María Gabriela Franco Palos
Expediente 2416/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2416/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/06/2022
Partes del expediente
- Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
- María Gabriela Franco Palos
Actuaciones
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de doce de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que trascurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a doce de enero de dos mil veintidós. Certificación. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se tiene que en proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Jalisco, para que en el término de tres días, allegara copia certificada, completa y legible del expediente 2020/150/5390; auto que le fue notificado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, por tanto, dicho término transcurrió del dieciséis al veinte de diciembre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha la autoridad haya dado cumplimiento a tal requerimiento. Requerimiento. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, requiérase nuevamente a la autoridad Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Jalisco, para que dentro del plazo de tres días allegue en copia certificada, completa y legible, del expediente 2020/150/5390. Apercibimiento. Se le apercibe que de no hacerlo así, o bien, de ser omisa en manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 260, fracción I, del ordenamiento así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. IV. Motivos por los cuales se difiere la audiencia constitucional. Que no se está en aptitud de celebrar la audiencia, en razón de que, a la fecha, no obran las constancias requeridas en a la autoridad Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Jalisco, por lo tanto, no se encuentra debidamente integrado el presente asunto para la celebración de la audiencia respetiva. II. Diferimiento de audiencia constitucional. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese; y por oficio a la autoridad Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Jalisco.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido del acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mismo que en síntesis dice: Zapopan, Jalisco, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por María Gabriela Franco Palos, por derecho propio; contra los actos que reclamada de la Décima Segunda Junta Especial Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 2416/2021. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: a. Actos reclamados imprecisos. De la lectura integral de la demanda de garantías, se desprende que los actos reclamados no se encuentran precisados con claridad; ello es así en virtud de que en el capítulo de acto reclamado señala como tales: Empero, en tal señalamiento se encuentran mezclados pretensiones, conceptos de violación, adjetivos, etcétera; no obstante lo anterior, no es claro en precisar el acto reclamado. Para mayor claridad, es importante precisar que la pretensión, es la exigencia a la autoridad responsable, la aspiración concreta para que dicha responsable realice una conducta determinada y el concepto de violación, es el argumento tendiente a evidenciar la inconstitucionalidad. Mientras que el acto reclamado en el amparo se refiere a una conducta (activa o pasiva), unilateral, a través de la cual cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin que requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado, que se atribuye a una autoridad; por lo que el correcto señalamiento de él, para los efectos del amparo, consistirá en describirla. Así, el acto reclamado será la conducta de las autoridades responsables descrita por el quejoso que violenta sus derechos constitucionales, por lo que en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo1 , a fin de precisar los actos que se reclaman, es necesario prescindir de todos los elementos ajenos a él, esto es, los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Ilustra lo anterior la tesis de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia2 ". En esas condiciones y a guisa de ejemplo: el acto reclamado podría ser de la Junta responsable, la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; del Actuario notificador, la omisión de emplazar y notificar a la parte demandada en el juicio laboral 62/2021/12-C del índice de la junta responsable, como concepto de violación podría ser la violación a los artículos 685, 771 y 873, de la Ley Federal del Trabajo, y como pretensión que se conceda el amparo para que se ordene se señale fecha y hora para llevar la audiencia contemplada en el artículo 873, dentro de los términos señalados en el precitado numeral, así como se lleve a cabo el emplazamiento y notificación de la parte demandada en el juicio laboral de origen. b. Actos reclamados sin vincularlos a las responsables. El artículo 108, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la demanda de amparo deberá indicar la ley o acto que de cada autoridad se reclame, por lo que el acto reclamado no está desvinculado de la autoridad responsable, sino que, por el contrario, cada acto debe ser atribuido a un ente del Estado. Así, con esta vinculación entre acto y autoridad quedaría debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, en atención al artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado, con ello las responsables estarían en aptitud de justificar los actos que en concreto se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. También debe atenderse que, en el supuesto caso de que no rindan informe justificado dichas autoridades, si están vinculadas con los actos reclamados, operaría la presunción de certeza a que se refiere el artículo 117, párrafo tercero, del cuerpo legal en cita. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "INFORMES DE LAS AUTORIDADES, FALTA DE. EFECTOS CUANDO ESTÁN EN JUEGO INTERESES DE DOS PARTICULARES. En el juicio de amparo, la falta de informe de una autoridad sólo hace presumir la existencia del acto reclamado, en términos de los artículos 132 y 149 de la Ley de Amparo. Y dentro de ese concepto, podrán presumirse también los hechos propios de las autoridades que sean afirmados en la demanda y que estén vinculados con el acto reclamado, con sus características o antecedentes, con su contenido, etcétera. Pero cuando en el juicio de amparo entran en juego intereses de dos particulares, de tal manera que tienen pretensiones legales contradictorias en relación con los actos reclamados, la sola falta de informe de la autoridad, o el silencio del informe rendido, en cuanto a algunos hechos aducidos en la demanda, no puede establecer una presunción a favor de alguna de las partes, de existencia de los hechos que no tengan vinculación directa con los actos reclamados mismos, sino con posibles derechos de los particulares contendientes, y que no emanan de los actos reclamados mismos, sino de actos diversos no reclamados."3 Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no precisó qué actos en particular reclama a las autoridades responsables, ya que los actos que señala en el capítulo correspondiente los atribuye de manera general e indistinta, sin que se les asigne de forma concreta. Por lo anterior, deberá precisar de los actos que reclama, cuál, en específico, le atribuye a cada autoridad. 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de incumplir con los requerimientos hechos con anterioridad, dentro del lapso señalado, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
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