María Elizabeth González Gómez
Expediente 590/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/11/2021
Partes del expediente
- María Elizabeth González Gómez
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles para que la parte promovente interpusiera el recurso correspondiente en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Elizabeth González Gómez, sin que se hubiera presentado promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 97 fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículos vigésimo primero inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio Acuerdo. Por último, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Acuerdo mencionado. Notifíquese
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por María Elizabeth González Gómez, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Agente del Ministerio Titular de la Coordinación de Delitos Contra el Patrimonio y la Sociedad, con sede en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de juzgado con el número 590/2021-II. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia en la demanda planteada por la parte quejosa. Para los efectos del artículo señalado con antelación, por "manifiesto" debemos entender: claro, evidente; y por "indudable", algo cierto, seguro, que no puede dudarse. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables lo siguiente: "A) EL INJUSTIFICADO E ILEGAL RETRASO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, cometida dentro del NUC 0201-2018-12639, violentándose en mi perjuicio lo previsto en el artículo 20 inciso C de nuestra Constitución." Ahora, a fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente señalar lo que dispone el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Del precepto legal trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en que se impugnen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, ya que de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Ello en virtud de que el juicio de derechos fundamentales es un medio extraordinario de defensa a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. Se exceptúa de lo anterior, los casos en que el recurso o medio de defensa no permita solicitar la suspensión del acto reclamado o previéndola, la Ley que lo rija exija mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; así como, cuando el acto En virtud de lo expuesto, al evidenciarse que el retraso de la autoridad ministerial aquí reclamada, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al promoverse la demanda de amparo de cuenta, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, provoca que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo, pues de acuerdo a lo antes expuesto existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Es de señalar que este pronunciamiento de ningún modo transgrede lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, pues este principio no exime a la parte quejosa de respetar los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia...En otro contexto, se exhorta a las partes para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica; asimismo se les requiere para que proporcionen número de teléfono móvil y correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Por otro lado, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Santiago Delgado Ríos y José Roberto Durante Barajas, ya que de la certificación secretarial se advierte que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales.Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicitó tener acceso al expediente electrónico; atento a su contenido, así como al contenido de la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario: "licdurante";por tanto, como lo solicitó, el promovente podrá consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Además se instruye a la actuaria para que las notificaciones que deban ser personales a la parte quejosa, se realicen de manera electrónica, en términos de la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, no es el caso de tenerlo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, pues en el párrafo que antecede se instituyó al actuario para que las notificaciones que deban realizarse de manera personal a la parte quejosa, se practiquen de manera electrónica, tal y como lo solicitó el peticionario del amparo. Ahora bien, se le tiene, proporcionando correo electrónico y números telefónicos el que indica en su ocurso de demanda, lo anterior, con el objeto de que este órgano jurisdiccional pueda tener una comunicación con la parte quejosa. En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; asi vtambién, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que la información confidencial a que alude el artículo 113, de la citada ley, no se incluyan en la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conlleva su consentimiento; asimismo, que no será necesaria su aprobación en los casos que dispone el precepto 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de las actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en este asunto. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
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