María Estela Máximo Ramírez
Expediente 252/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Estela Máximo Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Uruapan, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, y en consideración a que ya transcurrió el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el que se determinó que no existe materia para calificar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo por las autoridades responsables; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es depurable, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el segundo párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su depuración en términos de lo dispuesto por el citado precepto legal. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, se tuvo al autorizado de la parte quejosa, exhibiendo el certificado de defunción expedido por la Secretaría de Salud a nombre de la quejosa María Estela Máximo Ramírez y se ordenó dictar el pronunciamiento respectivo de oficio. En esa virtud, toda vez que el presente asunto se encuentra debidamente integrado para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, procede pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. ACTO RECLAMADO MARÍA ESTELA MÁXIMO RAMÍREZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Director del Hospital Regional de Uruapan, y otras autoridades, mismos que hizo consistir en: La falta de tratamiento, medicamento y atención médica para la insuficiencia renal crónica, hipertensión, diabetes, colesterol alto que padece la quejosa. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO En sentencia pronunciada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, la cual se declaró ejecutoriada en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "Sea reconocido a la quejosa, el derecho de salud estudiado en esta resolución, para lo cual, en el ámbito de sus competencias, emitan una determinación en la que asienten la definitividad de la subrogación del pago de la atención médica a la quejosa o el lugar en el cual, en su caso, las autoridades responsables den cumplimiento al derecho a la salud de MARÍA ESTELA MÁXIMO RAMÌREZ, en alguna de sus unidades médicas, respecto a la atención del padecimiento real crónico que presenta y pueda recibir las sesiones de hemodiálisis, con 3 sesiones semanales, como se le han venido otorgando. En caso de que sea necesario, conforme a la normativa interna que rige el sistema del INSABI, que la quejosa tenga un expediente administrativo en la dependencia donde le prestarán la atención médica, las autoridades responsables den las instrucciones para que le abran el expediente como corresponda o manifiesten que ello es innecesario y los motivos y fundamentos correspondientes." En virtud de lo anterior, se requirió a las autoridades responsables para que, dentro del plazo de tres días, computados legalmente, cumplieran con el fallo protector. Sin embargo, mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, el autorizado de la directa quejosa, hizo del conocimiento de este juzgador, que en la Clínica Unidad Renal -donde la quejosa se realizaba su tratamiento de hemodiálisis-, le informaron: ". que la quejosa lamentablemente había fallecido .". En virtud de lo anterior, en auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgador solicitó al autorizado de la quejosa, exhibiera copia simple ya fuera física o en imagen digital, del acta de defunción de aquella; sin embargo, en el diverso de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo a dicho autorizado informando su imposibilidad material para exhibir el acta enunciada, empero se le volvió a requerir, al igual que al director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez". El cuatro de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la Directora del Hospital General, informando que en dicho nosocomio no existe documento alguno del que se desprenda el fallecimiento de la quejosa María Estela Máximo Ramírez. Y en el diverso de siete de marzo siguiente, se tuvo al autorizado de la quejosa, informando que en el Registro Civil de esta ciudad, le informaron que no existe el acta de defunción de la citada quejosa, ante lo cual , se requirió al Director del Registro Civil en Morelia, Michoacán; sin embargo, mediante oficio 747/2022, manifestó: ". no se logró la localización de registro alguno a nombre del ciudadano antes mencionado.". Finalmente, mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil veintidós, el autorizado de la directa quejosa exhibió el certificado de defunción expedido por la Secretaría de Salud, a nombre de la quejosa María Estela Máximo Ramírez; ello, ante la imposibilidad material para exhibir el acta de defunción. DOCUMENTOS QUE APORTARON LAS RESPONSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO. La autoridad responsable Director de Hospital General de Uruapan, "Dr. Pedro Daniel Martínez", informó haber brindado a la quejosa el tratamiento dialítico tres días por semana (martes, jueves y sábado), en la clínica particular Unidad Real Ambulatoria, de manera gratuita; sin embargo, dijo, no es posible remitir las constancias que acrediten el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que la quejosa recibe el tratamiento dialítico en una clínica particular que no forma parte del organismo y solicitó a este juzgado requerir a la quejosa para que allegue su expediente clínico. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA. Las documentales aludidas, adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones que no fueron objetados por las partes. Con las cuales este juzgado concluye que, si bien es verdad, que la autoridad responsable realizó las gestiones necesarias para que le fuera proporcionada a la quejosa la atención médica que requería, lo cierto es que no se está en condiciones de calificar si dicha atención médica resultó certera respecto de su padecimiento. Lo anterior es así, ya que con el fallecimiento de la quejosa María Estela Máximo Ramírez dejó de tener ejecución el acto reclamado en el presente asunto, consistente en la falta de atención médica. Con base en los anteriores argumentos, se declara que NO EXISTE MATERIA PARA CALIFICAR EL CUMPLIMIENTO DADO A LA SENTENCIA DE AMPARO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Hágase saber al autorizado de la parte quejosa que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, en términos de lo previsto por el artículo 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No pasa inadvertido el hecho de que las autoridades responsables Secretaría de Salud del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud de Michoacán, y Gobernador del Estado, ambos con residencia en Morelia, no remitieron constancia alguna para acreditar el cumplimiento a la ejecutoria; sin embargo, dado el sentido del presente auto, resulta innecesario requerirlos para tal efecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Enrique Villanueva Arreola, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual pretende cumplir con lo requerido en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, para lo cual exhibe el certificado de defunción expedido por la Secretaría de Salud, a nombre de la quejosa María Estela Máximo Ramírez, lo anterior, en virtud de que actualmente existe una imposibilidad material para exhibir el acta de defunción requerida, por los motivos expuestos en el escrito de cuenta; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, se ordena dictar el pronunciamiento respectivo de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico." NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por Enrique Villanueva Arreola, autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en auto de veintiocho de febrero del año en curso, informa que se encuentra imposibilitado materialmente exhibir el acta de defunción correspondiente, en razón de que en el Registro Civil de esta ciudad, le informaron que no existía el acta de defunción perteneciente a la quejosa directa María Estela Máximo Ramírez. En mérito de lo anterior, requiérasele al Director del Registro Civil en Morelia, Michoacán, para que dentro del término de tres días siguientes al en que queden notificados del presente proveído, contados a partir del momento al en que reciba el oficio, remita a este Órgano Jurisdiccional la citada acta de defunción que corresponda a la quejosa directa, a fin de estar en condiciones de acordar lo que conforme a derecho corresponda en la presente ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar oportunamente las causas que se lo impidan, se le impondrá como medida de apremio una MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de febrero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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