Maria Esther Anaya Ramos
Expediente 2683/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2683/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2019
Partes del expediente
- Maria Esther Anaya Ramos
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito signado el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, por el que promueve RECURSO DE QUEJA y expresa agravios en contra del auto de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual se desechó de plano la demanda de garantías; al respecto, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 155 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo el recurso de queja, a cuyo efecto, remítanse los presentes autos, el original y copia del escrito por el que se expresan agravios, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno, conforme al numeral 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación del recurso que se hace valer, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea el caso actuar conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón de que no existen más partes a las cuales notificar de la interposición del recurso hecho valer.
- Principal
Visto el oficio de la Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en representación de esa Secretaría, al que acompaña copia certificada del oficio del que se aprecia solicitó al Director de Gastos de Operación y de Obra, realice los trámites relativos a la devolución a favor del quejoso; por tanto, téngase a la autoridad obligada en vías de cumplimiento del fallo protector. Sin que se esté en condiciones de requerir nuevamente a la autoridad obligada el cumplimiento de la ejecutoria, en razón de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en auto de dieciséis de diciembre pasado, en el entendido de que continúa vigente el apercibimiento decretado en proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se acordó lo siguiente: Vista la demanda de amparo electrónica promovida por la quejosa, contra actos de autoridad; fórmese expediente, visto su contenido, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. Efectivamente, se concluye que opera lo previsto en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de la Materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". En efecto, el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, la causal invocada tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo; se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso se reclama de la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco en autos del juicio laboral 399/2017-I, de su índice, lo siguiente: "(.) LA FALTA DE DICTAR EL LAUDO DESDE EL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2019". Ahora bien, en el juicio de amparo 634/2019 del índice de este Juzgado, MARÍA ESTHER ANAYA RAMOS, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, de quien reclamó: "(.) la abstención de dictar laudo". Asimismo, en sentencia de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se resolvió dicho sumario en los siguientes términos: "En consecuencia, con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Amparo, procede CONCEDER el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta responsable, de no existir impedimento legal alguno, de inmediato emita laudo en el juicio laboral 399/2017. 1. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MARÍA ESTHER ANAYA RAMOS, contra el acto de autoridad reclamado para los efectos indicados en el último considerando del presente fallo por las razones ahí expuestas". Determinación que causo ejecutoria el dieciocho de septiembre del año en curso y que se tuvo por cumplida la sentencia en acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve. Asimismo, se ordena certificar y glosar a los presentes autos, el escrito inicial de demanda y sentencia relativo al juicio de amparo indirecto 634/2019 del índice de este Juzgado de Distrito que fue tomada en consideración para emitir el presente proveído, dado que es menester obren en actuaciones toda invocación de un hecho notorio, pues lo que para este Juzgado de Distrito constituye un hecho notorio, no necesariamente lo es para los órganos revisores, los cuales necesitan imponerse de ellas para para los efecto legales conducentes. En tales condiciones, no es dable que este Juzgado Federal se pronuncie nuevamente respecto de un acto que ya fue reclamado con anterioridad en la vía constitucional. Máxime que como se advierte del propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el sumario en mención se encuentra archivado. De esa guisa, el promovente tiene expedito su derecho a fin de hacer valer lo conducente en dicho expediente conforme lo prevé el numeral 196 de la Ley de Amparo en caso de que considere que no se han colmado los efectos protectores del fallo dictado en su favor. O bien, en todo caso hacer valer el medio de defensa pertinente en caso de que este órgano jurisdiccional considere cumplida la ejecutoria de amparo en dicho sumario. Por lo que, atención a la consideraciones expuestas, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo Se tiene como autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quien indica, por así haberlo solicitado el promovente y en razón de que el presente asunto es materia laboral, y la parte quejosa es el trabajador actor, por lo que no requiere contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Luego, respecto a la solicitud del uso de medios electrónicos y digitales en el presente asunto, dígasele que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el juicio de amparo se impongan del contenido de los acuerdos dictados en el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras o lectores ópticos, dejando constancia en autos de la reproducción realizada. Dígasele al promovente que el uso que den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007), y del Acuerdo General del propio Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, hágase saber a las partes que sus datos personales se harán del conocimiento de terceros, pero podrán oponerse en los términos, plazos y condiciones establecidos en esos ordenamientos.
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