María Fernanda Alonso Jiménez
Expediente 704/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Fernanda Alonso Jiménez
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *******************, por su propio derecho, contra actos de la Agencia de Investigación Criminal de Personas Desaparecidas, UEIPD, con residencia en esta ciudad de Celaya Guanajuato, y otra autoridad; con apoyo en lo establecido en los Acuerdos Generales 7/2022 y 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al Periodo de Vigencia y las Facultades de la Comisión Especial, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 704/2022-VII. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, el suscrito estima que se materializa la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 5 y 6 de la Ley de Amparo, en concordancia con el precepto 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido, es necesario destacar el contenido de los preceptos en mención. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. [.]" "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.]" De acuerdo con lo dispuesto en el transcrito artículo 21 de la Constitución Federal, le corresponde a la institución del Ministerio Público investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes. De ahí, que el representante social está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente carpeta de investigación. Por lo que es necesario puntualizar que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional reclamando: La orden de citación emitida por el Agente de Investigación Criminal UEIPD Celaya, el cinco de julio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación 73597/2022, a efecto de que *****************, comparezca ante su potestad, debidamente identificada, para la práctica de diversas diligencias ministeriales en su calidad de testigo. Adjuntando el citatorio respectivo. Documental que se admite y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Al respecto, es preciso señalar que la integración de esa carpeta puede componerse de múltiples actos, como el desahogo de diligencias tendientes a su integración, que al ser de orden público, ningún daño o perjuicio causan, por lo que no procede el amparo en su contra. Estimar lo contrario, permitiría entorpecer las facultades de investigación, en detrimentos del interés de la sociedad de que se persigan las conductas que pudieran resultar potencialmente ilícitas; ello, desde luego, siempre que dichas actuaciones estén apegadas al marco de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por ello, se estima que los actos que deban tener verificativo con motivo de la integración de una carpeta de investigación, de ninguna manera trascienden real ni inminentemente en los derechos del solicitante del amparo, de modo que ningún perjuicio le causarían, en la medida de que son emitidos en virtud de las facultades constitucionales de la autoridad investigadora. Asimismo, la posible afectación que pudieran causarle, en todo caso se materializaría hasta que la autoridad judicial interviniera y decidiera emitir una orden de captura; pero, incluso, en la resolución que se pronunciara en respuesta de la solicitud de un mandato de esa índole, serían susceptibles de repararse, ya que ésta tiene la ineludible obligación de sopesar si los datos de prueba que se someten a su consideración satisfacen los requisitos constitucionales y legales para su emisión. Llegado a este punto conviene traer a contexto el contenido de los artículos 127, 131, fracciones III y V; 212, 213, 215 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estatuyen: "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: [.] III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; [.] V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 215. Obligación de suministrar información Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Estos preceptos ilustran sobre las obligaciones del Ministerio Público, en la fase de la investigación inicial, la que tienen el deber de coordinarla, incluso, ordenar los actos y diligencias tendentes a demostrar la existencia de la conducta ilícita y la responsabilidad de su autor. Además, el código de enjuiciamiento le impone la obligación de iniciar y conducir las investigaciones de hechos que se cataloguen como delito; ello, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, por lo que su intervención deberá ser inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación. Luego, la finalidad de esa secuencia de actos que se desplieguen en la integración de la carpeta de investigación, no es otra que recabar los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra quien se considere autor del delito que se investigue y, en su caso, la reparación del daño. De ahí que, dentro de los actos que la autoridad ministerial puede llevar a cabo para la integración de la carpeta de investigación, se encuentra la citación de personas para que acudan a rendir entrevista. Esto es así, debido a que en términos del artículo 90, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona está obligada a presentarse ante el Ministerio Público, cuando sea citada, incluso, la que tenga el carácter de imputado, a quien se le designará a un defensor público, en caso de carecer de uno privado que lo asista. Lo anterior es así, toda vez que el desahogo de las diligencias tendientes a la integración de la carpeta de investigación no le causan daño o perjuicio a la parte quejosa, por ser la investigación de delitos de orden público. En efecto, la persecución de los delitos constituye un derecho social que, por regla general, incumbe al Ministerio Público y, por tanto, no forma parte de la esfera jurídica de los particulares, por lo que, en tanto no se trate de actos concretos que en ejercicio de dicha atribución lleve a cabo afectando algún derecho fundamental de los gobernados, no pueden ser materia de análisis en esta instancia constitucional. Ello, porque como se adelantó, tales actos son de orden público, según lo establece el artículo 21 de la Constitución General de la República; es por ello que, mientras no ordenen la privación de la libertad, posesiones o derechos, es inexistente la afectación al derecho subjetivo que se dice violado. Por tanto, si la persecución de los delitos, es facultad del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces, puede válidamente concluirse que se trata de una función de orden público y por ello, las actuaciones que tengan como finalidad la obtención de indicios o datos de prueba para integrar la carpeta de investigación, están encaminadas a demostrar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se inició; por ello, mientras no afecten la libertad personal, las posesiones o derechos, son inmunes al juicio de derechos humanos y, por ende, el que contra ellas se entable deviene improcedente. Cabe apuntar que quien resuelve considera que con la citación que constituye el acto reclamado, se presenta una situación análoga al supuesto de la jurisprudencia 78/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." En sus consideraciones, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo: 33. En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. 34. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. 35. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. 36. Por lo tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley. [.] 40. En este sentido, esta Primera Sala considera que, en una nueva reflexión, debe abandonar el criterio reflejado en la jurisprudencia citada, puesto que, conforme a las legislaciones de Chihuahua y Durango que se analizaron en esa ocasión y que prevén que en caso de no acudir a la citación, se ordenará la aprehensión del citado, en ese caso incluso si la citación se realiza bajo apercibimiento de ordenar la aprehensión en caso de no comparecer, la citación, como tal, no afecta a la libertad del citado pues constituye un acto mediante el cual el Juez le comunica que requiere su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará una investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva, y el dictado de la orden de aprehensión no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos. Entonces, por estas razones, debe interrumpirse la jurisprudencia 1ª/J 93/2013, relativa a las legislaciones de Chihuahua y Durango. [.]" Pues bien, es verdad que la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia cuyo rubro se anotó, se refiere a la orden de citación del imputado, para que se le formule imputación; no obstante, se considera que tales razones son aplicables al caso en estudio, en la medida de que, al igual que ante el juez, se trata de una comunicación del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desahogo de una entrevista. Por sí sola, la citación no afecta la libertad personal de la aquí quejosa, máxime que según se advierte del documento anexo a la demanda, se le llama en calidad de testigo, sin que se advierta alguna medida de apremio en caso de inasistencia. Ahora, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal inicia con la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formula la imputación y el juez de control resuelve sobre la solicitud de vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares, entonces, los actos de autoridad realizados antes de dicha audiencia deben considerarse como actos fuera de juicio. Por tanto, al igual que la citación a audiencia inicial, la citación para comparecer a la indagatoria para que la fiscalía recabe la entrevista del testigo, también debe considerarse como un acto de autoridad emitido fuera del proceso penal, pues el mismo se emite en la etapa de investigación del procedimiento, específicamente en la fase de investigación inicial. En esa medida, si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la citación a la audiencia inicial no afecta la libertad ambulatoria del individuo, la misma razón debe prevalecer para el citatorio emitido por el agente del Ministerio Público para recabar la entrevista de un testigo en la carpeta de investigación, pues es claro que tampoco conlleva una afectación a su libertad personal. Es así, porque tal acto únicamente consiste en una diligencia más, que podrá o no considerar el fiscal al momento en que determine si ejerce o no la acción penal y, por tanto, no irroga perjuicio alguno al quejoso. En similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, al resolver el recurso de queja número 12/2021, en sesión celebrada el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en donde señaló sustancialmente que el acto reclamado consistente en el citatorio emitido en la fase inicial de la etapa de investigación, con el fin de integrarse en la carpeta de investigación, es un acto de comunicación como tal, que no incide en la libertad de la citada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia antes aludida, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, en virtud de que cuentan respectivamente, con cédula profesional número **************, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como en términos de la última parte, segundo párrafo del citado numeral a ******************, por no encontrarse en ese supuesto. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descarguen del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *******************, por su propio derecho, contra actos de la Agencia de Investigación Criminal de Personas Desaparecidas, UEIPD, con residencia en esta ciudad de Celaya Guanajuato, y otra autoridad; con apoyo en lo establecido en los Acuerdos Generales 7/2022 y 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al Periodo de Vigencia y las Facultades de la Comisión Especial, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 704/2022-VII. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, el suscrito estima que se materializa la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 5 y 6 de la Ley de Amparo, en concordancia con el precepto 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido, es necesario destacar el contenido de los preceptos en mención. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. [.]" "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.]" De acuerdo con lo dispuesto en el transcrito artículo 21 de la Constitución Federal, le corresponde a la institución del Ministerio Público investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes. De ahí, que el representante social está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente carpeta de investigación. Por lo que es necesario puntualizar que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional reclamando: La orden de citación emitida por el Agente de Investigación Criminal UEIPD Celaya, el cinco de julio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación 73597/2022, a efecto de que *****************, comparezca ante su potestad, debidamente identificada, para la práctica de diversas diligencias ministeriales en su calidad de testigo. Adjuntando el citatorio respectivo. Documental que se admite y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Al respecto, es preciso señalar que la integración de esa carpeta puede componerse de múltiples actos, como el desahogo de diligencias tendientes a su integración, que al ser de orden público, ningún daño o perjuicio causan, por lo que no procede el amparo en su contra. Estimar lo contrario, permitiría entorpecer las facultades de investigación, en detrimentos del interés de la sociedad de que se persigan las conductas que pudieran resultar potencialmente ilícitas; ello, desde luego, siempre que dichas actuaciones estén apegadas al marco de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por ello, se estima que los actos que deban tener verificativo con motivo de la integración de una carpeta de investigación, de ninguna manera trascienden real ni inminentemente en los derechos del solicitante del amparo, de modo que ningún perjuicio le causarían, en la medida de que son emitidos en virtud de las facultades constitucionales de la autoridad investigadora. Asimismo, la posible afectación que pudieran causarle, en todo caso se materializaría hasta que la autoridad judicial interviniera y decidiera emitir una orden de captura; pero, incluso, en la resolución que se pronunciara en respuesta de la solicitud de un mandato de esa índole, serían susceptibles de repararse, ya que ésta tiene la ineludible obligación de sopesar si los datos de prueba que se someten a su consideración satisfacen los requisitos constitucionales y legales para su emisión. Llegado a este punto conviene traer a contexto el contenido de los artículos 127, 131, fracciones III y V; 212, 213, 215 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estatuyen: "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: [.] III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; [.] V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 215. Obligación de suministrar información Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Estos preceptos ilustran sobre las obligaciones del Ministerio Público, en la fase de la investigación inicial, la que tienen el deber de coordinarla, incluso, ordenar los actos y diligencias tendentes a demostrar la existencia de la conducta ilícita y la responsabilidad de su autor. Además, el código de enjuiciamiento le impone la obligación de iniciar y conducir las investigaciones de hechos que se cataloguen como delito; ello, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, por lo que su intervención deberá ser inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación. Luego, la finalidad de esa secuencia de actos que se desplieguen en la integración de la carpeta de investigación, no es otra que recabar los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra quien se considere autor del delito que se investigue y, en su caso, la reparación del daño. De ahí que, dentro de los actos que la autoridad ministerial puede llevar a cabo para la integración de la carpeta de investigación, se encuentra la citación de personas para que acudan a rendir entrevista. Esto es así, debido a que en términos del artículo 90, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona está obligada a presentarse ante el Ministerio Público, cuando sea citada, incluso, la que tenga el carácter de imputado, a quien se le designará a un defensor público, en caso de carecer de uno privado que lo asista. Lo anterior es así, toda vez que el desahogo de las diligencias tendientes a la integración de la carpeta de investigación no le causan daño o perjuicio a la parte quejosa, por ser la investigación de delitos de orden público. En efecto, la persecución de los delitos constituye un derecho social que, por regla general, incumbe al Ministerio Público y, por tanto, no forma parte de la esfera jurídica de los particulares, por lo que, en tanto no se trate de actos concretos que en ejercicio de dicha atribución lleve a cabo afectando algún derecho fundamental de los gobernados, no pueden ser materia de análisis en esta instancia constitucional. Ello, porque como se adelantó, tales actos son de orden público, según lo establece el artículo 21 de la Constitución General de la República; es por ello que, mientras no ordenen la privación de la libertad, posesiones o derechos, es inexistente la afectación al derecho subjetivo que se dice violado. Por tanto, si la persecución de los delitos, es facultad del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces, puede válidamente concluirse que se trata de una función de orden público y por ello, las actuaciones que tengan como finalidad la obtención de indicios o datos de prueba para integrar la carpeta de investigación, están encaminadas a demostrar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se inició; por ello, mientras no afecten la libertad personal, las posesiones o derechos, son inmunes al juicio de derechos humanos y, por ende, el que contra ellas se entable deviene improcedente. Cabe apuntar que quien resuelve considera que con la citación que constituye el acto reclamado, se presenta una situación análoga al supuesto de la jurisprudencia 78/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." En sus consideraciones, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo: 33. En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. 34. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. 35. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. 36. Por lo tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley. [.] 40. En este sentido, esta Primera Sala considera que, en una nueva reflexión, debe abandonar el criterio reflejado en la jurisprudencia citada, puesto que, conforme a las legislaciones de Chihuahua y Durango que se analizaron en esa ocasión y que prevén que en caso de no acudir a la citación, se ordenará la aprehensión del citado, en ese caso incluso si la citación se realiza bajo apercibimiento de ordenar la aprehensión en caso de no comparecer, la citación, como tal, no afecta a la libertad del citado pues constituye un acto mediante el cual el Juez le comunica que requiere su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará una investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva, y el dictado de la orden de aprehensión no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos. Entonces, por estas razones, debe interrumpirse la jurisprudencia 1ª/J 93/2013, relativa a las legislaciones de Chihuahua y Durango. [.]" Pues bien, es verdad que la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia cuyo rubro se anotó, se refiere a la orden de citación del imputado, para que se le formule imputación; no obstante, se considera que tales razones son aplicables al caso en estudio, en la medida de que, al igual que ante el juez, se trata de una comunicación del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desahogo de una entrevista. Por sí sola, la citación no afecta la libertad personal de la aquí quejosa, máxime que según se advierte del documento anexo a la demanda, se le llama en calidad de testigo, sin que se advierta alguna medida de apremio en caso de inasistencia. Ahora, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal inicia con la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formula la imputación y el juez de control resuelve sobre la solicitud de vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares, entonces, los actos de autoridad realizados antes de dicha audiencia deben considerarse como actos fuera de juicio. Por tanto, al igual que la citación a audiencia inicial, la citación para comparecer a la indagatoria para que la fiscalía recabe la entrevista del testigo, también debe considerarse como un acto de autoridad emitido fuera del proceso penal, pues el mismo se emite en la etapa de investigación del procedimiento, específicamente en la fase de investigación inicial. En esa medida, si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la citación a la audiencia inicial no afecta la libertad ambulatoria del individuo, la misma razón debe prevalecer para el citatorio emitido por el agente del Ministerio Público para recabar la entrevista de un testigo en la carpeta de investigación, pues es claro que tampoco conlleva una afectación a su libertad personal. Es así, porque tal acto únicamente consiste en una diligencia más, que podrá o no considerar el fiscal al momento en que determine si ejerce o no la acción penal y, por tanto, no irroga perjuicio alguno al quejoso. En similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, al resolver el recurso de queja número 12/2021, en sesión celebrada el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en donde señaló sustancialmente que el acto reclamado consistente en el citatorio emitido en la fase inicial de la etapa de investigación, con el fin de integrarse en la carpeta de investigación, es un acto de comunicación como tal, que no incide en la libertad de la citada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia antes aludida, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, en virtud de que cuentan respectivamente, con cédula profesional número **************, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como en términos de la última parte, segundo párrafo del citado numeral a ******************, por no encontrarse en ese supuesto. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descarguen del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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