Maria Fernanda Rodriguez Figueroa

Expediente 266/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
266/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2016

Partes del expediente

  • Maria Fernanda Rodriguez Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desecho de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un expediente que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido en el que si existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Notifíquese.

  2. Principal

    SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ FIGUEROA, EN REPRESENTACIÓN DEL MENOR DIEGO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Vista la demanda inicial formulada por María Fernanda Rodríguez Figueroa, en representación del menor Diego Velázquez Rodríguez, misma que viene sin anexos, y analizada conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano, toda vez que este Juzgado Federal advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, y 17, de la Ley de Amparo. En efecto, las citadas disposiciones establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." A su vez, el artículo 18 de la Ley de la materia, establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día siguiente a su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En consecuencia, cuando un gobernado estima que sufrió una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe ineludiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto; luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto que en su opinión transgrede sus derechos humanos, deja transcurrir el plazo para ejercitar la acción respectiva, la propia Ley de Amparo establece que tal conducta debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la actuación supuestamente lesiva de sus derechos. En ese tenor, la peticionaria de amparo señaló en su escrito de demanda que reclama lo siguiente: La orden de presentación del menor en cuestión, dictada en los autos del expediente número 169/2010 dentro del incidente de cumplimiento de convenio de divorcio. Del actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Sexto de lo Familiar del Distrito Federal, la notificación de la orden de presentación del menor , dictada en los autos del expediente número 169/2010 dentro del incidente de cumplimiento de convenio de divorcio De la policía Federal Ministerial, la ejecución de la orden de presentación del menor , dictada en los autos del expediente número 169/2010 dentro del incidente de cumplimiento de convenio de divorcio De igual manera, visto el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, en el punto uno, la quejosa señaló expresamente bajo protesta de decir verdad que: "1. Con fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, se presentaron en mi domicilio ubicdo en Avenida Juárez 20 y 21 número 2011, Colonia Residencias, C.P. 83449, San Luis Rio Colorado, Sonora, dos personas quienes dijeron ser agentes de la policía federal ministerial, a efecto de cumplimentar una orden de presentación de mi menor hijo, dictada dentro del expediente número 169/2010 dentro del incidente de cumplimiento de convenio de divorcio, por el Juez Vigésimo Sexto de lo Familiar en el Distrito Federal." La diligencia fue atendida por mi hermano de nombre Saulo Tadeo Rodríguez Figueroa..." Atento a lo señalado por la impetrante de amparo, el día tres de febrero de dos mil dieciséis, es la fecha en que tuvo conocimiento de los actos que combate en este juicio constitucional; por ello, resulta claro que es extemporánea la interposición de la demanda, al haber transcurrido en exceso el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 27/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, página cincuenta y siete, con registro IUS 200,094, con rubro y texto del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así, se tiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo en contra de determinados actos, debe computarse a partir del día siguiente al en que la quejosa se hizo sabedora de los mismos; en la especie, transcurrió dicho plazo del cinco al veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, sin contar los días inhábiles seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de febrero de dos mil dieciséis; por lo que resulta evidente que dicho plazo ha transcurrido en exceso, al haber fenecido precisamente el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. En efecto, la demanda de amparo se presentó fuera del plazo señalado, hasta el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en Mexicali, Baja California y fue turnada al siguiente día a este Juzgado Federal, es decir, fuera del término legal de quince días a que se refiere el artículo 17, de la Ley de la materia, a partir de que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado; sin que opere ninguna causa de excepción que prevé el citado artículo 17; de ahí, que el presente juicio resulte improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por consentimiento tácito de los actos combatidos. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo, dada su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. HECHO NOTORIO Sin que pase inadvertido para este juzgador, que vista la certificación de cuenta, existe diverso juicio promovido por María Fernanda Rodríguez Figueroa , en representación del menor en cuestión, con número de registro 80/2016-3A del índice de este Juzgado, de los que se advierte que el antes dicho juicio de amparo, fue presentado por la misma quejosa, mismo acto reclamado y en contra de las mismas autoridades responsables, a las que indica en la presente demanda, el cual se tuvo por no presentado el once de marzo de dos mil dieciséis, en los términos indicados en el mismo; autos que se traen a la vista y se invocan como hecho notorio en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, con el rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. DOMICILIO QUEJOSO Se tiene a la quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción II, 8, 13, 18, fracción II y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado; levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente.

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