María Emma Torres Gómez
Expediente 33/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Emma Torres Gómez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. En otro orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PROCEDO A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA MARÍA EMMA TORRES GÓMEZ, POR MEDIO DE LISTA QUE AL EFECTO SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Uruapan, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a ******************** en cuanto apoderado jurídico de ********************, calidad que acredita con el poder general para pleitos y cobranzas pasado ante la fe del Notario público número ciento setenta y tres, en el Estado de Michoacán, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán; carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán y otra autoridad; se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 33/2023. Desechamiento de la demanda. Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. Del estudio correlativo de la fracción antes transcrita se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos de ejecución de sentencia, cuando se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; de igual forma, tratándose de remates, se entenderá como la última resolución la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido, que en el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; y que si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, como que por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad. Del apartado de antecedentes del acto reclamado se advierte que el diez de enero del presente año, la actuaria judicial de números nones adscrita al Juzgado Tercero Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán y el abogado del tercero interesado se presentaron en el domicilio de********************, y le entregaron copia simple de una demanda de jurisdicción voluntaria sobre notificación de revocación de mandato y devolución de dicho instrumento constante de dos fojas útiles por una sola cara, con número de expediente ********************, unas copias certificadas del expediente ******************** y su acumulado ******************** constante de cuatro fojas útiles por una sola de sus caras y una copia simple de un escrito donde el tercero interesado ********************, desahoga una prevención el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. De igual manera, manifiesta que la actuaria judicial no entrego ningún acuerdo a la quejosa directa, motivo por el que considera se le deja en estado de indefensión, dado que manifiesta que desconoce el término que tiene para contestar las demanda de jurisdicción voluntaria. Así, en el caso en concreto, el acto de autoridad materia de reclamo se emitió en la etapa inicial de las diligencias de jurisdicción voluntaria, tal y como se advierte de los antecedentes relatados. Entonces, los actos aquí reclamados, no son el último acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, ya que la última resolución, para efectos del juicio de amparo, es aquélla en la que se da por concluida o la que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, en su caso, respetándose el principio de definitividad. De ahí que el acto aquí reclamado por la parte quejosa, no encuadra en los supuestos de lo que se entiende por última resolución en ese procedimiento para efectos del juicio de amparo. Así las cosas, no procede la vía constitucional biinstancial, dado que el acto que reclama la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, no se trata de una resolución que ponga fin a las diligencias de jurisdicción voluntaria, de acuerdo con lo establecido en el inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional; aunado a lo anterior, no es un acto intermedio de imposible reparación, dado que, la parte quejosa reclama el emplazamiento que se le realizo a las diligencias de jurisdicción voluntaria ********************del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, por analogía, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se DESECHA de plano la demanda de amparo que se analiza. Sin que obste para lo anterior, que la parte quejosa en el capítulo de suspensión manifestó ".solicito se le otorgue a mi representada la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras ya que tiene el temor fundado de que se le multa o arresto por no entregar el poder notarial de fecha 17 de agosto del año 2017 porque así lo ordeno la autoridad responsable.", toda vez que se trata de manifestaciones futuras e inciertas, ya que los actos reclamados se debe basar en hechos facticos, aunado, a que la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda refirió que no le entregaron auto de donde deriva el acto reclamado, de ahí que desconozca su contenido. Domicilio procesal, autorizados y consulta en línea. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado, para oír y recibir notificaciones, tal circunstancia faculta a este Juzgado para ordenar que las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se practiquen por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual manera, se le tiene autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSULTA EN LÍNEA. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Se autoriza únicamente el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "********************". Por tanto, se ordena a la encargada del SISE en el juzgado, para que le otorgue los permisos correspondientes en el sistema. Se hace del conocimiento del promovente que con lo anterior no se lleva el presente juicio en línea, pues no ha solicitado recibir notificaciones electrónicas, por lo cual solo tendrá acceso a las herramientas limitadas que pone a su disposición el sistema solo para consultar el expediente en línea. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes, a que de ser posible continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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