Maria Eugenia Alvarez Zapata

Expediente 1045/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1045/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Alvarez Zapata

Actuaciones

  1. Principal

    En ese orden, por lo que hace a la diversa certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por María Eugenia Álvarez Zapata, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. Formese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 1045/2020-V. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente respecto de la demanda que ahora se intenta, previamente debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará juez de distrito examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Asimismo, el imperativo del artículo 113 de referencia, señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En esas condiciones, una vez analizada en su integridad la demanda, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu lo que trae como consecuencia el que se deba desechar la demanda de amparo que nos ocupa. Así los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" Ahora bien, se dice que se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, porque la promovente, señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO SEÑALADO COMO RECLAMADO.-.la sentencia interlocutoria dictada por la autoridad responsable que resuelve el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa y demandada en el juicio de origen María Eugenia Álvarez Zapata de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, Estado de México, en el expediente 244/2020, juicio ordinario civil (acción plenaria de posesión en el que es la actora Carlota Mata Rivera y demandada María Eugenia Álvarez Zapata Previamente, debe apuntarse que de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; por tanto, es necesario dejar establecido que, por actos que producen imposible reparación, el Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país estableció que debe entenderse como aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable al impetrante, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior; por tanto, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses del promovente, o no siéndolo, mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Precisado lo anterior, cabe asentar que el acto que aquí reclama la solicitante del amparo, de la autoridad responsable, lo hace consistir en la resolución interlocutoria, que recayó en el recurso de revocación, promovido por la ahora quejosa, en contra del proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en el cual el Juez señalado como responsable tuvo por justificada la inasistencia de la parte actora a la audiencia de conciliación y depuración procesal; lo anterior, en los autos del juicio Ordinario Civil, expediente número 244/2020, del índice del Juzgado señalado como responsable; de ahí que el acto reclamado en la presente vía, de momento no afecta ninguno de los derechos fundamentales de la parte promovente consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, no existe afectación alguna a los derechos sustantivos de la promovente que le cause imposible reparación, como lo pretende hacer valer en su demanda de amparo, sino en todo caso hasta el momento que se emitida la sentencia en el juicio original; por tanto, es manifiesto que a tal acto no le reviste la característica de irreparable, pues para que lo anterior suceda, es necesario que la afectación de la que se duele trascienda a los derechos fundamentales del quejoso, tutelados por los derechos humanos como son la vida, la integridad corporal, la propiedad, la posesión, etcétera, para de ahí determinar que dicho acto efectivamente tiene una ejecución de imposible reparación que hace procedente el juicio de amparo; y no simplemente que el aludido acto tenga una consecuencia de carácter procesal como el caso a estudio, sino que es necesario, que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales de la quejosa, para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto; por tanto, mientras la resolución emitida por la responsable, no produzca una afectación de tal naturaleza, como en el caso acontece, no puede ser considerado como de imposible reparación, como lo pretende hacer valer, pues por el hecho de que se haya justificado la inasistencia de la parte actora a la audiencia de conciliación y depuración procesal; tal determinación tiene efectos meramente formales, es decir, no afectan de momento la esfera de los derechos sustantivos de la peticionaria del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2º.C. J/2, Décima Época, visible en la página 1539, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Por ello, este órgano jurisdiccional considera que se trata de violaciones procesales, ya que dicho acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la promovente, consagrado por los derechos humanos que la afecte de un modo irreparable, pues se está frente a violaciones en el procedimiento los cuales pueden reclamables en amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de donde derivan los actos. Dado que, las violaciones que se hubiesen cometido en la resolución impugnada, resultan reclamables en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, en el caso de que en ésta no queden reparadas y toda vez que no se ha dictado dicha sentencia, atendiendo a lo manifestado por la promovente; en virtud de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales, que no podrían ser reparados a través del amparo directo; lo que no ocurre en el caso, ya que se insiste las consecuencias que trae consigo el acto reclamado, sólo producen efectos intraprocesales que de provocar algún perjuicio a la aquí parte quejosa, pueden ser reparados a través de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio natural del que derivan los actos, de ser ésta favorable a los intereses de la quejosa y de no acontecer así, pueden serlo en el juicio de amparo que se interponga contra dicha resolución desfavorable, ya que las afectaciones que sufriera, las puede combatir como violaciones procesales en el juicio de amparo directo que llegare a tramitar contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen, en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la ley de Amparo. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 113, 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, que promueve María Eugenia Álvarez Zapata, por resultar notoriamente improcedente. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." No es inadvertido, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sustenta la anterior consideración el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, Tomo X, Octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda; lo anterior, de conformidad con el numeral 26 de la Ley de Amparo. Por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Víctor Manuel Cedillo Flores, pues comprueba tener registrada su cédula profesional de abogados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y solamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que mencionan, por no contar con dicho registro. Por otra parte, respecto al teléfono celular y correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor.

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