María Eugenia Benítez Pineda
Expediente 1276/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Eugenia Benítez Pineda
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por concluida la tramitación del este asunto ordenándose el archivo correspondiente. Ahora bien, toda vez que se considera innecesaria la retención de las constancias que adjuntó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa; por tanto, requiérasele para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en este asunto, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente el día viernes dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del siete de diciembre de este año, que tuvo por desechada la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese vía electrónica. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 1276/2021-III. En términos generales, la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: El requerimiento de pago de cuatro de noviembre del año en curso, por parte del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto del adeudo del crédito hipotecario relacionado con el crédito accesorio 488949. El requerimiento de adeudo por la cantidad de $1,609,818.39 (un millón seiscientos nueve mil ochocientos dieciocho pesos 39/100 m.n.), por el crédito hipotecario mencionado en el incido que antecede. La falta de aplicación de los pagos y/o descuentos de nómina, realizados por el Servicio Postal Mexicano por concepto de aportaciones para la vivienda, que aduce realizó durante veintisiete años por concepto de pago del crédito antes mencionado. En ese sentido, en relación a los actos reclamados, se advierte que se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Del análisis relativo al consentimiento del acto reclamado no debe hacerse en forma aislada, es decir, debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad señalada como responsable, anteriores al que se reclame y que tengan relación con el mismo, para así poder establecer si dicho acto reclamado deriva de otro que se haya consentido. Por ello, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido, y el acto derivado, para así poder determinar si el consentimiento ya expresado alcanza al nuevo acto combatido. Sirve de apoyo, la tesis con registro 265101 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación Volumen CXXXI, Tercera Parte materia Común, página 11, de rubro siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS". Ello es así, dado que de los asuntos que se tramitan en este Juzgado, se advierte como hecho notorio que la quejosa María Eugenia Benítez Pineda, el dieciocho de junio de este año, promovió un juicio de amparo, el cual se registró bajo el número 582/2021-V, en el que reclamó el requerimiento de pago por parte del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto del adeudo del crédito hipotecario relacionado con el crédito accesorio 488949. En ese sentido, dentro del citado juicio 582/2021-V, manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de desahogo, que tuvo conocimiento de dichos acto reclamados el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, y toda vez que la demanda fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, situación por la cual este órgano jurisdiccional desechó por extemporánea el citado juicio en proveído del cinco de julio siguiente, adquiriendo firmeza el veintisiete de julio del año en curso, al no haber interpuesto el medio de impugnación correspondiente; de igual forma, del contenido de la demanda en su antecedente marcado bajo el número "4", se desprende que se le ha requerido de pago de la cantidad de $1,594,732.06 (un millón quinientos noventa y cuatro mil setecientos treinta y dos pesos 06/100 m.n.), por concepto del adeudo del crédito hipotecario relacionado con el crédito accesorio 488949, asimismo, del capítulo de conceptos de violación, en específico en el "Segundo" y "Tercero", reclamó de los enunciados bajo se tiene que reclamó la falta de aplicación de los pagos y/o descuentos de nómina, realizados por el Servicio Postal Mexicano, relativo a las aportaciones para la vivienda que aduce realizó durante veintisiete años por concepto de pago del crédito antes mencionado; por tanto, resulta que tal determinación fue consentida tácitamente. Ahora bien, no obstante que la promovente señale que el requerimiento que combate es del cuatro de noviembre del año en curso y que la cantidad actual que se le requiere de pago asciende a la cantidad de $1,609,818.39 (un millón seiscientos nueve mil ochocientos dieciocho pesos 39/100 m.n.), lo cierto es que estos son actos derivados del adeudo del crédito hipotecario relacionado con el crédito accesorio 488949; por tanto, la pretensión sigue siendo la misma. Consentimiento que en términos de lo señalado en líneas precedentes debe considerarse tácito, por lo que, en acatamiento al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causal de improcedencia que se actualiza es la prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se impugnó en su oportunidad los actos de autoridad que dieron origen al reclamado dentro de los plazos legalmente establecidos para ello. Por otra parte, sin perjuicio de lo anterior, el suscrito considera que respecto del acto señalado como c), se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, la cual dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Para que se actualice la hipótesis de improcedencia anunciada, se requiere que: Exista identidad de partes. Sea el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Que se haya dictado resolución en el juicio de amparo y se encuentre firme. De manera que, a efecto de constatar la actualización de la causal de improcedencia aducida, importa mencionar que ante este órgano jurisdiccional la quejosa María Eugenia Benítez Pineda, promovió el juicio de amparo antes citado (582/2021-V), en el que se tiene que reclamó del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (identidad de partes), la falta de aplicación de los pagos y/o descuentos de nómina, realizados por el Servicio Postal Mexicano por concepto de aportaciones para la vivienda que aduce realizó durante veintisiete años por concepto de pago del crédito antes mencionado (mismo acto reclamado), demanda que se desechó por extemporánea el cinco de julio siguiente, adquiriendo firmeza el veintisiete de julio del año en curso, al no haber interpuesto el medio de impugnación correspondiente; lo que constituye un hecho notorio. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia XXI.3o. J/7 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Materia(s): Común, Página: 804, del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN". En suma, se debe destacar que la autoridad y acto precisado que se reclama, guarda identidad en ambos juicios de amparo, y por ende, se hace patente la actualización de la causal de improcedencia anunciada. Lo que pretende evitar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, consiste en evitar una cadena interminable de juicios de amparo, contra el mismo acto reclamado, ya que ello redundaría en inseguridad jurídica. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizados a los usuarios que indica para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuentan con el registro correspondiente, razón por la que las notificaciones personales que se ordenen deberán realizarse de manera electrónica. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la promovente el que indica en su escrito de demanda, pues al solicitar la autorización electrónica implicaría que fuese posible que una notificación se ordenara por ambas vías, lo que generaría incertidumbre a la parte garante. No obstante lo anterior, con apoyo en el último párrafo del numeral 21 de la Ley en comento, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que ameriten ser personales en el presente sumario. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes y al actuario judicial adscrito para que realice vía electrónica las notificaciones a la parte quejosa. Se tienen por autorizadas a las personas que mencionan para los efectos que establecen, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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