Maria Eva Hernandez Ramirez

Expediente 229/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
229/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
29/06/2017

Partes del expediente

  • Maria Eva Hernandez Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 1164 signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 229/2017-I; así como, el testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión de veintidós de junio de dos mil diecisiete emitida en el amparo en revisión 84/2017, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "(.) PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, contra el acto reclamado, por los motivos expuestos en el fallo reclamado (.)" Como lo solicita la Superioridad, acúsese de recibo. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo y en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, en virtud de que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio 3158 signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, transcribe el auto de veintiocho de abril del año actual, dictado en el recurso de revisión 84/2017; adviértase que acusa recibo de los autos del juicio de amparo 229/2017-I; asimismo, se admite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, quedando registrado con el número antedicho; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.AVMM

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito de la autorizada de la parte quejosa, MAYRA NAYELI MELÉNDEZ PIEDRA, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el cinco de abril de dos mil diecisiete; téngase a la parte quejosa haciendo valer el RECURSO DE REVISIÓN en contra de la misma; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Ahora bien, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las diversas actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, existe carencia de tóner para las impresoras y la exorbitante carga de trabajo con la que cuenta este juzgado; por consiguiente, se ordena formar el expediente de antecedentes que contenga sólo la copia del escrito de agravios, y una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Finalmente, hasta en tanto esté legalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal de Alzada, y la substanciación del medio de impugnación que hace valer la promovente, se ordena agregar a los autos su escrito original de agravios. NOTIFÍQUESE, CORRIÉNDOLE TRASLADO A LAS PARTES COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 229/2017-I-B, promovido por ******************** por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y ********************RESULTANDO:********************PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el diez de febrero de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, ******************** por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.********************SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de trece siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado.********************Luego, por auto de trece de marzo se fijaron las diez horas con treinta y un minutos del treinta y uno de marzo del año en curso para celebrar la audiencia constitucional.********************CONSIDERANDO:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material.********************SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). ********************El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.********************Así, el acto reclamado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en:********************La omisión de dictar laudo en el juicio ********************.********************TERCERO. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. Si bien al rendir el informe justificado, el presidente del Tribunal aceptó la existencia del acto reclamado, éste es inexistente, por las razones que se dan a continuación. ********************El acto reclamado consiste en la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar laudo en el juicio ********************.********************La conducta imputada a la autoridad responsable, implica un hecho negativo, en concreto, un "no hacer".********************En la tesis aislada 1a.XXIV/98, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que la certeza o existencia de un acto de naturaleza omisiva, no se determina únicamente en función de la falta del hecho positivo, sino que debe acudirse a las normas legales que regulan la actividad de la autoridad para comprobar si existe o no la obligación de actuar en el sentido que indica el quejoso.********************Así, para considerar que se actualiza la omisión en que se dice incurre una autoridad, debe existir previamente la obligación correlativa, determinada por las leyes que regulen su actuación.********************Por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, con independencia de lo que afirme el quejoso, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades legales que ineludiblemente esté sujeta realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, de forma oficiosa, sin que tenga como presupuesto una condición.********************La tesis 1a. XXIV/98, dice a la letra:********************Tesis: 1a. XXIV/98 ********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************196080 1 de 1****************************************Primera Sala********************Tomo VII, Junio de 1998********************Pag. 53********************Tesis Aislada(Común, Administrativa)************************************************************ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.****************************************El acto reclamado emana de un juicio burocrático seguido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que es necesario precisar cuáles son sus fases, las cuales, se desprenden del artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que lo rige en primer término y dice: ********************"Artículo 115.- El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores."******************** ********************Conforme al precepto transcrito, por regla general, el procedimiento laboral se limita a una única audiencia, que a su vez, tiene estas etapas: ********************1) De conciliación; ********************2) De contestación a la demanda; ********************3) De admisión [o desechamiento] de pruebas;********************4) De desahogo de pruebas; ********************5) De formulación de alegatos; y ********************6) De dictado de laudo.********************Se dice por "regla general", en virtud que el propio artículo 115 prevé como caso de excepción, que sea necesarias "diligencias posteriores".********************De acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, agotada la etapa de conciliación sin resultado favorable, se desahogarán las etapas de contestación a la demanda, admisión o desechamiento de pruebas, desahogo de pruebas, formulación de alegatos y, entonces, el Tribunal procederá a dictar laudo para resolver el litigio.********************El presidente del Tribunal exhibió como prueba, copia certificada del acuerdo de siete de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ******************** (fojas 22 y 23); la que amerita valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.********************De acuerdo con la referida documental, el siete de marzo de dos mil diecisiete, el Tribunal declaró cerrada la instrucción y turnó el juicio a proyecto de resolución en forma de laudo. ********************El cierre de instrucción no está previsto como un acto procesal en el juicio burocrático; sin embargo, no se examina la legalidad o ilegalidad de su decreto por la autoridad responsable, porque no forma parte de la litis; antes, para efectos de esta sentencia, únicamente interesa que el siete de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad turnó el juicio para dictado de laudo.********************La exclusión de estudio del cierre de instrucción, no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se fundamenta en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), por la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el órgano de amparo no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.********************La jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), es del tenor literal siguiente:********************Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.)********************Gaceta del Semanario Judicial de la Federación********************Décima Época********************2012228 1 de 1****************************************Pleno********************Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I********************Pag. 11********************Jurisprudencia(Constitucional, Común)******************************************************************************** ********************DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos.****************************************La parte quejosa arguyó que el Tribunal debió proceder a dictar laudo o turnar el juicio para ello, fenecido el término para formular alegatos, concedido por auto de once de diciembre de dos mil dieciséis.********************Como quedó apuntado, por regla general, el juicio burocrático debe desahogarse de forma ininterrumpida en la audiencia que prevé el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.********************En el supuesto que la audiencia se desahogue en un solo momento, acto seguido que las partes formulen alegatos, o bien, en caso que renuncien a ello, el Tribunal procederá a dictar el laudo o turnar el juicio para tal fin, pues es criterio jurisprudencial que en atención a la carga de trabajo y la complejidad del asunto, el laudo puede dictarse con posterioridad.********************El criterio jurisprudencial mencionado en el párrafo que antecede, de aplicación analógica, es el siguiente:********************Tesis: 2a./J. 52/2005********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************178282 1 de 1****************************************Segunda Sala********************Tomo XXI, Mayo de 2005********************Pag. 526********************Jurisprudencia(Laboral)************************************************************TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia.****************************************Pero en el caso que la audiencia no se desahogue de forma continua, la autoridad concederá a las partes el derecho para formular alegatos.********************En tal supuesto, en aras de la seguridad jurídica de las partes, el Tribunal tendrá que pronunciarse sobre la preclusión del derecho y, entonces, procederá a dictar el laudo o turnar el juicio para ello. ********************Si bien la documental aportada por la autoridad, evidencia que el derecho a las partes para formular alegatos, fue otorgado mediante auto de once de diciembre de dos mil dieciséis, no fue sino hasta el siete de marzo siguiente cuando la autoridad se pronunció al respecto y, como se expuso, declaró el cierre de instrucción y turnó el juicio para laudo.********************En consecuencia, debe tomarse como punto de partida para el examen de la omisión reclamada, el turno del juicio para laudo a partir del siete de marzo de dos mil diecisiete; máxime que la quejosa no demostró que tal acto procesal hubiera tenido lugar en otra fecha, aunado a que el cierre de instrucción no es materia de análisis y además, la quejosa estaba en posibilidad de promover juicio de amparo contra la omisión del Tribunal de dictar el acuerdo por el que tuviera por precluído el derecho para presentar alegatos; pero con independencia de lo anterior, aun cuando considere que la obligación de la autoridad existía, no es de imposible reparación. ********************Ahora bien, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja.********************Tal consideración se funda en estas jurisprudencias:********************Tesis: 2a./J. 3/94 ********************Gaceta del Semanario Judicial de la Federación********************Octava Época********************206346 1 de 1****************************************Segunda Sala********************Núm. 79, Julio de 1994********************Pag. 15********************Jurisprudencia(Común)************************************************************ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.************************************************************Tesis: 1a./J. 36/98 ********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************196072 1 de 1****************************************Primera Sala********************Tomo VII, Junio de 1998********************Pag. 5********************Jurisprudencia(Común, Penal)************************************************************ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado.****************************************La parte quejosa presentó la demanda de amparo el diez de febrero de dos mil diecisiete.********************El Tribunal declaró cerrada la instrucción y ordenó el turno de los autos a proyecto de resolución en forma de laudo, el siete de marzo actual. ********************Luego, a la fecha de instauración del juicio de amparo, el juicio burocrático ********************, no se encontraba en estado de resolución, antes, esto ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, en concreto, el siete de marzo del año en curso.********************Por tanto, a la data en que la quejosa ejerció la acción de amparo, no había surgido la obligación de la autoridad responsable de dictar el laudo y, por ende, la omisión que le reclama es inexistente, porque a la fecha en que instauró el juicio de amparo, no se actualizaba la obligación correlativa para que el Tribunal emitiera el laudo.********************La obligación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar laudo, deriva del artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual, dispone que el dictado del laudo ocurrirá una vez que el juicio se turne para resolución, esto a continuación del desahogo de la etapa de alegatos.********************Entonces, ya que la certeza o existencia de un acto reclamado omisivo, no se determina únicamente en función de la falta del hecho positivo, sino que debe atenderse a las normas legales que rigen la actividad de la autoridad para comprobar si a la data en que se ejerció la acción de amparo, existía o no la obligación de aquélla de actuar en el sentido que exige la parte quejosa para la salvaguarda de su derecho, es inconcuso que al diez de febrero de dos mil diecisiete, en que el quejoso demandó el amparo contra la omisión del Tribunal responsable de dictar laudo en el juicio ********************, la obligación de éste de emitirlo no había surgido, porque el juicio burocrático no se encontraba en estado de resolución.********************Por lo expuesto, el acto reclamado es inexistente, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; máxime que la violación al derecho debe ser actual, esto es, debe existir a la presentación de la demanda de amparo, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, que el amparo protege a las personas contras normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica y el concepto de "actual", se determina en función de la fecha de presentación de la demanda de amparo.********************El sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado cuando éste no existe a la presentación de la demanda de amparo, encuentra apoyo en las jurisprudencias 2a./J.3/94 y 1a./J.36/98, ya citadas. ********************Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para analizar los conceptos de violación y las manifestaciones en torno al acto reclamado, aun cuando planteen la improcedencia del juicio de amparo.********************Lo anterior obedece a que el sobreseimiento no permite estudiar cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo.********************Los aludidos efectos del sobreseimiento se fundan en estas jurisprudencias:********************Tesis: ********************Semanario Judicial de la Federación********************Séptima Época********************239006 1 de 1****************************************Segunda Sala********************Volumen 24, Tercera Parte********************Pag. 49********************Jurisprudencia(Común)************************************************************SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.****************************************Tesis: 2a./J. 54/98 ********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************195744 1 de 1****************************************Segunda Sala********************Tomo VIII, Agosto de 1998********************Pag. 414********************Jurisprudencia(Común)************************************************************SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.****************************************CUARTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. ********************Por lo expuesto y fundado se;********************RESUELVE:********************PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos aducidos en el considerando tercero.********************SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes.********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.********************Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hoy cinco de abril de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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