María Eugenia Navarrete Rodríguez

Expediente 629/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
629/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • María Eugenia Navarrete Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese en autos el escrito de cuenta, suscrito por la parte quejosa, mediante el cual solicita copia certificada por duplicado del presente juicio, a efecto de ofrecerla como prueba en el diverso ***+, del orden del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Al respecto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa por duplicado la copia certificada que solicita. En el entendido que para su entrega, deberá tomar en consideración el horario de atención al público del servicio de fotocopiado, así como agendar una cita, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con identificación oficial vigente, debiéndose dejar constancia de su recibo en autos. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a once de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad. En atención a su contenido, en su oportunidad remítase la copia que se solicita e infórmese que el juicio en que se actúa se encuentra concluido, por lo que se ordenó su archivo. Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el proveído de veintitrés de febrero pasado, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese este proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Toda vez que no es necesaria la retención del anexo enviado por la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió un documento, se deja a su disposición por el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no recogerlo en la temporalidad indicada, se procederá a su destrucción con el expediente en que se actúa, tal como lo establece el punto décimo primero, párrafo tercero del acuerdo general en cita. Hágase del conocimiento que para su entrega, deberá agendar una cita a través del Portal de Servicios en Línea y hecho lo anterior, tendrá que informar a este juzgado la fecha y hora proporcionadas, a fin de realizar las gestiones necesarias para su entrega, en el entendido que deberá presentarse con identificación oficial vigente, debiéndose dejar constancia de su recibo en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a sus términos, se tiene a la autoridad responsable remitiendo las constancias que precisó en su informe justificado acordado el dieciocho del mes en curso, sin que sea necesario dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en razón de lo que se resolverá enseguida. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que acompaña a su informe de ley, la cual se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza. Dado el excesivo volumen de las constancias mencionadas en párrafos que anteceden, fórmese por separado un anexo, respetando sus rúbricas, sello y folio. Ahora, de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se aprecia que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XVI, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable.". Del precepto transcrito deriva la improcedencia del juicio de amparo con motivo de que el acto que se reclama ha surtido en forma total sus efectos y ello origina que ya no pueda ser reparable mediante la vía constitucional; entendido este como aquel que al realizarse en todas sus consecuencias, física y materialmente ya no puede ser restituido al estado en que se encontraba antes de las violaciones reclamadas, pues aun concediendo la protección de la justicia federal solicitada, no podría retrotraerse en sus efectos. Ahora, para determinar si un acto se ha consumado de modo irreparable, es necesario atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. En ese sentido, si las medidas de protección previstas en el artículo 63, fracciones IV y XII, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, impuestas a la parte quejosa, mediante resolución de tres de noviembre pasado, en la carpeta judicial 003/1806/2020, tenían una vigencia de sesenta días, los cuales fenecieron, es inconcuso que no existe motivo para la resolución del fondo del asunto, dado que es evidente que de concederse el amparo solicitado no podría alcanzar su objetivo protector, al haber transcurrido la temporalidad establecida. Sirve de apoyo el criterio aislado emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página 325, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Diciembre de 1994, que en su rubro dice: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". En consecuencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el juicio, puesto que se trata de una causal manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". No se soslaya que no se emplazó a juicio a la tercero interesada Wendy Blanca Herrera Romero, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales S.M.M.H; sin embargo, dicha omisión no les causa algún perjuicio, dado el sentido de esta determinación. Es aplicable, la jurisprudencia emitida por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 40, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, que dispone: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 114/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, determinó que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado afecte en los hechos a la reparación del daño, aunque no se refiera directamente a ella, con lo cual transfirió a los órganos aplicadores de la misma, la obligación de determinar en cada caso concreto si el acto reclamado actualiza el supuesto que legitima a la víctima u ofendido del delito para intervenir en el juicio de garantías con el carácter de mérito. De ahí que si el tribunal revisor al analizar el caso concreto sujeto a su estudio, advierte que la víctima u ofendido del delito que tiene el carácter de tercero perjudicado -al satisfacer la condicionante prevista en la jurisprudencia de referencia- no concurrió al juicio de garantías por no habérsele reconocido legalmente dicho carácter ni haber sido emplazado a él, procede que, por regla general, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, revoque la resolución recurrida y ordene reponer el procedimiento a efecto de subsanar esa irregularidad, dada la posibilidad de que pudiera emitirse un fallo que le resultara perjudicial sin haberle dado previamente la oportunidad de ser escuchado en el juicio. No obstante, esta regla no puede considerarse absoluta e irrestricta, pues en los casos en los que se advierta notoriamente que la sentencia que dicte el órgano revisor le será favorable, no procede reponer el procedimiento al no beneficiarle y, por el contrario, pudiendo incluso irrogarle perjuicio, al menos en lo relativo al tiempo que transcurre hasta en tanto se dicte una nueva resolución". Hágase del conocimiento de las partes esta determinación y realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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