María Gloria Chávez Reynosa
Expediente 595/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 81 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 81
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Gloria Chávez Reynosa
- Director del Hospital Psiquiatrico Dr. José Torres Orozco, de esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 81.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por Raquel Aguirre Villa, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el cual solicita copias simples del dictamen emitido por el perito oficial designado por este juzgado, de los trece tomos del expediente clínico del quejoso y de la sentencia definitiva pronunciada en el asunto en que se actúa. En tal virtud, dígase a la promovente que no ha lugar a expedir copia simple del expediente clínico del peticionario de amparo, toda vez que las mismas fueron devueltas a la autoridad responsable el treinta de marzo del presente año, por considerar innecesaria su retención, debido a que el presente controvertido se encuentra totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa copias del resto de las constancias que indica, previo recibo que se deje en autos. En el entendido que, la entrega de dichas documentales se realizará de conformidad con el esquema de citas definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armado, Díaz López Juez Séptimo de en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que se interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio, sin que se haya realizado manifestación alguna; por lo que, se tiene consentido dicho proveído. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada. Por otra parte, con fundamento en los preceptos 12 y 15 del referido acuerdo, se estima que el presente asunto no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en alguna de las hipótesis que prevé el segundo de los preceptos en cita. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las documentales que adjuntó como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente clínico número 25522 del quejoso en trece tomos, toda vez que resulta innecesaria su retención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos se advierte que, feneció el término de tres días otorgado en acuerdo de cuatro de enero del presente año, a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha haya realizado pronunciamiento alguno. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo en comento y este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos por la autoridad responsable. Mediante sentencia de tres de diciembre de dos mil veintiuno, entre otras cosas, se concedió la protección constitucional a Alberto Gómez Chávez, por conducto de su tutora legítima María Gloria Chávez Reynosa, para los siguientes efectos: "(.) a) Se abstenga de ingresar al quejoso al Programa de Reinserción Social para Pacientes Hospitalizados; b) Continúe otorgándole el tratamiento hospitalario de internamiento permanente necesario para el padecimiento mental que sufre el quejoso; c) Otorgue al quejoso el tratamiento adecuado e idóneo para el padecimiento que actualmente cursa, esto es, realice las gestiones necesarias para que se le suministre el medicamento denominado clozapina; y, d) Determine conforme a su autoridad médica y práctica pericial, los planes, tratamientos y/o programas a los que a su consideración deba someterse al quejoso, con la única salvedad que en la implementación de ellos, se cumpla con lo dispuesto en el artículo 8, fracción XI, de la Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán de Ocampo, esto es, que las acciones o programas no puedan causarle daño físico inmediato o inminente al propio paciente o a terceros. (.).". En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio recibido en esta juzgado el treinta de diciembre del presente año, la directora del Hospital Psiquiátrico "José Torres Orozco", con sede en esta ciudad, comunicó: "(.) me permito informar a usted que desde mi llegada como directora de ese nosocomio(octubre del año en curso) hago constar, se están cumpliendo con todos los puntos de petición aquí planteados por el quejoso, toda vez que no existe alguna otra institución pública que apoye en los programas de rehabilitación a pacientes psiquiátricos con las características del paciente Gómez Chávez (quejoso), así como tampoco se cuenta con apoyo de ningún tipo por parte de su familiar o tutora al deslindarse de responsabilidad de cuidados del mismo, y al no contar con redes de apoyo para el cuidado o inclusión social del paciente, el hospital Psiquiátrico ha adoptado las medidas necesarias a fin de priorizar la salud mental de todos los pacientes hospitalizados. Por ende, 1. No se integra al paciente Gómez Chávez a ningún programa de reinserción social. 2. Se continúa otorgando internamiento hospitalario necesario para el padecimiento mental del paciente. 3. Se otorga al quejoso el tratamiento adecuado e idóneo de acuerdo al criterios médicos especializados, estos le son suministrados de acuerdo a sus necesidades que prioricen su salud física-mental. 4. Cuando el paciente requiera de servicios diversos al del hospital Psiquiátrico se realizarán siempre las gestiones correspondientes a fin de proporcionar la atención que sea necesaria para su bienestar. (.).". -Lo subrayado es propio de este juzgado-. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. En el entendido que, los derechos de la aquí quejosa quedan a salvo para que, de considerarlo necesario, promueva diversa demanda de amparo para defender su derecho a la salud contemplado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de 28 de febrero de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo
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