María Fernanda Duarte Rodríguez

Expediente 927/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
927/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • María Fernanda Duarte Rodríguez
  • Ariana Sánchez Valdés y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    V...Se ordena su archivo...

  2. Principal

    .. este órgano judicial se declara incompetente para conocer del presente asunto...

  3. Principal

    En consecuencia, regístrese en el libro respectivo con el número 927/2019-V y dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, se precisa que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Amparo, como se pide, se tienen como representantes de los menores a las personas que para ese efecto se nombraron. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de cuenta se advierte que el acto reclamado consiste en: ".lo hago consistir en el trámite de deportación al país de origen del cual son objeto las personas antes mencionadas como quejosos, la privación de la libertad de la cual son sujetos, la negativa de la autoridad para establecer comunicación y donde estarán privados de la libertad, igualdad y prohibición de discriminación, privación de la libertad en acatamiento a las normas establecidas, seguridad jurídica y demás actos constituidos en su contra." Enseguida, tomando en consideración que el promovente afirma que los directos agraviados se encuentran a disposición del Instituto Nacional de Migración, desconociendo el lugar en el que actualmente se hallen, reclamando como derechos fundamentales transgredidos, entre otros, el artículo 22 constitucional; por tanto, con fundamento en los numerales 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede a los directos quejosos, la suspensión de plano de los actos reclamados, para los siguientes efectos: I. Si los actos derivan de su calidad de migrantes en este país: no se ejecute en su persona, deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen; como tampoco se le aplique incomunicación o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables que de inmediato se abstengan de llevar a cabo dichos actos. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Para efectos de operatividad de la medida cautelar decretada, los quejosos directos quedan a disposición de este órgano de control constitucional por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que actualmente se encuentren recluidos y a disposición de la autoridad responsable respecto a la continuación del procedimiento migratorio. Ahora bien, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto por el promovente, los agraviados se encuentran internos en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que los quejosos directos, en su calidad de extranjeros (que gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales), se ubiquen en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia; este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que refiere: ".A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención La despenalización de la irregularidad en el ingreso migratorio es una decisión legislativa que conlleva un cambio sustancial en su tratamiento. Esta irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. En el caso de personas solicitantes de asilo y refugiadas, la no sanción por ingreso irregular está prevista en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y constituye una excepción a las disposiciones migratorias del país. Para quienes se ubican en este supuesto, la detención administrativa es una medida altamente indeseable. La privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger. El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes ha recomendado abolir progresivamente la detención de personas migrantes y sujetas de protección internacional por razones administrativas. Sin embargo, hasta en tanto este objetivo se logre, la detención administrativa sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por otra parte, el artículo 21 de la CPEUM establece como término máximo de la privación de la libertad personal, como sanción administrativa, el de treinta y seis horas. Diversos precedentes lo adoptan también como término máximo para las medidas de apremio. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Sería un contrasentido que la despenalización fuera sustituida por una intervención judicial que tuviera resultados más lesivos para la libertad de esta población, o bien, que colocara a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en condiciones de mayor vulnerabilidad en la defensa de sus derechos frente a cualquier persona procesada en un juicio penal. Además, siempre se debe garantizar el derecho al debido proceso, incluida la revisión judicial de la legalidad y oportunidad de la medida. 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad La privación de la libertad no debe tener una finalidad punitiva. Por ello, debe realizarse únicamente cuando fuere necesaria, en apego al principio de proporcionalidad y de persecución de un fin legítimo e idóneo, así como asegurar que sea realizada durante el menor tiempo posible. Existe jurisprudencia sobre las restricciones a los derechos humanos que se encuentra acorde con la normativa de origen internacional, estableciendo que deben cumplirse los siguientes requisitos: i) ser admisibles bajo el ámbito constitucional; ii) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos humanos; iii) ser proporcionales, esto es, que la persecución de un objetivo constitucional no se haga a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte IDH en el caso Vélez Loor contra Panamá, en donde se especifica que, de incumplir con estas características, se está frente a una detención arbitraria. Lo anterior se complementa con la normativa de origen internacional aplicable en México, en la que se encuentra la prohibición de la detención arbitraria, así como el principio de excepcionalidad en la detención, por lo que resulta necesario recurrir a medidas alternativas. 3. Verificación de las condiciones de la detención Por otro lado, las personas detenidas ("alojadas") en las estaciones migratorias deben ser tratadas con respeto a la dignidad inherente del ser humano. Se debe supervisar que se cumpla con lo previsto en las Normas para el Funcionamiento de Estaciones Migratorias así como con el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. Esto quiere decir que se debe proporcionar condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, asegurar que la población se encuentre dividida en hombres y mujeres, garantizar los derechos a la alimentación y a la salud, y propiciar actividades de recreación. 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria Las medidas cautelares surgen para evitar que la intervención judicial tenga resultados más lesivos o coloque a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando están privadas de su libertad. Ahora bien, por la naturaleza de los actos que motivan a las personas migrantes y sujetas de protección internacional a acudir a tribunales, la medida jurídica más utilizada es la suspensión del acto con el amparo. Cuando el acto reclamado es la deportación -acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar del territorio nacional a la persona extranjera que no reúna los requisitos migratorios para su permanencia en el país- el Pleno de la SCJN ha emitido jurisprudencia confirmando la procedencia de la suspensión de oficio. La suspensión también puede solicitarse para el acto consistente en la privación ilegal de la libertad de personas migrantes y sujetas de protección internacional en estaciones migratorias. Al ser ésta una detención hecha por autoridades administrativas, el otorgamiento de la suspensión debe darse para efectos de que la persona quede en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento correspondientes. En este sentido se han pronunciado Tribunales Colegiados de Circuito, que reconocen que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional y quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez o Jueza de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Por otro lado, quienes juzgan pueden también adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos y con apego a la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones de derechos humanos. Se pueden dictar este tipo de medidas para evitar mayores daños a las personas migrantes o sujetas de protección internacional. Para su emisión y supervisión, se debe tomar en consideración la opinión de las personas, los posibles daños a terceras personas, así como los elementos que puedan determinar su éxito." Es necesario establecer que el referido protocolo no es fundamento legal para el dictado de resoluciones, como lo señala la tesis la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2006882, de rubro: "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN"; sin embargo, aunque dicho protocolo no sea vinculante, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, ya que se adecua a los criterios nacionales e internacionales, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, de forma tal que establece prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, se reitera, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables, de no existir causa legal diversa que lo impida, instruyan la inmediata libertad de los directos quejosos, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando los quejosos satisfagan los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán y no se ausentarán sin autorización. b) Presentarse ante este Juzgado de Distrito, a firmar cada ocho días, obligación a la que deberán ajustarse a partir del día siguiente en que obtengan su libertad, para el efecto de su registro en el libro correspondiente y estampar su primera firma. c) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sean requeridos para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos, los señalados en los incisos a) y c), que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo anterior, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, que este tribunal comparte y reproduce: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional.". En el entendido de que la suspensión concedida no implica que los agraviados puedan circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si los promoventes del amparo no acreditan que iniciaron el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenidos por cuestiones administrativas relacionadas con este tema. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en Reynosa, Tamaulipas, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este juzgado. Ahora bien, toda vez que Ferlín Omar Hernández Castro, Ángela Giselle Morán Hernández, Yordan Estuardo García Martínez, Génesis María José Hernández Girón, Dianet Valdes Brito, Sofía Elizabeth Ramírez Portillo, Otoniel Ramírez Duarte y Denis Joel Ramírez Duarte, son menores de edad, las autoridades responsables deberán en todo momento proteger el interés superior, lo que implica garantizar su pleno acceso a los derechos humanos reconocidos en su favor y su permanencia en un entorno adecuado para su desarrollo bio-psico-social; así como minimizar el impacto que pudiera ocasionarle en su entorno con motivo de la ejecución del acto reclamado; en términos del artículo 4°, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 44/2014 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2017, Tomo I, Décima Época, registro 2006593, del tenor: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Así como la tesis 1a. CXXIII/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 561, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2006020, del rubro y texto: "TUTELA DE LOS MENORES DE EDAD. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENCOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SU PROTECCIÓN INTEGRAL. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior del menor, establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el que encomienda a los poderes públicos la protección integral del menor, por lo cual se ha potenciado el protagonismo de la administración pública en este ámbito. En efecto, cuando aquellos a quienes la ley encomienda de manera primordial el ejercicio de las funciones tuitivas, no quieren o no pueden actuar en defensa e interés de un menor, lo deben hacer las respectivas entidades públicas de protección, con la finalidad de adoptar las medidas que permitan librar a un menor de una situación de riesgo o desamparo. Sin embargo, esta actuación del Estado, una vez desaparecida la situación de peligro, se debe encaminar a la búsqueda de un núcleo familiar idóneo, que no necesariamente será el biológico." En razón de lo anterior, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de veinticuatro horas hagan del conocimiento de este Juzgado de Distrito la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión aquí decretada, en la inteligencia que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Fiscal de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de la citada parte doliente, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente; asimismo, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. II. Si la privación de libertad de los agraviados obedeció a la comisión de flagrante delito: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano en favor de los quejosos directos, para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de éstos. Y, en caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho horas o noventa y seis, según sea el caso, a partir del momento en que el justiciable fue puesto a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad competente; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesto a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por otra parte, dado que el promovente asevera desconocer el lugar en el que se encuentran los directos quejosos y tomando en consideración que los hechos acontecieron en Monterrey, Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Penal en turno en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, para que en auxilio de las labores de este tribunal, comisione a quien corresponda para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de esa ciudad, con el propósito de que indague si se hallan en dicho lugar los referidos agraviados y, de ser así, les notifique personalmente el presente proveído y en el acto de la diligencia dé fe de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional que se reclaman. Igualmente, deberá requerirles si ratifican la demanda de amparo promovida en su nombre por Miguel Ángel Torres Rivera; además, en caso de que en ese momento no deseen ratificar la demanda de amparo, deberá requerirlos para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ratifiquen la misma, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. En el supuesto de que el funcionario judicial del juzgado exhortado no localice a los directos quejosos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Monterrey, Nuevo León, se solicita se comisione en las corporaciones policiacas, militares, hospitales civiles y gubernamentales, así como cualquier centro de atención, de aquella localidad y, de ser informado el servidor público que fuera comisionado para realizar la diligencia de mérito, por medios fidedignos a su alcance respecto del paradero de los quejosos directos, se constituya en el nuevo lugar y practique la diligencia encomendada, ello siempre y cuando se encuentre dentro de la demarcación territorial donde el tribunal exhortado ejerce jurisdicción, con el propósito de dar cumplimiento a lo acordado en esta providencia judicial. Asimismo, para que ordene a quien corresponda notifique a las autoridades responsables residentes en esa ciudad la suspensión de plano aquí decretada, para lo cual deberán remitirse los oficios correspondientes. Igualmente, se faculta al juez exhortado para que haga uso de los medios que estime pertinentes para lograr la diligencia encomendada y así conseguir el objeto para el que se libra el presente exhorto; una vez realizado lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible con las constancias que acrediten su cumplimiento. No obstante lo anterior, dado que el promovente asevera desconocer el lugar en el que se encuentran los directos quejosos directos, se comisiona a la Actuaria adscrita para que se constituya en la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, con el propósito de que indague si se hallan en dicho lugar y, de ser así, les notifique personalmente el presente proveído y en el acto de la diligencia dé fe de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional que se reclaman. Igualmente, deberá requerirles si ratifican la demanda de amparo promovida en su nombre por Miguel Ángel Torres Rivera; además, en caso de que en ese momento no deseen ratificar la demanda de amparo, deberá requerirlos para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ratifiquen la misma, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Se requiere a las autoridades a cuya disposición se encuentren los quejosos que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que corresponda para que realice la diligencia encomendada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios, tanto el adscrito al juzgado exhortado como la de este tribunal, lleven a cabo lo ordenado en este auto, para el caso de que ello resulte necesario, sin necesidad de ulterior acuerdo. En la inteligencia que no se ordena tramitar incidente de suspensión virtud que los actos reclamados -susceptibles de suspenderse- son materia de la suspensión de plano decretada en el presente proveído. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el mencionado en su escrito de demanda; así como sus autorizados legales a los profesionistas que indica; todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 12 y 27 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el arábigo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2°, expídase a la parte quejosa copia certificada de este proveído, previa constancia legal, quedando autorizados para recibirla a los profesionistas que designan. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a los agraviados directos. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, secretaria que autoriza y da fe.

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