María Esperanza Monterrubio Castillo
Expediente 112/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 30 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 21/08/2019
Partes del expediente
- María Esperanza Monterrubio Castillo
- Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, con domicilio en Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III D ELA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJO.Ensenada, Baja California, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días hábiles, concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad vinculada al cumplimiento de fallo protector dictado en el presente asunto; sin que hubieran formulado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el treinta de mayo de dos mil diecinueve, se determinó por una parte sobreseer en el juicio de amparo y por otra parte conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a María Esperanza Monterrubio Castillo, para los efectos siguientes: "1. No apliquen a la quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo, de forma presente y futura el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2019, declarado inconstitucional, específicamente durante su vigencia. 2. Le sea devuelta a la quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo, la cantidad que ampara el aviso-recibo que exhibió con la demanda de amparo, únicamente en lo que hace al cobro de la cantidad por el concepto de aplicación del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2019, y en su caso, los diversos pagos que hubiese efectuado con posterioridad por el referido concepto y en atención a la aludida norma." Sentencia de amparo, que causó ejecutoria por auto de tres de julio de dos mil diecinueve; por lo cual, se requirió a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento a fin de que informara sobre el acatamiento al fallo protector. En cumplimiento a ello, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por conducto de su delegado, mediante oficio registrado con folio 6588, recibido en este juzgado el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (foja 230), informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y remitió copia certificada del oficio DAJ/1683/2019, de doce de julio dos mil diecinueve, con sello de recibo, mediante el cual se solicitó al Superintendente del Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad, no aplicar a la quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo, de forma presente y futura el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve declarado inconstitucional. Asimismo, mediante oficio registrado con folio 6687, recibido en este juzgado el veintinueve de julio de dos mil diecinueve (foja 237), la autoridad vinculada al cumplimiento informó que expidió el cheque 21646328, a favor de la quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo, en cumplimiento al fallo protector y remitió a este juzgado copia simple de dicho título de crédito, sin que a esa fecha el quejoso hubiera acudido ante la responsable para recibir el mencionado título de crédito. De igual forma, mediante oficio recibido el siete de agosto de dos mil diecinueve, con registro 6984 (foja 259), la Coordinadora Administrativa, en suplencia de la Tesorera del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, remitió copia certificada relativa a la entrega del cheque número 21646328, por el monto de $10,330.51.33 (diez mil trescientos treinta pesos con cincuenta y un centavos), a la aquí quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo. Por ende, con las constancias allegadas por la autoridad vinculada al cumplimiento al fallo protector, que fueran agregadas mediante auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hubiesen hecho manifestación al respecto. En las relatadas condiciones, este juzgado determina que la autoridad vinculada al cumplimiento de fallo protector ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que acreditó la desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo, del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve declarado inconstitucional, a fin de que no se le aplique en forma presente y futura el numeral en comento y ordenó la devolución de la cantidad que ampara el aviso-recibo que exhibió con la demanda de amparo, así como respecto de los diversos pagos que efectuó con posterioridad, por lo que hace al cobro de la cantidad por el concepto de aplicación del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Por lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. Una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. En virtud de que en el presente asunto se solicitó la tramitación del incidente de suspensión, acuérdese lo que en derecho corresponda en el incidente respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Morones Dávalos, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Baja California, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2661/2019, de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asistido de Luis Jorge Gutiérrez Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III D ELA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJO.Ensenada, Baja California, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días hábiles, concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad vinculada al cumplimiento de fallo protector dictado en el presente asunto; sin que hubieran formulado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el treinta de mayo de dos mil diecinueve, se determinó por una parte sobreseer en el juicio de amparo y por otra parte conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a María Esperanza Monterrubio Castillo, para los efectos siguientes: "1. No apliquen a la quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo, de forma presente y futura el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2019, declarado inconstitucional, específicamente durante su vigencia. 2. Le sea devuelta a la quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo, la cantidad que ampara el aviso-recibo que exhibió con la demanda de amparo, únicamente en lo que hace al cobro de la cantidad por el concepto de aplicación del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2019, y en su caso, los diversos pagos que hubiese efectuado con posterioridad por el referido concepto y en atención a la aludida norma." Sentencia de amparo, que causó ejecutoria por auto de tres de julio de dos mil diecinueve; por lo cual, se requirió a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento a fin de que informara sobre el acatamiento al fallo protector. En cumplimiento a ello, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por conducto de su delegado, mediante oficio registrado con folio 6588, recibido en este juzgado el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (foja 230), informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y remitió copia certificada del oficio DAJ/1683/2019, de doce de julio dos mil diecinueve, con sello de recibo, mediante el cual se solicitó al Superintendente del Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad, no aplicar a la quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo, de forma presente y futura el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve declarado inconstitucional. Asimismo, mediante oficio registrado con folio 6687, recibido en este juzgado el veintinueve de julio de dos mil diecinueve (foja 237), la autoridad vinculada al cumplimiento informó que expidió el cheque 21646328, a favor de la quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo, en cumplimiento al fallo protector y remitió a este juzgado copia simple de dicho título de crédito, sin que a esa fecha el quejoso hubiera acudido ante la responsable para recibir el mencionado título de crédito. De igual forma, mediante oficio recibido el siete de agosto de dos mil diecinueve, con registro 6984 (foja 259), la Coordinadora Administrativa, en suplencia de la Tesorera del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, remitió copia certificada relativa a la entrega del cheque número 21646328, por el monto de $10,330.51.33 (diez mil trescientos treinta pesos con cincuenta y un centavos), a la aquí quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo. Por ende, con las constancias allegadas por la autoridad vinculada al cumplimiento al fallo protector, que fueran agregadas mediante auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hubiesen hecho manifestación al respecto. En las relatadas condiciones, este juzgado determina que la autoridad vinculada al cumplimiento de fallo protector ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que acreditó la desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo, del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve declarado inconstitucional, a fin de que no se le aplique en forma presente y futura el numeral en comento y ordenó la devolución de la cantidad que ampara el aviso-recibo que exhibió con la demanda de amparo, así como respecto de los diversos pagos que efectuó con posterioridad, por lo que hace al cobro de la cantidad por el concepto de aplicación del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Por lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. Una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. En virtud de que en el presente asunto se solicitó la tramitación del incidente de suspensión, acuérdese lo que en derecho corresponda en el incidente respectivo.
- Principal
Vista; agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad de notificar personalmente a la quejosa María Esperanza Monterrubio Castillo, el contenido del acuerdo de treinta de julio de este año; por los motivos expuestos en la misma. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) en relación con el 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista en los estrados de este Juzgado el acuerdo de treinta de julio de este año, así como las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tales efectos.
- Principal
Ensenada, Baja California, cinco de agosto de dos mil diecinueve. Visto, agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite la autoridad responsable Tesorero Municipal de Ensenada, Baja California, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, informa que el treinta de julio del año en curso, María Esperanza Monterrubio Castillo, acudió a las instalaciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, a recibir el título de crédito 21646328, expedido a su favor en cumplimiento al fallo protector, levantándose el acta correspondiente y remite copia simple de la misma. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable en comento, para efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles, remita copia certificada del acta de entrega del cheque con folio 21646328 por la cantidad de $10,330.51 (diez mil trescientos treinta pesos con cincuenta y un centavos), que le fue retenida durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, por concepto de contribución de alumbrado público o en su caso, manifieste la imposibilidad que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo señalado, se harán efectivos los apercibimientos decretados en auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, consistentes en una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En ese contexto, una vez que obre en autos la documental que hace alusión la autoridad responsable, con las constancias de cuenta y las diversas que en su caso obren en autos, dese nueva cuenta a fin de proveer lo conducente en relación al cabal cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.
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