaro y/o Luis Guerrero Lázaro, esto es, a Manuel Guerrero Lázaro. Sirve de apoyo, por analogía jurídica y por las razones que la conforman, la tesis II.2o.C.395 C, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1082, tomo XVII, febrero de 2003, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual". En efecto, de acuerdo a lo previsto en párrafos que anteceden, la quejosa María Gracia Guerrero Lázaro, en su carácter de coheredera, carece de legitimación procesal activa para demandar el presente amparo, puesto que conforme a los numerales transcritos del Código Civil para el Estado de Michoacán, la defensa de los bienes de la sucesión corresponde únicamente al albacea Manuel Guerrero Lázaro y no a los herederos, como en el caso acontece, pues la calidad de la quejosa respecto de la masa universal de bienes del de cujus no es individual, sino en comunidad con el resto de los herederos reconocidos en el juicio. Además de que los herederos pueden ejercer las acciones mancomunadas por título de herencia o legado, cuando sean reales o personales, siempre y cuando no se haya nombrado interventor ni albacea; lo que no sucede en la especie, pues como quedó precisado en los antecedentes del acto reclamado, en el juicio sucesorio intestamentario se designó como albacea definitivo al referido Manuel Guerrero Lázaro; sin que de autos conste que a la fecha de presentación del juicio de amparo que nos ocupa se haya revocado dicho nombramiento, por lo que atendiendo a los dispositivos antes citados del código sustantivo civil en la entidad, es a dicha persona a quien le corresponde instar las acciones que considere procedentes para velar por los intereses generales de la sucesión, y no a la promovente del amparo, aunque ésta también, en su caso, haya sido reconocida como heredera. Por tanto, es precisamente Manuel Guerrero Lázaro, en su carácter de albacea de la sucesión, quien resultaría legitimado para promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad que la ahora quejosa estima vulnera sus derechos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/241, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1462, tomo XX, Agosto de 2004, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HEREDEROS. CARECEN DE FACULTADES PARA INTENTAR CUALQUIER ACCIÓN QUE PERTENEZCA A LA SUCESIÓN. Las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea" (lo resaltado es nuestro). Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por María Gracia Guerrero Lázaro, por conducto de sus apoderados legales, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo acordó y firma la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, quien actúa asistida de la licenciada Jéssica Artemisa Arriaga Esparza, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de febrero de dos mil veintitrés. PRETENDE DESAHOGAR PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por ********************, apoderada jurídica de la parte quejosa, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de treinta y uno de enero del año en curso. SUBSISTE PREVENCIÓN. Ahora bien, del escrito aclaratorio de referencia, se advierte que la promovente de amparo no cumple a cabalidad con el requerimiento formulado en el mencionado auto de treinta y uno de enero pasado, en el que se le previno para que dentro del término de cinco días, computados legalmente, por escrito, con las copias suficientes para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad, aclarara su escrito de demanda en los términos ahí precisados. Lo anterior, toda vez que del ocurso que se provee, se advierte que la citado promovente fue omisa en realizar dicha aclaración bajo protesta de decir verdad, tal como se le requirió en el aludido acuerdo. Consecuentemente, mediante notificación personal, dígase a la promovente que subsiste la prevención y plazo otorgado en autos, dado que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 39/2012 de la Primera Sala del máximo Tribunal del País de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."; el plazo que se le otorgó se interrumpió con la presentación del ocurso de cuenta, recibido en este Juzgado de Distrito el ocho de febrero del presente año, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Por tanto, previo al pronunciamiento sobre la procedencia de la demanda que se intenta, de conformidad con lo que establece el artículo 114, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la parte quejosa para que al momento de desahogar la prevención, ésta sea realizada bajo protesta de decir verdad. En el entendido de que deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente, para correr traslado a la totalidad de las partes (una para la autoridad responsable; otra para correr traslado a la parte tercero interesada, una más para hacer entrega al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal, y la restante para integrar el cuaderno único del incidente de suspensión solicitado, cuyo trámite se realiza por cuerda separada). APERCIBIMIENTO. En el entendido que de no desahogar en sus términos el presente requerimiento, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de enero del año en curso. PRECISIÓN. Conviene indicar que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario" o "protesto justicia", en virtud de que con aquella se procura evitar que la parte quejosa incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADO DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." En el entendido que el desahogo correcto de la prevención de la demanda deberá ser realizada directamente por la quejosa o bien, por sus apoderados legales y no por persona autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que ésta carece legalmente de facultades para hacerlo, pues es de explorado derecho que no puede actuar como si fuera ella quien resintiera un agravio personal y directo, lo que repercute también en la aclaración del libelo constitucional, ya que esa facultad sólo está reservada para quien tiene a su favor el principio constitucional de instancia de parte agraviada, esto es, la quejosa, o sus apoderados legales. Lo que pone de relieve, que la aclaración en que bajo protesta de decir verdad se hace del libelo constitucional, en cuanto a cuestiones de fondo, sólo incumbe, en el caso, a la parte promovente del amparo y no a sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque estos únicamente cuentan con facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la interesada e influyan en la configuración de la litis constitucional. En apoyo a la anterior consideración, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 50/2014 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.
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