Maria Esther Diaz Perez
Expediente 314/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Maria Esther Diaz Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circular número 18, de treinta de junio del año en curso, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, determinó cerrar el Juzgado Sexto de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz, a partir del uno de julio del presente año; y que los juicios que se encontraban radicados en el citado Juzgado, así como la documentación correspondiente a dicho órgano jurisdiccional se distribuirán al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz. Por tanto, se tiene como autoridad sustituta al Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído el presente juicio de amparo.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 314/2021, promovido por ., contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta Ciudad y otras autoridades, que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta Ciudad, . acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y otras autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. Ordenadoras. 1. Consejo Técnico del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. 2. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta Ciudad 3. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Xalapa, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS: 1. Del Consejo Técnico del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, autorizar al juzgado de primera instancia que fije términos en días naturales para las partes contendientes, sin que dicho juzgado esté sometido a dicha regla. 2. Del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz la abierta dilación del procedimiento y su paralización, en los autos del juicio . dado que no hay una sentencia donde se resuelva la situación jurídica del quejoso; ni se ha enviado el oficio reiterativo acordado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 3. Del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Xalapa, Veracruz, la omisión de realizar la diligencia contenida en el exhorto . deducido del juicio ., del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz. SEGUNDO. Prevención y admisión. Por auto de quince de abril de dos mil veintiuno, este juzgado, a quien tocó conocer el asunto, previno a la parte quejosa para que precisara el nombre correcto de la autoridad responsable que denominó como Consejo Técnico Integrado por Magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, el juicio se tramitaría únicamente con las demás autoridades señaladas como responsables. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, por lo que únicamente se tuvo como autoridades al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz y 2. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Xalapa, Veracruz, de quienes reclamó, respectivamente, la abierta dilación del procedimiento y su paralización, en los autos del juicio . dado que, indicó, no hay una sentencia donde se resuelva su situación jurídica, ni se ha enviado el oficio reiterativo acordado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno; y la omisión de realizar la diligencia contenida en el exhorto . deducido del juicio ., del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz. Asimismo, en dicho auto se admitió la demanda de amparo, solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a los terceros interesados y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento. El tres de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazado al tercero interesado Oficial Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Local de esta Ciudad; y por auto de diez de ese mes se tuvo por emplazadas a las terceros, interesadas Notaria Pública Número Quince Andrea Guzmán López de Vera y Notaria Público número Nueve, Liliana Reyes Gómez. Posteriormente, en proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazada a la tercero interesada María Judith Vela Ramírez. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se celebró en sus dos primeras etapas, al tenor del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se reclaman actos omisivos carentes de ejecución material y la demanda fue presentada dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que consisten en: 1. Del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Xalapa, Veracruz: La omisión a realizar la diligencia contenida en el exhorto . deducido del juicio . del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz. 2. Del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz: a) La abierta dilación del procedimiento y su paralización, en los autos del juicio . al no haberse enviado el oficio reiterativo acordado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. b) La abierta dilación en el juicio . dado que no se ha dictado sentencia en dicho juicio. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de los jueces responsables, así lo manifestaron al rendir sus informes con justificación. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del juicio ordinario civil ., que remitieron como apoyo de sus informes. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley, con las que se formaron dos tomos de pruebas. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En cuanto a los actos reclamados consistentes en la omisión de enviar el oficio reiterativo acordado en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, para conocer el estado del exhorto ., deducido del juicio . del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz; y la omisión de llevar a cabo la diligencia contenida en dicho exhorto ., se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto en cita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y esta circunstancia se justifica, porque es innecesario analizar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, en la esfera jurídica del gobernado, por haber desaparecido el motivo que, concreta y específicamente, originó el ejercicio de la acción de amparo. En el caso, se reitera, . señaló como actos reclamados, en esencia, la omisión del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, de enviar oficio reiterativo acordado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, a fin de que se desahogara el exhorto . deducido del juicio . de su índice; y del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Xalapa, Veracruz, la omisión de llevar a cabo la diligencia contenida en dicho exhorto . ello con el fin de emplazar a la parte demandada, Jefe del Departamento del Registro Público de la Propiedad de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz. Sin embargo, posterior a la presentación de la demanda de amparo, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Xalapa, Veracruz, remitió las constancias deducidas del cuadernillo del exhorto número ., formado con motivo del diverso exhorto . del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, para emplazar a la parte demandada, Jefe del Departamento del Registro Público de la Propiedad de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz; y por autos de catorce de enero de dos mil veinte y veintinueve de abril de dos mil veintiuno, devolvió sin diligenciar dicho exhorto a su lugar de origen, porque fue remitido en copia simple. Por tanto, se demostró que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por actos propios, la autoridad responsable exhortada destruyó de manera total e incondicional los actos reclamados, pues aunque el exhorto se devolvió sin diligenciar, se expusieron las razones por las que no se llevó a cabo la diligencia encomendada; y esa actuación hace innecesario analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, así como de la reiteración para su diligenciación, pues quedó resarcida la omisión como si se hubiera concedido el amparo, al exponerse la imposibilidad para realizar la diligencia encomendada, con lo que cesaron las omisiones impugnadas. Cobra aplicación la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice de 2011, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo que respecta al acto reclamado atribuido al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, consistente en la abierta dilación del procedimiento y su paralización, en los autos del juicio ., dado que no hay una sentencia donde se resuelva su situación jurídica; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de la Ley de Amparo vigente, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De tales disposiciones normativas deriva que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, interpretado en sentido contrario, de dicho precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente si se controvierten actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea irreparable. En ese entendido, como se adelantó, en el caso el acto reclamado consiste en la omisión de dictar sentencia dentro del juicio. Al respecto es necesario tener presente el contenido del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que prevé el plazo que tiene la responsable para dictar la sentencia correspondiente, que dice: "Artículo 60. Las sentencias se dictarán al concluir la audiencia de pruebas y alegatos o dentro de los diez días siguientes. Tratándose de expedientes de doscientas fojas en adelante, el término será hasta de quince días. En caso de incumplimiento injustificado, el Juez se hará acreedor a la sanción prevista en el artículo 40." Del precepto anterior se obtiene que para dictar sentencia se debe concluir con el periodo de pruebas y alegatos; y dentro del plazo de diez días siguientes se dictara la misma. Por ende, si de las constancias remitidas por el juez responsable se advierte que aún no se ha llevado a cabo el periodo probatorio ni el de alegatos, al no estar emplazadas todas las partes; entonces, es evidente que cuando se promovió la demanda de amparo no habían transcurrido los diez días que prevé el citado artículo 60, para el dictado de la sentencia; y no se advierten elementos objetivos de que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Atento a lo expuesto, se evidencia que el efecto jurídico que produce el acto que se reclama del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta Ciudad, consistente en la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro del juicio civil 655/2019, en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en cuyo asunto aún no se emplazan a todas las partes, es meramente de carácter intraprocesal, pues sus efectos o consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos del gobernado, tutelados en la Carta Magna, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dado que incide únicamente en la tramitación del citado juicio, lo cual sólo podría ocasionar una afectación a sus derechos adjetivos o procesales de defensa reparable por la autoridad resolutora al emitir resolución favorable, ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica del promovente. Se invoca como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 1086, libro 30, tomo II, correspondiente al mes de mayo de dos mil . dieciséis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En esas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia antes citadas, se sobresee en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, no se atenderán los conceptos de violación formulados, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el Tomo VI, página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica textualmente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 314/2021, promovido por ., contra actos de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Publíquese esta sentencia en términos del considerando último de esta sentencia.
- Principal
NO ATENDIO AVISO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR LISTA LA SENTENCIA DE 22/11/2021 QUE EN SINTESIS DICE:Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 314/2021, promovido por ., contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta Ciudad y otras autoridades, que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta Ciudad, . acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y otras autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. Ordenadoras. 1. Consejo Técnico del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. 2. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta Ciudad 3. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Xalapa, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS: 1. Del Consejo Técnico del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, autorizar al juzgado de primera instancia que fije términos en días naturales para las partes contendientes, sin que dicho juzgado esté sometido a dicha regla. 2. Del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz la abierta dilación del procedimiento y su paralización, en los autos del juicio . dado que no hay una sentencia donde se resuelva la situación jurídica del quejoso; ni se ha enviado el oficio reiterativo acordado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 3. Del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Xalapa, Veracruz, la omisión de realizar la diligencia contenida en el exhorto . deducido del juicio ., del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz. SEGUNDO. Prevención y admisión. Por auto de quince de abril de dos mil veintiuno, este juzgado, a quien tocó conocer el asunto, previno a la parte quejosa para que precisara el nombre correcto de la autoridad responsable que denominó como Consejo Técnico Integrado por Magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, el juicio se tramitaría únicamente con las demás autoridades señaladas como responsables. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, por lo que únicamente se tuvo como autoridades al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz y 2. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Xalapa, Veracruz, de quienes reclamó, respectivamente, la abierta dilación del procedimiento y su paralización, en los autos del juicio . dado que, indicó, no hay una sentencia donde se resuelva su situación jurídica, ni se ha enviado el oficio reiterativo acordado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno; y la omisión de realizar la diligencia contenida en el exhorto . deducido del juicio ., del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz. Asimismo, en dicho auto se admitió la demanda de amparo, solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a los terceros interesados y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento. El tres de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazado al tercero interesado Oficial Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Local de esta Ciudad; y por auto de diez de ese mes se tuvo por emplazadas a las terceros, interesadas Notaria Pública Número Quince Andrea Guzmán López de Vera y Notaria Público número Nueve, Liliana Reyes Gómez. Posteriormente, en proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazada a la tercero interesada María Judith Vela Ramírez. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se celebró en sus dos primeras etapas, al tenor del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se reclaman actos omisivos carentes de ejecución material y la demanda fue presentada dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que consisten en: 1. Del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Xalapa, Veracruz: La omisión a realizar la diligencia contenida en el exhorto . deducido del juicio . del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz. 2. Del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz: a) La abierta dilación del procedimiento y su paralización, en los autos del juicio . al no haberse enviado el oficio reiterativo acordado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. b) La abierta dilación en el juicio . dado que no se ha dictado sentencia en dicho juicio. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de los jueces responsables, así lo manifestaron al rendir sus informes con justificación. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del juicio ordinario civil ., que remitieron como apoyo de sus informes. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley, con las que se formaron dos tomos de pruebas. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En cuanto a los actos reclamados consistentes en la omisión de enviar el oficio reiterativo acordado en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, para conocer el estado del exhorto ., deducido del juicio . del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz; y la omisión de llevar a cabo la diligencia contenida en dicho exhorto ., se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto en cita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y esta circunstancia se justifica, porque es innecesario analizar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, en la esfera jurídica del gobernado, por haber desaparecido el motivo que, concreta y específicamente, originó el ejercicio de la acción de amparo. En el caso, se reitera, . señaló como actos reclamados, en esencia, la omisión del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, de enviar oficio reiterativo acordado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, a fin de que se desahogara el exhorto . deducido del juicio . de su índice; y del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Xalapa, Veracruz, la omisión de llevar a cabo la diligencia contenida en dicho exhorto . ello con el fin de emplazar a la parte demandada, Jefe del Departamento del Registro Público de la Propiedad de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz. Sin embargo, posterior a la presentación de la demanda de amparo, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Xalapa, Veracruz, remitió las constancias deducidas del cuadernillo del exhorto número ., formado con motivo del diverso exhorto . del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, para emplazar a la parte demandada, Jefe del Departamento del Registro Público de la Propiedad de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz; y por autos de catorce de enero de dos mil veinte y veintinueve de abril de dos mil veintiuno, devolvió sin diligenciar dicho exhorto a su lugar de origen, porque fue remitido en copia simple. Por tanto, se demostró que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por actos propios, la autoridad responsable exhortada destruyó de manera total e incondicional los actos reclamados, pues aunque el exhorto se devolvió sin diligenciar, se expusieron las razones por las que no se llevó a cabo la diligencia encomendada; y esa actuación hace innecesario analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, así como de la reiteración para su diligenciación, pues quedó resarcida la omisión como si se hubiera concedido el amparo, al exponerse la imposibilidad para realizar la diligencia encomendada, con lo que cesaron las omisiones impugnadas. Cobra aplicación la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice de 2011, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo que respecta al acto reclamado atribuido al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, consistente en la abierta dilación del procedimiento y su paralización, en los autos del juicio ., dado que no hay una sentencia donde se resuelva su situación jurídica; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de la Ley de Amparo vigente, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De tales disposiciones normativas deriva que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, interpretado en sentido contrario, de dicho precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente si se controvierten actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea irreparable. En ese entendido, como se adelantó, en el caso el acto reclamado consiste en la omisión de dictar sentencia dentro del juicio. Al respecto es necesario tener presente el contenido del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que prevé el plazo que tiene la responsable para dictar la sentencia correspondiente, que dice: "Artículo 60. Las sentencias se dictarán al concluir la audiencia de pruebas y alegatos o dentro de los diez días siguientes. Tratándose de expedientes de doscientas fojas en adelante, el término será hasta de quince días. En caso de incumplimiento injustificado, el Juez se hará acreedor a la sanción prevista en el artículo 40." Del precepto anterior se obtiene que para dictar sentencia se debe concluir con el periodo de pruebas y alegatos; y dentro del plazo de diez días siguientes se dictara la misma. Por ende, si de las constancias remitidas por el juez responsable se advierte que aún no se ha llevado a cabo el periodo probatorio ni el de alegatos, al no estar emplazadas todas las partes; entonces, es evidente que cuando se promovió la demanda de amparo no habían transcurrido los diez días que prevé el citado artículo 60, para el dictado de la sentencia; y no se advierten elementos objetivos de que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Atento a lo expuesto, se evidencia que el efecto jurídico que produce el acto que se reclama del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta Ciudad, consistente en la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro del juicio civil 655/2019, en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en cuyo asunto aún no se emplazan a todas las partes, es meramente de carácter intraprocesal, pues sus efectos o consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos del gobernado, tutelados en la Carta Magna, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dado que incide únicamente en la tramitación del citado juicio, lo cual sólo podría ocasionar una afectación a sus derechos adjetivos o procesales de defensa reparable por la autoridad resolutora al emitir resolución favorable, ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica del promovente. Se invoca como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 1086, libro 30, tomo II, correspondiente al mes de mayo de dos mil . dieciséis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En esas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia antes citadas, se sobresee en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, no se atenderán los conceptos de violación formulados, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el Tomo VI, página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica textualmente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 314/2021, promovido por ., contra actos de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Publíquese esta sentencia en términos del considerando último de esta sentencia.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el informe justificado rendido por el 2. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Xalapa, Veracruz, con un anexo, y dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal de autos, se advierte que en acuerdo de veintiocho de abril del presente año, se reservó proveer respecto del señalamiento del tercero interesado 5) Jefe del Departamento del Registro Público de la Propiedad de Inspección y Archivo de Notaría del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, hasta en tanto obraran en autos los informes justificados de las autoridades responsables, lo cual ya aconteció; por tanto, se provee: En cuanto al señalamiento de 5) Jefe del Departamento del Registro Público de la Propiedad de Inspección y Archivo de Notaría del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, como tercero interesado, no es procedente tenerlo con tal carácter, toda vez que no ha sido emplazado al juicio de origen; consecuentemente, no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 67/2009 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, mayo de dos mil nueve, Novena Época, página doscientos sesenta y cinco, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que a la fecha ha fenecido el término de tres días que se le concedió a la tercera interesada *************, para que señalara domicilio donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Córdoba, Veracruz; ello en razón que el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, le fue notificado el cuatro de junio del año en curso; por lo que dicha notificación surtió efectos el siete del presente mes y año, y transcurrió el plazo del ocho al diez de junio del presente año; sin que haya dado cumplimiento a dicho requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y se ordena notificar este auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Córdoba, Veracruz.
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