María Fernanda Jaralillo Ramírez
Expediente 594/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Fernanda Jaralillo Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Orden de archivo del expediente. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que la resolución que se dictó fue la siguiente. En el juicio principal, se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el diverso artículo 20, fracción IV, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser destruido. Con fundamento en el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se previene a la parte tercera interesada para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger las constancias que exhibió, las cuales consisten en tres recibos de dinero, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Orden de archivo del expediente. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que la resolución que se dictó fue la siguiente. En el juicio principal, se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el diverso artículo 20, fracción IV, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser destruido. Con fundamento en el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se previene a la parte tercera interesada para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger las constancias que exhibió, las cuales consisten en tres recibos de dinero, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese el escrito signado por la quejosa **************con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa, esencialmente reclama: Todo lo actuado en el juicio civil M007/2019 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. La falta de emplazamiento a juicio en el citado expediente La adjudicación del inmueble ubicado en Calle Flores Magón número 6-B, de la Localidad de Pozos, municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, y La orden de lanzamiento del bien inmueble ya mencionado Bajo ese contexto, se estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En el caso concreto, en el juicio de amparo 361/2023-I, María Fernanda Jaralillo Ramírez acudió a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil M07/2019 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en el que se sobreseyó, al carecer de la calidad de parte al mencionado procedimiento, además de que no se había ordenado la adjudicación a alguna persona, respecto del inmueble ubicado en calle Flores Magón, número 6 letra "B", de la localidad de Pozos, perteneciente a esa ciudad, ni tampoco había emitido alguna orden de lanzamiento del inmueble de referencia. Tomando en consideración que mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista con el informe justificado rendido por el juzgado responsable, el cual se le notificó el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, es evidente que éste conoció los por menores del indicado procedimiento en esa fecha. Lo que constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la tesis XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN" En efecto, la parte quejosa reclama todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil M07/2019 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato incluyendo la falta de su emplazamiento. Por ende, el plazo de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del veintinueve de mayo al dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dado que: Se considera de esta forma, porque el plazo de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, para impugnar todas las actuaciones judiciales en el indicado juicio le transcurrió en los términos anotados, por lo que, si la demanda que se analiza se presentó hasta el trece de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con marcada posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por el peticionario del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese el escrito signado por la quejosa **************con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa, esencialmente reclama: Todo lo actuado en el juicio civil M007/2019 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. La falta de emplazamiento a juicio en el citado expediente La adjudicación del inmueble ubicado en Calle Flores Magón número 6-B, de la Localidad de Pozos, municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, y La orden de lanzamiento del bien inmueble ya mencionado Bajo ese contexto, se estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En el caso concreto, en el juicio de amparo 361/2023-I, María Fernanda Jaralillo Ramírez acudió a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil M07/2019 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en el que se sobreseyó, al carecer de la calidad de parte al mencionado procedimiento, además de que no se había ordenado la adjudicación a alguna persona, respecto del inmueble ubicado en calle Flores Magón, número 6 letra "B", de la localidad de Pozos, perteneciente a esa ciudad, ni tampoco había emitido alguna orden de lanzamiento del inmueble de referencia. Tomando en consideración que mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista con el informe justificado rendido por el juzgado responsable, el cual se le notificó el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, es evidente que éste conoció los por menores del indicado procedimiento en esa fecha. Lo que constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la tesis XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN" En efecto, la parte quejosa reclama todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil M07/2019 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato incluyendo la falta de su emplazamiento. Por ende, el plazo de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del veintinueve de mayo al dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dado que: Se considera de esta forma, porque el plazo de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, para impugnar todas las actuaciones judiciales en el indicado juicio le transcurrió en los términos anotados, por lo que, si la demanda que se analiza se presentó hasta el trece de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con marcada posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por el peticionario del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."
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