María Fernanda Martínez Venegas
Expediente 1483/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1483/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Fernanda Martínez Venegas
- Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado
- María Fernanda Martínez Venegas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO -------------------------- Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto, el cual se ordena glosar a este expediente para que obre como corresponda. En mérito de lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de dictar el laudo en el juicio laboral 37/2018, del índice de dicha Junta y su notificación. Sin embargo, de las constancias certificadas que la mencionada autoridad responsable remitió con su informe justificado y diversos oficios, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante resolución de siete de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dicto el proyecto de laudo correspondiente en el juicio laboral 37/2018 (foja 81), y lo elevó a categoría de laudo el cuatro de marzo del año en curso, el cual le fue notificado a la parte quejosa el catorce de marzo de dos mil diecinueve, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el trece de diciembre de dos mil dieciocho; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del día de hoy. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, remite copia certificada del proyecto de laudo y de la elevación a categoría de laudo emitida por dicha Junta en le expediente laboral 37/2018, el cual se ordena glosar a este expediente para que obre como corresponda. Ahora bien, de la lectura de las constancias remitidas, se observa que el proyecto de laudo, ha sido elevado a categoría de laudo, sin embargo, la autoridad referida no remitió la constancia de notificación al aquí quejoso, en virtud de lo anterior; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad, para que una vez que sea notificado el aquí quejoso a la brevedad remita a este juzgado la constancia de notificación en mención; lo anterior, a fin de que este Juzgado se encuentre en condiciones de resolver en definitiva el presente asunto, con pleno conocimiento de causa; apercibiéndola que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo fijado, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tienen por recibidos los oficios remitidos por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el actuario adscrito, mediante el cual el primero cumple con el requerimiento que le fue realizado por este Juzgado en proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, remitiendo copias certificadas de la totalidad de las constancias del expediente laboral 37/2018, de su índice; en tal virtud con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Por su parte en el segundo oficio de cuenta el actuario adscrito a la junta responsable se adhiere a lo comunicado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ahora bien, de la lectura de las constancias remitidas, se observa que ya obra el dictado del proyecto de laudo, del cual no se advierte que ha sido elevado a categoría de laudo, en virtud de lo anterior; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad, para que una vez que sea elevado a categoría de laudo a la brevedad remita a este juzgado dicha actuación anexando las constancias de mérito; lo anterior, a fin de que este Juzgado se encuentre en condiciones de resolver en definitiva el presente asunto, con pleno conocimiento de causa; apercibiéndola que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo fijado, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.
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