María Esperanza Martínez Espinosa
Expediente 1219/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1219/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/11/2022
Partes del expediente
- María Esperanza Martínez Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el escrito de cuenta, signado por ***********, por propio derecho, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió anexos a su escrito de demanda. Atento a lo anterior, dígase al ocursante que deberá estarse a lo acordado en proveído de veinticinco de octubre pasado, mediante el cual se dejaron a su disposiciones las documentales a que hace alusión, en consecuencia, previa razón que obre en autos, hágase entrega de la documentación que indica a través de las personas autorizadas para tal efecto. Finalmente, toda vez que el presente asunto ya se ordenó archivar, resguárdese en el área correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diez de octubre de dos mil veintidós Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por ************************, quejosa en el presente juicio, en virtud del cual pretende desahogar la prevención formulada en proveído de treinta de septiembre del año en curso; ahora bien, previamente a acordar lo conducente, es necesario precisar que, en dicho auto se requirió a la quejosa lo siguiente: . Ahora bien, en el escrito de cuenta, la quejosa pretende desahogar tal requerimiento, manifestando lo siguiente: . En consecuencia, se tiene por no desahogado el requerimiento que le fue formulado en autos toda vez que si bien señala al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este órgano jurisdiccional estima que dichas señalizaciones resultan ambiguas e irregulares, además de imprecisas, puesto que tanto el Instituto como la Secretaria, se encuentran compuestos por diversas dependencias y existe una cantidad considerable de servidores públicos que ostentan diversos cargos, siendo que en el caso, la quejosa, proporciono datos insuficientes que permitieran su identificación; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de agosto pasado, por lo que se proveerá lo conducente, únicamente respecto del oficio UAPES- 03/0296/2021 de doce de abril de dos mil veintidós Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo pues la parte quejosa no agotó principio de definitividad previo a la promoción del presente juicio de amparo, ya que en contra de los actos reclamados procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Con el fin de analizar el motivo de improcedencia de la acción constitucional planteado, resulta pertinente transcribir los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales son del texto siguiente . El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, el gobernado deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. . El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consigna la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del juicio de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto, siempre y cuando conforme a la ley ordinaria, se suspendan los efectos del acto, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido. Dicha fracción, establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que éste se interponga contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, además, como excepciones al principio de definitividad ahí consagrado las siguientes: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Al respecto, se impone señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria en los casos en los que así proceda. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, tal y como se evidencia a continuación. El primero de los requisitos se acredita, en atención a que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, a saber, la Encargada de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas número 5, de la Subdelegación de Prestaciones en la Zona Regional Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También se acredita el segundo requisito, toda vez que en contra de los mencionados actos reclamados, resulta procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece lo siguiente: . Del precepto legal transcrito, se obtiene que el juicio contencioso administrativo es procedente en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. . En el caso, la parte quejosa, señala como acto reclamado: . En ese tenor, se determina que el oficio UAPES- 03/0296/2021 de doce de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se hizo de conocimiento de la quejosa la incompatibilidad para el otorgamiento de pensiones conforme al artículo referido, previamente a impugnarlos en la instancia constitucional, debe controvertirse a través del juicio contencioso administrativo en términos del artículo 3, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para así considerar cumplido el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se sustenta lo anterior, en virtud de que el ordenamiento en estudio, en su artículo 3, precisa las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, destacándose que son resoluciones definitivas aquéllas que: 1) no admiten recurso administrativo en su contra y 2) admiten recurso administrativo pero su interposición es opcional, y señala que el juicio contencioso administrativo federal procede contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Desde esa perspectiva, del contenido del acto reclamado exhibido se desprende que constituye la última voluntad de la autoridad administrativa, en la que si bien, le reconoce el derecho a percibir una pensión por viudez, también lo es, que esta le será pagada una vez que cause baja del servicio; lo anterior es así, en virtud de que de la consulta efectuada al Sistema de Afiliación y Vigencia, se detectó que se encuentra como trabajadora activa en el ramo 00637, (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado),; motivo por el cual se encuentra en el supuesto de incompatibilidad establecido en el precepto 12, fracción II, inciso C del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Bajo esa guisa, resulta inconcuso que atendiendo a su naturaleza, constituye una resolución que se establece en materia de una pensión con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contra lo que es procedente el juicio de nulidad. Asimismo, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. . . Sin que pase inadvertida la tesis P./J. 19/20202, en razón de la jurisprudencia 2a./J. 14/20223, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1741, Libro 12, abril de 2022, Tomo II, Materias Administrativa y Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Undécima Época, en la que se establece que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos. Conclusión. Por lo tanto, como se adelantó, se determina que se actualiza la causa de improcedencia, pues la parte quejosa no agotó, previo a instar el presente juicio, el medio ordinario de defensa, esto es, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que no se acató al principio de definitividad rector del juicio constitucional, en relación con el acto administrativo que por esta vía reclama, motivo por el cual se desecha la demanda de amparo que nos ocupa. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: . Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la autoridad que en él se indica, en representación del Titular de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual, señala domicilio, designa delegados y, en relación con el oficio 33523/2022 de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se le requirió su informe justificado como consecuencia de la admisión de ampliación de demanda de la parte quejosa, solicita que le sea remitida copia de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Al respecto, de conformidad con el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tienen por designados como Delegados a las personas mencionadas y por señalado como su domicilio procesal el que indica, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, siempre y cuando corresponda al de su domicilio oficial. Ahora bien, como lo solicita, remítase copia simple de la demanda de amparo y anexos, relativos al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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