Maria Estela Sotelo Figueroa

Expediente 253/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
253/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán
  • Maria Estela Sotelo Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de mayo de dos mil veintitrés. DEVUELVE EXHORTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 110/2023, a través del cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Michoacán con sede en Morelia, devuelve SIN DILIGENCIAR el exhorto 131/2023, orden 493/2023, enviado a efecto de notificar a la quejosa María Estela Sotelo Figueroa, el proveído emitido dentro del presente juicio de amparo el veinticinco de abril de dos mil veintitrés. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora, bien, para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno, la comunicación oficial de mérito. Ahora bien, toda vez que dé la razón actuarial levantada por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Michoacán con sede en Morelia, se advierte que la imposibilidad con la que contó a efecto de llevar a cabo la notificación de la aquí quejosa María Estela Sotelo Figueroa, lo fue en virtud de que no localizó el domicilio proporcionado por la parte quejosa. NOTIFICACIONES POR LISTA. En ese contexto y visto el estado de los autos, de los que se advierte que dentro del presente expediente no se advierte diverso domicilio en el que la parte quejosa pueda ser notificada del citado proveído; consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación del presente proveído así como el diverso de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal que, en su caso, tengan que practicársele, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad, para tal efecto. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, por medio del cual remite el juicio de amparo I-459/2023 de su índice de registro, promovido por María Estela Sotelo Figueroa, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Región de Jiquilpan, Michoacán, en virtud de que ese Órgano Jurisdiccional se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver de dicha demanda de amparo, toda vez que los actos reclamados tendían ejecución en el municipio de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, lugar en el que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad de Uruapan. Acúsese recibo. SE ACEPTA COMPETENCIA. Atento lo anterior, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, acepta el conocimiento del asunto en el estado procesal en que se encuentra. Comuníquese esta determinación al Juzgado de Distrito remitente, para los efectos legales conducentes. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 253/2023-II; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3°, Quinto y Séptimo párrafo de la Ley de la Materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que quien resuelve, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, por medio del cual remite el juicio de amparo I-459/2023 de su índice de registro, promovido por María Estela Sotelo Figueroa, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Región de Jiquilpan, Michoacán, en virtud de que ese Órgano Jurisdiccional se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver de dicha demanda de amparo, toda vez que los actos reclamados tendían ejecución en el municipio de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, lugar en el que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad de Uruapan. Acúsese recibo. SE ACEPTA COMPETENCIA. Atento lo anterior, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, acepta el conocimiento del asunto en el estado procesal en que se encuentra. Comuníquese esta determinación al Juzgado de Distrito remitente, para los efectos legales conducentes. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 253/2023-II; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3°, Quinto y Séptimo párrafo de la Ley de la Materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que quien resuelve, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el ordinal 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; premisa que nos remite al contenido del ordinal 17 de la propia legislación, que establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la legislación en consulta, establece tres supuestos para computar el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno y son: 1. Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 165582 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXI, Enero de 2010 Pág. 1931 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." Entonces, la parte que se dice agraviada de determinado acto de autoridad, tendrá quince días hábiles para presentar su demanda de amparo, una vez que haya comenzado a contar ese lapso, desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Se sostiene lo anterior, porque la propia quejosa María Estela Sotelo Figueroa, en su escrito inicial de demanda, específicamente en el punto "8°", del capítulo de "ANTECEDENTES", manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "8°.- Me enteré de los actos reclamados el día 03 tres de marzo del 2023 dos mil veintitrés, cuando acudí a la Fiscalía Región de Jiquilpan, Michoacán, para preguntar sobre la fecha de la Audiencia Inicial a partir de la Imputación de la causa penal mencionada en dicho cuaderno de antecedentes siendo en ese momento que el personal a cargo me informa que la carpeta de investigación sigue en dicha agencia investigadora porque no han dado por terminada la investigación". De lo que se concluye que a la fecha de presentación de la demanda de amparo recibida en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, el trece de abril de dos mil veintitrés, tal como se advierte del sello que obra impreso en el escrito inicial de demanda, transcurrieron en exceso los quince días en los que pudo hacer valer el derecho que ahora pretende ejercitar, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lapso que ha de computarse a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, conforme al numeral 18 de la citada legislación. En efecto, aun y cuando la quejosa manifiesta la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto que reclama, pues menciona que ello fue el tres de marzo de dos mil veintitrés, lo cierto es que es precisamente a partir del cuatro de marzo del año en curso cuando empezó a transcurrirle el término de los quince días hábiles que establece la Ley de Amparo para que promoviera el juicio de derechos fundamentales, por lo que al haber depositado la demanda hasta el el trece de abril de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, es que se considera, como ya se dijo con antelación, que ha transcurrido en exceso el plazo mencionado para presentar la demanda de amparo de que se trata y, en consecuencia, se insiste, lo que procede es desechar la demanda por haberse presentado fuera del término legal que para ello establece la Ley de la Materia. A efecto de ilustrar la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa y para un mejor entendimiento del caso, se hace necesario especificar el término que disponía la parte quejosa para ello conforme a la siguiente tabla: FEBRERO-MARZO 2023 L M M J V S D 27 28 01 02 03 NOTIFICA 04 INHÁBIL 05 INHÁBIL 06 SURTE EFECTOS 07 INHÁBIL 08 (1) INICIA TÉRMINO 09 (2) 10 (3) 11 INHÁBIL 12 INHÁBIL 13 (4) 14 (5) 15 (6) 16 (7) 17 (8) 18 INHÁBIL 19 INHÁBIL 20 INHÁBIL 21 INHÁBIL 22 (9) 23 (10) 24 (11) 25 INHÁBIL 26 INHÁBIL 27 (12) 28 (13) 29 (14) 30 (15) FENECE TÉRMINO 31 01 INHÁBIL 02 INHÁBIL Sin que, en el caso, el acto reclamado o la propia quejosa se encuentre en las hipótesis de salvedad del referido artículo 17 de la ley reglamentaria en cita. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda origen de este asunto, respecto del acto reclamado en estudio. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio. AUTORIZADOS. Téngase como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Tapia Rodríguez, toda vez que la cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, sí se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". Asimismo, se autoriza de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado ordenamiento legal a Jorge Alejandro Figueroa Martínez y a Luis Gerardo Figueroa Cuevas, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación no se localizó cédula profesional alguna que fuera expedida su favor. DOMICILIO. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Blas de Bustamante número 585 entre las calles Carlos García Durango y Marcos Moriana y Zafrilla, en la colonia Vicente Lombardo Toledano, Código Postal 58227, en la ciudad de Morelia, Michoacán. EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Atento lo anterior, a fin de estar en condiciones de notificar el presente proveído a la quejosa María Estela Sotelo Figueroa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía interconexión, al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado instruya a quien corresponda, se constituya en el domicilio descrito en el párrafo que antecede y notifique personalmente el presente auto a la citada promovente del amparo. Asimismo, la requiera para que en el acto de la notificación o bien, dentro del término de tres días contado a partir de que sea notificada de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo previsto en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se delegan facultades al Juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal informe el tratamiento dado al exhorto en comento; hecho lo encomendado, lo devuelva a la brevedad posible. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). CAPTURA DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Se instruye al analista jurídico encargado del SISE, para que realice la captura exacta de la autoridad responsable, tal y como se señaló en la demanda inicial, en el entendido de que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es correcta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita. Para lo cual, el secretario encargado de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE, y personalmente a la parte quejosa mediante atento exhorto que al efecto se gire.

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