Maria Fernanda Loredo Heinze
Expediente 683/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 58 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 58
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria Fernanda Loredo Heinze
Actuaciones
Las 4 más recientes de 58.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que por una parte sobreseyó el asunto y por otra negó la protección constitucional; sin que se impugnara; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causó ejecutoria. Se ordena la devolución de las constancias allegadas por las autoridades responsables, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que por una parte se sobreseyó el asunto y por otra se negó el amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micro-sitios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el ocurso de ..., autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por ..., personalidad que se le reconoce por tener registrada su cédula profesional en el sistema correspondiente; atención a su contenido, se tiene por señalado el domicilio que refiere para los efectos precisados. En otro orden, sin que sea procedente proveer de conformidad su solicitud de facultar a la persona que refiere, en razón de que el quejoso y el tercero interesado, en términos numeral citado, podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.2º.39 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Septiembre 2008, Materia Común, página 1180, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA DIVERSA PERSONA SÓLO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS". Si bien el criterio invocado fue emitido con base en la legislación de amparo abrogada, ello no impide que pueda aplicarse en este asunto tramitado con la legislación vigente, en tanto, el artículo sexto transitorio dispone que puede ser utilizado siempre y cuando no se oponga a las disposiciones actuales, lo que desde luego no sucede en la especie. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 683/2021; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los que las responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. En este acto se hace constar que el Director del Diario Oficial de la Federación fue omiso en rendir su informe justificado no obstante de haber sido legalmente notificado del auto en el que se le requirió. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes; respecto de la omisión apuntada, será considerada al momento de resolver en definitiva. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que el tercero interesado los formuló, asimismo que el Secretario de Gobernación, Cámara de Diputados y Senadores invocaron la improcedencia del juicio y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 683/2021, promovido por ..., contra actos de la Quinta Sala y el Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las citadas autoridades que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Segundo. Admisión y trámite. Con motivo de lo ordenado en el recurso de queja Q.C. ... del índice Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, interpuesto contra el desechamiento de la demanda decretado en un primer momento por este juzgado de distrito, se admitió a trámite el juicio, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirieron los informes justificados, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y, se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. Posteriormente, una vez seguidos los trámites legales, se determinó sobreseer el juicio; sin embargo, contra dicha resolución se interpuso recurso de revisión el cual se registró como ..., del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; y, mediante sentencia de catorce de octubre de dos mil veintidós, resolvió revocar el sobreseimiento para efectos de reponer el procedimiento a fin de que se diera vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo reclamar la constitucionalidad del artículo 1302 del Código Civil de la Ciudad de México. Por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, se notificó a las partes, se requirieron nuevamente los informes justificados, los cuales fueron rendidos; y, se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional, misma que tuvo lugar en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Segundo. Se fija el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo: La parte quejosa reclama la resolución emitida el trece de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación ... del índice de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio de la cual revocó el proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio sucesorio ..., emitido por el Juez Décimo Primero Familiar de esta ciudad. La inconstitucionalidad del artículo 1302 del Código Civil de la Ciudad de México, aplicado en la resolución combatida. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; por su parte, el Juez Décimo Primero Familiar de esta ciudad, no se pronunció sobre su existencia, sin embargo debe tenerse por cierto, debido a que de las constancias anexas a su informe se evidencia la certeza del reclamo, aunado a que fue señalado como responsable en carácter de autoridad ejecutora. Al respecto, cabe señalar que las copias certificadas de las constancias del proceso natural remitidas por las autoridades jurisdiccionales tienen valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. En cuanto a las autoridades legislativas Secretario de Gobernación, por sí, y en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Por su parte, el Director del Diario Oficial de la Federación fue omiso en rendir su informe, pese a habérsele notificado el requerimiento; sin embargo, debe tenérsele por cierto, ya que tratándose de leyes éstas no son objeto de prueba, pues al ser parte del sistema jurídico nacional su existencia es hecho notorio para el juzgador. Orienta lo anterior la tesis con registro 335661, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo XLIV, página: 2933, que dispone: "LEYES, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS. La existencia de las leyes nacionales no es materia de prueba, pues sólo debe probarse la de las extranjeras." En lo relativo a la Cámara de Senadores y de Diputados, invocaron el sobreseimiento del juicio debido a que negaron la existencia de los actos que se les reclaman; por lo que, en efecto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues aun cuando a dichas autoridades legislativas se les atribuyó la emisión de los artículos del Código Civil local, lo cierto es que dicho ordenamiento fue expedido sin la intervención del Congreso de la Unión, en atención al decreto que facultó de manera excepcional al Presidente de la República para ello; lo que se corrobora con el rubro de ese decreto legal que establece: "El C. Presidente Constitucional de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue: "..., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que en uso de la facultad que ha tenido a bien conferirme el H. Congreso de la Unión por Decretos de 7 de enero y de 6 de diciembre de 1926 y de 3 de enero de 1928, expido el siguiente: [.]". Luego, si dicho código fue originalmente expedido por el Presidente de la República y los numerales reclamados carecen de alguna nota sobre reforma o modificación, entonces su emisión no es atribuible a las autoridades legislativas del orden federal, operando la causal de sobreseimiento por inexistencia respecto de ellas, en concordancia con sus informes. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXV, página 7841, con registro digital 325526, que dispone: "INFORMES NEGATIVOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Si de los informes de las autoridades responsables, aparece que negaron los actos que les fueron reclamados, si de autos no aparece que el promovente hubiera rendido prueba alguna que desvirtúe dichos informes, debe dársele pleno valor probatorio, sin que para ello sea óbice lo alegado en el escrito de revisión, en el sentido de que fueron rendidos sin la debida justificación, toda vez que la carga de la prueba en el caso, incumbía al quejoso, quien afirmó la existencia de los actos que motivaron el juicio constitucional, y no a cargo de las responsables, quienes se limitaron a negarlo." Por tanto, ante la inexistencia incontrovertida de los actos atribuidos a la Cámara de Senadores y de Diputados; con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio, respecto de ellos. Cuarto. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado: I. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, se inició el trámite de la aceptación de herencia, legados y cargo de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ... ante el notario público tres de la Ciudad de México. II. El cinco de julio siguiente, se denunció la sucesión testamentaria de... y se informó que se tramitaba ante el notario referido. III. En auto de siete de julio posterior, se tuvo por radicada la sucesión y se ordenó suspender el trámite ante el notario tres de esta Ciudad. IV. En escrito de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, ..., por propio derecho, y ..., como albacea mancomunada, promovieron incidente de cumplimiento de testamento para la fijación de pensión que cubra los alimentos y necesidades de .... V. Proceso admitido el veinte de octubre de dos mil diecisiete, donde el juez responsable, entre otras cuestiones, resolvió: "(.) En cuanto a la pensión alimenticia provisional solicitada por ..., atendiendo al contenido de la cláusula decima primera de testamento otorgado por el de cujus (.) y por tratarse de una cuestión de orden público, urgente, inaplazable y de tracto sucesivo, con apoyo en el artículo 1372 del Código Civil, se decreta por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la cónyuge supérstite ... la cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS) mensuales a cargo de la sucesión. Al efecto mediante notificación personal requiérase a los albaceas mancomunados para que dentro del término de CINCO PRIMEROS días hábiles de cada mes, consignen ante este juzgado, mediante billete de depósito dicha cantidad, a fin de que le sea entregado a la cónyuge supérstite con el endoso necesario para su cobro, previa identificación y razón que asiente en autos para su constancia, apercibidos que en caso de incumplimiento se les impondrá como medida deapremio una multa (.)." VI. En auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a la incidencia de origen a ..., ... y ... . VII. Mediante oficio 2074 se requirió a ..., para que informara la cantidad que tenía la cuenta con número de contrato ... . . VIII. En escrito de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, María Fernanda Loredo Heinze, albacea mancomunada, solicitó que requiriera a la institución financiera citada para que exhibiera diversos billetes de depósito, ocurso que se acordó en los términos siguientes: "Ciudad de México, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. A sus autos el escrito de cuenta del licenciado ..., mandatario judicial de .... Por hechas sus manifestaciones contenidas en el ocurso que se provee, para los efectos legales. Tomando en consideración que los alimentos son de orden público, urgentes e inaplazable su cumplimiento, por tanto, como lo solicita, gírese atento oficio dirigido al C. REPRESENTANTE LEGAL DE ..., a efecto de que dentro del término de OCHO DÍAS, remita a este juzgado, mediante billete de depósito la cantidad de $1´200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.), de la cuenta número 39292-8, misma que se encuentra a nombre de ..., por concepto de pensión alimenticia provisional decretada a favor de ... en proveído de veinte de octubre del año próximo pasado a mayo de la presente anualidad; de igual manera, se le requiere para que los cinco primeros días de cada mes remitan mediante billete de depósito la cantidad de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) que se fijó por concepto de pensión alimenticia a favor de la cónyuge supérstite, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad de SEIS MIL PESOS M.N., por desacato a una orden judicial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 73 del código procesal civil. Notifíquese." ..IX. Inconforme, ... interpuso recurso de apelación, resuelto por la Sala responsable el catorce de enero de dos mil diecinueve, de la forma siguiente: "PRIMERO.- Resultaron INOPERANTES EN UNA PARTE E INFUNDADOS EN OTRA los argumentos de agravios, en consecuencia, lo procedente es CONFIRMAR el auto de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado por la C. Juez Décimo Primera de lo Familiar en la Ciudad de México. SEGUNDO. No se hace especial condena en costas." X. Contra esa decisión, ..., por propio derecho, y .., en su carácter de coalbacea de la sucesión a bienes de ..., promovieron juicios de amparo en su contra, de los que correspondió conocer al suscrito, bajo los números ... y ...; los cuales se acumularon y el catorce de junio de ese año, se engrosó la sentencia en la que, por un lado, se sobreseyó el juicio y, por otro, se concedió el amparo a la sucesión de .... Resolución que fue confirmada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en ejecutoria de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el R.C. .... XI. En acatamiento a dicho fallo protector, la Sala responsable dictó la resolución de doce de diciembre de dos mil diecinueve, en la que nuevamente confirmó el auto impugnado. XII. Contra dicha determinación, ..., por propio derecho, y ..., en su carácter de coalbacea de la sucesión a bienes de ...l, respectivamente, promovieron los juicios de amparo ... y ..., del índice de este órgano jurisdiccional, los cuales fueron acumulados mediante proveído emitido el veinticuatro de agosto de dos mil veinte; asimismo, una vez seguidos los trámites correspondientes, el veinticuatro de noviembre del año en cita, se dictó sentencia definitiva en la que se sobreseyó y negó el amparo. XIII. Contra la sentencia definitiva de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, los entonces quejosos, promovieron recursos de revisión de los que correspondió conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que los registró con los números de expediente ... y su relacionado ..., los cuales fueron resueltos, respectivamente, mediante sentencias emitidas el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en las que, en la primera, se desechó el recurso de revisión interpuesto por ..., por propio derecho, y sobreseyó el juicio de amparo indirecto que promovió en carácter de coalbacea de la sucesión testamentaria a bienes de ....; y, en la segunda, concedió el amparo a ... . XIV. En cumplimiento al fallo concesorio, la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el trece de agosto de dos mil veintiuno, emitió la sentencia correspondiente en la que determinó: "PRIMERO.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se dejó insubsistente la Sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve. SEGUNDO.- Resultaron INFUNDADOS EN UNA PARTE Y FUNDADOS EN OTRA los argumentos de agravios, en consecuencia, se REVOCA el auto de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado por la C. Juez Décimo Primero de lo Familiar en la Ciudad de México, en los autos del Incidente de Cumplimiento de Testamento para Fijación de Pensión que Cubra los Alimentos y Necesidades a favor de ..., para quedar en los siguientes términos: "A sus autos el escrito de cuenta del licenciado ..., mandatario Judicial de .... Por hechas sus manifestaciones y sin lugar a proveer de conformidad lo solicitado, toda vez que para ejecutar la pensión alimenticia decretada en diverso proveído de veinte de octubre de dos mil diecisiete, esta deberá obtenerse únicamente del efectivo, el que se obtenga por la venta de acciones a nombre del de cujus, y por la indemnización del seguro de vida. Notifíquese." CUARTO.- Envíese testimonio autorizado de esta resolución y constancia de su notificación en vía de informe al JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para su conocimiento y efectos procesales procedentes. QUINTO.- No ha lugar a hacer condena en costas en esta segunda instancia. SEXTO.- Remítase testimonio de la presente resolución y constancia de su notificación al juzgado de origen, y en su oportunidad archívese el Toca. SÉPTIMO.- Notifíquese." Esa determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Quinto. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. La Secretaría de Gobernación, invocó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que no se reclama por vicios propios el refrendo o publicación de la disposición normativa ni se formularon conceptos de violación al respecto. La causa de improcedencia invocada es fundada. En efecto, en el caso se actualiza la improcedencia del juicio respecto de los actos de refrendo y publicación, ya que no existe mención de que se reclamen por vicios propios ni se realizan señalamientos concretos que identifiquen alguna irregularidad a manera de concepto de violación. Esto es, sin un acto específico o circunstancia que apunte a la irregularidad que buscan combatir en esta sede, para que este órgano lo examine de forma particular. De modo que, por lo que hace a la Secretaría de Gobernación y al Diario Oficial de la Federación, que aun cuando se le tuvo por cierto el acto reclamado -en cuanto a la existencia de la norma- ello no implica per se la procedencia del juicio respecto de su intervención en el proceso legislativo de la disposición que se tilda de inconstitucional, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, el primer artículo referido prevé que el juicio es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la propia legislación. La segunda disposición establece, de forma específica que cuando se reclamen normas generales, el quejoso deberá señalar a las autoridades encargadas de su refrendo o publicación, cuando les atribuya vicios propios. Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa no combate por vicios propios la publicación y refrendo de los artículos, ni expone concepto de violación alguno que dé cuenta de las causas por las que estima existen vicios en dichos actos, por lo que no es dable tenerla combatiendo de forma real y directa los vicios propios de esa fase del procedimiento legislativo, pues a criterio de este órgano no basta con señalar a dichas autoridades como responsables en relación con su intervención del proceso legislativo en cuanto a la publicación y el refrendo de la ley, sino que tiene que haber señales concretas, objetivas y reales de las cuestiones que se les reclaman. De ahí que al no haber esas muestras que revelen que se está cuestionando el acto de autoridad de manera específica por irregularidades identificadas que ameriten la intervención judicial, se actualiza la causa de improcedencia mencionada y, por tanto, se impone sobreseer el juicio respecto de las autoridades referidas. Se cita al respecto la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), de la Décima Época, en Materia Común, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Al no existir más causales de improcedencia planteadas por las partes o advertidas de oficio, se analiza la cuestión de fondo. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Conceptos de violación con relación a la constitucionalidad del artículo 1302 del Código Civil de la Ciudad de México. En atención a la técnica que rige en el juicio de amparo contra leyes, el estudio de normas de carácter heteroaplicativo no debe desvincularse al que concierne a su acto de aplicación, de manera que, por cuestión de orden y método, se atiende preferentemente la cuestión de inconstitucionalidad planteada en la demanda de amparo, ya que, en el caso de estudio, es procedente en cuanto a su acto de aplicación. En apoyo, se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, con registro digital 191311, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." La parte quejosa refiere que el artículo 1302 del Código Civil de la Ciudad de México, que tilda de inconstitucional, afecta sus derechos humanos de legalidad, audiencia y acceso a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, por las siguientes razones: El artículo combatido violenta el derecho humano a la seguridad jurídica porque permite criterios subjetivos del juzgador para interpretar disposiciones testamentarias, sin prever limitación o determinación de la forma en cómo debe de actuar la autoridad, dejando la interpretación que realiza a su arbitrio. El precepto combatido es omiso en dar los lineamientos necesarios para que un juzgador pueda interpretar las disposiciones testamentarias, porque en el sentido literal se debe buscar una connotación de significado parecida, sin que se prevea la forma en cómo se debe llegar a cierta conclusión. Es ilegal la interpretación realizada por la autoridad responsable respecto del testamento del de cuyus, debido a que aplicó el artículo 1302 del Código Civil de la Ciudad de México, lo que realizó de forma arbitraria contraviniendo cualquier principio general del derecho. De lo anterior, se advierte que la parte quejosa no enfoca sus argumentos a cuestionar, en lo particular, los supuestos o consecuencias de la disposición que combate y que dice causa una lesión a su esfera de derechos, esto es, omite aportar una base de análisis mínima de la porción normativa que le causa la afectación. Por analogía, se invoca la tesis 1a. CLIX/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 166481, cuyo contenido es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES NO NECESARIAMENTE DEBE DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE TODOS LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Aunque la impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo, entre ellas, el planteamiento de conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria al supuesto normativo de un precepto constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance, ello no significa que necesariamente deba demostrarse la inconstitucionalidad de todos los componentes de aquélla, ya que puede suceder que en concepto del quejoso, el supuesto de derecho contenido en la norma impugnada sea en sí mismo constitucional, y no así la consecuencia jurídica, o viceversa. Lo anterior, porque considerar lo contrario llevaría al absurdo de exigir al quejoso que impugne elementos de la norma que no estima inconstitucionales." Lo anterior, obedece a que las normas gozan de una presunción de constitucionalidad, de modo que si los argumentos no se enderezan concretamente a atacar alguno de sus componentes por contravención a algún derecho fundamental, esa presunción debe imperar y las alegaciones deben desestimarse. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 121/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 177264, que dispone: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así, no basta la afirmación de que el artículo 1302 del Código Civil de la Ciudad de México es contrario a la Carta Magna, pues un requisito mínimo indispensable es que señale qué segmento normativo es el que le genera una afectación sustantiva y confrontarlo contra los alcances de alguna disposición constitucional concreta, pues es insuficiente que alegue que permite al juez adoptar criterios subjetivos, pues debe demostrarse porque ello atenta contra un derecho fundamental. No es impedimento para resolver en estos términos, que indique el artículo reclamado contraviene el principio de seguridad jurídica al ser omiso en prever los lineamientos conforme a los cuales debe realizarse la interpretación literal de una disposición testamentaria; lo anterior es así, porque en los conceptos de violación, la quejosa tampoco indica qué disposición en la ley suprema obliga expresamente al legislador a regular en concreto las formas de realizar interpretación por los órganos jurisdiccionales. De ahí que tampoco sea de acogerse este motivo de inconformidad. Por identidad de razón, se cita la tesis de jurisprudencia 214 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 1005012, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes." Máxime, tomando en consideración que la parte quejosa refiere que es inconstitucional la interpretación literal realizada por la autoridad responsable porque lo hizo de manera arbitraria, es decir, sin que su decisión estuviera regulada, ya que el artículo combatido no prevé lineamientos conforme a los cuales deba realizarse dicha actividad jurisdiccional; sin embargo, aun cuando la quejosa considera que ello es una omisión en la ley, no refiere la disposición especifica que en su caso obligue al legislador a emitir reglamentación en el sentido que pretende. De ahí que regular expresamente en la ley que las cláusulas testamentarias se deben interpretar de forma literal -y cuestionarlo como una omisión en la norma al no detallar lo que se debe entender por "literal"- es insuficiente para declarar la inconstitucionalidad; por lo que no es válido exigir al legislador que en todos los casos y para todos los supuestos emita regulación específica, pues su función se constriñe a diseñar bases jurídicas para el ejercicio de derechos, correspondiendo a los operadores jurídicos trabajar con dichas normas para que surtan sus efectos dentro de los procesos jurisdiccionales. Estos son los razonamientos por los cuales debe desestimarse la acción de amparo planteada contra el artículo 1302 del Código Civil de la Ciudad de México; y, por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal por lo que ve a este acto. Conceptos de violación respecto de la resolución emitida el trece de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación ... . La quejosa afirma que se violentaron sus derechos de audiencia, debido proceso y legalidad, al no cumplirse con las formalidades esenciales de procedimiento, conforme a los artículos 14 y 16 constitucionales, pues la determinación combatida transgrede los principios de congruencia, equidad y exhaustividad procesales, por las razones siguientes: a) Es incorrecta la interpretación que realiza la autoridad responsable respecto del testamento otorgado por ..., al acotar que la pensión alimenticia a favor de ..., únicamente puede ser sustraída de: i)dinero en efectivo, ii) venta de acciones y iii) monto de la indemnización de seguro de vida; ya que lo correcto es considerar que, atendiendo a la naturaleza urgente y esencial de la pensión, puede obtenerse de cualquier bien perteneciente a la masa hereditaria. b) La Sala responsable realiza una interpretación restrictiva de lo que debe considerarse como dinero en efectivo, ya que establece que únicamente puede considerarse como tal la moneda del curso legal existente en moneda metálica o billete, considerandola como la que está fuera de cualquier cuenta bancaria o cuenta de inversión; lo anterior, fue realizado sin fundamentar y motivar las razones para delimitar lo que debe entenderse como tal. c). En consecuencia, tomando en cuenta que en la cláusula décima primera del testamento del de cuyus, se encuentra comprendido el saldo de la cuenta ..., aperturada en ..., es incorrecto considerar que no se encuentra dentro de lo que se puede considerar como dinero en efectivo por tratarse de una cuenta de inversiones. Los conceptos de violación son inoperantes. En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior, se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 166031, cuyo rubro y texto es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." Uno de esos casos de inoperancia se presenta cuando los conceptos de violación tienden a cuestionar un aspecto firme dentro del proceso o bien que pudiera considerarse cosa juzgada. Ello obedece a que la autoridad de esta institución jurídica radica en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones que son sometidas a juicio; de modo que es una cualidad especial de los efectos de la sentencia, pues estos últimos se vuelven definitivos, incuestionables e inatacables, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia. Así, la cosa juzgada representa seguridad jurídica para las partes vinculadas a proceso, porque tiene que llegar un momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente sean inimpugnables y jurídicamente inmutables; de tal suerte que los conceptos de violación serán inoperantes cuando estén dirigidos a cuestionar o debatir puntos litigiosos que han adquirido firmeza, y que no pueden estar a discusión ni mucho menos reexaminarse, pues ello equivaldría a vulnerar y burlar la inmutabilidad de los efectos de una sentencia cuya observancia es de orden público. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/58 sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 170370, cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." En el caso, resulta inviable el acogimiento de fondo de los conceptos de violación en razón de que en la ejecutoria del recurso de revisión R.C. ..., relacionado con el R.C. ..., del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dichos argumentos ya fueron estudiados por el tribunal de alzada, por lo que, aún y cuando se haya dado libertad de jurisdicción a la responsable para emitir la resolución combatida, ya existe un pronunciamiento con calidad de cosa juzgada respecto de esos puntos en específico, lo que impide que este órgano jurisdiccional pueda estudiarlos nuevamente, por lo que devienen inoperantes. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis 1a. LXVI/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 2014643, que dispone: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." En efecto, en dicho amparo en revisión, se analizaron las cuestiones relativas a: i) que la pensión alimenticia otorgada por disposición testamentaria a favor de ..., únicamente puede ser sustraída de: dinero en efectivo, venta de acciones y monto de la indemnización de seguro de vida; ii) que debe considerarse como dinero en efectivo, el papel moneda o a la moneda, fabricados y/o acuñados por o con la autorización del Banco de México, considerando esta como la que está fuera de cualquier cuenta bancaria o cuenta de inversión; y, iii) que el saldo de la cuenta de inversión ..., aperturada en ..., a nombre de ..., no se encuentra dentro de lo que se puede considerar como dinero en efectivo. Así, mediante determinación emitida el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, resolvió lo siguiente: "Al respecto, debe establecerse que el artículo 1302 del Código Civil para esta ciudad establece que en la interpretación de cualquier disposición testamentaria debe estarse al contenido literal de las palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. En ese sentido, el saldo que reporta la cuenta de inversión ..., a nombre del autor de la sucesión, por la cantidad de dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos siete pesos 66/100 moneda nacional no puede quedar comprendida dentro de los supuestos de la cláusula referida y, por ende, no pude ser utilizada para el pago de la pensión provisional decretada. Al respecto, en las cláusulas décima primera y décima cuarta, el autor de la sucesión dispuso lo siguiente: "DÉCIMA PRIMERA. Lega el dinero en efectivo, las acciones y el monto de la indemnización del seguro de vida que tenga el testador a su fallecimiento a su esposa la señora ..., disponiendo que tanto el efectivo como el monto de la indemnización sea administrado por los albaceas que adelante designa, quienes tendrán la obligación de proporcionar a su mencionada esposa mensualmente las cantidades necesarias para la subsistencia de ella misma de acuerdo a los niveles sociales a que está acostumbrada." "DÉCIMA CUARTA. Dispone el testador que en los términos del artículo mil trescientos cincuenta del Código Civil se suspenda la ejecución del testamento por un término de un año contado a partir del fallecimiento del testador. Mientras tanto los albaceas que adelante designa administraran dichos bienes, invirtiendo los productos en Casa de Bolsa de reconocido prestigio. Con respecto de los rendimientos los utilizarán los albaceas en la manutención de su esposa ... ." De la interpretación de las clausulas citadas, conforme al citado artículo 1302 del Código Civil para esta ciudad, se obtiene que la primera intención del testador ..., si bien fue procurar las necesidades alimentarias de ..., tal procuración se acotó mediante la disposición del dinero en efectivo entendiéndose éste como moneda o billete, así como las acciones o la indemnización del seguro de vida correspondiente, así como con el producto de las inversiones bursátiles que efectuaran los albaceas. (.) Por tanto, conforme a la real intención del testador ..., el dinero en efectivo, entendido como moneda de curso legal, es el que se encuentra contemplado como parte del legado a favor de ..., lo que no puede comprender aquel que sea producto de una diversa cuenta bancaria o de inversión. En tal virtud, se estima incorrecta la interpretación que confirió la sala responsable a las cláusulas citadas, en tanto consideró que el monto que reporta la cuenta de inversión ..., abierta en ..., a nombre del autor de la sucesión, por la cantidad de dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos siete pesos 66/100 moneda nacional, puede ser utilizado para cubrir las necesidades alimentarias de ..., no obstante que el testador acotó la manutención de ésta al dinero en efectivo, a las acciones y a la indemnización del seguro de vida. (.) Se afirma que el dinero en efectivo se refiere al papel moneda o a la moneda, ambos fabricados y/o acuñados por o con la autorización del Banco de México, puesto que si bien, en principio el dinero es un bien mueble denominado en referencia a una unidad de cuenta, que se materializa en billetes y monedas para fungir como medida o reserva de valor y medio general de cambio, en tanto que en las cuentas bancarias y de inversión se pueden hacer depósitos, los que siempre se refieren a una unidad monetaria o dinero (en moneda nacional o extranjera), lo cierto es que una cuenta bancaria o de inversión, aunque representa dinero, no se refiere a dinero en efectivo, sino a una unidad monetaria." En ese orden de ideas, constituye cosa juzgada lo determinado en el amparo en revisión R.C. ... del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el que interpretó la cláusula décima primera del testamento de ... y estableció que el dinero en efectivo debe entenderse como papel moneda o a la moneda, fabricados y/o acuñados por o con la autorización del Banco de México; asimismo, que si bien una cuenta bancaria o de inversión representa dinero, no puede entenderse como dinero en efectivo. Además, señaló que, partiendo de esa premisa, se colige que no debe utilizarse para el pago de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de ..., el saldo que reporta la cuenta bursátil ..., a nombre del de cujus, abierta en I ...; lo que, constituye cosa juzgada. Lo anterior, tiene como consecuencia que los conceptos de violación tendientes a combatir dichas consideraciones retomadas por la Sala responsable al emitir el acto reclamado, devengan inoperantes; ello, porque ya existe un pronunciamiento expreso emitido por el tribunal de alzada en el que, aun cuando haya dado libertad de jurisdicción en la emisión de la resolución a la responsable, lo cierto es que las cuestiones combatidas en la vía indirecta, fueron ya definidas y constituyen cosa juzgada, lo que hace inviable su análisis. No pasa inadvertido que la parte quejosa invocó diversos criterios en su demanda, empero, al declararse inoperantes sus conceptos de violación, no hay mayor razón para abordar los aspectos inherentes sobre su aplicabilidad al caso. Orienta lo anterior, el criterio jurisprudencial VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con registro digital 160604, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo." Así, se concluye que los conceptos de violación son inoperantes, y lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 63, fracción V, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ..., respecto de la inconstitucionalidad del artículo 1302 del Código Civil de la Ciudad de México, reclamada a la Cámara de Diputados y Senadores, ambos del Congreso de la Unión, del Secretario de Gobernación y al Director del Diario Oficial de la Federación, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a ..., respecto de la inconstitucionalidad del artículo 1302 del Código Civil de la Ciudad de México, reclamada al Presidente de la República; así como, por lo que hace al acto de aplicación reclamado a la Quinta Sala y el Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese en términos de ley. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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