María Elydée Gómez y Medina

Expediente 69/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
69/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • María Elydée Gómez y Medina
  • Secretario General de Gobierno del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve y por resolución de veintiocho de enero del mismo año, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con veinte minutos del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 69/2019-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Secretario en funciones de Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni representante legal de las mismas. A continuación, la Secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de veintiuno de enero de dos mil diecinueve; constancias de notificación practicadas a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, e informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables. El secretario en funciones de Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda y las remitidas por las autoridades responsables con sus informes justificados. El secretario en funciones de Juez acuerda: con apoyo el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, ténganse por admitidas las probanzas de referencia, las cuales se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo que se concluye la etapa respectiva. Seguidamente, abierto el período de alegatos, la Secretaría da cuenta con el alegato ministerial 64/2019 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual solicita se sobresea en el presente juicio de amparo. En atención a lo cual el Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de cuenta para todos los efectos legales pertinentes, con lo anterior, se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 69/2019-V, promovido por María Elydee Gómez y Medina, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 8, 14 y 133 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, María Elydee Gómez y Medina, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado y Secretario General de Gobierno del Estado, los cuales hizo consistir en: La falta de respuesta al escrito presentado ante la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado de Yucatán y en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, el uno de febrero de dos mil dieciocho, en el que solicitó apoyo para recuperar unas placas de taxi, que le fueron otorgadas a su esposo fallecido, como socio fundador del Sindicato de Taxis "Adalberto Aguilar Osorio", de Valladolid, Yucatán. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, la intervención legal que le compete, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse actos omisivos que no tienen ejecución material y atribuibles a autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta al escrito presentado ante la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado de Yucatán y en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, el uno de febrero de dos mil dieciocho, en el que solicitó apoyo para recuperar unas placas de taxi, que le fueron otorgadas a su esposo fallecido, como socio fundador del Sindicato de Taxis "Adalberto Aguilar Osorio", de Valladolid, Yucatán. Tercero. Sobreseimiento por negativa de actos. Al rendir su informe justificado la Secretaria General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, autoridad responsable, negó expresamente los actos que se le atribuyen, sin prueba en contrario de la parte quejosa. En tal virtud, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Lo anterior, sin que pase inadvertida la documental exhibida por la quejosa junto con su demanda, relativa a una copia del escrito que refiere no le ha sido proveído por la responsable que nos atañe; sin embargo, la misma no resulta eficaz para desvirtuar la negativa planteada por la nombrada autoridad, ya que aun cuando de ésta se advierte el sello de recibido de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado, lo cierto es que el escrito de atención se encuentra dirigido de manera expresa y directa al Gobernador del Estado, por lo que es este último quien en todo caso es el que se encuentra obligado a contestar y proveer el escrito de la quejosa, lo cual como se verá a continuación, ya fue realizado. Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama, por lo que se tiene por cierto el mismo. Quinto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Gobernador del Estado la omisión de dar respuesta al escrito sin fecha dirigido a la nombrada autoridad, en el que solicitó su apoyo para recuperar unas placas de taxi, que le fueron otorgadas a su esposo fallecido, como socio fundador del Sindicato de Taxis "Adalberto Aguilar Osorio", de Valladolid, Yucatán. Ahora bien, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesados los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias remitidas por el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, junto con su informe justificado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo aplicable; se advierte que mediante oficio CJ/DC/OC/152/2019 de once de febrero de dos mil diecinueve, se dio contestación al escrito de la quejosa presentado el uno de febrero de dos mil dieciocho, lo que se le notificó el doce de febrero de dos mil diecinueve. En esas condiciones, al haberse dado contestación al escrito de la parte quejosa mediante oficio CJ/DC/OC/152/2019 de once de febrero de dos mil diecinueve, el cual fue notificado a la parte aquí quejosa el doce de febrero de dos mil diecinueve, esto con posterioridad a la presentación de la demanda que lo fue el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos; habida cuenta que la nueva situación repuso a la parte quejosa en el goce de su garantía individual, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia aplicable. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 74 al 76 de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Elydee Gómez y Medina, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el alegato ministerial 64/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se sobresea en el presente juicio de amparo y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente asunto. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas en el oficio de mérito, para ser tomadas en cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicita el representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

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