María Esthela González Becerril
Expediente 461/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María Esthela González Becerril
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Intégrese al expediente electrónico el oficio de cuanta, signado por la Jueza Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, mediante el cual acusa recibo de la misiva 7867/2023 de este índice, con la que se comunicó el auto de siete de septiembre del año en curso, que declaró firme el diverso de veintitrés de agosto pasado, por el que este tribunal desechó por improcedente la demanda de amparo, así como de los anexos ahí descritos. Toda vez que en el presente asunto no falta notificación alguna, que no contiene relevancia documental ni documentos originales y que tanto el expediente físico y electrónico coinciden íntegramente, se ordena su archivo como concluido, previas anotaciones de ley.
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta, se declara firme el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y devuélvansele los autos y documentos que acompañó a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Se desecha por improcedente la demanda de amparo
- Juicio de Amparo Directo
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA EN EL PRESENTE ASUNTO, LA RESOLUCIÓN SIGUIENTE: En veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta con el estado de autos y con el oficio 2407, de la autoridad responsable, al que acompaña diversas constancias. Conste. Toluca, Estado de México, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Intégrese al expediente electrónico el oficio 2407, de la autoridad responsable, con el que rinde su informe justificado y remite el escrito original de la demanda de amparo con la certificación de ley, los autos originales del juicio de origen y los demás anexos descritos; acúsese recibo. Ahora, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, así como el numeral 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo en términos del artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su procedencia en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En el caso a estudio, la quejosa **********, por su propio derecho, reclama el acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza Quinto Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en la tercería excluyente de dominio derivada del expediente 222/2022, que inadmite la misma, lo que de acuerdo en el numeral 170 citado con anterioridad, constituye una resolución que decide el juicio en lo principal, al resolver el fondo del asunto, lo que le da el carácter de definitiva, que se requiere para ser impugnada en el juicio de amparo directo. Ahora bien, por lo que respecta a la procedencia del juicio: La Constitución General de la República, en el artículo 107, fracción III, inciso a), literalmente expresa: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado." Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su párrafo tercero, señala que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos y se renuncien. De lo anterior resulta evidente que para que el amparo que se promueve fuera procedente se requería que el quejoso hubiera satisfecho el principio de definitividad, lo cual no sucedió, ya que no interpuso el recurso de apelación previsto en los artículos 1336, 1337, 1338, 1339, 1339 bis y 1341 del Código de Comercio. Esto es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que las tercerías excluyentes de dominio, son juicios autónomos de cuantía indeterminada y por ello, la resolución de primer grado es recurrible en apelación. Así se determinó en la jurisprudencia 94/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 498, de rubro: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN." En tales circunstancias, el juicio de amparo directo que nos ocupa resulta improcedente, por lo que con fundamento en los artículos 34, 170, párrafo tercero, y 171, interpretados a contrario sensu y con apoyo en el numeral 179 de la Ley de Amparo, lo que procede es desecharlo de plano por su notoria y manifiesta improcedencia, al surtirse la hipótesis prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXX.2o.5 C(9ª.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2021, Tomo 5, página 4293, Décima Época, Materia Civil, que dice: "APELACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1341 EN RELACIÓN CON EL 1339 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO). El juicio de tercería excluyente de dominio, cuya materia es ajena a la controversia mercantil principal, es de cuantía indeterminada cuando en el escrito de demanda la reclamación primordial no es una prestación económica directa, sino dejar sin efectos un acto jurídico, como es el caso del embargo; por tanto, el auto que niega la admisión de la demanda de tercería, considerado análogo a la sentencia definitiva, es recurrible mediante el recurso de apelación, en cuanto a que se ubica en los supuestos del artículo 1341 del Código de Comercio, ya que el asunto es de cuantía indeterminada y la procedencia de ese medio de impugnación está prevista en el numeral 1339 Bis de ese mismo ordenamiento legal." Por otra parte, en atención al artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, en relación con el numeral 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes su derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3, de la ley sobre transparencia abrogada; en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa; esto con relación a lo establecido en el artículo segundo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente. Por último, toda vez que lo de cuenta se recibió físicamente en la oficialía de partes de este órgano colegiado y ya fue debidamente digitalizado e incorporado al expediente electrónico, conforme al artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid 19, y que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, agréguese tal documentación al expediente físico únicamente para su debido resguardo. Por lo expuesto con antelación: S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha por improcedente la demanda de amparo presentada por **********, por su propio derecho, en contra del acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza Quinto Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en la tercería excluyente de dominio derivada del expediente 222/2022. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; al Ministerio Público de la Federación adscrito y a la autoridad responsable por oficio. Así lo acordó y firma la magistrada Gabriela Elena Ortiz González, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa, licenciado Fernando Lamas Pérez. Doy fe.
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