María Eugenia Cadena Méndez
Expediente 518/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/07/2017
Partes del expediente
- María Eugenia Cadena Méndez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a trece de julio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó de plano la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Cúmplase
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en autos. Ahora, visto el contenido de la demanda, así como del ocurso que se provee, se advierte que la justiciable señala el siguiente acto reclamado: - La determinación de no ejercicio de la acción penal aprobada en la carpeta CI-FIZP/IZP-4/UI-1S/D/789/05-2016 el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Así, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, procede desechar de plano la demanda por los motivos y razones que a continuación se exponen. Respecto del acto reclamado, se enfatiza que la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el veinte de junio de dos mil diecisiete. Ahora bien al desahogar la prevención referida, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de tal acto el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. En este orden de ideas, este juzgado reitera que debe desecharse la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que refiere el dispositivo 61, fracción XIV, de la ley reglamentaria, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Para sustentar lo anterior, se considera necesario destacar que los numerales 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se concluye que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, que el plazo general para la promoción del juicio es de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija el acto la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en dicho numeral. Al respecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". Ahora, del presente sumario se aprecia que el acto que se analiza consiste en la determinación de no ejercicio de la acción penal aprobada en la carpeta CI-FIZP/IZP-4/UI-1S/D/789/05-2016 el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado por la agente del Ministerio Público Auxiliar del Procurador de esta ciudad, del cual como se anotó, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. En ese contexto, tomando en cuenta que la demanda de amparo que dio origen a este controvertido, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el veinte de junio de dos mil diecisiete, se hace patente que es extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto; máxime que la naturaleza del mismo impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido numeral 17. Esto es así, pues la ley del acto que rige en el caso concreto, es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala en sus dispositivos 82, 93 y 94 lo siguiente: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación". "Artículo 93. Comunicación de actuaciones del Ministerio Público Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de este Código". "Artículo 94. Reglas generales Los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que este Código autorice. (.) No se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán como hábiles. Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación.". Por tanto, el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la ley de la materia para solicitar la protección constitucional surtió efectos el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, atendiendo a lo previsto en el precepto 94 citado, y transcurrió a partir del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete al catorce de junio del mismo año, con exclusión de los días inhábiles, en términos del dispositivo 19 de la ley reglamentaria, en tanto que la demanda de amparo se presentó el veinte de junio de dos mil diecisiete, como se aprecia del sello del reloj checador que aparece impreso en la citada demanda; en esas condiciones, se insiste, resulta claro que la acción constitucional se ejerció fuera del aludido plazo de quince días que prevé el numeral en consulta. De modo que si la quejosa no ejerció en el plazo legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado. Lo anterior se determina así, pues como se advierte de la fracción IV, del numeral 17 ya reproducido, la excepción en cuanto al plazo de presentación de la demanda relativo a "en cualquier tiempo", fue limitado por el legislador a que los ataques a la libertad personal se realicen "fuera de procedimiento", supuesto que no se actualiza en la especie, dada la naturaleza jurídica del acto impugnado, que se emitió en la carpeta de investigación citada, por lo que se concluye que rige la regla genérica de la temporalidad inherente a la promoción del amparo, esto es, la de quince días, en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que prevé el referido precepto de la ley de la materia. En tales circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta la citada causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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