María Esther Galicia Manuel

Expediente 1397/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1397/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • María Esther Galicia Manuel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remitiendo el original del juicio en que se actúa, un tomo de pruebas y testimonio de la ejecutoria de amparo pronunciada el treinta y uno de octubre del año en curso, en la que resolvió el recurso de revisión 148/2023, y confirmó la sentencia dictada en este juicio. Acúsese de recibo vía electrónica, realícense las anotaciones respectivas e intégrense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. En atención a lo anterior, devuélvanse al Juzgado Décimo Primero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, el tomo de pruebas I, que remitió en apoyo a su informe justificado. Por lo que se requiere a la citada autoridad para que dentro del término de tres días legalmente computado remita el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa de cien unidades de medida de actualización vigente a esta fecha, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI,. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, requiriendo original del escrito de agravios del presente juicio de amparo indirecto, así como las constancias que presentó la autoridad responsable como parte del informe justificado. En ese sentido, se informa a dicho tribunal que el veintiuno de abril del año en curso, mediante oficio 7529/2023, le fueron remitidos el original con una copia el escrito de expresión de agravios, el juicio de amparo 1397/2022-VI así como un tomo de pruebas, consistente en las constancias que la Autoridad Responsable acompaño a su informe justificado. Por lo anterior, se le remite copia del acuse de recibo del oficio 7529/2023. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a este asunto el escrito de **********, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintiocho de marzo del año en curso. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele vía interconexión las constancias que integran este juicio, así como el escrito de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las diez horas con dos minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1397/2022-VI, promovido por ***********, por derecho propio, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por las partes. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, se tienen por formulados los hechos valer en autos. Se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1397/2022-VI; y, R E S U L T A N D O: I. **********, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Décimo Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México y otra autoridad. II. Previo desahogo a la prevención formulada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en diverso del doce de diciembre siguiente, este Órgano Jurisdiccional admitió a trámite la demanda; se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional y se emplazó a la parte tercero interesada. III. En auto del veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el escrito de ampliación de demanda. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: - El auto de exequendo del juicio ejecutivo mercantil 180/2022. - La diligencia practicada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, relativa al requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 180/2022. TERCERO. El Juez y Ejecutor, ambos adscritos al Juzgado Décimo Primero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Respecto del acto reclamado consistente en el auto de exequendo del juicio ejecutivo mercantil 180/2022, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente y oficioso al ser una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. El referido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". De acuerdo con el precepto citado, uno de los principios que rige al juicio de amparo, el de definitividad, que consiste en que antes de acudir a la instancia constitucional, el quejoso debe interponer los recursos que establezca la ley ordinaria por virtud del cual el acto que se reclame pueda ser modificado, revocado o nulificado. Por otra parte, el artículo 1334 del Código de Comercio establece: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que substituya en el conocimiento del negocio.". De dicho precepto se advierte, que el recurso de revocación procede contra aquellos autos que no fueren apelables, es decir, los proveídos que no fueren impugnables a través del recurso de apelación pueden ser revocados por el Juez que los dictó por virtud del recurso de revocación. El diverso artículo 1340 del ordenamiento citado dispone que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto sea inferior a $816,439.97 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional), por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previsto en el artículo 1339. Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto; que en el ámbito del proceso jurisdiccional, implica la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación. También sostuvo el Máximo Tribunal, que el Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica la expedites de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea, a la procesal común; que la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulneraría lo que algunos tratadistas denominan como "principio de impugnación", que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. Bajo la óptica jurídica anterior es de concluirse que de acuerdo con lo que disponen los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al no ser recurribles mediante el recurso de apelación. En la especie, la ahora recurrente promovió amparo en la vía indirecta como demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, y señaló como actos reclamados el auto de exequendo y su ejecución. Ahora, de las constancias remitidas por las partes, se desprende que a la quejosa le reviste el carácter de demandada en el juicio ejecutivo mercantil 180/2022, por lo que el amparo de que se trata resulta improcedente porque no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Se concluye en ese sentido porque si bien en términos del artículo 1340 del Código de Comercio, no era apelable el auto de exequendo señalado como acto reclamado, dada la cuantía de la suerte principal, también lo es que de acuerdo con lo que dispone el diverso 1334 de la citada legislación, en su contra procedía el recurso de revocación, y por consecuencia, si la quejosa no estaba conforme con lo ordenado en el auto de exequendo, entonces, antes de acudir al juicio de amparo estuvo obligada a interponer recurso de revocación en contra del auto de exequendo, sin embargo ello en la especie no aconteció, y por consecuencia el juicio de amparo es improcedente. Lo anterior pues como ya se precisó, el artículo 1334 del Código de Comercio es claro en cuanto establece la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos dictados en asuntos de cuantía menor. De acuerdo con todo lo expuesto, se concluye que si la ahora quejosa ya fue emplazada al juicio y tuvo a su alcance un medio ordinario de impugnación como el de revocación para combatir el auto de exequendo dictado en su contra y no agotó dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo, es válido concluir que no procede el presente amparo porque la inconforme no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 401, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, de carácter obligatorio para los Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables "específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía "oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". También es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 12/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 979, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de carácter obligatorio para los Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el "auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente". En las relatadas circunstancias, se concluye, que el presente amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII, respecto del auto de exequendo reclamado. Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la diligencia practicada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, relativa al requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 180/2022, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, para que se actualice dicha causal, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Es aplicable al caso, la tesis 1.4o.C.J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361 del Tomo VI, Segunda Parte-1 Julio a Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". La interpretación del citado numeral denota el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como juicio excepcional, que sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas decisiones judiciales que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías, sino sólo lo serán aquellas determinaciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. En ese orden, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. El requisito señalado en el inciso a) se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo llevó a cabo el Ejecutor adscrito al Juzgado Décimo Primero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México. Respecto al inciso b), también se encuentra satisfecho, al tenor de lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, y 1.188 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de aplicación supletoria, se establece la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones. En ese sentido, si la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional la diligencia practicada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, relativa al de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 180/2022, entonces es inconcuso que dicha diligencia puede ser nulificada conforme al incidente aludido. Con relación al inciso c), también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se practicó la actuación reclamada, es decir en la citada controversia. Finalmente, se encuentra solventado el requisito mencionado en el inciso d), habida cuenta que con la resolución que se dicte derivado de la substanciación del incidente de nulidad en comento, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior por las rezones que las sustentan la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento". Por tales motivos, al no agotar el incidente de nulidad contra la diligencia impugnada, entonces la quejosa no solventó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo indirecto, se sobresee en el presente juicio de amparo Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en este juicio amparo, por los motivos expuestos en esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

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