María Gabriela Lozano Román
Expediente 1027/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/10/2018
Partes del expediente
- María Gabriela Lozano Román
Actuaciones
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Valoración del expediente. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo. Devolución de documentos a la parte quejosa. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recogerlos dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Apercibido que de no acudir por éstos, en el plazo indicado, serán destruidos. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así lo establecen los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO.- Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa el auto de tres de octubre de dos mil dieciocho que dice: Téngase por recibida la demanda promovida por María Gabriela Lozano Román, por propio derecho, contra actos del Juzgado Quinto de lo Familiar en el Estado de Jalisco. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1027/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: a. Autoridad señalada como unidad burocrática. La parte promovente designa como autoridad responsable al Juzgado Quinto de lo Familiar en el Estado de Jalisco, sin embargo, dicha denominación hace referencia a la unidad burocrática, es decir, un órgano del Estado, sin que indique a qué funcionario en particular señala con el carácter de responsable. Lo anterior es así, en virtud de que en las unidades del Estado existen un sinnúmero de servidores públicos; por ejemplo, en una dependencia gubernamental puede haber un director, subdirector, jefe de área, gerente, etcétera; en un órgano jurisdiccional un juez, secretario de acuerdos, secretario ejecutor, actuario, notificador, entre otros. Por ello, para que este juzgador se encuentre en posibilidad de acordar lo conducente sobre la admisión de la demanda, en la medida que el artículo 108, fracción III, de la ley que regula este proceso, dispone que es obligación de la parte quejosa expresar el nombre de las responsables, el cual debe ser el correcto, se le requiere para que precise a qué servidor público de la referida unidad es quien tiene el carácter de autoridad para efectos de este amparo. Téngase en cuenta que de ser más de una autoridad, deberá presentar sendas copias del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio, para poder solicitar los informes de ley. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA. El artículo 116 de la Ley de Amparo señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en la fracción III, esto es, la designación de la autoridad o autoridades responsables, por lo que es claro que desde el escrito inicial se deben precisar los nombres de éstas, a fin de que se esté en condiciones de emplazarlas y solicitarles su informe respectivo, y si no se hace, al advertir el Juez que alguna de ellas fue mal señalada, debe prevenir al promovente de amparo en términos del artículo 146 del propio ordenamiento jurídico, a efecto de que la señale correctamente, pues de estimar que hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente de garantías por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir se tenga por no señalada a la autoridad, es claro que se estaría contraviniendo el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita." 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá, al punto siguiente: Punto a: se tendrá por no presentada su demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: María Gabriela Lozano Román, por propio derecho. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tienen como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Rosa Alicia Durán González, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las Aldo Arturo Gómez Segura y José Eduardo Ramírez López, por no contar con dicho registro. V. Diligencias de mejor proveer. A fin de estar en aptitud de proveer sobre la admisión o desechamiento de la presente demanda, se solicita al Juez Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional si ya proveyó el escrito presentado por la peticionaria de amparo el doce de septiembre pasado, al expediente 63/2016, al efecto se adjunta copia del referido escrito. En el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias con lo que así lo acredite. Lo anterior, para estar en oportunidad de advertir si se actualizan causas de improcedencia en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente.
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