María Esther Escobar Guillen

Expediente 89/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
89/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • María Esther Escobar Guillen

Actuaciones

  1. Principal

    II-Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término de cinco días que se concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciséis de febrero de esa anualidad, a fin de que cumpliera con la prevención ahí impuesta, transcurrió del veinticuatro de febrero al dos de marzo del año en curso, sin que hiciera pronunciamiento alguno. Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el propio acuerdo y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    II-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de once de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado desechó la demanda de amparo, promovida por María Esther Escobar Guillén; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, carátula del presente cuaderno, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Notifíquese.

  3. Principal

    II-Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a María Esther Escobar Guillen, contra los actos que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 89/2022-II-C, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esto es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Ahora bien, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el análisis de los actos reclamados por los gobernados que acuden en demanda de amparo debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda conducente, así como sus anexos, para estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de éstos, así como la situación jurídica que guarda la parte promovente con respecto de tales actos; y una vez hecho lo anterior, determinar válidamente tanto la competencia del órgano de control constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, cabe citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 192097, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 195745, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Así las cosas, la promovente reclama de la autoridad que señaló como responsable, la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Quintana Roo, que declaró infundado el recurso de inconformidad en el expediente CC. QR. 483/2021. Como se adelantó, conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que, como se explicará en párrafos siguientes, el solicitante de amparo no observó el principio de definitividad previo a instar la presente vía constitucional. En efecto, el precepto legal aludido en su fracción invocada dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." En la causal de mérito se prevé el principio de definitividad - tratándose de actos administrativos-, rector del juicio de amparo, esto es, en dicha fracción se impone a la parte quejosa la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que mediante su promoción o interposición sea susceptible de conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, puesto que la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a que tiene acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. En síntesis, el principio de definitividad del juicio de amparo tiene como fin preservar el carácter extraordinario de dicha instancia constitucional, por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, que la parte peticionaria del amparo hubiese agotado los medios de defensa ordinarios antes de acudir al último medio de tutela de derechos humanos. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, de la Novena Época, página 902, registro 187016, que señala: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Expuesto lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el acto reclamado consiste, en síntesis, en la determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Quintana Roo, que declaró infundado el recurso de inconformidad en el expediente CC. QR. 483/2021. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto combatido, se estima oportuno atender en lo conducente al contenido de la tesis jurisprudencial 2ª./J. 129/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 224, de la Novena Época, de registro 168898, cuyos rubro y texto son: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES. Conforme a los artículos 251, fracción XXXIV, de la Ley del Seguro Social, 1, 2, 3, 6, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 29 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí o a través de sus órganos competentes, está facultado para conocer y resolver el recurso de inconformidad establecido en el artículo 294 de la Ley citada, cuyo trámite, disposiciones aplicables, ante quien se interpone, plazo para ello y pruebas que pueden ofrecerse, están previstos en las indicadas disposiciones, en las que se precisa que aquel recurso culminará con la emisión de una resolución no sujeta a regla especial alguna, pero que deberá ocuparse de todos los motivos de impugnación hechos valer por el inconforme, decidir sobre las pretensiones deducidas, analizar las pruebas recabadas, expresar los fundamentos jurídicos en que se apoyen los puntos decisorios y que será ejecutable, características que son propias de los actos de un ente investido de potestad pública cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por ende, emite actos administrativos decisorios identificados como actos de autoridad al crear, modificar o extinguir, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del inconforme, dictados de manera unilateral, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales y sin el consenso de la voluntad del afectado, pues éste solamente interpone el recurso y el organismo público descentralizado lo resuelve con plenitud de atribuciones como medio de control interno de la legalidad de sus propios actos. En ese tenor, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decide el recurso de inconformidad interpuesto contra un acto definitivo mediante el cual niega el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, como lo es la determinación de la instancia de queja administrativa prevista en el artículo 296 de la indicada Ley, regulada por su instructivo respectivo, se origina una relación de naturaleza administrativa de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del Instituto, quien ante él adquiere el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, independientemente de que conforme al principio de definitividad, para acudir a aquél, debiera agotarse previamente otro medio de defensa." Como es de concluirse de las razones contenidas en el criterio citado, al derivar el acto reclamado de un procedimiento administrativo con regulación propia, en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí o través de sus órganos competentes, en este caso el Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Quintana Roo, lo decide con plenitud de atribuciones como medio de control interno de la legalidad de sus propios actos; lo cual, trae consigo que se origine y materialice una relación de supra a subordinación entre las partes, adquiriendo así dicho instituto el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. No obstante ello, de la propia tesis en estudio se obtiene que la procedencia de la presente vía constitucional, se encuentra sujeta al agotamiento del medio de defensa ordinario que proceda en su contra, que en el caso concreto lo es el juicio contencioso administrativo federal. En efecto, respecto a la resolución impugnada, el solicitante de la tutela constitucional, previamente a la promoción de esta vía de amparo, debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, es decir, el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 3°, fracción XII, del ordenamiento jurídico que rige a ese tribunal, ya que a través de dicho medio ordinario de defensa se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado en cita. El precepto legal de mérito, contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone en su fracción indicada: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.)". En ese contexto, si se toma en consideración que el acto reclamado en esta vía consiste en la determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Quintana Roo, que declaró infundado el recurso de inconformidad en el expediente CC. QR. 483/2021; resulta inconcuso que el juicio contencioso administrativo federal es procedente contra dicho acto ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que constituye una resolución que pone fin a una instancia administrativa (recurso de inconformidad). Se afirma lo anterior, ya que el Máximo Tribunal del país, ha sostenido que dicho recurso de inconformidad se encuentra sujeto a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues constituye una instancia administrativa que se tramita y resuelve por un organismo público descentralizado; lo anterior, aun cuando las disposiciones reglamentarias que rigen tal medio de impugnación (Ley del Seguro Social y Reglamento del Recurso de Inconformidad), no dispongan expresamente la supletoriedad de aquel ordenamiento legal. Tal criterio, se encuentra inmerso en la jurisprudencia 2a./J. 38/2020 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 704, de la Décima Época, con número de registro digital 2022204, cuyos rubro y texto son los siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ABROGADA Y 3, FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Criterios discrepantes: Los Tribunales Colegiados analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que mientras que para uno de los Tribunales la resolución recaída al recurso de inconformidad interpuesto en contra de la determinación de la queja administrativa en la que se solicitó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, no es de las contempladas en la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para el otro, el juicio contencioso sí es procedente, al actualizarse el supuesto de la fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es procedente el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución del recurso de inconformidad que define la instancia de queja administrativa, en la que se reclamó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales. Justificación: Lo anterior es así, al considerar que el referido recurso de inconformidad tiene las características propias de los recursos administrativos, en la medida en que en el reglamento correspondiente se prevé un trámite, con la precisión de cuáles son las disposiciones aplicables de manera sustantiva y adjetiva, el órgano ante el que debe interponerse, el plazo para ello, las pruebas que pueden ofrecerse y la oportunidad para desahogarlas, las garantías que deben observarse al tener que emitir la resolución correspondiente y la posibilidad de ejecutarla. Dicha resolución la emite una autoridad administrativa, como lo es el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual es un organismo público descentralizado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; además, la resolución del recurso de inconformidad que define lo resuelto en la instancia de la queja administrativa prevista en el artículo 296 de la Ley del Seguro Social, constituye una resolución definitiva respecto de la cual no procede recurso alguno, según lo previsto en la propia ley y en el Reglamento del Recurso de Inconformidad. Ahora, por disposición de los artículos 1, 2 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser un organismo público descentralizado está sujeto a dicho ordenamiento y, por tanto, debe aplicar, supletoriamente, sus disposiciones en lo no previsto en la Ley del Seguro Social, en el Reglamento para el Trámite y Resolución de las Quejas Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Reglamento del Recurso de Inconformidad, con respecto al trámite y resolución de la queja administrativa y del propio recurso de inconformidad. Así las cosas, aunque las referidas disposiciones legales y administrativas de carácter general no dispongan expresamente la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no significa que la resolución del recurso de inconformidad no se emita en los términos de dicho ordenamiento, sino por el contrario, por mandato legal debe entenderse que también se pronuncia en sus términos, en cuanto a lo no previsto en las normas generales especiales." Como es de observarse, el criterio jurisprudencial en cita resulta aplicable al caso concreto, por identidad de razón, ya que la razón jurídica sustancial que subyace del mismo es la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de manera supletoria, a los expedientes tramitados con motivo de los recursos de inconformidad que conoce y resuelve el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que da lugar a estimar aplicable, para efectos de impugnación, lo dispuesto en la precitada fracción XII del artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la cual, como ya se vio, son reclamables a través del juicio contencioso administrativo federal las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la mencionada Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso administrativo federal es procedente contra las resoluciones que pongan fin a los procedimientos, instancias o expedientes administrativos, como sucede en el caso, entonces es claro que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Aunado a lo anterior, es menester indicar que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que rige los juicios contenciosos que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, de tal forma que resultaba obligatorio para el quejoso agotar dicho medio de defensa previo a acudir al presente juicio de control constitucional. Para ilustrar estas consideraciones, resulta conveniente invocar la Jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194 de Décima Época, con número de registro 2011289, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." En conclusión, si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa, previamente a promover esta instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso administrativo federal de que se habla, para así observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Lo anterior, máxime que tampoco se actualiza en la especie alguno de los diversos supuestos de excepción contenidos en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cesar Cervera Paniagua, toda vez que obra registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece y a las diversas personas que menciona únicamente para los efectos expresamente señalados en el referido escrito de demanda. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción, estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    II.- En esta fecha se notifica mediante lista de acuerdos a la parte quejosa María Esther Escobar Guillén el auto de fecha once de febrero del año en curso, que en lo conducente dice: "Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a María Esther Escobar Guillen, contra los actos que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 89/2022-II-C, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo1, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esto es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Ahora bien, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el análisis de los actos por los gobernados que acuden en demanda de amparo debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda conducente, así como sus anexos, para estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de éstos, así como la situación jurídica que guarda la parte promovente con respecto de tales actos; y una vez hecho lo anterior, determinar válidamente tanto la competencia del órgano de control constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, cabe citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 192097, que dice lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 195745, de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Así las cosas, la promovente reclama de la autoridad que señaló como responsable, la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Quintana Roo, que declaró infundado el recurso de inconformidad en el expediente CC. QR. 483/2021. Como se adelantó, conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que, como se explicará en párrafos siguientes, el solicitante de amparo no observó el principio de definitividad previo a instar la presente vía constitucional. En efecto, el precepto legal aludido en su fracción invocada dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." En la causal de mérito se prevé el principio de definitividad - tratándose de actos administrativos-, rector del juicio de amparo, esto es, en dicha fracción se impone a la parte quejosa la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que mediante su promoción o interposición sea susceptible de conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, puesto que la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a que tiene acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. En síntesis, el principio de definitividad del juicio de amparo tiene como fin preservar el carácter extraordinario de dicha instancia constitucional, por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, que la parte peticionaria del amparo hubiese agotado los medios de defensa ordinarios antes de acudir al último medio de tutela de derechos humanos. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, de la Novena Época, página 902, registro 187016, que señala: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Expuesto lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el acto reclamado consiste, en síntesis, en la determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Quintana Roo, que declaró infundado el recurso de inconformidad en el expediente CC. QR. 483/2021. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto combatido, se estima oportuno atender en lo conducente al contenido de la tesis jurisprudencial 2ª./J. 129/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 224, de la Novena Época, de registro 168898, cuyos rubro y texto son: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES. Como es de concluirse de las razones contenidas en el criterio citado, al derivar el acto reclamado de un procedimiento administrativo con regulación propia, en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí o través de sus órganos competentes, en este caso el Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Quintana Roo, lo decide con plenitud de atribuciones como medio de control interno de la legalidad de sus propios actos; lo cual, trae consigo que se origine y materialice una relación de supra a subordinación entre las partes, adquiriendo así dicho instituto el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. No obstante ello, de la propia tesis en estudio se obtiene que la procedencia de la presente vía constitucional, se encuentra sujeta al agotamiento del medio de defensa ordinario que proceda en su contra, que en el caso concreto lo es el juicio contencioso administrativo federal. En efecto, respecto a la resolución impugnada, el solicitante de la tutela constitucional, previamente a la promoción de esta vía de amparo, debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, es decir, el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 3°, fracción XII, del ordenamiento jurídico que rige a ese tribunal, ya que a través de dicho medio ordinario de defensa se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado en cita. El precepto legal de mérito, contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone en su fracción indicada: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.)". En ese contexto, si se toma en consideración que el acto reclamado en esta vía consiste en la determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Quintana Roo, que declaró infundado el recurso de inconformidad en el expediente CC. QR. 483/2021; resulta inconcuso que el juicio contencioso administrativo federal es procedente contra dicho acto ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que constituye una resolución que pone fin a una instancia administrativa (recurso de inconformidad). Se afirma lo anterior, ya que el Máximo Tribunal del país, ha sostenido que dicho recurso de inconformidad se encuentra sujeto a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues constituye una instancia administrativa que se tramita y resuelve por un organismo público descentralizado; lo anterior, aun cuando las disposiciones reglamentarias que rigen tal medio de impugnación (Ley del Seguro Social y Reglamento del Recurso de Inconformidad), no dispongan expresamente la supletoriedad de aquel ordenamiento legal. Tal criterio, se encuentra inmerso en la jurisprudencia2a./J. 38/2020 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 704, de la Décima Época, con número de registro digital 2022204, cuyos rubro y texto son los siguientes: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ABROGADA Y 3, FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Criterios discrepantes: Los Tribunales Colegiados analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que mientras que para uno de los Tribunales la resolución recaída al recurso de inconformidad interpuesto en contra de la determinación de la queja administrativa en la que se solicitó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, no es de las contempladas en la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para el otro, el juicio contencioso sí es procedente, al actualizarse el supuesto de la fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es procedente el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución del recurso de inconformidad que define la instancia de queja administrativa, en la que se reclamó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales. Justificación: Lo anterior es así, al considerar que el referido recurso de inconformidad tiene las características propias de los recursos administrativos, en la medida en que en el reglamento correspondiente se prevé un trámite, con la precisión de cuáles son las disposiciones aplicables de manera sustantiva y adjetiva, el órgano ante el que debe interponerse, el plazo para ello, las pruebas que pueden ofrecerse y la oportunidad para desahogarlas, las garantías que deben observarse al tener que emitir la resolución correspondiente y la posibilidad de ejecutarla. Dicha resolución la emite una autoridad administrativa, como lo es el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual es un organismo público descentralizado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; además, la resolución del recurso de inconformidad que define lo resuelto en la instancia de la queja administrativa prevista en el artículo 296 de la Ley del Seguro Social, constituye una resolución definitiva respecto de la cual no procede recurso alguno, según lo previsto en la propia ley y en el Reglamento del Recurso de Inconformidad. Ahora, por disposición de los artículos 1, 2 y 15- A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser un organismo público descentralizado está sujeto a dicho ordenamiento y, por tanto, debe aplicar, supletoriamente, sus disposiciones en lo no previsto en la Ley del Seguro Social, en el Reglamento para el Trámite y Resolución de las Quejas Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Reglamento del Recurso de Inconformidad, con respecto al trámite y resolución de la queja administrativa y del propio recurso de inconformidad. Así las cosas, aunque las referidas disposiciones legales y administrativas de carácter general no dispongan expresamente la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no significa que la resolución del recurso de inconformidad no se emita en los términos de dicho ordenamiento, sino por el contrario, por mandato legal debe entenderse que también se pronuncia en sus términos, en cuanto a lo no previsto en las normas generales especiales." Como es de observarse, el criterio jurisprudencial en cita resulta aplicable al caso concreto, por identidad de razón, ya que la razón jurídica sustancial que subyace del mismo es la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de manera supletoria, a los expedientes tramitados con motivo de los recursos de inconformidad que conoce y resuelve el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que da lugar a estimar aplicable, para efectos de impugnación, lo dispuesto en la precitada fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la cual, como ya se vio, son reclamables a través del juicio contencioso administrativo federal las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la mencionada Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso administrativo federal es procedente contra las resoluciones que pongan fin a los procedimientos, instancias o expedientes administrativos, como sucede en el caso, entonces es claro que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Aunado a lo anterior, es menester indicar que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que rige los juicios contenciosos que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, de tal forma que resultaba obligatorio para el quejoso agotar dicho medio de defensa previo a acudir al presente juicio de control constitucional. Para ilustrar estas consideraciones, resulta conveniente invocar la Jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194 de Décima Época, con número de registro 2011289, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." En conclusión, si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa, previamente a promover esta instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso administrativo federal de que se habla, para así observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Lo anterior, máxime que tampoco se actualiza en la especie alguno de los diversos supuestos de excepción contenidos en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cesar Cervera Paniagua, toda vez que obra registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece y a las diversas personas que menciona únicamente para los efectos expresamente señalados en el referido escrito de demanda. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción, estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente."

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