María Esther Olguín Zavalza
Expediente 2529/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2529/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2019
Partes del expediente
- María Esther Olguín Zavalza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de seis de diciembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio que remitió la Delegada de la autoridad responsable Fiscalía del Estado de Jalisco, al cual acompañó copia certificada de diversas constancias para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, el diez de diciembre de dos mil diecinueve se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable, a lo cual, por escrito de dieciséis de diciembre pasado hizo diversas alegaciones. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia terminada de engrosar el treinta de abril de dos mil quince, haciéndose consistir en que las autoridades responsables, a través de las dependencias correspondientes, paguen al solicitante del amparo la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación jurídica en comento. Sentencia que fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al dictar ejecutoria en el amparo en revisión 389/2015 de su índice, el veintisiete de agosto de dos mil quince. Por lo que en acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió a las autoridades responsables a fin de que dieran cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que las autoridades responsables pagaron la indemnización respectiva a la parte quejosa correspondiente a las prestaciones y al puesto que desempeñaba al momento de la terminación jurídica. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión las manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa en el sentido de que no se encuentra conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que las autoridades responsables no realizaron la actualización de la cantidad a pagar por concepto de indemnización; sin embargo, no le asiste la razón al aludido autorizado, dado que las autoridades responsables acreditaron las diversas gestiones realizadas a fin de realizar el pago a la parte quejosa, sin existir dolo o mala fe o inactividad por parte de éstas, toda vez que en el proceso llevado a cabo con el fin de cubrir la prestación reclamada, las autoridades se encontraron en la imposibilidad de acelerar los trámites requeridos a fin de lograr el pago de la indemnización. Asimismo, dicha prestación se realizó dentro del plazo señalado en la resolución que dilucidó la queja 240/2019 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dictó lo siguiente: "(.) para lo cual deberá otorga un término oportuno, por lo menos, superior a tres días, en el entendido de que la autoridad deberá justificar, en su caso, el retardo en el cumplimiento (.)" Por tanto, toda vez que la autoridad sí justificó el por qué del retardo en el cumplimiento e hizo el pago en el plazo mencionado, no existe inconveniente en declararse por cumplida; máxime que en el auto de treinta de agosto último se estimó que el plazo para cumplir la ejecutoria sería de quince días a partir de la última actualización, lo anterior en acatamiento a dicha ejecutoria. Finalmente, en la resolución de once de octubre del año en curso en la que se actualizó nuevamente el importe a pagar, se concedió un plazo de quince días a partir de la última actualización, en tanto que la cantidad a pagar por la prestación supradicha se actualizó finalmente hasta el catorce de noviembre del presente año, por lo que el plazo de quince días hábiles a fin de que cubriera dicha prestación, transcurrió del quince de noviembre al nueve de diciembre del año en curso, sin contar los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintitrés, veinticuatro y treinta de noviembre, así como uno, siete y ocho del presente mes y año por ser inhábiles; mientras que la entrega del pago se efectuó el cuatro de diciembre pasado; por tanto, el plazo que medió entre dichas fechas es de doce días, denotando que el pago se hizo dentro del plazo señalado en la resolución citada. En tanto que no es factible actualizar hasta esa fecha, pues como lo dilucidó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la queja 240/2019 de su índice: "De estimar lo contario, conllevaría una interminable tramitación de incidentes, recursos de queja e inconformidades; así como la actualización injustificada de las cantidades a pagar al quejoso, en perjuicio del Estado, ante la posibilidad, en su caso, de que las autoridades administrativas no cumplan oportunamente con la ejecutoria de amparo, por causas ajenas a su voluntad" Deviniendo en que la ejecutoria ha quedado cumplida al haber cubierto la última actualización dentro del plazo otorgado por este Juzgado de Distrito, lo que a su vez se hizo en acatamiento a la ejecutoria de la Superioridad.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y escalafón del Estado de Jalisco, por el que en atención al requerimiento formulado en el proveído de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, remite copias certificadas de las constancias que obran en el expediente 02/2001, de su índice. En consecuencia; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, se tiene por cumplida la aludida recuesta y se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Por otra parte, con los legajos de copias certificadas que acompaña, se ordena formar el Tomo I, II, III, IV, V y VI del cuaderno de pruebas.
- Principal
Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 109 a 113), en la que se sobreseyó el amparo solicitado por la parte quejosa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
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