María Fernanda Rodriguez Figueroa
Expediente 436/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 436/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- María Fernanda Rodriguez Figueroa
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a uno de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos del presente cuadernillo para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual informa en lo substancial que ese órgano Jurisdiccional aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 436/2017-3A, promovido por María Fernanda Rodríguez Figueroa, correspondiéndole el juicio de amparo 749/2017 de su índice. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ FIGUEROA, contra actos de la Juez Vigesimosexto de lo Familiar en la ciudad de México, fórmese expediente bajo el número de juicio de amparo 436/2017-3A. INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra el auto de cinco de julio de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 169/2010, del índice del Juez Vigesimosexto de lo Familiar en la ciudad de México, mediante el cual no acuerda de conformidad su solicitud de decretar la caducidad de la instancia. Ahora, como presupuesto procesal de orden público es pertinente analizar la competencia de este Juzgado, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede estudiar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Como premisa fundamental a saber se cita el artículo 37, de la ley de amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado artículo establece la determinación de la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, sobre el que establece tres reglas a efecto de fijar la competencia, las cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, no debe pasar desapercibido que para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establecer en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y se llevaría el juicio Además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VII.1o.C.2 K (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material." En el caso concreto, se actualiza la citada hipótesis, en atención a que los actos tendrán ejecución fuera del ámbito territorial que competente a este órgano jurisdiccional, esto es, puesto que la única autoridad señalada como responsable Juez Vigesimosexto de lo Familiar en la ciudad de México, tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Es decir, los actos reclamados tendrán ejecución en la ciudad de México, toda vez que es en donde radica la responsable ordenadora y en consecuencia donde se encuentra tramitando el expediente 169/2010, y en donde se solicitó la caducidad de la instancia. Aunado, a que no se advierte del escrito de demanda, que exista un acto que se pretenda ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado en esta ciudad capital. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, Junio de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." Por lo cual, en el caso de admitir la demanda de amparo de que se trata, se estaría en contra de lo dispuesto por el sistema de reglas de competencia previsto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que ante todo involucra a la facilidad que el legislador le otorga al justiciable para que tenga acceso a la justicia precisamente en el lugar donde se ejecutará el acto reclamado; pues de lo contrario, se dificultaría el ejercicio de sus derechos de defensa. En esa virtud, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por razón de territorio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, y la declina a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Civil, en turno en la ciudad de México. En consecuencia, se procede a remitir la presente demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, con residencia en la ciudad de México, previo cuaderno de antecedentes de las citadas constancias que se forme; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO QUEJOSO Por otra parte, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas indicados en el ocurso de cuenta. Así como por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su ocurso de cuenta. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción II, 8, 13, 18, fracción II y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual forma, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente no resulta necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Notifíquese. Así lo acuerda y firma Jesús Javier Segovia Sánchez, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por periodo vacacional del Titular de este órgano jurisdiccional, concedido por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3415/2017, de cuatro de julio de dos mil diecisiete, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario Herzel Godínez Salas, que autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL DICE: Mexicali, Baja California, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ FIGUEROA, contra actos de la Juez Vigesimosexto de lo Familiar en la ciudad de México, fórmese expediente bajo el número de juicio de amparo 436/2017-3A. INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra el auto de cinco de julio de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 169/2010, del índice del Juez Vigesimosexto de lo Familiar en la ciudad de México, mediante el cual no acuerda de conformidad su solicitud de decretar la caducidad de la instancia. Ahora, como presupuesto procesal de orden público es pertinente analizar la competencia de este Juzgado, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede estudiar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Como premisa fundamental a saber se cita el artículo 37, de la ley de amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado artículo establece la determinación de la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, sobre el que establece tres reglas a efecto de fijar la competencia, las cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, no debe pasar desapercibido que para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establecer en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y se llevaría el juicio Además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VII.1o.C.2 K (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material." En el caso concreto, se actualiza la citada hipótesis, en atención a que los actos tendrán ejecución fuera del ámbito territorial que competente a este órgano jurisdiccional, esto es, puesto que la única autoridad señalada como responsable Juez Vigesimosexto de lo Familiar en la ciudad de México, tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Es decir, los actos reclamados tendrán ejecución en la ciudad de México, toda vez que es en donde radica la responsable ordenadora y en consecuencia donde se encuentra tramitando el expediente 169/2010, y en donde se solicitó la caducidad de la instancia. Aunado, a que no se advierte del escrito de demanda, que exista un acto que se pretenda ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado en esta ciudad capital. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, Junio de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." Por lo cual, en el caso de admitir la demanda de amparo de que se trata, se estaría en contra de lo dispuesto por el sistema de reglas de competencia previsto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que ante todo involucra a la facilidad que el legislador le otorga al justiciable para que tenga acceso a la justicia precisamente en el lugar donde se ejecutará el acto reclamado; pues de lo contrario, se dificultaría el ejercicio de sus derechos de defensa. En esa virtud, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por razón de territorio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, y la declina a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Civil, en turno en la ciudad de México. En consecuencia, se procede a remitir la presente demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, con residencia en la ciudad de México, previo cuaderno de antecedentes de las citadas constancias que se forme; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO QUEJOSO Por otra parte, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas indicados en el ocurso de cuenta. Así como por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su ocurso de cuenta. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción II, 8, 13, 18, fracción II y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual forma, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente no resulta necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE".
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