María Esperanza Ortiz Cabrera

Expediente 1073/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1073/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • María Esperanza Ortiz Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, de los que se desprende, que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA VIII. Mérida, Yucatán, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por María Esperanza Ortiz Cabrera, contra actos del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, presentada con ocho copias y seis anexos. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se procede a examinar el escrito de demanda, para verificar si en el caso a estudio existe causa manifiesta e indudable de improcedencia Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo aplicable, en relación con los diversos 17 y 18 de dicha Ley, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el ordinal 113, del propio ordenamiento, deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. Los artículos en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." (Lo subrayado es propio). "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, precisa que el término para la interposición de la demanda se contará, entre otros casos, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, conforme a la Ley que rige el propio acto, cuando haya tenido conocimiento del mismo o se ostente sabedor. Conforme a lo anterior, se advierte que el término para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De lo contrario, el juicio de amparo interpuesto fuera de ese término será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. En el caso que nos ocupa, se debe atender al supuesto identificado con el inciso b - conocimiento del acto reclamado o de su ejecución-. Cierto, la parte quejosa señaló como actos reclamados la orden de toma de razón, el embargo y la inscripción del mismo relativo al predio marcado con el número trescientos treinta de la calle veintiséis por ochenta y uno y ochenta y tres de la colonia Morelos Oriente de la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. Asimismo, en la demanda de amparo, la quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de esos actos el dos de mayo de dos mil veintiuno; también ofrece como prueba una copia de la página del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, relativa a la inscripción de embargo que reclama. Por tanto, partiendo de la fecha que la parte quejosa señala como la del conocimiento de los actos reclamados -dos de mayo de dos mil veintiuno-, se tiene que el plazo de quince días transcurrió del tres al veinticuatro de mayo del año en curso, sin contar el cinco, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de mayo del año que transcurre, por ser inhábiles por ley. Luego, si la presentación de la demanda ante la oficina de correspondencia común fue el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, existió un consentimiento tácito de los actos reclamados y ello actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia en estudio. Tiene aplicación al caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 232213, del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 193-198, Primera Parte, página 71, de texto: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." También sirve de orientación al caso la Jurisprudencia 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 163172, de texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Esperanza Ortiz Cabrera. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado a José David Díaz Lara, en los términos restringidos a que alude el citado precepto legal, lo anterior, en razón que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la ley de la materia; sin embargo, en el momento de que pretenda ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si está inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente.(...)

  3. Principal

    MESA II. Mérida, Yucatán, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y toda vez que de autos consta que la autoridad responsable denominada Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con residencia en la Ciudad de México, cuyo domicilio se encuentra fuera de la residencia oficial de este Juzgado Federal, no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos el acuse de recibo del oficio 9808.II con el que se le requirió. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con veinte minutos del veintidós de julio de dos mil veintiuno. En mérito de lo anterior, mediante telegrama que al efecto se gire, requiérase a la autoridad responsable Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días informe la fecha en que recibió el citado oficio 9808.II, con el que se le solicitó su respectivo informe justificado, a fin de continuar con la tramitación de este juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, con excepción de la autoridad requerida, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.(...)

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