María Eva o Eva Peña Peña
Expediente 1117/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Eva o Eva Peña Peña
- Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán
Actuaciones
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala Agréguese el oficio 900, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1117/2018 y adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la queja civil número 14/2019, promovida por la quejosa Jesús Erwin Barajas Pineda, ostentándose apoderado de MARÍA EVA PEÑA PEÑA y/o EVA PEÑA PEÑA, en contra del auto de diez de enero del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "ÚNICO.- Se declara infundado el presente recurso de queja." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio 900, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1117/2018 y adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la queja civil número 14/2019, promovida por la quejosa Jesús Erwin Barajas Pineda, ostentándose apoderado de MARÍA EVA PEÑA PEÑA y/o EVA PEÑA PEÑA, en contra del auto de diez de enero del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "ÚNICO.- Se declara infundado el presente recurso de queja." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. ...
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el escrito signado por JESÚS ERWIN BARAJAS PINEDA, apoderado de MARÍA EVA PEÑA PEÑA y/o EVA PEÑA PEÑA, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de veintitrés de enero del año en curso; por tanto, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del proveído dictado por este órgano jurisdiccional el diez del mes y año en curso, a través del cual se desechó la demanda de garantías; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo en vigor, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de cuenta, así como el informe materia de la queja, acompañándose el expediente original toda vez que el juicio se encuentra totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos el escrito signado por Jesús Erwin Barajas Pineda, en cuanto apoderado jurídico de la quejosa MARÍA EVA PEÑA PEÑA y/o EVA PEÑA PEÑA, a través del cual cumple con la prevención formulada en proveído del pasado veinte de diciembre, asimismo anexa copia certificada del Poder General para Pleitos y Cobranzas con Clausula Especial, que lo acredita como representante jurídico de las aquí quejosas, por tanto, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce dicho carácter. Ahora bien, vista la demanda de garantías promovida por Jesús Erwin Barajas Pineda, en cuanto apoderado legal de MARÍA EVA PEÑA PEÑA y/o EVA PEÑA PEÑA, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que señala como acto reclamado: "Lo constituye la ejecutoria de data 26 veintiséis de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, pronunciada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (AUTORIDAD RESPONSABLE), dentro del Toca Civil número I-345/2018, relativo al Recurso de Apelación que se interpuso en contra del auto de fecha 21 veintiuno de Septiembre del año que transcurre, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, relativo a los autos que integran el Juicio Ordinario Civil número 328/2018, concerniente a la acción de Nulidad de Acto Jurídico que se promueve en contra de la Tercera con Interés EVA ARIZBETH CERVANTES HERNÁNDEZ". Acto respecto del cual, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, relacionados con la fracción III del normativo 172 disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "ARTÍCULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; Respecto a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el artículo 107, fracción V, antes transcrito, es claro en señalar que se entiende por estos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, el acto reclamado en el particular, consistente en la sentencia interlocutoria emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca civil I-345/2018, que confirma el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en el que el Juez responsable no admite las pruebas documentales públicas, consistentes en el certificado negativo de propiedad, acuerdo preparatorio de veintidós de marzo de dos mil dieciséis y convenio de cumplimiento de obligaciones alimentarias, ofrecida por la parte actora en el juicio ordinario civil I-328/2018; por considerar que se contraponen con lo dispuesto por el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, no tiene sobre las quejosas, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo. Se precisa que en el caso concreto, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la agraviada, como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros, si se atiende a que la determinación de la autoridad responsable, de confirmar el proveído de veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán dentro del juicio ordinario civil número 328/2018, a través del cual no admite las pruebas documentales ofrecidas por la aquí quejosa, sólo constituyen meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, en relación al 172, fracción III de la Ley de Amparo, porque no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino sólo sus defensas, ni decide el fondo de la Litis planteada y que en todo caso tiene transcendencia hasta el resultado de la sentencia definitiva en que el material probatorio es valorado, la que incluso puede ser favorable a sus intereses y en caso contrario por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra en su caso la sentencia definitiva a través del juicio de amparo directo, previo agotar en su caso el recurso correspondiente ya que el acto reclamado se encuentra comprendido dentro de las violaciones al procedimiento a que se refiere el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que refiere que se considera violadas las leyes del procedimiento y que afecta las defensas de la parte agraviada cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido o cuando no se reciban conforme a la ley. Tiene aplicación a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente." Y, la tesis número 1086, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y con su apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Materia, se desecha la demanda de garantías. Por lo antes expuesto y fundado, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de garantías de que se trata. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
...Vista la demanda de garantías promovida por Jesús Erwin Barajas Pineda, ostentándose apoderado jurídico de MARÍA EVA PEÑA PEÑA y/o EVA PEÑA PEÑA, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que le consten, con apoyo en los artículos 108, fracción I y 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al citado promovente, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Acredite con las constancias conducentes, el carácter que de apoderado jurídico de MARÍA EVA PEÑA PEÑA y/o EVA PEÑA PEÑA, dice tener, toda vez que al respecto no acompañó documento alguno que así lo acredite. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia número 336, consultable en las páginas 284 y 285 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DE JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". En la inteligencia que deberá exhibir tres copias de las constancias con las que acrediten la personalidad con la promueve el presente juicio, para correr traslado a todas las partes, es así, toda vez que el documento con el que en todo caso demuestre la personalidad con la que promueve el presente juicio de amparo, es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las partes, de ahí que deberán exhibir las copias antes solicitadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J 124/2016 (10a), Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa. Así como la tesis número P.VII/2001, consultable en la página 325, del tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.". No es obstáculo para lo anterior, que el citado promovente adjunte a su libelo de garantías, el escrito presentado ante la autoridad responsable, toda vez que de la misma no se advierte la personalidad con la que promueve el amparo, pues únicamente se evidencia que presentó dicho ocurso con el carácter que ostenta mas no así pronunciamiento alguno al respecto de parte de la autoridad responsable, por lo que resulta insuficiente para acreditar lo pretendido. Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el requerimiento antes formulado en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En la inteligencia de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para la autoridad señalada como responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción y una para el emplazamiento a la tercera interesada, las cuales dan un total de tres copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Así como la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Fray Maturino Gilberti, número 137, colonia Las Américas, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a Ricardo Tamayo Rojo, Ramiro Amado Peña Belmonte, Armando Gamiño Ortiz y Hugo Alejandro del Río Rodríguez, toda vez que en esos términos fueron designados. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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