María Esthela Cejudo Gómez Tagle y Otros.

Expediente 914/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
914/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
11/06/2018

Partes del expediente

  • María Esthela Cejudo Gómez Tagle
  • Gustavo Adolfo Mendoza Cejudo
  • María Esthela Cejudo Gómez Tagle y Otros.
  • María Gabriela Mendoza Cejudo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Juicio de Amparo Directo

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interesadas interpusieran el recurso de inconformidad en contra de la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, se declara consentida esa determinación. Con testimonio de dicha resolución, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Archívese este asunto como concluido, el cual es susceptible de ser DEPURABLE.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Se declara cumplida la ejecutoria de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, Y EN TÉRMINOS DEL PROVEÍDO DE CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA LA REFERIDA RESOLUCIÓN A LA PARTE QUEJOSA, LA CUAL A LA LETRA DICE: Toluca, Estado de México. Diez de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo decretada por este órgano jurisdiccional se dictó el catorce de febrero de dos mil dieciocho, en la cual se concedió el amparo a **** y ***** en su carácter de albaceas de la sucesión testamentaria de *****, así como a la primera de los mencionados por propio derecho; y, por auto de dieciséis de marzo del presente año se indicó que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de dicha sentencia, por lo que ese día se requirió su cumplimiento a la responsable. Por oficio 762, recibido en este órgano de control constitucional el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, informó que mediante auto de veinte de marzo del presente año dejó insubsistente la sentencia definitiva de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete; y, solicitó un plazo adicional de quince días para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; prórroga que se acordó favorable mediante proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad. Así, mediante oficio 991 la sala responsable remitió copias certificadas de la resolución de doce de abril de esta anualidad, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A continuación se procede a corroborar si la autoridad responsable dio exacto cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La protección constitucional se otorgó para los siguientes efectos: 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada; 2. Al resolver la litis ante ella planteada, considerara que al allanarse la demandada al escrito de demanda, resultaba irrelevante que el actor expusiera los hechos en su escrito inicial, pues no existieron hechos que probar. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo que conforme a derecho procediera. Para una mejor comprensión y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano constitucional, se elabora el siguiente cuadro comparativo: Efectos ejecutoria Resolución de cumplimiento 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Al resolver la litis ante ella plateada, considerara que al allanarse la demandada al escrito de demanda, resultaba irrelevante que el actor expusiera los hechos en su escrito inicial, pues no existieron hechos que probar; y, 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo que conforme a derecho correspondiera. 1. Mediante auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho se dejó sin efecto la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, tal y como se desprende del oficio 762 que remitió la autoridad responsable. 2. En la propia resolución de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la sala responsable precisó los elementos de existencia de los títulos de crédito y refirió que la relación subyacente a la suscripción del título cobraba relevancia cuando la acción ejecutiva no era viable y el beneficiario del documento debía hacer valer la acción causal, a fin de ver colmado su derecho. Así, cuando la acción cambiaria directa ha prescrito y el actor afirma tener contra el demandado una acción causal, esa aseveración lleva implícita la existencia de un hecho o acto jurídico creador de una obligación jurídicamente exigible, es decir, una obligación que no se extinguió por la misma prescripción. Añadió la responsable, en la demanda se establecieron los hechos en que descansó la causa generadora de la acción causal, ya que se indicó que la demandada suscribió los títulos de crédito al no haber realizado el pago, y al haber caducado la acción cambiaria directa se cobraban mediante la acción causal, por ende, contrariamente a lo establecido en la sentencia recurrida, quedó satisfecho dicho requisito, sin que pasara inadvertido que con ello, se le dio a la demandada la oportunidad de instrumentar su defensa y al juzgador de aplicar el derecho. Agregó, no se soslayó que la demandada reconoció los adeudos derivados de los pagarés al allanarse a la demanda, por lo que si no existió litis, toda vez que la enjuiciada no opuso excepción alguna y reconoció la validez de los documentos, así como no haber cumplido con la obligación; incluso, el juez natural la tuvo por allanada a la demanda instaurada en su contra, por lo que el mismo se encontraba obligado a admitir como ciertos los hechos aducidos por los actores en su reclamo y dictar sentencia en atención a los mismos, máxime que el allanamiento planteado no afectó derechos de terceros, ni contrarió el orden público. Consideró, no existió duda que los actores al promover en la vía ordinaria mercantil el pago del pagaré, debía estimarse que interpusieron la acción causal, por lo que, para que prosperara dicha acción era necesario que se revelara y probara la relación jurídica que dio origen a la suscripción del título en que se sustentó, es decir, la relación jurídica subyacente por virtud de la cual, la demandada se constituyó en deudora; sin que fuera necesario para la procedencia de dicha acción la prescripción de la acción cambiaria directa, atento a que la acción causal pretendía el pago de una obligación derivada de la causa y no del título de crédito que le dio origen, siendo suficiente que la obligación no hubiere sido satisfecha. Apoyó su consideración en los criterios federales de rubro "ACCIÓN CAUSAL. DEBE PRECISARSE EN LA DEMANDA EL NEGOCIO SUBYACENTE" y "ACCIÓN CAUSAL., PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE QUE LA ACCIÓN CAMBIARIA HUBIERA PRESCRITO O CADUCADO". Expresó, en el allanamiento, por regla general, el juez se encuentra impedido para ordenar que se abra un periodo de prueba para obligar a la parte actora a ofrecer las que funden los hechos básicos de su demanda, los cuales no fueron señalados, pues la demandada se allanó al no oponer ninguna resistencia frente a lo reclamado, aceptando en su escrito de contestación todo lo señalado por el actor; incluso ante el allanamiento, resultaba irrelevante que el actor expusiera los hechos en su escrito de demanda, al no existir hechos que probar. 3. Una vez que la sala responsable analizó lo relativo al allanamiento de la demandada, declaró procedente la acción causal intentada; por lo que condenó al demandado al pago de la cantidad de ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos dólares, o su equivalente en moneda nacional, por concepto de suerte principal, al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se hiciera pago, en la inteligencia de que el tipo de cambio se determinaría conforme a las disposiciones que para esos efectos expida el Banco de México en los términos de su ley orgánica; al pago de los intereses moratorios a razón del dos punto cinco por ciento mensual a partir del día siguiente al del vencimiento del título de crédito base de la acción, sin hacer condena al pago de gastos y costas. Del anterior cuadro comparativo se advierte el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. En esas condiciones, la responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este órgano de control de constitucionalidad advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Es preciso señalar que en la ejecutoria de amparo únicamente se vinculó a la sala responsable para que dictara nueva resolución, en la cual dejara insubsistente la reclamada (punto 1); luego, al resolver la litis ante ella planteada, considerara que al allanarse la demandada al escrito de demanda, resultaba irrelevante que el actor expusiera los hechos en su escrito inicial, pues no existieron hechos que probar (punto 2); y, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente conforme a derecho (punto 3); de ahí que ha quedado colmado dicho cumplimiento. Por tanto, como la autoridad responsable cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA TERCERA INTERESADA **********, LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EMITIDA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 914/2017, LA CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México. Diez de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo decretada por este órgano jurisdiccional se dictó el catorce de febrero de dos mil dieciocho, en la cual se concedió el amparo a **** y ***** en su carácter de albaceas de la sucesión testamentaria de *****, así como a la primera de los mencionados por propio derecho; y, por auto de dieciséis de marzo del presente año se indicó que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de dicha sentencia, por lo que ese día se requirió su cumplimiento a la responsable. Por oficio 762, recibido en este órgano de control constitucional el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, informó que mediante auto de veinte de marzo del presente año dejó insubsistente la sentencia definitiva de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete; y, solicitó un plazo adicional de quince días para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; prórroga que se acordó favorable mediante proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad. Así, mediante oficio 991 la sala responsable remitió copias certificadas de la resolución de doce de abril de esta anualidad, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A continuación se procede a corroborar si la autoridad responsable dio exacto cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La protección constitucional se otorgó para los siguientes efectos: 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada; 2. Al resolver la litis ante ella planteada, considerara que al allanarse la demandada al escrito de demanda, resultaba irrelevante que el actor expusiera los hechos en su escrito inicial, pues no existieron hechos que probar. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo que conforme a derecho procediera. Para una mejor comprensión y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano constitucional, se elabora el siguiente cuadro comparativo: Efectos ejecutoria Resolución de cumplimiento 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Al resolver la litis ante ella plateada, considerara que al allanarse la demandada al escrito de demanda, resultaba irrelevante que el actor expusiera los hechos en su escrito inicial, pues no existieron hechos que probar; y, 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo que conforme a derecho correspondiera. 1. Mediante auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho se dejó sin efecto la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, tal y como se desprende del oficio 762 que remitió la autoridad responsable. 2. En la propia resolución de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la sala responsable precisó los elementos de existencia de los títulos de crédito y refirió que la relación subyacente a la suscripción del título cobraba relevancia cuando la acción ejecutiva no era viable y el beneficiario del documento debía hacer valer la acción causal, a fin de ver colmado su derecho. Así, cuando la acción cambiaria directa ha prescrito y el actor afirma tener contra el demandado una acción causal, esa aseveración lleva implícita la existencia de un hecho o acto jurídico creador de una obligación jurídicamente exigible, es decir, una obligación que no se extinguió por la misma prescripción. Añadió la responsable, en la demanda se establecieron los hechos en que descansó la causa generadora de la acción causal, ya que se indicó que la demandada suscribió los títulos de crédito al no haber realizado el pago, y al haber caducado la acción cambiaria directa se cobraban mediante la acción causal, por ende, contrariamente a lo establecido en la sentencia recurrida, quedó satisfecho dicho requisito, sin que pasara inadvertido que con ello, se le dio a la demandada la oportunidad de instrumentar su defensa y al juzgador de aplicar el derecho. Agregó, no se soslayó que la demandada reconoció los adeudos derivados de los pagarés al allanarse a la demanda, por lo que si no existió litis, toda vez que la enjuiciada no opuso excepción alguna y reconoció la validez de los documentos, así como no haber cumplido con la obligación; incluso, el juez natural la tuvo por allanada a la demanda instaurada en su contra, por lo que el mismo se encontraba obligado a admitir como ciertos los hechos aducidos por los actores en su reclamo y dictar sentencia en atención a los mismos, máxime que el allanamiento planteado no afectó derechos de terceros, ni contrarió el orden público. Consideró, no existió duda que los actores al promover en la vía ordinaria mercantil el pago del pagaré, debía estimarse que interpusieron la acción causal, por lo que, para que prosperara dicha acción era necesario que se revelara y probara la relación jurídica que dio origen a la suscripción del título en que se sustentó, es decir, la relación jurídica subyacente por virtud de la cual, la demandada se constituyó en deudora; sin que fuera necesario para la procedencia de dicha acción la prescripción de la acción cambiaria directa, atento a que la acción causal pretendía el pago de una obligación derivada de la causa y no del título de crédito que le dio origen, siendo suficiente que la obligación no hubiere sido satisfecha. Apoyó su consideración en los criterios federales de rubro "ACCIÓN CAUSAL. DEBE PRECISARSE EN LA DEMANDA EL NEGOCIO SUBYACENTE" y "ACCIÓN CAUSAL., PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE QUE LA ACCIÓN CAMBIARIA HUBIERA PRESCRITO O CADUCADO". Expresó, en el allanamiento, por regla general, el juez se encuentra impedido para ordenar que se abra un periodo de prueba para obligar a la parte actora a ofrecer las que funden los hechos básicos de su demanda, los cuales no fueron señalados, pues la demandada se allanó al no oponer ninguna resistencia frente a lo reclamado, aceptando en su escrito de contestación todo lo señalado por el actor; incluso ante el allanamiento, resultaba irrelevante que el actor expusiera los hechos en su escrito de demanda, al no existir hechos que probar. 3. Una vez que la sala responsable analizó lo relativo al allanamiento de la demandada, declaró procedente la acción causal intentada; por lo que condenó al demandado al pago de la cantidad de ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos dólares, o su equivalente en moneda nacional, por concepto de suerte principal, al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se hiciera pago, en la inteligencia de que el tipo de cambio se determinaría conforme a las disposiciones que para esos efectos expida el Banco de México en los términos de su ley orgánica; al pago de los intereses moratorios a razón del dos punto cinco por ciento mensual a partir del día siguiente al del vencimiento del título de crédito base de la acción, sin hacer condena al pago de gastos y costas. Del anterior cuadro comparativo se advierte el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. En esas condiciones, la responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este órgano de control de constitucionalidad advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Es preciso señalar que en la ejecutoria de amparo únicamente se vinculó a la sala responsable para que dictara nueva resolución, en la cual dejara insubsistente la reclamada (punto 1); luego, al resolver la litis ante ella planteada, considerara que al allanarse la demandada al escrito de demanda, resultaba irrelevante que el actor expusiera los hechos en su escrito inicial, pues no existieron hechos que probar (punto 2); y, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente conforme a derecho (punto 3); de ahí que ha quedado colmado dicho cumplimiento. Por tanto, como la autoridad responsable cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución.

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