Maria Eugenia Alvarez Zapata

Expediente 1046/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1046/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Alvarez Zapata

Actuaciones

  1. Principal

    M-I-Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: 16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. 17. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por María Eugenia Álvarez Zapata, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    V I S T A la demanda de amparo, promovida por María Eugenia Álvarez Zapata, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1046/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Del estudio de la demanda, este juzgador obtiene que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente, en la parte conducente, establecen lo siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley». «Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]» De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El desarrollo lógico a partir de la aceptación, de que las violaciones dentro de juicio de tipo "adjetivo" o "intraprocesal", también pueden ser consideradas de imposible reparación, conduce a la congruente conclusión de que en tal supuesto, puede caber en su contra el amparo indirecto, aunque de manera excepcional. En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas (ampliada a las resoluciones que ponen fin al juicio). Las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los primeros, y de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y otros. En ese contexto, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; el prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Respecto a la causa de procedencia del amparo indirecto en cita, el Tribunal Pleno al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015 determinó, sustancialmente, que para ser calificados como "actos de imposible reparación", sus consecuencias "deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva" que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que "debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables". Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: (I) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que "el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente", aún antes del dictado del fallo definitivo; y (II) La segunda, en el sentido de que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta "antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En consecuencia, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, debido a que tales criterios se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; puesto que hacer extensivo el concepto de "actos de imposible reparación" o "de ejecución irreparable" "a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal", porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica "es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva". Atendiendo a lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte colige que el acto emitido por la autoridad jurisdiccional que niega llamar a juicio a un tercero, no es de "imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es así, pues si bien al resolverse la contradicción de tesis 86/2008-PS, bajo la Ley de Amparo abrogada -de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 102/2008-, la Primera Sala sostuvo que el auto o resolución que no admite la denuncia del juicio a terceros "violenta la garantía a la administración de justicia pronta", pues "cuando un órgano jurisdiccional se abstiene de admitir y dar trámite a una promoción o solicitud de las partes, afecta de manera cierta, directa e inmediata el derecho a la jurisdicción", y, por ende, la negativa a admitir y dar trámite a una denuncia del juicio a terceros "no constituye una violación procesal susceptible de desaparecer cuando se emita sentencia definitiva, en virtud de que el tiempo transcurrido sin que el juzgador actúe no podrá ser objeto de restitución posterior". Lo cierto es que la referida afectación no tiene el alcance de hacer procedente el juicio de amparo indirecto, en tanto que dicha lesión no reviste de la naturaleza "material" necesaria para ser considerada como un verdadero acto de imposible reparación, en términos del precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el mero hecho de que algún acto u omisión por parte de un órgano jurisdiccional afecte la prontitud o celeridad con la que deben llevarse a cabo los juicios, no implica de suyo, que se está frente a un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, salvo casos verdaderamente excepcionales. Es así, pues debe recordarse que, tal y como lo sostuvo el Alto Tribunal al resolver la referida contradicción de tesis 377/2013, si una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, "debe estimarse que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional", de tal suerte que "sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza", en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo. Por ende, si el legislador federal, en uso de su facultad configurativa, decidió "acotar" la noción de los actos de imposible reparación, a fin de que sólo en casos verdaderamente excepcionales los gobernados puedan combatir mediante el juicio de amparo indirecto actos intraprocesales, resulta inconcuso que, por regla general, la sola afectación a la celeridad o prontitud de los procedimientos jurisdiccionales es insuficiente para actualizar la hipótesis contenida en el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia. Máxime que, estimar lo contrario, conllevaría a aceptar que, prácticamente, cualquier actuación dilatoria en la administración de justicia o abstención de admitir y dar trámite a una promoción o solicitud de las partes -y cuya ilegalidad tendría como efecto que se mande a reponer el procedimiento-, podría ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto, por estimarse que resulta lesiva al derecho a la justicia pronta. Con lo cual, indefectiblemente, se vaciaría de contenido la finalidad que tuvo el legislador federal, consistente en dotar de verdadera excepcionalidad a la hipótesis de procedencia de la acción constitucional prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, ya que facilitaría la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios, pretextándose la violación al acceso a la justicia pronta. En consecuencia, por regla general, los actos dictados dentro de un juicio que presuntamente generen una afectación a la celeridad o expedites del proceso, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Ilustra lo anterior, de manera análoga, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), que es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Entonces, el acto reclamado en esta instancia constitucional que se hace valer consistente en la interlocutoria emitida el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, Estado de México, en el expediente 200/2020, relativo al juicio ordinario civil, acción plenaria de posesión, promovido por Carlota Mata Rivera en contra de María Eugenia Álvarez Zapata. En dicha determinación se confirmó el auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, que tuvo por justificada la inasistencia de la actora Carlota Mata Rivera, a la audiencia de conciliación y depuración procesal, conforme a una receta médica que diagnosticó posible infección de covid-19; sin que esa documental sea suficiente para ese efecto. De tal modo, que esa determinación en forma alguna conlleva a que, derivado de tal afectación, se actualice la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, para la procedencia del amparo indirecto. Es así, pues es menester que la referida violación sea de naturaleza "material" y no puramente, formal o adjetiva; cuestión que no acontece respecto a la apertura de ese procedimiento; pues resulta inconcuso que tal acto únicamente depara consecuencias dentro del procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud de tal juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable, más allá de lo meramente procedimental. Por lo que su trámite con base en los medios de prueba desahogados, no participa de la naturaleza material necesaria para generarse el supuesto de procedencia excepcional del amparo indirecto, en tanto que, se insiste, únicamente depara afectaciones a la celeridad o prontitud que debe revestir la controversia penal, pero no genera consecuencias para la persona o bienes del justiciable que trasciendan a las cuestiones meramente procedimentales; de ahí que se concluye que tal acto no es de imposible reparación, en términos del precepto 107, fracción V, de la ley de la materia. A mayor abundamiento, el Pleno del Alto Tribunal considera que dicha interpretación es la más acorde con el propósito al que está llamado a salvaguardar la nueva redacción del citado artículo de la Ley de Amparo, a saber, "evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional"; lo cual no podría cumplimentarse si se estimara la interposición de múltiples juicios de amparo contra actos intraprocesales, lejos de permitir salvaguardar ese derecho, podría traducirse también en una afrenta a la prontitud de la justicia, al retrasar el dictado del fallo definitivo en el juicio ordinario respectivo. Pues como se ha reiterado, la afectación a la celeridad o expedites que en todo caso depare tal actuar jurisdiccional, no tiene sino repercusiones dentro del propio procedimiento -esto es, no trasciende a la persona o bienes del propio gobernado, más allá de lo meramente procedimental-; de ahí que tal acto de autoridad debe concebirse dentro de la regla general consistente en que, los actos dictados dentro de un juicio ordinario no pueden considerarse como de ejecución irreparable, pues no se tratan de conductas autónomas al procedimiento en el que se encuentra el justiciable, sino que se dan justamente dentro del mismo. Por tanto, los derechos sustantivos presentan: a) límites internos de su cobertura en razón, precisamente, de los bienes tutelados; y, b) restricciones necesarias que permitan la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales, configurativos del orden público. Es aplicable a lo antepuesto, la tesis I.13o.A.3 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenida a página 1742, Tomo XIII, Marzo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN». Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, porque la parte quejosa, señala como acto reclamado, la interlocutoria emitida el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, Estado de México, en el expediente 200/2020, que confirma el tener por justificada la inasistencia de la actora al acto procesal en cuestión. Por tanto, porque atento a la naturaleza del acto impugnado, éste no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues la afectación en ese procedimiento para tener por justificada la inasistencia de la actora a la audiencia de la audiencia de conciliación y depuración procesal, será hasta la sentencia que se emita en donde se materialice la afectación a sus derechos fundamentales, siendo consecuencia lógica de la libertad de criterio en el análisis jurídico de que los jueces gozan, atento a sus atribuciones y facultades que la ley les confiere. Así, el acto reclamado en la presente vía, de momento no afecta ninguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el acto impugnado descrito en líneas que anteceden, no afecta materialmente derechos sustantivos de la inconforme, esto es, no hay una consecuencia inmediata a la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal o algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, dado que se alega la conculcación de derechos adjetivos; de ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley en la materia vigente, el juicio de amparo solo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente, cuando no haya afectación material a derechos sustantivos, pues resulta ser un acto dictado en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS». Por tanto, de lo anteriormente señalado, se colige que el acto combatido no causa a la parte solicitante del amparo perjuicios de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial contra actos dentro de juicio, pues para que una violación de derechos procesales se ubique en tal hipótesis es necesario que produzca una afectación en grado predominante o superior. Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, de título siguiente: «EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS». En consecuencia, por notoriamente improcedente, debe desecharse de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado que se atribuye al tribunal responsable, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, página 890, de rubro siguiente: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». Sin que pasen inadvertidos, los diversos criterios sostenidos por Nuestro Máximo Tribunal, en relación con la acepción de actos de imposible reparación, así como los casos de excepción tratándose de los intraprocesales, virtud a que la nueva Ley de Amparo, en el numeral y fracción examinados (107, fracción V), definió qué debe entenderse por actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, y, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la aludida reforma, justificó la vigencia de la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, en la medida que no se oponga a lo proscrito en la nueva Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente del amparo, asimismo, se tienen por autorizadas en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, con todas las facultades que el mismo confiere, a las personas que menciona, siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto del número telefónico que indica, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia, por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · 9,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano