María Gallardo Barboza

Expediente 721/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
721/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • María Gallardo Barboza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el escrito firmado por Enrique Villanueva Arreola, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el cual manifiesta lo siguiente: "(.) Por medio del presente escrito le hago saber a su señoría que me informa la hija de la quejosa ERIKA ROMERO GALLARDO, que su señora madre lamentablemente había fallecido el día 18 de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, derivado de complicaciones por la enfermedad que padecía la cual era "INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA", así mismo, la hija de la quejosa me hizo llegar el acta de defunción correspondiente a su fallecimiento, por lo que me permito anexar el acta de defunción correspondiente a su fallecimiento al presente ocurso marcándola como "ANEXO A", agradeciendo todas las atenciones recibidas por este tribunal en favor de hacer una debida protección de los derechos humanos. (.).". Ahora, del acta de defunción con código de verificación 21601700012021001940, que anexa el promovente al ocurso de cuenta se advierte que, a las quince horas con quince minutos del dieciocho de octubre del presente año, la quejosa María Gallardo Barboza, falleció en Contepec, Michoacán, debido al padecimiento de insuficiencia renal crónica que padecía desde hace doce años, así como al diverso de hipertensión arterial crónica que sufría desde hace dieciocho años, documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos se aprecia que en acuerdo de veintitrés de los actuales causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio en que se actúa, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otro lado, se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada para los siguientes efectos: "(.) En este punto es necesario precisar que, atendiendo a que de autos no existe evidencia de que la parte quejosa efectivamente se haya presentado al hospital responsable a efecto de que personal de éste procediera a la apertura del expediente clínico correspondiente y que fuera valorada por los médicos especialistas adscritos al mismo para determinar el tratamiento que se debe seguir; es necesario establecer en esta sentencia el deber para que la peticionaria del amparo asuma las obligaciones que a ella le corresponden, esto es, presentarse puntualmente a sus consultas y realizar las gestiones pertinentes para el suministro del tratamiento indicado en éstas. De modo que, si bien esta sentencia constituye a favor de la quejosa un derecho para que le sean suministrados los medicamentos por parte de las autoridades responsables, así como para que se le otorgue el tratamiento integral, simultáneamente constituye a la accionante del amparo el deber reciproco de contribuir en la parte que a ella le corresponde, para acudir oportunamente cuando sea citada. Lo anterior quiere decir que, esta sentencia también la obliga a participar y contribuir en los cuidados, medidas y hábitos que deba adoptar, a fin de acceder en su mayor amplitud posible a la restauración de su estado físico de salud. Por lo tanto, respecto del acto reclamado consistente en la falta de proporcionarle el tratamiento de hemodiálisis, atención médica y de suministrarle el medicamento denominado "ERITROPOYETINA, que requiere para el padecimiento de insuficiencia renal que le aqueja, así como los diversos para la diabetes e hipertensión arterial, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado, a fin que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere la peticionaria de amparo para el padecimiento que sufre. Sin que como ya se anotó, la presente resolución requiera cumplimiento alguno hasta este momento pues como se señaló, la suspensión de plano otorgó tutela anticipada al quejoso. (.).". En consecuencia, se declara sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente sumario. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a. CII/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 298, del Tomo XXII, Septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, número de registro 177283, de rubro y textos siguientes: "INCONFORMIDAD. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRÁMITE FALLECE EL QUEJOSO, CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SÓLO AFECTEN DERECHOS ESTRICTAMENTE PERSONALES. La inconformidad a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo debe declararse sin materia cuando, encontrándose en trámite, se acredita fehacientemente la defunción del inconforme, siempre y cuando los actos reclamados en el juicio de garantías afecten derechos estrictamente personales del quejoso, en virtud de que la ejecutoria respectiva no podrá surtir efecto alguno.". Asimismo, en lo que interesa, la tesis VII.2o.T.15 K (10a.) pronunciada Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 2430, del Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, número de registro 2013453, que a la letra expresa: "AMPARO EN REVISIÓN. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN FALLECE EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO, ES INNECESARIO SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO PARA LLAMAR AL REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN, SI LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE EN LA ALZADA NO LE CAUSA PERJUICIO ALGUNO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en el amparo se hace del conocimiento con prueba idónea el fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, el juzgador debe proceder conforme al artículo 16 de la Ley de Amparo, el cual prevé tres hipótesis, a saber: 1) Siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión; 2) Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de 60 días siguientes al en que se decrete la suspensión, el Juez ordenará lo conducente, según el caso de que se trate; y, 3) Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto. Ahora bien, si se parte de la base de que las violaciones procesales dentro del juicio constitucional deben repararse siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo, es irrelevante decretar la suspensión del procedimiento para dar oportunidad a que intervenga el representante de la sucesión del quejoso o del tercero interesado, si conforme al sentido de la resolución que habrá de emitirse en la instancia de revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito no se afectarán los intereses de dicha parte, máxime que el representante de la mortual tendrá expedito su derecho para acudir ante la propia autoridad responsable para hacer valer lo que estime procedente. De ahí que si el tribunal constitucional en la alzada no suspende el procedimiento ni llama y da intervención al representante legal del de cujus, en aras del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela la administración de justicia pronta y expedita, es improcedente reponer el procedimiento para llevar a cabo la notificación de dicha representación, cuando acorde al sentido de la resolución que se adoptará en definitiva, los derechos patrimoniales del finado habrán de permanecer incólumes, al no causarle perjuicio la decisión del asunto, pues no implicará dejarlo en estado de indefensión.". Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otro lado, se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada, sin que lo hayan realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Ahora bien, en dicha resolución se concedió la protección constitucional al quejoso para los siguientes efectos: "(.) En este punto es necesario precisar que, atendiendo a que de autos no existe evidencia de que la parte quejosa efectivamente se haya presentado al hospital responsable a efecto de que personal de éste procediera a la apertura del expediente clínico correspondiente y que fuera valorada por los médicos especialistas adscritos al mismo para determinar el tratamiento que se debe seguir; es necesario establecer en esta sentencia el deber para que la peticionaria del amparo asuma las obligaciones que a ella le corresponden, esto es, presentarse puntualmente a sus consultas y realizar las gestiones pertinentes para el suministro del tratamiento indicado en éstas. De modo que, si bien esta sentencia constituye a favor de la quejosa un derecho para que le sean suministrados los medicamentos por parte de las autoridades responsables, así como para que se le otorgue el tratamiento integral, simultáneamente constituye a la accionante del amparo el deber reciproco de contribuir en la parte que a ella le corresponde, para acudir oportunamente cuando sea citada. Lo anterior quiere decir que, esta sentencia también la obliga a participar y contribuir en los cuidados, medidas y hábitos que deba adoptar, a fin de acceder en su mayor amplitud posible a la restauración de su estado físico de salud. Por lo tanto, respecto del acto reclamado consistente en la falta de proporcionarle el tratamiento de hemodiálisis, atención médica y de suministrarle el medicamento denominado "ERITROPOYETINA, que requiere para el padecimiento de insuficiencia renal que le aqueja, así como los diversos para la diabetes e hipertensión arterial, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado, a fin que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere la peticionaria de amparo para el padecimiento que sufre. Sin que como ya se anotó, la presente resolución requiera cumplimiento alguno hasta este momento pues como se señaló, la suspensión de plano otorgó tutela anticipada al quejoso. (.).". Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en caso que el aquí quejoso requiera atención médica, ésta le deberá ser otorgada de inmediato en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en que se actúa, apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá multa por la cantidad de $8,962.00 ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite el apoderado jurídico de la Secretaria de Salud de Michoacán y Organismo Público descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con sede en esta ciudad, éstos por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Maravatío, Michoacán, quien en cumplimiento a los requerimientos formulados en autos comunica lo siguiente: "(.) Con fecha trece de septiembre mediante oficio, se notificó acuerdo en el que se requiere a mis representantes informar resultado de la cita, así mismo se le proporcione tratamiento de hemodiálisis, al respecto me permito informarle que el quejoso se encuentra recibiendo tratamiento de hemodiálisis de manera subrogada en la clínica particular calidad en hemodiálisis dos veces por semana. En ese orden de ideas mis representadas se encuentran imposibilitadas materialmente para allegar las constancias que así lo acrediten, ello en razón de que como ya se mencionó, el impetrante de amparo recibe el tratamiento dialítico en una clínica particular que no forma parte de este organismo público descentralizado Servicios de Salud de Michoacán y/o Secretaria de Salud de Michoacán por ende el expediente clínico de la que se advierta un programa de horario y lugar, y la forma en la que se le aplique las sesiones de hemodiálisis (.).". No obstante lo anterior, este juzgador estima que con dichas diligencias no se cumple cabalmente con el requerimiento formulado en autos, pues con independencia de sus manifestaciones debe tenerse en cuenta que se requirió para lo siguiente: 1. Informaran a este juzgado el resultado que arrojó la valoración realizada a la parte quejosa el uno de septiembre del presente año -en el Hospital General de Maravatío, Michoacán-; y, cuál fue el tratamiento indicado para el padecimiento que le aqueja; 2. Requirieran a la institución responsable de suministrar las hemodiálisis al quejoso -"CALIDAD EN HEMODIÁLISIS"- e hicieran llegar constancia de dicha aplicación; y, 3. Remitieran copia debidamente certificada e íntegra del expediente clínico del peticionario de amparo -el cual se debió formar derivado de la consulta de uno de septiembre del año que transcurre-. De tal suerte que, con lo expuesto en el ocurso de cuenta, ni siquiera se tenga parcialmente cumplido el requerimiento de que se trata, pues del mismo no se aprecia que las responsables hayan requerido tales documentales a la referida clínica y que ésta se haya negado a proporcionarles el registro de las sesiones de hemodiálisis que le practican al peticionario de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que dentro del improrrogable término de tres días, contado a partir de la notificación de la presente determinación realice las gestiones pertinentes para dar cabal cumplimiento al acuerdo de trece de octubre actual. Apercibidas que de no hacerlo en el plazo que se les concede, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa -individualmente- por la cantidad de $17,924.00 diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos moneda nacional, equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización (UMA). Notifíquese por lista; e inmediatamente por oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que, en acuerdo de veintisiete de agosto del presente año, se tuvo al representante de las autoridades responsables comunicando que el uno de septiembre del año que transcurre, la impetrante de amparo debía presentarse en el área de dirección del nosocomio responsable a fin de ser canalizada con el médico que valorará su estado de salud para proporcionarle el tratamiento médico que requiere. Asimismo, en proveído de diez de los actuales se tuvo a las responsables informando que el tratamiento de hemodiálisis se brindaría a la impetrante de amparo de manera subrogada en la clínica particular "CALIDAD EN HEMODIÁLISIS", donde refirió que recibe las sesiones, en la que se aplicaría como parte del tratamiento dialítico "hierro y eritropoyetina". Sin embargo, a la fecha no se ha comunicado el resultado de dicha evaluación, ni se han remitido las constancias que acrediten la aplicación de dicho tratamiento y las documentales que integran el expediente clínico de la quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de la presente determinación, realicen lo siguiente: 1. Informen a este juzgado el resultado que arrojó la valoración realizada a la parte quejosa en la fecha comento; cuál fue el tratamiento indicado para el padecimiento que le aqueja; 2. Requieran a la institución responsable de suministrar las hemodiálisis al quejoso y hagan llegar constancia de dicha aplicación; 3. Remitan copia debidamente certificada e íntegra del expediente clínico de la peticionaria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo en el plazo que se les concede, o bien, manifiesten el impedimento que para ello tengan, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa -individual- por la cantidad de $8,962.00 ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA). Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armado, Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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