María Fernanda Torres Cruz

Expediente 367/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
367/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • María Fernanda Torres Cruz
  • María Fernanda Torres Cruz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. De igual manera, mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el diez de diciembre de dos mil veinte, por la cual se sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Mariana Mariely Durán López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 367/2020-VIII, se procede a celebrarla ante la presencia del el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mariana Mariely Durán López, secretaria que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos, y le informo que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de catorce de octubre del año en curso, a fin de precisar si señalaban como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesta el veintisiete de febrero del año en curso, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin que hicieran manifestaciones al respecto. Acto seguido el Juez, acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, vista la cuenta que antecede, de los que se desprende, que ha transcurrido el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara por escrito si señalan como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el veintisiete de febrero del año en curso, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito, por lo que no se tiene por ampliada la demanda de amparo respecto de dicha autoridad, continuándose el trámite del presente juicio de amparo por lo que respecta a los actos reclamados inicialmente y por las autoridades señaladas como responsables en este asunto. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las copias certificadas que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por sí y en representación del Secretario de dicha dependencia y del Comandante del Cuartel en Turno de la Propia Secretaría, adjuntó a su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales de referencia, las cuales se desahogan por su propia naturaleza; con lo anterior se cierra este período. Seguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría da cuenta con el alegato ministerial número 230/2020 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes por desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Visto para resolver los autos del presente juicio de amparo 367/2020-VIII promovido por Pablo Humberto Escalante Molina a favor de María Fernanda Torres Cruz, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el veintiséis de febrero ante el secretario de guardia en turno, Pablo Humberto Escalante Molina a favor de María Fernanda Torres Cruz, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Comandante del Cuartel en Turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; el cual hizo consistir en la ilegal detención, retención, incomunicación y malos tratos, que aduce sufrió la directa quejosa. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Por auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados respecto al ilegal detención, retención, incomunicación y malos tratos, que se adujo era víctima la directa quejosa, ordenándose buscarla con el fin de que manifestara si era su deseo ratificar la demanda de amparo presentada a su favor; por lo que una vez que se realizó la localización de la directa quejosa en la Cárcel Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, ésta ratifico la demanda de amparo promovida a su favor. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver e presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo aplicable, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en la especie se reclama actos cuya ejecución podría tener lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Sobreseimiento por negativa de actos. Al rendir sus respectivos informes justificados, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por sí y en representación del Secretario de dicha dependencia y del Comandante del Cuartel en Turno de la Propia Secretaría, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado consistente en la incomunicación y malos tratos. En tal virtud, sin prueba en contrario de la parte quejosa, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. - Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, autoridad señalada como responsable, manifestó que sí es cierto el acto reclamado consistente en la detención de la quejosa María Fernanda Torres Cruz; por tanto se tiene por existente. Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo que toca a la detención del que fue objeto la quejosa María Fernanda Torres Cruz, surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que ha cesado en sus efectos, porque si bien el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, al rendir su informe justificado manifestó que el veintiséis de febrero de dos mil veinte, la hoy quejosa María Fernanda Torres Cruz fue detenida y recluida en la cárcel pública de dicha Secretaría; sin embargo, también se advierte que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, el veintisiete de febrero de dos mil veinte, ordenó la inmediata libertad a la referida quejosa en cumplimiento al acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso emitido por este Juzgado Federal en presencia de la actuaria adscrita a este Juzgado Federal. De lo anterior se colige que el acto reclamado consistente en la detención de la quejosa, ha cesado en sus efectos, toda vez que la directa quejosa fue puesta en libertad el veintisiete de febrero de dos mil veinte. Lo anterior, se corrobora con las documentales que remitió el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán con su informe justificado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2° de la Ley de Amparo. Bajo ese orden, y partiendo de la base de que el acto reclamado, consistente en la detención de la impetrante es de carácter positivo, y que implicó una restricción a la facultad deambulatoria; es claro que esa actuación produjo sus efectos mientras duró, de modo tal que al decretarse la libertad, las cosas volvieron al estado que tenían antes de que se ejecutara esa limitación al derecho, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, precisamente porque la directa quejosa María Fernanda Torres Cruz volvió a disfrutar del goce del derecho fundamental que le fue afectado. Es aplicable, la jurisprudencia que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito lo que procede es sobreseer en el presente asunto en relación a los actos reclamados por los quejosos, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 y 192 de la Ley de Amparo se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Fernanda Torres Cruz, contra los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables en este asunto, por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mariana Mariely Durán López, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que está transcurriendo el término que de conformidad con el artículo 111 y 17 de la Ley de Amparo, se le concedió a la parte quejosa en el presente asunto, mediante proveído de catorce de octubre del año en curso; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta minutos del diez de diciembre de dos mil veinte. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Así lo acordó y firma licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mariana Mariely Durán López, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, mediante el cual desahoga el requerimiento realizado en proveído de cinco de octubre del presente año y remite copias certificadas de las constancias relativas a la calificación de la detención de la aquí quejosa. Por otra parte, de las constancias que anexo a su oficio de cuenta se advierte que la detención reclamada por la directa quejosa, derivó de una sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto a la aquí quejosa el veintisiete de febrero de dos mil veinte, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, manifieste por escrito si señala como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesta el veintisiete de febrero del año en curso, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto dentro del término concedido para ello, se entenderá que no desea ampliar la demanda de amparo y el presente asunto se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades responsables señalados inicialmente en su demanda. Lo anterior, conforme a lo que señala la Jurisprudencia 2a./J. 112/2003 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de 2003, Materia Común, visible en la página 93, número de registro 182617, con el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Mariana Mariely Durán López, secretaria que autoriza y da fe.

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