María Gardenia Zúñiga Alba

Expediente 441/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
441/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
16/03/2016

Partes del expediente

  • María Gardenia Zúñiga Alba
  • Adan Medina Lomeli
  • Financiera Rural Organismo Público Descentralizado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo doy cuenta a la Juez con el oficio y anexos, registrado con el folio 5698.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada por dicho Tribunal, de fecha diez de marzo del año en curso, en el amparo en revisión civil 326/2015, los autos del juicio de amparo número 441/2015 y toca de apelación civil 660/2014 en tres tomos; acúsese recibo y agréguese el cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes, debiendo hacerse del conocimiento de las partes, que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la sentencia dictada por este Juzgado en fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, que sobreseyó en el presente juicio de garantías. En tales condiciones, al no requerir ejecución material el fallo de que se trata, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otro lado, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio, además de que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, se ordena devolver a la autoridad responsable Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, el toca de apelación civil 660/2014 en tres tomos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En veintiuno de septiembre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 18681.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que en el amparo en revisión civil 326/2015, se admitió el recurso de revisión interpuesto por los quejosos MARÍA GARDENIA ZÚÑIGA ALBA y ADÁN MEDINA LOMELÍ, en contra de la sentencia de dieciocho de agosto del año en curso, dictada en el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Bjm.

  3. Principal

    En siete de septiembre de dos mil quince, se cuenta al Juez con un escrito registrado con el número 17612 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por los quejosos MARÍA GARDENIA ZÚÑIGA ALBA y ADÁN MEDINA LOMELÍ, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil quince, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, 86, 88, 89, y demás relativos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de referencia; dentro del término legal, y una vez que se encuentren debidamente notificadas las partes, dentro del término legal remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERO INTERESADA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Bjm.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO ALEJANDRO MACIAS BARRON Y OTROS, EL CONTENIUDO DE LA SENTENCIA DICTADA EN DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 441/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veinticinco de marzo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, MARIA GARDENIA ZUÑIGA ALBA y ADAN MEDINA LOMELI, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: SEGUNDA SALA CIVIL Y DE LO FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. Acto reclamado: "ACTO RECLAMADO.- Se reclama de la autoridad señalada en el inciso a), señalada como ordenadora el auto de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil quince (2015), dentro del TOCA A.C 660/2014, donde en parte se dice: "(.) VISTO el expediente que integra el Toca Civil formado con motivo de la interposición del recurso de apelación al que le fue asignado el número A.C. 660/2014, medio de impugnación invocado por los demandados señores MARIA GARDENIA ZUÑIGA ALBA y ADAN MEDINA LOMELI respecto de la Resolución Interlocutoria de la aprobación de remate dictada el seis (06) de agosto del año dos mil catorce (2014), dentro del juicio mercantil ejecutivo número 1273/2015 del Juzgado primero del ramo mercantil del distrito judicial de la Capital, promovido por el C. Licenciado JOSÉ RAÚL MIRELES VILLEGAS en su carácter de apoderado de "FINANCIERA RURAL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO", ahora denominada FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, enderezado en contra los predichos demandados; estando los autos para dictar la resolución que corresponde a este Órgano Colegiado. (.)" Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. Previa aclaración de la demanda, el diez de abril del año en curso, se ordenó su admisión y registro del expediente relativo bajo el número 441/2015; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La resolución dictada el veinticinco de febrero de dos mil quince, en el TOCA A.C. 660/2014, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos MARIA GARDENIA ZUÑIGA ALBA y ADAN MEDINA LOMELI en contra de la resolución interlocutoria de aprobación de remate de seis de agosto de dos mil catorce, emitida en el juicio mercantil ejecutivo número 1273/2015 del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, promovido por el licenciado JOSÉ RAÚL MIRELES VILLEGAS en su carácter de apoderado de "FINANCIERA RURAL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO", ahora denominada FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO; por medio de la cual se confirmó dicha interlocutoria. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: La Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado, por conducto de su Magistrado Presidente, reconoció la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las constancias relativas al toca A.C. 660/2014; que la mencionada autoridad responsable remitió como justificación de sus actos; documental que reviste plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de las cuales se advierte la existencia del acto reclamado. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, de las constancias que integran el presente juicio de garantías, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretado éste en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Y, "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". (Énfasis agregado) Los preceptos legales que se comentan establecen lo siguiente: a) Que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución. b) Que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio o después de concluido. c) Que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. d) Que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos citados, interpretado el 107 en sentido contrario, se tiene que tratándose de actos de tribunales judiciales llevados a cabo en un procedimiento de remate, el juicio de amparo indirecto únicamente procede en contra de la última resolución que se dicte en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. La causal de improcedencia señalada se actualiza en el caso, como se pasa a explicar. Es necesario empezar por hacer una breve reseña de los antecedentes más relevantes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por la Sala Civil responsable, destacándose en concreto por lo que hace a la etapa de ejecución de sentencia de la que deriva, los siguientes: ( El tres de agosto de dos mil cinco, se inició el juicio mercantil ejecutivo 1273/2005, promovido por la ahora tercero interesada, en contra de los impetrantes del amparo, en cuyo juicio se embargaron diversos inmuebles propiedad de los quejosos. ( Continuado el procedimiento mercantil de mérito por todo su trámite legal, el veinticuatro de noviembre de dos mil seis, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró la procedencia de la acción. ( Inconformes los aquí quejosos interpusieron recurso de apelación, en el que se dictó sentencia de segunda instancia el veintisiete de febrero de dos mil siete, en el toca 124/2007, por medio de la cual se confirmó la de primera instancia. ( Iniciada la etapa de ejecución, a efecto de alcanzar los fines de la sentencia de remate, se llevaron a cabo diligencias de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta almoneda, esta última el veinticinco de junio de dos mil catorce, en la que a solicitud de la parte ejecutante, se fincó remate en su favor de dos de los bienes materia de la subasta, en cuyos puntos resolutivos, en esencia se determinó: Que se adjudicaban los bienes inmuebles que ahí se describen, por lo cual, se ordenó requerir a los ahora quejosos a efecto de que en el término de tres días otorguen las escrutas correspondientes a la adjudicación a favor de la actora en el juicio natural, aquí tercero interesada, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, ese juzgado las otorgaría en su rebeldía; y, que se dejaban a salvo los derechos de la parte actora material para gestionar el pago de intereses. . ( En contra de la interlocutoria antes mencionada, los impetrantes del amparo interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto el veinticinco de febrero de dos mil catorce, cuyos puntos resolutivos primero y segundo, son del tenor siguiente: PRIMERO.- Procede CONFIRMAR y SE CONFIRMA, la Resolución de aprobación de remate del seis (6) se agosto de dos mil catorce (2014), dictada por la C. Juez Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, dentro del expediente número 1273/20105, que contiene el Juicio Mercantil Ejecutivo promovido por el C. Licenciado José Raúl Mireles Villegas, como apoderado de FINANCIERA RURAL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO ahora denominada FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, en contra de los CC. ADAN MEDINA LOMELÍ Y MARÍA GARDENIA ZÚÑIGA ALBA. SEGUNDO.- Una vez que los autos lo permitan, en términos del artículo 1343 del Código de Comercio, vuelvan los autos al Juzgado de su origen acompañando testimonio certificado de la presente resolución, para su conocimiento, el que las partes y demás efectos legales consiguientes. ." Resolución ésta que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Una vez relacionados los antecedentes del caso, se aborda el estudio de la causal de improcedencia que como ya se dijo, cobra actualidad en la especie, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo vigente, pues al reclamarse de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar responsable, la resolución que confirmó la interlocutoria aprobatoria de remate, y como la misma tiene por efecto que el Juez natural, en su oportunidad, dicte un auto en donde requiera a la parte ejecutada, aquí quejosos, para que otorguen a favor de FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, la escritura de adjudicación respectiva y la entrega de los bienes adjudicados, es claro que la determinación reclamada en esta vía constitucional no constituye la última resolución que pueda ser dictada dentro del procedimiento de remate, respecto de la cual resulta procedente la vía constitucional indirecta. Ello, dado que, ya quedó asentado que de los preceptos invocados deriva, en lo que aquí interesa, que tratándose de actos de tribunales judiciales verificados en los procedimientos de remate, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución que se dicte en dichos procedimientos, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Por lo cual, es dable advertir de la reseña de antecedentes, que todavía no ha sido dictada la última resolución en el procedimiento de remate, pues al haber confirmado la Sala responsable la resolución aprobatoria de remate, el juez natural en su oportunidad, dictará un auto, en el que requiera a los demandado, ahora quejosos, a efecto de que otorguen a favor de la actora ya mencionada, la escritura respectiva y entrega de los bienes rematados; es decir, que todavía hay actuaciones pendientes de trámite; por lo que al estar pendientes de llevar a cabo diversas actuaciones dentro del citado expediente, es claro que en el procedimiento de remate aún no se dicta la última resolución, que de conformidad con los preceptos legales de que se trata, es aquella en la que en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. En términos de lo expuesto, si está substanciándose el procedimiento de ejecución de sentencia, en concreto, el procedimiento de remate, el juicio constitucional deberá intentarse únicamente en contra de la última resolución dictada en esa fase ejecutiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados después de concluido el juicio, más en concreto, los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Sirve de apoyo al respecto, aplicable en lo conducente y por analogía, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 32/2001, aplicable por analogía y en lo conducente, publicada en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. De ahí que es inconcuso que lo alegado en contra de lo resuelto por la Sala responsable al confirmar la resolución incidental de remate, puede llegar a constituir una violación procesal cometida dentro del procedimiento mencionado, que sólo es reclamable en amparo indirecto hasta el dictado de la última resolución que lo decida. En relación con las violaciones al procedimiento que se cometan en la etapa de ejecución, debe analizarse si son susceptibles de violar de manera directa derechos sustantivos, caso en el que se admite excepcionalmente la procedencia del amparo indirecto. Apoya lo anterior por analogía la tesis P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice lo siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De conformidad con la jurisprudencia transcrita no se permite la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, por violaciones procesales, ya que según las consideraciones que sustentan la ejecutoria que da origen a dicho criterio, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto cuando se trate del último que pueda ser dictado en esa etapa. Por otro lado, el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como criterio de distinción en tratándose de actos de imposible reparación, que un acto dictado en el procedimiento relativo afecta de manera directa derechos sustantivos del quejoso, cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse con posterioridad, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. Como complemento a ese criterio general de irreparabilidad, el Pleno del máximo tribunal consideró que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Tal criterio quedó plasmado en la tesis P. LVII/2004, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice lo siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." En esa perspectiva, debe considerarse que en virtud de que la resolución reclamada confirmó la interlocutoria de aprobación de remate, no afecta de manera directa derechos sustantivos, porque al dejar firme la mencionada resolución que aprobó el remate, el Juez del procedimiento mercantil, en su oportunidad dictará un auto en el que requiera al ejecutado, mediante notificación personal, para que otorgue la escritura de adjudicación respectiva al adjudicatario y entregue el inmueble rematado; por lo que debe estimarse entonces que el acto reclamado no se encuentra en los casos de excepción que autorizan su impugnación a través de la vía indirecta. En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido por los artículos 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por MARIA GARDENIA ZUÑIGA ALBA y ADAN MEDINA LOMELI, contra los actos reclamados de la autoridad responsable, por las razones asentadas en el último de los considerandos de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza, hoy dieciocho de agosto de dos mil quince, que lo permitieron las labores del juzgado. DOY FE."

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