María Etelvina Montero Gonzalez

Expediente 793/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
793/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • María Etelvina Montero Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    III-Por lo expuesto; se,R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Etelvina Montero González, contra los actos y autoridades responsables precisadas en los considerandos segundo, tercero y cuarto, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    III-Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta firmado por la autoridad responsable administradora de gestión judicial del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado, informa que el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, recibió el exhorto número 84/2021 del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Isla Mujeres, Quintana Roo, con el que se le comunicó que el diverso 431/2021 de la estadística del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, fue debidamente diligenciado y cumplimentado. De igual forma, la autoridad oficiante precisa que tanto el exhorto 87/2021 y 431/2021, fueron remitidos para los mismos efectos, es decir, para solicitar que se gire oficio a la fuente laboral de la contraparte de la parte promovente del juicio de amparo en que se actúa, a fin de que sea descontada la pensión alimenticia correspondiente, siendo el exhorto número 431/2021 el único devuelto por la administración de gestión judicial del Juzgado Mixto de Isla Mujeres, Quintana Roo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexo que acompaña, dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Aplica en lo conducente, la tesis Jurisprudencial I.5o.C.2.K, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES.". Notifíquese por lista.

  3. Principal

    III-Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que al rendir su informe justificado la autoridad responsable Administradora de Gestión Judicial del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto que le reclama la quejosa María Etelvina Montero González; sin embargo, informó que en términos de los artículos 104 Bis y 104 Ter, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, el once de febrero y veinticinco de junio de dos mil veintiuno, remitió los exhortos 87/2021 y 431/2021 librados en el expediente 1069/2020 relativo al juicio oral de controversias del orden familiar de alimentos de la estadística del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, a través de correo electrónico institucional a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, los cuales fueron enviados a la Administración de Gestión Judicial del Juzgado Mixto de Isla Mujeres, Quintana Roo, a quien corresponde la ejecución de dichas comunicaciones, toda vez que se ordenó notificar al Comandante de la Quintana Región Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, mismo que se encuentra en la jurisdicción de la referida Administración de Gestión Judicial del Juzgado Mixto de Isla Mujeres, Quintana Roo, por lo que se encuentra imposibilitada en ejecutar el acto materia del reclamo en el juicio de amparo en que actúa. En consecuencia, a fin de resolver lo que en derecho corresponde, con fundamento en los artículos 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad Administradora de Gestión Judicial del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, informe a este órgano jurisdiccional si ya recibió los exhortos 87/2021 y 431/2021 librados en el expediente 1069/2020 relativo al juicio oral de controversias del orden familiar de alimentos de la estadística del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, que remitió a la Administración de Gestión Judicial del Juzgado Mixto de Isla Mujeres, Quintana Roo, remitiendo copias certificadas, legibles y completas de las constancias con las acredite su manifestaciones. Se apercibe a la citada autoridad que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar oportunamente las causas que se lo impidan, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100, moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del dispositivo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J.17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo: V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su desahogo las diez horas con veinticinco minutos del tres de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.

  4. Principal

    III-Visto el contenido de la certificación que antecede y en atención al estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que feneció el término de quince días concedido a la quejosa María Etelvina Montero González, en proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, a fin de que ampliara su demanda respecto a una diversa autoridad responsable, sin que en dicho lapso hubiese realizado manifestación alguna al respecto. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia, por tanto, el presente juicio constitucional se continuará y resolverá únicamente por las autoridades responsables y por los actos reclamados señalados en su escrito inicial de demanda de amparo. Notifíquese por lista.

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