Maria Eugenia Hinojosa Morales

Expediente 86/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
86/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Hinojosa Morales
  • Jesus Suarez Tello

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. I. Estado de autos Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de uno de febrero de dos mil veintidós, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. II. Orden de archivo. III. Acuerdo de destrucción. IV. Información reservada. V. Devolución de documentos. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS Y A SU DEFENSOR PÚBLICO. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Adriana Ríos Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo notifico al licenciado Jovany Torres Rivera el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 86/2022-II, del índice del juzgado de mi adscripción, por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, proveído que en síntesis dice: I. Estado de autos Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de uno de febrero de dos mil veintidós, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. II. Orden de archivo. III. Acuerdo de destrucción. IV. Información reservada. V. Devolución de documentos.

  3. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintidós. I. Recepción de escrito. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el defensor público Jovany Torres Rivera, mediante el cual, en atención al requerimiento que le fue formulado en autos, hace del conocimiento que entablo comunicación con los quejosos María Eugenia Hinojosa Morales, Jesús Suarez Tello y Fredy Obregón Tello, y les proporciono asesoría respecto del auto de desecamiento de uno de febrero pasado, dictado en el presente juicio y al efecto remite las constancias con las que lo acredita; de lo que se toma conocimiento. En virtud de lo anterior, una vez que transcurra el término establecido para recurrir el auto de desecamiento, se acordara lo conducente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Adriana Ríos Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, a las nueve horas del dos de marzo de dos mil veintidós, se notifica por medio de lista al defensor JTR, los auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós y diverso de uno de febrero de dos mil veintidós, que dicen: Nezahualcóyotl, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. I.Protesta cargo defensor. Agréguese a los autos la comparecencia de catorce de enero de dos mil veintidós, realizada al defensor público adscrito al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, JTR, de la que se advierte que acudió aceptar y protestar el cargo conferido como defensor de los quejosos MEHM, JST y FOT; en consecuencia, téngase al compareciente dando cumplimiento a lo ordenado en este sumario constitucional. II. Domicilio. Conforme lo solicita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***. III. Se otorga plazo a defensor. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le requiere para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en el que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si se entrevistó con el impetrante; asimismo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que notifique el presente auto al defensor público y se ordena correr traslado con copia de la demanda de amparo, así como del auto de uno de febrero de dos mil veintidós -por el que se desechó la demanda-, lo anterior, para que manifieste lo que a su interés convenga. Asimismo deberá acreditar haber tenido contacto con los quejosos y que los asesoró, y una vez realizado lo anterior lo informe a este juzgado y lo acredite con constancias, para estar en condiciones de proveer lo conducente. IV. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe al defensor que de no realizar manifestación alguna, se declarará firme el proveído por el que se desechó la demanda de amparo intentada. V. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Director Regional del Valle de México Zona Oriente del Instituto de la Defensa Pública del Estado de México, por medio del cual, en alcance al oficio *** de once de febrero de dos mil veintidós, informa la designación de defensor de los quejosos, refiriendo que lo instruyó para que compareciera ante este juzgado a fin de aceptar y protestar el cargo conferido. Al respecto, deviene innecesario proveer respecto de su contenido, toda vez que en auto de quince de febrero actual, se tuvo a la autoridad informando lo conducente; aunado a que en párrafos precedentes, se tuvo a dicho profesionista aceptando el cargo conferido. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS EN EL CENTRO DE SU RECLUSIÓN, ASÍ COMO AL DEFENSOR PÚBLICO JTR. Nezahualcóyotl, Estado de México, uno de febrero de dos mil veintidós. I.Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por MEHM, JST y FOT, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 86/2022-II. III. Precisión AUTORIDADES RESPONSABLES: Lic. AdMM, Gobernador del Estado de México. Presidente Municipal por Ministerio de Ley en Chalco Juez de Enjuiciamiento y/o Control y Juicios Orales del Distrito Judicial de Chalco Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco, Penal Huitzilzingo Fiscalía General de Justicia del Estado de México Agencias del Ministerio Público de Chalco Policía Ministerial de Chalco Policía de Investigación del Estado de México. ACTO RECLAMADO: "A) Señalamos como acto reclamado las violaciones procesales indebido proceso, tortura e ilegal y anticonstitucional detención de mi persona, todas de las cuales fui objeto" Ahora, cabe destacar que, si bien la parte quejosa señaló como acto reclamado la tortura que sufrió al momento en que fue detenida, y que de conformidad al artículo 126 y 15 de la Ley de amparo lo conducente sería conceder la suspensión de plano. Lo cierto es, que dicho acto reclamado se retrotrae al pasado, ya que la quejosa refirió bajo protesta de decir verdad que fueron hechos que acontecieron el trece de septiembre de dos mil dieciséis, cuando fueron detenidos. Por lo que, partiendo de dicha circunstancia y de que el efecto de la suspensión de plano es para cesar los actos de forma inmediata, este juzgador estima que en el caso no se actualiza el supuesto para conceder la suspensión de plano, ya que se trata de un acto que se estudiará hacia el pasado, además, de que a la fecha la quejosa ya no se encuentra a disposición de la autoridad que refiere ejecutó el mismo, por lo que en nada beneficiaria a los peticionarios dicha medida cautelar. Por lo tanto, este juzgador procederá al análisis de la demanda de amparo, en los siguientes términos: IV.- Decisión sobre la instancia constitucional. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, en ciertos casos la impresión de la huella dactilar o, como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica no contiene evidencia criptográfica de los quejosos MEHM, JST y FOT; por lo tanto, la demanda de amparo no cumple a lo señalado en el artículo 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince y 12/2020. De ahí que, no se advierte la manifestación de voluntad de los promoventes de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sostiene el criterio anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.- El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 314, en el tomo X, del mes de octubre de 1992, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,141, que señala: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." De ahí que se desecha la demanda de amparo, ante lo notorio y manifiesto de su improcedencia. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo, del artículo 3°, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. V. Domicilio procesal y se requiere al Instituto de la defensoría Pública del Estado de México. Se tiene como domicilio de la parte promovente el centro penitenciario en el que se encuentran recluidos. En esas condiciones, y toda vez que la quejosa se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de ***, con fundamento en los artículos 4 y 16 fracción I, III y XVI de la Ley de Defensoría Pública del Estado de México, requiérase al DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente proveído, designe un defensor de oficio a los quejosos MEHM, JST y FOT, hecho lo anterior, deberá comisionarla a efecto de que comparezca a aceptar y protestar el cargo conferido. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa consistente en cien unidades de medida y actualización al momento de realizarse la conducta, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el Apartado B) del artículo 26 constitucional, y los preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, será equivalente al que tenga toda la república mexicana y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo Quinto Transitorio del referido Decreto. Apoya a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia, que dice: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VI. Reproducción de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". VII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes, que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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