María Estela Pérez López
Expediente 561/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Estela Pérez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el dos de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Córdoba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el dos de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Córdoba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Córdoba, Veracruz, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 561/2020 promovido por ., .secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Enseguida el secretario da cuenta a la Jueza de Distrito, el escrito signado por la quejosa . sin copia y sin anexos, a través del cual solicita se le expida copia certificada del informe justificado rendido por la autoridad responsable y del tomo de pruebas, así como de la presente determinación. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su segundo precepto, se autoriza la expedición a su costa de las copias certificadas que solicita, previa razón que de su recibo otorgue en autos para debida constancia. En el entendido de que, dado el volumen de las copias solicitadas, su expedición y entrega se llevará a cabo una vez que reanuden las actividades del juzgado de manera normal, pues con base en el Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente por el periodo del tres de agosto de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, el personal del juzgado sólo labora de manera física seis horas, está restringida la entrada y salida del personal y los justiciables únicamente tienen acceso al juzgado mediante citas generadas por el sistema QR, por el tiempo establecido. De igual modo, a fin de evitar la concentración de personas y atendiendo a los protocolos sanitarios respectivos, no resulta pertinente que las constancias solicitadas sean entregadas previa cita generada por el sistema QR, pues ello es contrario a las medidas tomadas con motivo de la propagación del virus denominado Covid-19, esto es porque el proceso de expedición de copias certificadas implica que el personal de este órgano jurisdiccional tenga que salir de las instalaciones de este juzgado de distrito y se encuentre en contacto con diversas personas para efecto de reproducir las actuaciones que integran el juicio en que se actúa. Por otro lado, no se ordena la expedición de dichas constancias vía electrónica, toda vez que debe realizarse en formato de documento portátil (PDF) y dado el volumen de las mismas ello es imposible. Lo anterior, debido a que un archivo enviado en dicho formato vía correo electrónico no puede superar los veinticinco megabytes (25 MB), lo que a su vez equivale a poco más de cien páginas, dependiendo del tipo de constancia escaneada, es decir, si cuenta con imágenes, gráficos, etcétera, y las copias que solicita del tomo de pruebas, equivalen a más de cien fojas; sin embargo, se autoriza la expedición del informe justificado rendido por el junta responsable y de la presente determinación, los cuales serán remitidos a la promovente, al correo electrónico que proporcionó en autos; lo anterior, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020. A continuación, el secretario relaciona las constancias que obran en el expediente: escrito de demanda de amparo presentado por .; y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Por otra parte, el secretario hace constar que la tercera interesada, ., fue debidamente emplazada a juicio el catorce de enero del año en curso. Acto seguido, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el periodo probatorio: El Secretario da cuenta con la constancias remitidas por el Juez y por el Actuario, ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Decimocuarto Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz; sin que la demás partes exhibieran prueba alguna. Acto continuo, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la documental relacionada, dada su especial naturaleza; luego al no haber más pruebas que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos: El secretario hace constar que la partes quejosa, tercero interesada y el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, no formularon alegatos en el juicio en que se actúa, por lo que no hicieron uso del derecho concedido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, la Jueza acuerda: Al no existir alegatos formulados por las partes, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo anterior se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia. Vistos, para dictar sentencia, en los autos del juicio de amparo número 561/2020, promovido por ., contra los actos reclamados del 1. Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, que consideró violatorio en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz. 2. Actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Córdoba, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS: "(.) A).- DEL C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CON RESIDENCIA EN CÓRDOBA, VERACRUZ EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA SUSCRITA . DEL AUTO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EXPEDIENTE . INSTAURADO POR EL C. . EN CONTRA DE LA C. ., JUICIO QUE SE RADICÓ EN EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE CÓRDOBA, VERACRUZ Y AL NO SER INSTADA CORRECTAMENTE A DICHO JUICIO DEBIDO A QUE DICHA ILEGALIDAD IMPLICA UNA EXTREMA GRAVEDAD POR LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDA TENER AL SER LLAMADA A JUICIO EN FORMA DEFECTUOSA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO O BIEN SU REALIZACIÓN EN FORMA CONTRARIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES CONSTITUYEN UNA DE LAS VIOLACIONES PROCESALES DE MAYOR MAGNITUD Y DE CARÁCTER MÁS GRAVE QUE ME IMPOSIBILIDAD A DEFENDERME EN JUICIO Y TENGA COMO CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN CONTRA DE LA SUSCRITA. B).- COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CON RESIDENCIA EN CÓRDOBA, VERACRUZ, LA EJECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA SUSCRITA . DEL AUTO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EXPEDIENTE . INSTAURADO POR EL C. . EN CONTRA DE LA C. . JUICIO QUE SE RADICÓ EN EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE CÓRDOBA, VERACRUZ Y AL NO SER INSTADA CORRECTAMENTE A DICHO JUICIO DEBIDO A QUE DICHA ILEGALIDAD IMPLICA UNA EXTREMA GRAVEDAD POR LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDA TENER AL SER LLAMADA A JUICIO EN FORMA DEFECTUOSA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO O BIEN SU REALIZACIÓN EN FORMA CONTRARIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES CONSTITUYEN UNA DE LAS VIOLACIONES PROCESALES DE MAYOR MAGNITUD Y DE CARÁCTER MÁS GRAVE QUE ME IMPOSIBILIDAD A DEFENDERME EN JUICIO Y TENGA COMO CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN CONTRA DE LA SUSCRITA. (.)". SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticinco de noviembre del año pasado, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, previo cumplimiento de la prevención formulada a la quejosa, admitió a trámite la demanda; solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional (fojas 17 a 19 y 23 a 27 del juicio). TERCERO. Emplazamiento de la tercero interesada. El once de diciembre de esa anualidad, se ordenó emplazar a la tercero interesada, . lo que se llevó a cabo el catorce de enero del presente año (fojas 73 a 75 y 81 del juicio). CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. El día de hoy, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz es legalmente competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 1, 6, 38, 107, 118 y 124 de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser ciertos los actos reclamados tendrían ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, según el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que consisten en: a) La falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil . del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, promovido por . contra .; y b) El auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el citado juicio, en el que se ordena requerir a ., en su carácter de arrendataria del local ubicado en la ., para que las subsecuentes rentas del mismo sean entregadas a la propietaria de dicho local, ., con el apercibimiento de imponerle alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 1067 Bis del Código de Comercio, en caso de no hacerlo. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Juez y Actuario Judicial, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Córdoba, Veracruz, pues así lo manifestaron en el informe justificado que rindieron conjuntamente (foja 32 del juicio). Lo que se corrobora con las copias certificadas que dicho juzgador remitió en apoyo a su informe justificado, relativas al juicio ejecutivo mercantil .; documentales a las que se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su cardinal 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, con las que se formó un tomo de pruebas. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, resulta conveniente reseñar los antecedentes de los actos reclamados que se desprenden de las constancias remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, relativas al juicio ejecutivo mercantil . las cuales fueron valoradas en el considerando tercero de este fallo, a saber: 1. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, ante la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Córdoba, Veracruz, . demandó de ., en la vía ejecutiva mercantil, el pago de la cantidad de $1,136,825.00 (un millón ciento treinta y seis mil ochocientos veinticinco pesos) por concepto de suerte principal y otras prestaciones accesorias (fojas 1 a 7 del tomo de pruebas). 2. El veintiséis de los citados mes y año, el juez admitió la demanda en la vía y forma propuestas, y libró mandato de exequendo contra la demandada (foja 37 del tomo de pruebas). 3. El once de mayo de esa anualidad, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respectiva, en la que, en lo que aquí trasciende, se decretó el embargo del inmueble ubicado en . con superficie de ., así como de las rentas que producen los locales comerciales que en él se encuentran, entre ellos, el que ocupa "."; asimismo, el actor designó como depositario judicial de dichas rentas a . (fojas 40 y 41 del tomo de pruebas). 4. El diecisiete de los citados mes y año, se requirió a los locatarios del inmueble embargado, entre ellos a la ". como arrendataria del local exterior identificado con la letra ., para que se abstuvieran de seguir pagando sus respectivas rentas a la demandada ., así como a .. A este último solo hasta en tanto aceptara el cargo de depositario judicial que le fue conferido (fojas 49 y 50 del tomo de pruebas). El anterior requerimiento fue notificado a "." al día siguiente (fojas 54 reverso, 62 y 63 del tomo de pruebas). 5. El veinticuatro de mayo de ese año, el depositario judicial designado, ., aceptó el cargo conferido (foja 81 del tomo de pruebas). 6. El ocho de junio de esa anualidad, se ordenó requerir, entre otros, a "." y/o quien legalmente sea el arrendatario del local exterior que el actor identifica con la letra ".", del inmueble embargado, ubicado en ., para que dentro del término de tres días acreditara haber hecho el pago del adeudo por el derecho de recolección de basura existente respecto del local que se encuentra poseyendo (fojas 83 y 84 del tomo de pruebas). El anterior requerimiento fue notificado a "." en el domicilio indicado, el veintinueve de los citados mes y año (fojas 165 y 190 a 193 del tomo de pruebas). 7. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciocho, la aquí quejosa ., en cumplimiento al requerimiento precisado en el ordinal anterior, exhibió el recibo con número de folio., de esa misma fecha, expedido a su nombre por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Veracruz, por concepto de pago de limpia pública (servicio de recolección de basura) respecto del inmueble: ".." (fojas 271 y 272 del tomo de pruebas). 8. El quince de agosto de ese año, en lo que aquí trasciende, el juez tuvo por presentado el ocurso de . y dio vista con él a la parte actora; asimismo, revocó el encargo de depositario judicial de . al no haber otorgado la garantía requerida para desempeñarlo, dejando expeditos los derechos del actor para designar nuevo depositario (fojas 238 y 239 del tomo de pruebas). 9. El treinta de octubre de esa misma anualidad, el juez elevó a la categoría de cosa juzgada el convenio de ocho de los citados mes y año, firmado y ratificado por las partes, en el que, en lo medular, la demandada se comprometió a dar en pago del adeudo contraído con el actor, cuatro locales comerciales, identificados como . en planta baja, .en planta baja, . en plata alta y . en planta alta, del inmueble embargado, ubicado en "." (fojas 333 a 336 y 340 a 342 del tomo de pruebas). 10. El ocho de noviembre de ese año, se ordenó notificar a los arrendatarios de los locales del inmueble embargado la aprobación del referido convenio, así como requerirlos para que continuaran pagando sus rentas en la forma en que lo venían haciendo antes de que se decretara su embargo (foja 356 del tomo de pruebas). El anterior requerimiento fue notificado a "." el trece de los citados mes y año (fojas 361, 362 y 371 a 373 del tomo de pruebas). 11. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veinte, la demandada . exhibió copia certificada del instrumento público número ., de . pasado ante la fe de la notaria pública número .de esta ciudad, que contiene el convenio de dación en pago celebrado entre . (actor) y la citada promovente (demandada), del que se advierte que dicho accionante desistió de la ejecución de la sentencia, dándose por pagado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen (fojas 44 a 50 del juicio). 12. El diecinueve de octubre del año pasado, el juez aprobó el referido convenio (fojas 52 y 53 del juicio). 13. El veintiséis de los citados mes y año, se ordenó requerir, a más de otra, a . en su carácter de arrendataria, para que las subsecuentes rentas del local comercial que ocupa, le sean pagadas a . propietaria de dicho local, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondría una de las medidas previstas en el artículo 1067 Bis del Código de Comercio (foja 57 del juicio). El citado requerimiento fue notificado a .el veintinueve de los citados mes y año (fojas 57 y 58 del tomo de pruebas). La anterior resolución constituye uno de los actos reclamados en esta vía constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Ahora bien, por razón de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. - Improcedencia respecto del acto reclamado consistente en a) la falta de llamamiento al juicio natural. En el caso, quien esto resuelve estima que, en relación con la a) falta de llamamiento a juicio que se reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, ya que la quejosa compareció al procedimiento de origen a desahogar un requerimiento previo que le fue formulado en su calidad de arrendataria del local que tiene en posesión, ubicado en ., con lo que quedó vinculada a dicho proceso en lo concerniente a su situación jurídica como inquilina del mismo y, por ende, perdió el carácter de persona extraña. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." De los preceptos anteriores se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dentro o fuera juicio cuando se promueva por persona extraña al procedimiento, por lo que en caso contrario, resulta improcedente el juicio, esto es, cuando dicha parte carezca de esa calidad. Existen dos tipos de persona extraña a juicio. La persona extraña en estricto sentido, que es aquella que persona física o moral distinta de los sujetos, porque no figura en el procedimiento como parte, pero sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; y la persona extraña por equiparación, que es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia, porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que la peticionaria ., acude a esta vía constitucional ostentándose con el carácter de persona extraña estricto sentido, pues sostiene que no fue llamada al juicio natural ni es parte en el mismo, y se le está causando agravio al formularle un requerimiento en su calidad de arrendataria de un local comercial ubicado en . Ahora, en el asunto que nos ocupa, como puede verse de la relación de antecedentes de los actos reclamados, ., fue requerida en varias ocasiones para que desarrollara diversas conductas relacionadas con la situación jurídica que le asiste como arrendataria del local identificado por el actor como exterior ".", inmerso en el inmueble embargado en el juicio natural, ubicado en . a saber: - Por auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se le requirió para que se abstuviera de seguir pagando su renta a la demandada . así como a . (fojas 49 y 50 del tomo de pruebas). - El ocho de junio de esa anualidad, se ordenó requerirla para que, dentro del término de tres días, acreditara haber hecho el pago del adeudo por el derecho de recolección de basura existente respecto del local que se encuentra poseyendo (fojas 83 y 84 del tomo de pruebas). - El ocho de noviembre de ese año, se ordenó notificarle la aprobación del convenio celebrado por las partes el ocho de octubre de ese año y requerirla para que continuara pagando sus rentas en la forma en que lo venía haciendo antes de que se decretara el embargo existente en autos (foja 356 del tomo de pruebas). - Finalmente, el veintiséis de octubre de dos mil veinte, se ordenó requerir a . en su carácter de arrendataria, para que las subsecuentes rentas del local comercial que ocupa, le sean pagadas a . propietaria de dicho local, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondría una de las medidas previstas en el artículo 1067 Bis del Código de Comercio (foja 57 del juicio). Por su parte, también consta en autos que mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciocho, la aquí quejosa . dio cumplimiento al requerimiento formulado en auto de ocho de junio de ese año, a través de la exhibición del recibo con número de folio ., de esa misma fecha, expedido a su nombre por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Veracruz, por concepto de pago de limpia pública (servicio de recolección de basura) respecto del inmueble: . (fojas 271 y 272 del tomo de pruebas). Al respecto, es importante destacar que no pasa inadvertido que los primeros tres requerimientos de referencia fueron dirigidos nominalmente a ".", es decir, no precisamente a nombre de .; sin embargo, no cabe duda que se trata de la misma persona, en la medida de que ., como se dijo, atendió uno de tales requerimientos La circunstancia de que . haya comparecido al juicio a dar cumplimiento a un requerimiento previo que le fue formulado por el juez responsable, derivado precisamente de su calidad de arrendataria del local que tiene en posesión, la vinculó a dicho proceso en lo concerniente a su situación jurídica como inquilina de dicho local, lo que generó que perdiera el carácter de persona extraña. En otras palabras, si bien la hoy quejosa no es parte material en el contencioso de origen y solo fue llamada en forma transitoria para intervenir en tanto arrendataria del referido bien, la circunstancia de que haya comparecido a éste con motivo de uno de los requerimientos que le fueron formulados previamente por el instructor del proceso, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al presente juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que ello evidencia que estuvo en posibilidad de interponer los medios de defensa y recursos ordinarios contra las providencias que estuvieran relacionadas con su intervención, y en el supuesto de no obtener respuesta favorable, acudir al juicio de amparo correspondiente, una vez satisfechos los principios que lo rigen, como es el de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, por su similitud jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y tres, materia común, tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." No pasa inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 124/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. NO PIERDE ESTE CARÁCTER LA PERSONA A QUIEN NO SIENDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE LE REQUIERE PARA QUE REALICE UNA CONDUCTA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO, AL NO QUEDAR VINCULADA POR ESE SOLO HECHO Y, POR TANTO, NO ESTÁ OBLIGADA A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO;" dado que si bien de su texto se advierte, en lo que al caso trasciende, que establece: "(.) el mandamiento judicial dirigido a una persona que no es parte material en el juicio de origen, en el cual se le identificó nominalmente y se le requiere para que realice una conducta útil o necesaria para el desarrollo del proceso, si bien es cierto que crea una relación jurídica directa e inmediata de supra a subordinación con el juez responsable, similar a la que se produce entre el juzgador con cada una de las partes, también lo es que los terceros extraños en un juicio en ningún caso tienen obligación de agotar recursos (.)"; lo cierto es que también precisa que ese supuesto se da cuando el tercero a quien se requirió una conducta, no queda vinculado al proceso por eso solo hecho; lo que sí ocurre cuando comparece al mismo, pues, en esta hipótesis surge la vinculación. Lo que se corrobora con las consideraciones vertidas en la ejecutoria de la que derivó dicha jurisprudencia, de la que se advierte que la Sala sostuvo lo siguiente: "(.) De ahí que la absoluta falta de vinculación al proceso, creada por una relación jurídica, constituye el elemento esencial para identificar y diferenciar al extraño a juicio de los distintos sujetos que participan en éste con otras calidades jurídicas (partes, terceros, testigos, peritos, etcétera). Por tanto, no es admisible atribuir el carácter de persona extraña, a quien sí se encuentra vinculado al proceso, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios. Esto, ya que debido a esa relación y al vínculo que se crea, el sujeto a quien se dirige el mandato de la autoridad jurisdiccional resulta afectado en su esfera jurídica, como efecto preconcebido por el autor de tal acto procesal. En cambio, sucede algo distinto con quien sí tiene el carácter de extraño, porque si no hay relación jurídica, generadora de un vínculo entre el proceso y tal persona, ninguna razón hay para que se le afecte en su esfera jurídica; pero la realidad es que, de hecho (no por derecho), sí se produce esa afectación, al ejecutarse un acto emitido por el juzgador, aun cuando éste no haya preconcebido una situación así. En ese orden de ideas, si en virtud de una finalidad específica, útil al proceso (la citación de un testigo, la encomienda de una tarea al perito, la exhibición de alguna cosa o documento en el proceso, la rendición de un informe, etcétera), la autoridad jurisdiccional dicta un mandamiento legítimo, dirigido a un gobernado distinto a las partes, con tal acto si bien se crea una relación jurídica directa e inmediata de supra-subordinación entre la autoridad jurisdiccional y la persona a quien se dirige el mandato, similar a la que se produce entre el propio Juez con cada una de las partes; sin embargo, para tenerse vinculado al proceso debe concurrir al mismo. Es decir, el conocimiento que se tiene a través de la notificación del requerimiento es insuficiente por sí mismo para constituir la vinculación con el proceso, pues para ello es necesario que quien fue requerido comparezca o se apersone a éste, pues con motivo de dicho acto procesal surge la vinculación del juzgador hacia el tercero que fue llamado en forma transitoria para intervenir en una etapa del desarrollo del proceso, ya sea como testigo, como perito para proporcionar la información requerida, o bien, para realizar una conducta necesaria para proseguir con el procedimiento, etcétera; de ahí que en virtud de ello sólo podrán interponer los recursos contra las providencias que estén relacionadas con su intervención. (.)". Por ende, se insiste, al haberse vinculado la aquí quejosa al procedimiento de donde emana el acto reclamado, ya que contestó un requerimiento previo que le hizo la responsable estrechamente vinculado con la calidad de arrendataria del local comercial en cuya defensa acude a esta vía constitucional, es inconcuso que perdió el carácter de tercera extraña, y por ende, se encontraba en aptitud de promover el recurso mencionado contra las providencias que estaban relacionadas con su intervención. De ahí que, en relación con la a) falta de llamamiento a juicio reclamada por la inconforme, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. - Improcedencia del juicio de amparo en relación con b) el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio natural. Es pertinente destacar que, de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama el b) auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, por vicios propios, haciendo valer cuestiones de legalidad atinentes al mismo, como son su falta e indebida fundamentación y motivación; asimismo, del sumario se aprecia que la vía constitucional fue instada oportunamente por la impetrante en relación con dicho acto reclamado, esto es, dentro del término de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la ley de la materia. Ante ello, se considera que la circunstancia de que se haya desvirtuado el carácter de persona extraña con que se ostenta la impetrante, por sí misma, no genera la improcedencia del juicio respecto del acto a que se contrae este acápite; sin embargo, sí se actualiza diversa hipótesis de improcedencia. En efecto, en relación con el plurimencionado b) auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 1336 del Código de Comercio aplicable al juicio natural, con el que podía obtener la revocación del acto que aquí reclama. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, en virtud de que a esta vía deberá acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 37, del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 37, Tomo 12, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora, en primer término, cabe dejar sentado que el juicio ejecutivo mercantil de origen se rige por el Código de Comercio reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en vigor a partir del diecinueve de los citados mes y año, pues la demanda que motivó su formación se presentó el diecinueve de abril de ese año. Sentado lo anterior, para demostrar la tesis sustentada, es pertinente invocar los artículos 1336, 1337, fracción IV, 1339, párrafo primero (actualizado en su monto el treinta de diciembre de dos mil diecinueve) y 1341, del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes". "Artículo. 1,337. Pueden apelar de una sentencia: (.) IV. El tercero con interés legítimo, siempre y cuando le perjudique la resolución". "Artículo 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente". "Artículo 1,341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte que el recurso de apelación tiene por objeto confirmar, reformar o revocar las resoluciones del inferior, esto es, se trata de un medio de impugnación de tipo vertical que debe ser resuelto por un tribunal de alzada; que dicho recurso, en lo que aquí trasciende, procede contra los autos que causan un gravamen no reparable en sentencia definitiva cuando la suerte principal sea igual o mayor a la cantidad de $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), sin considerarse intereses y demás accesorios a la fecha de presentación de la demanda; y, finalmente, que están legitimados para apelar los terceros con interés legítimo quienes resientan un perjuicio con motivo de la resolución de que se trate. Ahora, en el caso, se reclama un auto, como es la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veinte, en la que se requirió a la quejosa, en su carácter de arrendataria de un local ., para que las subsecuentes rentas del mismo sean entregadas a la propietaria de dicho local, . con el apercibimiento de imponerle alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 1067 Bis del Código de Comercio, en caso de no hacerlo. Asimismo, dicho auto fue emitido en un juicio ejecutivo mercantil cuya suerte principal asciende a $1,136,825.00 (un millón ciento treinta y seis mil ochocientos veinticinco pesos), como puede apreciarse del respectivo escrito inicial de demanda (foja 1 del tomo de pruebas) y, por ende, rebasa el límite inferior requerido por el artículo 1339 del Código de Comercio para la procedencia del recurso de apelación, esto es, la cantidad de $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.). Además, el gravamen que puede derivar de dicho auto en la esfera jurídica de la quejosa es irreparable en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, pues no existirá un pronunciamiento de esta naturaleza. Lo anterior, toda vez que, como se expuso en la relación de antecedentes de los actos reclamados, el juicio ejecutivo mercantil de origen concluyó con un convenio de dación en pago celebrado entre las partes, lo que no amerita trámite de ejecución alguno. Luego, contra el acto que aquí se reclama procedía el recurso de apelación previsto en el artículo 1336 del Código de Comercio aplicable al juicio natural, el cual la quejosa estaba legitimada para interponer de conformidad con el diverso 1337, fracción IV, de dicho ordenamiento; y no existe constancia de que ésta, previamente a acudir a este juicio de amparo, haya agotado el recurso de apelación contra la resolución que reclama, con el que podía obtener su revocación, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Se reitera que, al haberse desvirtuado el carácter de persona extraña con el que se ostentó la impetrante, por los motivos ampliamente expuestos en el apartado que antecede, ésta se encontraba en aptitud de promover el recurso mencionado contra las providencias que estaban relacionadas con su intervención en el juicio de origen, en específico, el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte que ahora reclama, lo que no realizó. En el entendido de que tampoco se surte alguna de las restantes excepciones al principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues el acto que se combate deriva de un juicio ejecutivo mercantil en donde se reclamó medularmente el pago de pesos y accesorios. Esto es, el acto que se reclama no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste el acto en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Además, la procedencia del recurso de apelación aludido, no está sujeta a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente al encontrarse regulado en el artículo 1336 en relación con el el 1337, fracción IV y 1341, del Código de Comercio. De ahí que en relación con el b) auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia precisadas en este considerando, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la ley de la materia. Dado el sustento del fallo en torno al acto reclamado, no es jurídicamente posible emprender el examen de los conceptos que se dirigen a combatir las violaciones a las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en contra de las autoridades responsables, por estar vinculadas con el fondo del asunto. Es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 57, materia común, tomo 70, correspondiente al mes de octubre de 1993, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte (fojas 24 a 27 del juicio), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 61, fracciones XVIII y XXIII, 73 a 75, 107, fracción VI y 124, de la Ley de Amparo se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por . contra los actos reclamados de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19; mismo que estableció que sólo se daría trámite y seguimiento oficioso a los asuntos calificados como urgentes; así como, aquéllos tramitados mediante juicio en línea. Por tanto, dado que al acto reclamado en el presente juicio de amparo, no se ubica dentro de los asuntos calificados como urgentes de conformidad con el artículo 4 del citado Acuerdo General 13/2020; se suspendió su tramitación. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que se reanuda el presente asunto. En el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, se advierte que se encontraban señaladas las nueve horas con diez minutos del once de enero de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, no fue posible su desahogo, con motivo de la suspensión de labores ocasionada por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En consecuencia, objetivamente, atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; la que se llevará a cabo sin la presencia física de las partes, toda vez que ésta no se requiere, ya que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que puede alegar verbalmente, y tampoco existen pruebas pendientes de desahogar que requieran de su comparecencia o la de terceros. Lo que obedece estrictamente a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. Por otra parte, vista la razón actuarial que antecede, se tiene por emplazada al presente juicio de amparo, a la tercera interesada, ******, y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ****** Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, en relación con el numeral 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene proporcionando correo electrónico y número telefónico para entablar comunicaciones no procesales en los casos en que se estime necesario.
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