María Esther Solorio Hernández

Expediente 806/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
806/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • María Esther Solorio Hernández
  • La Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que por resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ., respecto del acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el último punto considerativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente el informe rendido la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidente, en el que además informó como una causal de sobreseimiento que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se dictó laudo dentro del expediente 971/2018, del que emana el acto reclamado en el presente juicio. Consecuentemente, requiérase a la referida Junta, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la notificación que realizó a la aquí quejosa María Esther Solorio Hernández, respecto del laudo emitido el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo en el lapso concedido se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Por otra parte, y vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, para que proporcionara el domicilio correcto de la tercera interesada, transcurrió del cuatro al nueve de febrero de dos mil veintiuno; en tales condiciones, resérvese a acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto la autoridad responsable cumpla el requerimiento precisado en párrafos que anteceden. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que con motivo de la Circular CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, así como los Acuerdos Generales 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, 21/2020 y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se suspendieron las labores ordinarias en los órganos del Poder Judicial de la Federación por el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; motivo por el cual, quedó suspendido el trámite del presente expediente, por lo que, no fue posible celebrar la audiencia constitucional. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por la CIRCULAR SECNO/1/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el citado Acuerdo General 21/2020, reformado por los diversos 25/2020 y 37/2020, respecto de su vigencia, se ordenó restablecer la actividad judicial en los términos ahí precisados, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con apoyo en el artículo 2 del referido acuerdo plenario, se ordena levantar la suspensión del procedimiento del presente asunto, esto es, los términos y plazos en el expediente en que se actúa y continuar con el trámite del mismo. En la inteligencia de que los plazos y términos no se reinician, sino continúan en su curso, los cuáles se computarán a partir de los días transcurridos antes de la suspensión del procedimiento. Por tanto, se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por los diversos 25/2020 y 37/2020, respecto de su vigencia, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En ese sentido, el presente acuerdo se ordena notificarlo a las partes por medio de lista, ya que no existe ningún precepto legal de la Ley de Amparo que imponga el deber al juzgador de comunicar personalmente el nuevo día y hora que se fija para que tenga verificativo la audiencia de ley. Lo anterior, en razón a que el procedimiento se suspendió y reanudó en cumplimiento y en concordancia a lo que se ordenó por la Circular CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, así como los Acuerdos Generales 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, y la CIRCULAR SECNO/1/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el citado Acuerdo General 21/2020, reformado por los diversos 25/2020 y 37/2020, respecto de su vigencia, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte, acuerdos cuya observancia general deriva del conocimiento que tienen los gobernados por haber sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, sin que correspondiera a una decisión emanada del quehacer jurisdiccional derivada del planteamiento de la problemática surgida entre las partes. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACIÓN DE LA. NO EXISTE OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLA PERSONALMENTE. Conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo que se tramiten en Juzgados de Distrito, se harán a los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista. Así, si en el caso particular, el quejoso no se encuentra privado de su libertad, conforme al artículo mencionado las notificaciones que se le practiquen serán por lista, salvo que se tratase de un requerimiento o de algún acuerdo que, por sus características especiales, deba notificársele en forma personal. En consecuencia, tratándose del auto en el que se determina el día y hora de celebración de la audiencia constitucional, debe estarse a la regla general contemplada por el citado precepto, por lo que resulta correcto notificarlo por lista, correspondiendo al agraviado estar al pendiente de los autos que se dicten en la secuela del procedimiento y que se hacen del conocimiento de las partes por medio de lista, sin que exista razón lógica o jurídica para que, en estos casos, el citado proveído se tenga que notificar en forma personal, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Amparo". También se cita la diversa tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Volumen 139-144, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACIÓN POR LISTA DEL ACUERDO QUE DIFIERE DE OFICIO LA. Ni el artículo 219, ni ningún otro precepto de la Ley de Amparo, impone a los Jueces de Distrito la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo en que se señala nuevo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional cuando ésta ha sido diferida de oficio en atención a que la parte tercera perjudicada no había sido emplazada, de tal manera que es obligación del quejoso cerciorarse de la fecha en cuestión a través de la notificación que se le haga del acuerdo mencionado, por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado; por consiguiente, no se deja en estado de indefensión al quejoso por no notificársele personalmente dicho acuerdo". Además, el anterior criterio que se adopta no es por voluntad caprichosa de quien resuelve, sino en términos de los dictados de la razón de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar, así como con la trascendencia del acto a que la notificación se refiere, cuenta habida que este órgano jurisdiccional no soslaya que se debe cumplir con la finalidad que persiguió el Consejo de la Judicatura Federal en los diversos acuerdos generales y circulares mencionadas párrafos precedentes, a efecto de velar por la salud de las personas -actuarios y justiciables- que pudieran interactuar al momento de llevar a cabo una notificación personal. Aunado a que considerarlo de otro modo, retrasaría seriamente la impartición de justicia, con transgresión del contenido del artículo 17 Constitucional, pues implicaría hacer notificaciones personales en todos los asuntos de este juzgado, que como ya se vio, resulta innecesario, dada la publicidad que específicamente se le dio a la reanudación de las labores que quedó puesta de relieve en la CIRCULAR SECNO/1/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación con el citado Acuerdo General 21/2020, reformado por los diversos 25/2020 y 37/2020, respecto de su vigencia. Máxime, que el presente asunto no se suspendió por más de seis meses, en términos del artículo 309, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. NOTIFÍQUESE POR LISTA A TODAS LAS PARTES.

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