María Eugenia Tablas Hernández
Expediente 1759/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1759/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María Eugenia Tablas Hernández
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el presente juicio de amparo, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Se tiene por recibido el oficio 1423/2018 proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual remite el diverso oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en el que decreta la separación de juicios dentro del amparo 1697/2018 de su índice, promovido por Edgar Rodolfo Núñez Urquiza y otros. Luego, de acuerdo con la boleta de turno 013506/2018, que acompaña a su oficio la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, se tiene que el presente juicio se substanciará únicamente por cuanto a la quejosa MARÍA EUGENIA TABLAS HERNÁNDEZ, respecto del acto reclamado consistente en los descuentos salariales de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, correspondiente a la primera quincena del mes de octubre, y los descuentos salariales de veinticinco de octubre del año en curso, en el que únicamente serán autoridades responsables las siguientes: FISCAL REGIONAL ORIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL Y ADMINISTRACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. Acúsese el recibo de estilo correspondiente e infórmese lo anterior al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, para los efectos legales conducentes. Fijación de fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien de la lectura de la demanda de amparo se puede advertir lo siguiente: La quejosa, promueve demanda de amparo por derecho propio y se ostenta como Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos en funciones. Aduce que se le realizó un descuento salarial con motivo de retardos, sin que exista una justificación para realizar dicho descuento, ya que no existe algún reglamento o norma que así lo permita, lo que constituye su acto reclamado. Dicho acto se lo atribuye a la Fiscalía Regional Oriente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, como autoridad ordenadora; al Director General de la Unidad de Desarrollo Profesional y Administración y al Director de Recursos Humanos, ambos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, en su carácter de ejecutoras. Precisado lo anterior, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De la interpretación sistemática de los ordinales citados, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2a. XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima intérprete de la ley, a través de diversos criterios, ha definido lo que debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas en la tesis 2a. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la parte quejosa hace consistir el descuento salarial por conceptos de retardo, que aduce le causa agravio, en razón de que no existe fundamento legal para que la autoridad ordenadora le retenga una parte de su salario por dicho concepto, se advierte que dicho acto corresponde a una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre la autoridad y la parte quejosa. Ello es así, pues de lo expuesto por la parte quejosa en su escrito de demanda, se desprende que actualmente ostenta el cargo de Agente del Ministerio Público en funciones adscrita a la Fiscalía General del Estado de Morelos, que realiza sus funciones en la Fiscalía Regional Oriente, y, que reclama los descuentos salariales que corresponden a las quincenas de diez de octubre y veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por concepto de retardos. Lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, es evidente que dicho acto reclamado subyace de una relación laboral derivado entre la institución de procuración de justicia señalada como responsable y la ahora quejosa, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones administrativas acorde al contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa, tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Contencioso Administrativo ) pues el acto impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades que en su caso resuelvan sobre dicho conflicto relacionado con las prestaciones de la parte quejosa, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Al respecto, la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establece en su artículo 1, que dicha ley tiene por objeto normar las prestaciones de seguridad social que corresponden a los miembros de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia detallados en el artículo 2 de esta Ley, los cuales están sujetos a una relación administrativa, con el fin de garantizarles el derecho a la salud, la asistencia médica, los servicios sociales, así como del otorgamiento de pensiones, previo cumplimiento de los requisitos legales. Asimismo, su artículo 2 establece que son sujetos de dicha ley los miembros de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, entre ellos en su fracción II establece al Fiscal General, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. Por su parte el numeral 3 establece que como sujetos de la ley en cita a los descritos en su artículo 2, entre ellos los Ministerios Públicos, así como en su fracción V, señala a la Entidad Pública Estatal, ya sea Policial o de Procuración de Justicia, así como la Entidad de Seguridad Pública Municipal, con la cual los sujetos a la presente Ley tienen una relación administrativa. Por otra parte el artículo 8, de dicha legislación establece que podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones a la retribución que perciben los sujetos de la Ley para el efecto de: I.- Pagar cuotas de seguridad social; II.- Pagar los abonos para cubrir créditos o préstamos que como deudores principales, solidarios o avales hayan contraído, relativos a las prestaciones de la presente Ley, sean provenientes del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos o de cualquier otra Institución por este mismo concepto; y III.- Pagar las aportaciones a seguros de vida que se contraten. Que los descuentos por los conceptos señalados en las fracciones II y III, no podrán exceder del treinta por ciento de su remuneración. Asimismo establece que los descuentos son independientes de otros que procedan por cualquier otra disposición legal aplicable, por mandato de autoridad judicial o que sean procedentes para corregir un error en algún pago. El artículo 36 de dicho ordenamiento legal prevé que en términos del artículo 105, de la Ley del Sistema, las controversias que se generen con motivo de las prestaciones de seguridad social serán competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, quien deberá tramitarlas en términos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Efectivamente, el artículo 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, cita que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General, y, que las controversias que se generen con motivo de las prestaciones de seguridad social serán competencia del Tribunal Contencioso Administrativo. Por tanto, es el Tribunal Contencioso Administrativo quien tiene competencia para dirimir los conflictos que surjan con motivo de esa solicitud, máxime que se trata de un descuento al salario de la parte quejosa que aduce no se encuentra regulado en ninguna norma legal; por lo tanto, la autoridad señalada como responsable no tiene la calidad de autoridad para los efectos del amparo, pues en todo caso su actuación frente al quejoso recurrente se ubicaría en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquélla actúa como particular (patrón), y no como autoridad investida de imperio frente al peticionario de garantías. Es decir el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este último caso, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. Por lo anterior, es evidente que el acto que atribuye a la Encargada del Despacho de la Fiscalía Regional Oriente de la Fiscalía del Estado de Morelos, y demás autoridades señaladas como ejecutoras esto es, la orden de realizar los descuentos efectuados vía nómina, no fue realizado dentro de una relación de supra-subordinación, pues no emana de autoridad investida de imperio sobre un gobernado, sino que, ese acto deriva de una relación laboral, en términos del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, tomo II, marzo de 2016, página 1639, del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES E ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." De igual forma, resulta aplicable, en su esencia, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Lo antes expuesto, se robustece con el criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 89/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 33, agosto de 2016, tomo II, página 1249, del rubro: "SECRETARIOS Y ACTUARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE JALISCO. EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN LOCAL ES COMPETENTE PARA CONOCER SOBRE DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LA FISCALÍA GENERAL (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA) QUE VERSEN SOBRE SU RELACIÓN JURÍDICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS." En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XXIII, de la Ley de la materia, es procedente SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por lo tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Apoya la anterior, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Domicilio y autorizados. Tomando en consideración que el promovente de amparo señala un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia oficial de este Juzgado; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
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