María Gardenia Zúñiga Alba
Expediente 503/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 24 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 21/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Gardenia Zúñiga Alba
- Adán Medina Lomelí
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 15348. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por la que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
El diez de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 14591. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por los quejosos María Gardenia Zúñiga Alba y Adán Medina Lomelí, por la que interponen recurso de revisión; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos; distribúyase entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, así como un tomo de pruebas, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; personalmente a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 503/2019, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo (fojas 3 a 17), a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, Gobernador del Estado de Zacatecas y Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, todas con sede en esta ciudad (fojas 69 a 82, 85 a 95 y 97); asimismo, se da cuenta en este momento con el diverso pedimento ministerial, registrado con folio 13314. A lo que el juez determina: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Por otro lado, agréguese a los autos el pedimento de cuenta y relaciónese en la etapa procesal respectiva; asimismo, como lo solicita la representación social, una vez que se dicte la sentencia, expídansele las copias respectivas, en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa (mismas que obran en mica a foja 18 y 32 a 38), asimismo el disco compacto en formato DVD exhibido por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas (foja 83) y el expediente sin número del procedimiento administrativo de vacancia remitido por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas (anexo de pruebas). El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los vertidos por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en su pedimento 966/2019 (fojas 143 a 144) y la parte tercero interesada en su escrito con folio 10866 (fojas 102 a 104). A lo que el juez determina: ténganse por realizadas las manifestaciones vertidas y por perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a dictar la sentencia respectiva: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 503/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, María Gardenia Zúñiga Alba y Adán Medina Lomelí, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se precisan enseguida: Autoridades responsables: "a) Legislatura del Estado de Zacatecas. Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado de Zacatecas. Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas." Actos reclamados: "1. A la legislatura del estado de Zacatecas, le reclamo, la discusión, aprobación, sanción y expedición de la Ley de Fraccionamientos rurales del estado de Zacatecas, de fecha 13 de junio del año 2009, publicada en el periódico oficial de gobierno del estado de Zacatecas el día 14 del mes de junio del año 2009, concretamente de los artículos 112 fracción I y 113, que contemplan el procedimiento administrativo de declaración de vacancia y adjudicación directa. 2. Al Gobernador Constitucional del estado de Zacatecas, le reclamo la promulgación y publicación de la Ley de Fraccionamientos rurales del estado de Zacatecas, de fecha 13 de junio del año 2009, publicada en el periódico oficial de gobierno del estado de Zacatecas el día 14 del mes de junio del año 2009, concretamente de los artículos 112 fracción I y 113, que contemplan el procedimiento administrativo de declaración de vacancia y adjudicación directa. 3. Al Secretario General de Gobierno del estado de Zacatecas, le reclamo, el refrendo de la Ley de fraccionamientos rurales del estado de Zacatecas, de fecha 13 de junio del año 2009, publicada en el periódico oficial de gobierno del estado de Zacatecas el día 14 del mes de junio del año 2009, concretamente de los artículos 112 fracción I y 113, que contemplan el procedimiento administrativo de declaración de vacancia y adjudicación directa. 4. Al Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado de Zacatecas, le reclamo el refrendo de la Ley de fraccionamientos rurales del estado de Zacatecas, de fecha 13 de junio del año 2009, publicada en el periódico oficial de gobierno del estado de Zacatecas el día 14 del mes de junio del año 2009, concretamente de los artículos 112 fracción I y 113, que contemplan el procedimiento administrativo de declaración de vacancia y adjudicación directa. 5. Al Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, le reclamo la aplicación de la Ley de Fraccionamientos rurales del estado de Zacatecas, de fecha 13 de junio del año 2009, publicada en el periódico oficial de gobierno del estado de Zacatecas el día 14 del mes de junio del año 2009, concretamente de los artículos 112 fracción I y 113, que contemplan el procedimiento administrativo de declaración de vacancia y adjudicación directa. Acto que se comprueba con las copias simples del escrito de demanda de procedimiento administrativo de declaración de vacancia de fecha 20 de mayo del año 2019, promovido por el C. JOSÉ RAÚL MIRELES VILLEGAS, apoderado de legal de FINANCIERA RURAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO documento del cual agrego copia simple al cuerpo del presente para que surta todos los efectos jurídicos a que haya lugar." SEGUNDO. La parte quejosa estima violados los derechos fundamentales señalados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. La demanda de que se trata, fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo número de expediente 503/2019, en esa guisa mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se previno a la parte quejosa a efecto de que precisara cual era el acto de aplicación, así como la fecha de la determinación o auto en la que el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, aplicó en su perjuicio los artículos 112, fracción I y 113, de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, apercibido que de no dar cumplimiento se tendría por no presentada (fojas 19 a 22). Posteriormente, mediante escrito presentado el tres de julio de dos del año en curso, la parte quejosa desahogó el requerimiento formulado, en el que precisó los actos reclamados a la autoridad correspondiente, quedando en los siguientes términos: "1. La recepción en fecha 20 de mayo por parte de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas del escrito por medio del cual el apoderado legal de FINANCIERA RURAL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL LIC. JOSÉ RAÚL MIRELES VILLEGAS pretende iniciar el procedimiento administrativo de declaración de vacancia (fecha en que se nos aplicaron por primera vez los artículos 112 fracción I y 113, de la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas), acto del cual nos dimos cuenta los suscritos en fecha 4 del mes de junio del 2019, por medio de la notificación hecha al C. JOSÉ CORTEZ CARRILLO de la contestación de la demanda incidental, actos que se comprueban con las copias simples del acuse de recibo de 20 de mayo del 2019 del escrito por medio del cual el apoderado legal de FINANCIERA RURAL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL LIC. JOSÉ RAÚL MIRELES VILLEGAS pretende iniciar el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE VANCANCIA Y ADJUDICACIÓN DIRECTA, documental que ya obra en autos del presente juico, más sin embargo nos permitimos adjuntar copia simple del mismo. 2. El auto de entrada o auto de radicación del que desconocemos la fecha, dictado por el C. Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, mediante el cual se declaren vacantes los bienes inmuebles de nuestra propiedad sin realizar ninguna notificación a los suscritos y después se le adjudique al apoderado C. José Raúl Mireles Villegas, acto del cual no tenemos la plena certeza (que se haya dictado auto de radicación o inicio del procedimiento administrativo de declaración de vacancia promovido por el C. LIC. JOSÉ RAÚL MIRELES VILLEGAS) ya que los suscritos seguimos manifestando bajo protesta de decir verdad que, acudimos el día 6 del mes de junio del año 2019 a preguntar a la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, si se le había dado entrada al procedimiento administrativo de declaración de vacancia de marras y fuimos informados por una persona de nombre el cual desconocemos, que no nos podían informar sobre dicho procedimiento, por sus reglamentos se los prohibían, motivo por el cual no podemos adjuntar copia simple del mismo." El cuatro de julio de la presente anualidad (fojas 39 a 42), se desechó parcialmente por cuanto hace a las siguientes autoridades: "Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas y Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado de Zacatecas." En la misma fecha, se admitió a trámite, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una norma que tiene como ámbito de aplicación un municipio del Estado de Zacatecas, en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: -De las autoridades responsables Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas y Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas reclamó la discusión, aprobación, sanción, expedición, promulgación y publicación, en el ámbito de sus respectivas competencias legales, de los artículos 112, fracción I y 113 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. -Del Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, reclamó la falta de llamamiento al procedimiento administrativo de vacancia por el apoderado legal de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes denominada Financiera Rural, Organismo Público Descentralizado). TERCERO. CUESTIÓN PRELIMINAR. Debe subrayarse que tratándose de amparo contra leyes, en los que se reclama un acto concreto de aplicación de éstas -como lo es el caso-, resulta innecesario determinar la naturaleza de la disposición normativa impugnada, esto es si se trata de una ley autoaplicativa o heteroaplicativa. Asimismo, de acuerdo a la técnica que rige en el juicio de amparo contra leyes con motivo de un acto de aplicación, se debe observar lo siguiente: En principio, analizar la procedencia del juicio de amparo, para lo cual se debe: Verificar la existencia del acto reclamado que el quejoso señale como el de aplicación de la norma tildada de inconstitucional. Comprobar que tal acto es el primero por el que se le aplica al quejoso la norma que reclama, o en su caso si se actualiza alguna excepción al supuesto en comento. Determinar si el acto en cuestión le causa un perjuicio. En segundo término, se debe corroborar que no se surta alguna causa de improcedencia, respecto del acto de aplicación, pues de actualizarse alguna causal por cuanto a éste, debe sobreseerse por cuanto al acto y la norma impugnada. En tercer lugar, de no actualizarse causa de improcedencia alguna, se debe analizar la constitucionalidad de la disposición impugnada (sin desvincular el estudio de la norma impugnada del que concierne a su acto de aplicación). Finalmente, en caso de que se niegue el amparo por cuanto hace a la constitucionalidad de la norma impugnada, estudiar los conceptos de violación que se hubieran enderezado por vicios propios, esto es, de los aspectos de legalidad del acto de aplicación en sí mismo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000, con registro 191311, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, del tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De lo anterior deriva que en el caso, en primer lugar se requiera acreditar la existencia de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa, que además dicho acto sea el primero y éste le cause perjuicio a la quejosa; estudio que resulta preferente en relación al análisis que se haga en segundo término en cuanto a la actualización de alguna causal de improcedencia en relación al acto en escrutinio (como lo sería la falta de interés jurídico). De ahí que si la parte quejosa combate la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, concretamente, los artículos 112, fracción I y 113, con motivo de su primer acto de aplicación, en principio es menester verificar si existió contra la parte impetrante de amparo el citado acto de aplicación. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se reclama a la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas consistente en la aprobación del Decreto número doscientos noventa y cinco, publicado en el Suplemento 3 al número 47 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, del trece de junio de dos mil nueve, por el que emitió la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas, pues así lo manifestó al rendir su correspondiente informe con justificación (foja 69 a 82); de ahí que, se tenga por cierto dicho acto. Certeza que se corrobora con la existencia del ordenamiento legal indicado, aunado a que las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, pues no se necesita probar su existencia, basta con que éstos sean publicados en el medio de difusión oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, lo que se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 983, de la Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que al rubro señala: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 56, en la página 73, tomo VI, común, sección jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De igual forma, es cierto el acto que se reclama del Gobernador del Estado de Zacatecas, dado que así lo admitió al rendir su informe justificado, asimismo, manifestó que los actos que se aceptan se ajustan a derecho, conforme lo estipula el artículo 82, fracción II , de la Constitución Política del Estrado Libre y Soberano de Zacatecas. Por lo que respecta a la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, manifestó en su informe que el acto que se le atribuía era parcialmente cierto, en virtud de que en efecto el veinte de mayo del año en curso, se presentó escrito de demanda por el apoderado legal de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, mediante el cual solicitaba procedimiento administrativo de adjudicación previa de declaración de vacancia; sin embargo dicha solicitud fue desechada mediante acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve. Lo anterior, se corrobora con las constancias del expediente sin número del procedimiento administrativo de vacancia (anexo de pruebas); constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo. QUINTO. Improcedencia del juicio. Este Juzgador constata de oficio que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo..." Para que se actualice la causal de improcedencia invocada, es necesario que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte por alguna circunstancia, haya imposibilidad de que sus efectos se realicen por haber dejado de existir la materia u objeto del acto. Esto, pues en caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente sería imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estima vulnerados o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. A fin de demostrar la causa de improcedencia en análisis, conviene citar brevemente los antecedentes del acto reclamado: - Mediante escrito presentado por el apoderado general para pleitos y cobranzas de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (aquí tercero interesado), en la Dirección de Fraccionamientos Rurales, recibido el veinte de mayo de dos mil diecinueve, promovió procedimiento de declaración de vacancia, para efecto de que se le adjudicaran los bienes inmuebles en favor de su representada (fojas 2 a 10, anexo de pruebas). - Posteriormente, por auto de tres de junio del año en curso, la citada Dirección le desechó su solicitud, en virtud de que el compareciente no acreditó la personalidad pretendida con documento idóneo; en consecuencia se le tuvo por no interpuesto el citado procedimiento administrativo pretendido, asimismo, le hicieron la devolución de los documentos originales que agregó a su expediente (foja 89, anexo de pruebas) Ahora, la parte quejosa se duele principalmente de la falta de llamamiento dentro del procedimiento administrativo de declaración de vacancia presentado por el apoderado legal de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, respecto de los bienes inmuebles que ellos refieren; sin embargo, de los antecedentes relatados, es claro que los efectos del acto reclamado no se concretan en un daño en la esfera jurídica de los quejosos, en virtud de que la Dirección de Fraccionamientos Rurales, desechó el escrito que pretendía iniciar el procedimiento administrativo de vacancia, por tanto, al no lograr materializarse, éste dejó de existir. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro IUS 173858, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS" En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. La que se invoca dado que interpreta el artículo 73, fracción XVII de la Ley de la materia abrogada, que es de similar contenido al diverso 61, fracción XXII del ordenamiento citado en primer término. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la aludida legislación, procede sobreseer en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a los actos reclamados al Sexagésima Tercera Legislatura y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, consistentes en la discusión, aprobación, sanción, expedición, promulgación y publicación, en el ámbito de sus respectivas competencias legales, dado que de los preceptos tildados de inconstitucionales por los quejosos, se comprobó que no les causa ninguna afectación violatoria de sus derechos. Sirve de apoyo a lo antes precisado la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se ha hecho referencia previamente, con registro 232028, que a continuación se transcribe: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Por lo expuesto, fundado y motivado, SE RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Gardenia Zúñiga Alba y Adán Medina Lomelí, en término de lo expuesto en el considerando QUINTO de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Dgsh
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LOS AUTOS DICTADOS EN FECHAS DOS Y VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: El dos de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 10897. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la promoción de cuenta signada por los quejosos Adán Medina Lomelí y María Gardenia Zúñiga Alba, mediante la cual ofrecen como prueba de su parte el informe de autoridad a cargo del juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, respecto del incidente de prescripción de ejecución de sentencia promovido por los antes nombrados en contra de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, antes denominada Financiera Rural, Organismo Público Descentralizado, por conducto de su apoderado legal Jesús Raúl Mireles Villegas, incidente promovido dentro del juicio ejecutivo mercantil 1273/2005, por la referida persona moral tercero interesada en contra de los aquí quejosos. Atento a su contenido, no ha lugar a tener por ofrecida la prueba de informe de autoridad de referencia, toda vez que al ser los quejosos parte en dicho procedimiento se encuentran en aptitud de solicitarlo ante la autoridad que señala y solo ante su negativa este órgano jurisdiccional procederá en términos del artículo 121, de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis del rubro y texto que dicen: "INFORME DE AUTORIDAD. CONSTITUYE PRUEBA DOCUMENTAL, POR LO QUE DEBE SOLICITARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 151 de dicha ley, entre otras pruebas, se refiere a la prueba documental; sin embargo, en tratándose de documentos que obren en poder de autoridades o funcionarios, operan las reglas que señala el artículo 152 de la Ley de Amparo, que establece que para su ofrecimiento primero debe ser solicitado ante la autoridad y sólo ante su negativa, debe pedirse al Juez para que éste requiera a la responsable para su exhibición; asimismo, si lo que solicita el promovente es que la directora general del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de Occidente, informe sobre si realizó o no ciertas actividades que sirvan para su readaptación; informe que sin duda alguna tiene que contestar a través de un documento; de ahí que se trata de una documental que deberá recabarse de una autoridad, lo que hace evidente que para recabarlo deba cumplirse con los requisitos que señala el referido numeral 152 que prevé que debe ser solicitado a la autoridad y sólo ante su negativa, pedirle al Juez que lo requiera para su exhibición; razón por la cual, si se ofreció directamente ante el Juez en términos del artículo 151, debe negarse su admisión, pues aun cuando existe vinculación entre ambos preceptos, regulan diversos supuestos de ofrecimiento de la prueba documental.". NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci AUTO DE 28 DE AGOSTO DE 2019 El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de dos del mes y año en curso (foja 128), se determinó no tener por ofrecida por parte de los quejosos Adán Medina Lomelí y María Gardenia Zúñiga Alba, la prueba de informe de autoridad a cargo del juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, respecto del incidente de prescripción de ejecución de sentencia promovido por los antes nombrados en contra de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, antes denominada Financiera Rural, Organismo Público Descentralizado, por conducto de su apoderado legal Jesús Raúl Mireles Villegas, incidente promovido dentro del juicio ejecutivo mercantil 1273/2005, por la referida persona moral tercero interesada en contra de los aquí quejosos. Sin embargo, se omitió notificar personalmente a la parte quejosa el contenido del referido proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción l, inciso f) de la Ley de Amparo y con lo dispuesto por el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento para el efecto de notificar de manera personal a la citada parte procesal el auto de dos de los actuales. Luego, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día; y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
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