María Félix Mariscal Cantú

Expediente 1107/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1107/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • María Félix Mariscal Cantú

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que las partes no se inconformaron en contra de la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada de amparo; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este asunto, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se Continuación y culminación del proveído emitido el treinta de octubre de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio de amparo 1107/2019-V. Conste. La Secretaria. destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V...Se difiere la audiencia constitucional, fijándose para su desahogo las diez horas con dieciocho minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve...

  3. Principal

    El cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez, con las copias de la demanda inicial con anexo y del escrito recibido en esta fecha, signados por los defensores particulares del quejoso Manuel de Jesús Leal de la O. Conste. La Secretaria. Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado en el cuaderno principal, en acuerdo de esta fecha, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con dos copias simples del escrito de demanda de garantías y el ocurso de esta propia fecha, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 759/2019-VIII, promovido por los defensores particulares del quejoso Manuel de Jesús Leal de la O, contra actos del Magistrado de Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa y de otra autoridad. En consecuencia, con apoyo en el numeral 140 de la Ley de Amparo, pídanse a las autoridades responsables sus informes previos, los que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas legalmente computado, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de garantías, y en los que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen; además, podrán exponer razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes; apercibidas que de no dar cumplimiento, se harán acreedoras a multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el arábigo 260, fracción I, de la ley de la materia. Cítese a las partes a la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las nueve horas con cinco minutos del doce de noviembre de dos mil diecinueve. Enseguida, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución 56 (cincuenta y seis), de siete de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de apelación CA/0049/2019, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con sede en San Fernando, Tamaulipas, dentro de la carpeta procesal CP/0012/2018, instruida en contra del agraviado de mérito. Ahora bien, el impetrante directo a través de sus defensores, pide la medida cautelar ".para el efecto de que no se celebre la audiencia de etapa intermedia diferida a solicitud de la defensa y para la cual se señalaron para su desahogo por el juez de control, las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 2019, hasta en tanto no se resuelva en lo principal el juicio de amparo, toda vez que si a esta fecha y a la señalada para la audiencia intermedia, no se termina de engrosar la sentencia que se vaya a pronunciarse en este juicio, se celebrara la audiencia de etapa intermedia con el consiguiente perjuicio en la defensa adecuada del quejoso, porque se le haría nugatorio al quejoso directo MANUEL DE JESÚS LEAL DE LA O, en el último de los casos, acceder a una solución alterna en lugar de comparecer a juicio oral." Resulta improcedente la medida en la forma que se pide, pues implicaría suspender el procedimiento de origen, tramitado conforme al sistema penal de corte acusatorio y afectaría el orden público, así como el interés social, atento a los artículos 128, 129 y 150 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que no puede paralizarse el procedimiento natural, tiene su sustento en el ordinal 150 de la Ley de la materia, en su primera parte, dispone: ".En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él.". Lo cierto es que este último precepto, en su parte final (en concordancia con el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo), establece que si la continuación del procedimiento pudiera dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse a la quejosa, la suspensión podrá concederse para el efecto de paralizar el procedimiento y evitar dicha circunstancia; máxime que el primer párrafo del artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, señala: "El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código." En tal entendido, el procedimiento penal, por regla general, es insuspendible, salvo que de no suspenderse se pueda consumar de modo irreparable la afectación reclamada por el quejoso, lo que invariablemente acontece si se dicta la sentencia relativa; por eso, como se puso de manifiesto, en todo caso el procedimiento se suspenderá, pero hasta que concluya la etapa intermedia del procedimiento. Los anteriores son los efectos que la suspensión del acto reclamado origina en lo atinente al procedimiento génesis de dicho acto; luego, no puede impedirse la prosecución del juicio de origen, sino que continúe hasta la celebración de la audiencia intermedia y no se lleve a cabo la etapa de juicio, hasta en tanto se decide lo relativo al juicio en amparo en lo principal, y evitar con ello una consumación irreparable de las violaciones reclamadas. No es factible conceder la medida en la forma que se pide, esto es, para que no se celebre la audiencia intermedia, pues no puede suspenderse el procedimiento natural y el único efecto procedente en el caso, es conceder la suspensión provisional de los actos reclamados, a efecto de que el Juez que conoce del procedimiento penal respectivo lo suspenda, una vez cerrada la etapa intermedia, sin que se aperture la etapa de juicio. Lo anterior es así, porque a fin de evitar que se continúe con la etapa de juicio oral, que es la subsecuente una vez cerrada la etapa intermedia, pues de ocurrir esto, podría consumarse el acto reclamado (auto de vinculación a proceso) de manera irreparable, al actualizarse un cambio de situación jurídica, teniendo en cuenta que ésta es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso que se realizará sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Es decir, donde tendrían lugar en su caso, el desahogo y valoración de las pruebas, los alegatos de apertura, los alegatos de clausura y el cierre de debate, como la deliberación y emisión del fallo respectivo. Etapa de juicio que de llevarse a cabo, podría consumar de forma irreparable el acto que el quejoso directo reclama en el juicio de amparo (auto de vinculación), sin oportunidad de que sea analizado por el juzgador en la vía constitucional. En sus aspectos estrictamente conducentes, se cita la jurisprudencia 1a./J.92/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página: 389, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO. Para que proceda la suspensión a petición de parte, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita y las razones por las cuales debe proceder; sin embargo, la Ley de Amparo no especifica los términos para los cuales debe concederse. Ahora bien, una vez que el juzgador determina que procede conceder la suspensión del acto reclamado, puede hacerlo para un efecto diverso al solicitado por el quejoso, a fin de conservar la materia de la controversia y evitar que sufra afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. En este sentido, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que los jueces deben fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de tal manera, limitar a los jueces a conceder la medida suspensional para un efecto que, a pesar de haberse solicitado, no sea el idóneo para preservar la materia del juicio o no le dé la mayor protección al quejoso, sería contrario a su objetivo principal. En efecto, los jueces deben tener la facultad de modificar los términos en que fue solicitada la suspensión, ya que así pueden actuar de la forma más favorable para el quejoso, protegiendo el orden público y el interés social. En este sentido, el artículo 154 de la Ley de Amparo, señala que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive. Por tanto, por mayoría de razón, si la ley de la materia dispone que la resolución que conceda o niegue la suspensión puede ser modificada de oficio cuando se presente un hecho novedoso, resulta evidente que los juzgadores tienen la misma facultad de modificar lo solicitado por el quejoso al concederla." Por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 150 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que el Magistrado de Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en Reynosa, Tamaulipas, señalado como responsable ordenadora, conmine al Juez de Control de origen, para que una vez cerrada la etapa intermedia, no aperture la etapa de juicio oral, hasta en tanto no sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones que la conforman, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con número de registro 2015989, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página: 2338, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL QUEJOSO EXPRESAMENTE LA SOLICITÓ EN SU DEMANDA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIAR SU DETERMINACIÓN POR CUERDA SEPARADA, AUN CUANDO AL ADMITIRLA, HUBIERE INDICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE SUSPENDIERA EL PROCEDIMIENTO EN LA CAUSA RESPECTIVA UNA VEZ CERRADA LA ETAPA INTERMEDIA, SIN APERTURAR LA DE JUICIO ORAL. Los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo establecen, esencialmente, que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso, y que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias (con las excepciones previstas), cuando la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; asimismo, que la medida se tramitará en incidente por separado y por duplicado. En ese orden, si el quejoso expresamente solicitó en su demanda de amparo la suspensión provisional del acto reclamado (auto de vinculación a proceso), la determinación que el Juez adopte debe pronunciarse por cuerda separada, es decir, en el cuaderno relativo al incidente de suspensión; sin que obste a lo anterior que el Juez Federal, en el juicio principal, al admitir la demanda, hubiere indicado a la autoridad responsable que suspendiera el procedimiento en la causa respectiva una vez cerrada la etapa intermedia, sin aperturar la de juicio oral, con el fin de mantener viva la materia del juicio de amparo; pues con dicha determinación no se suspendió el acto que es la pretensión del quejoso, aunado a que ese pronunciamiento es una obligación que surge de la propia ley para las autoridades responsables, específicamente del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la ley citada." (Lo resaltado es propio) Así como la diversa tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1987, registro electrónico 2015123 (que el propio quejoso invoca en su escrito de cuenta), de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AUNQUE LAS ETAPAS COMPLEMENTARIA E INTERMEDIA NO SON SUSCEPTIBLES DE SUSPENDER, EN CASO DE QUE SE LLEGUE A ESTA ÚLTIMA, DEBE CONCEDERSE DICHA MEDIDA CAUTELAR PARA EL EFECTO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL, UNA VEZ CONCLUIDA ÉSTA, NO ORDENE LA APERTURA A LA ETAPA DE JUICIO, HASTA EN TANTO NO SE RESUELVA EL JUICIO BIINSTANCIAL EN LO PRINCIPAL. En materia penal sólo puede suspenderse el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia (que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio), como puede advertirse del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por ende, dicha etapa no puede paralizarse. En el mismo sentido resulta la petición que haga el quejoso en cuanto a que se paralice la etapa complementaria (que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación), pues el artículo 150 de la misma ley, en su primera parte, dispone: "En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él;..."; de ahí que dichas etapas del sistema penal acusatorio no son susceptibles de suspenderse. No obstante, este último precepto, en su parte final, establece que si la continuación del procedimiento puede dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, la suspensión podrá concederse para el efecto de paralizar el procedimiento y evitar dicha circunstancia; máxime que el primer párrafo del artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, señala: "El tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este código.", por lo que, a efecto de evitar un daño o perjuicio de manera irreparable al quejoso en etapas previas al juicio, debe concederse la medida cautelar para el efecto de que, en caso de que se llegue a la etapa intermedia, el Juez de control, una vez concluida ésta, no ordene la apertura a la etapa de juicio, hasta en tanto no se resuelva el juicio biinstancial en lo principal." No constituye óbice que los defensores del quejoso directo argumenten que se haría nugatorio el derecho de defensa del impetrante y que según su dicho, se encuentra en situación vulnerable por la condición personal del mismo que argumentan; pues las posibles afectaciones al interés particular del agraviado, no pueden estar por encima del orden público y el interés social. En la inteligencia de que la suspensión provisional que se otorga, surtirá efectos hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la resolución que en suspensión definitiva se dicte. Cabe mencionar que no se formula pronunciamiento en cuanto a la libertad personal del quejoso directo, pues del análisis de la demanda inicial, escrito de cuenta y los informes que obren en el cuaderno principal, se desprende que el doliente directo se encuentra en libertad, no se le ha impuesto alguna medida cautelar y el hecho con apariencia de delito por el que sigue la carpeta de origen, está catalogado como ilícito no grave. Notifíquese la apertura de este incidente a la víctima de identidad reservada que se tuvo como parte tercera interesada en el expediente principal y se le reconoce tal carácter en este cuadernillo, en términos del numeral 5°, fracción III, inciso c), de la ley de la materia; por ello, deberá realizarse la notificación a través del asesor jurídico victimal y domicilio señalado en autos, que obra en el cuaderno principal. Se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, la documental que ofertaron los ocursantes en la demanda inicial, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia incidental respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 143 de la ley de la materia. Asimismo, téngase a la parte agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente acuerdo, previa razón de recibido que se deje en autos para constancia legal, a través de los profesionistas autorizados al efecto. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto estado que guardan los autos, se advierte que el proveído de veinticinco de los corrientes, en que se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por la Secretaria de Acuerdos del Poder Judicial del Estado de Nayarit, en funciones de Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, por sí y en representación de la Central de Actuarios y de la Notificadora [denominación correcta a la señalada como Actuario adscrito a dicho juzgado], ambos adscritos al referido tribunal, con residencia en Tepic, Nayarit, fue notificado por medio de lista de acuerdos publicada el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que no fue rendido con la anticipación que establece el ordinal 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que estaba señalada para esta propia fecha y se fijan de nueva cuenta las diez horas con cincuenta y tres minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, debiéndose notificar a las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano