Maria Eugenia Hernández Vite
Expediente 759/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Maria Eugenia Hernández Vite
- Ejecutor Adscrito Al Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia de Nezahualcoyotl, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Se declara que el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado, archívese éste como total y definitivamente concluido; mismo que es susceptible de depuración y destrucción en los términos señalados. JMM
- Principal
Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo notifico a la quejosa el proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 759/2019-V, del índice del juzgado de mi adscripción por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, por lo que en este acto le notifico dicho proveído que dice: Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días concedido a la parte quejosa para recurrir el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que haya hecho valer el medio de impugnación de que se trata; por tal virtud, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Asimismo, al no quedar promoción pendiente por acordar, archívese este asunto como total y definitivamente concluido, de conformidad con el ordinal 214 de la Ley de Amparo, glósese el original del incidente de suspensión, dénse los avisos y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo, fracción III y Vigésimo Primero, fracciones II, III y IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se considera que el expediente principal, en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo y el original del incidente de suspensión en que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, serán destruibles, esto en el término de cinco años, mientras que el duplicado del incidente de suspensión, podrá destruirse en el plazo de seis meses, todos contados a partir de esta fecha.
- Principal
Expídase al promovente, las copias solicitadas. ®
- Principal
Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo notifico a la quejosa el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 759/2019-V del índice del juzgado de mi adscripción por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, por lo que en este acto le notifico dicho proveído que dice: Vista la demanda de amparo promovida por María Eugenia Hernández Vite, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México y otras autoridades, se advierte que la quejosa señaló como actos reclamados, la orden de desalojo, y su ejecución. De autos se advierte que al rendir su informe justificado los Jueces y Ejecutoras de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Civil de Primera Instancia, así como el Juez y Ejecutora del Juzgado Primero Mercantil, todos con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, negaron la existencia de los actos reclamados. Documentales a las cuales se otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, de 1917- 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, la negativa de las autoridades responsables, no fue desvirtuada por la parte quejosa, siendo que es ésta a quien le corresponde la carga de acreditar la certeza de los actos combatidos. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional, en el presente asunto.
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