María Elena Tapia Vázquez
Expediente 163/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2022
Partes del expediente
- María Elena Tapia Vázquez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, catorce de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual, remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A. 94/2022. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes, que el órgano colegiado revisor resolvió lo siguiente: "ÚNICO. ES INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por *********************, en contra del acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el expediente 163/2022." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, tomando en consideración que se ha resuelto en definitiva el recurso señalado en párrafos que anteceden, se instruye a la Analista Jurídico SISE a efecto de que deshabilite los permisos otorgados para la consulta de las constancias electrónicas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que en su caso, se hayan realizado. Asimismo, al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente 2 de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, quince de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo de los diversos anexos que le fueron remitidos, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto en este asunto por la parte quejosa, registrándolo con el toca Q. A. 94/2022; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, tres de marzo de dos mil veintidós. Agréguense al sumario constitucional en que se actúa los escritos de cuenta, signado por ********************, representante común de la parte quejosa; por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, señala los hechos que pretende acreditar con las pruebas testimonial y de inspección judicial ofrecidas mediante escrito registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado con el folio 2648, en este sentido, se provee lo siguiente: En principio, cabe precisar que en el presente asunto se tuvieron como actos reclamados iniciales los que a continuación se señalan: Y en la ampliación de demanda registrada con el folio 77, se tuvieron con actos los siguientes: Ahora, la quejosa pretende ofrecer las siguientes pruebas: Además, en el escrito de cuenta, la quejosa pretende justificar las pruebas que ofrece, en los siguientes términos: En ese sentido, esta potestad de amparo considera que deben desecharse los medios de pruebas ofrecidos por la parte quejosa, consistentes en la testimonial a cargo de *************************, y la inspección ocular a desarrollarse en el asentamiento conocido como "***************", ubicado aproximadamente en el ********************. Lo anterior, tomando en consideración el objeto y fin de dichos medios de prueba, en virtud de que no resultan idóneos para la resolución del presente asunto, toda vez que de la intelección al artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte que los medios de convicción ofrecidos necesariamente deben tener relación inmediata con los hechos controvertidos, lo que se conoce como principio de idoneidad. Para verificar lo anterior, destaca mencionar que como ya se señaló con anterioridad, los actos reclamados destacados en el juicio de amparo en que se actúa consiste en el oficio por medio del cual, la autoridad señalada como responsable dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa, por lo que la litis en la presente instancia versa sobre la legalidad de los fundamentos y motivos expresados por dicha autoridad al emitir el acto de referencia, así como que la respuesta otorgada sea completa y congruente, cuestión que, en su oportunidad, será analizada a la luz de los conceptos de violación formulados al respecto, así como de las pruebas que ya obran agregadas en el presente asunto. En esta tesitura, lo expuesto por la parte quejosa en el escrito de cuenta, da noticia de que las probanzas que nos ocupan no se encuentran relacionadas con el acto que por esta vía se impugna, pues resulta inconcuso que el estudio relativo a que el acto reclamado se encuentre debidamente fundado y motivado y sea congruente con lo solicitado, se realizará con base en las pruebas que fueron aportadas ante la propia autoridad responsable. Así es, el artículo 75 de la Ley de Amparo establece como regla general que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquélla. A su vez, en su segundo párrafo contempla una excepción, a saber, que tratándose del amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, lo que en el caso no acontece, puesto que al ser el acto reclamado la respuesta recaída a una petición elevada por los solicitantes del amparo, resulta evidente que las pruebas que deben ser tomadas en cuenta, son aquéllas que la responsable tuvo a la vista cuando lo emitió. Así, puede decirse que el juicio de amparo no constituye una nueva o segunda o tercera instancia del procedimiento del orden común, donde puedan recibirse las pruebas que no se desahogaron con anterioridad, ni dicho juicio, que es autónomo, tiene por objeto decidir directamente sobre acciones, excepciones o pretensiones que se plantean en el procedimiento ordinario, pues lo que en él se juzga, es exclusivamente si el acto reclamado vulnera derechos humanos, siendo por esta razón que el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, tomando en consideración sólo los elementos que tuvo ante sí y pudo esa autoridad ponderar, dado que lo que se juzga es precisamente su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior, a guisa de criterio orientador, la tesis aislada I.8o.C.19 K (10a., del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2012641, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, página dos mil ochocientos ochenta y ocho, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO, NO RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ALCANCE DE LA EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO. .. En esa medida, la finalidad del ofrecimiento de las pruebas que nos ocupan consiste en acreditar cuestiones que son ajenas a la litis, en virtud de que, se insiste, la acreditación del vínculo de propiedad o posesión que une a cada uno de los quejosos con los predios de los que señalan fueron desposeídos, no resulta idóneo para la resolución del presente asunto, en el que se insiste, la litis consiste únicamente en analizar si la respuesta brindada por la autoridad responsable fue completa y congruente y si se encuentra debidamente fundada y motivada. En las relatadas circunstancias, este órgano jurisdiccional considera que deben ser desechadas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, en virtud de que atendiendo el objeto y fin de su ofrecimiento, las mismas no resultan idóneas dentro de la secuela procesal en que se actúa, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Determinación que además, se toma con la finalidad de evitar diligencias innecesarias y carentes de objeto, en aras de los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, que este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a observar en estricto apego a lo establecido en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, por el criterio que sustenta, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, visible en la página 1888, cuyo rubro establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Julio César Bravo Deza, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Agréguese el oficio 4303/2022, dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, a través del cual remite el escrito de ampliación de demanda promovida por *****************, contra actos del Titular de la Unidad Jurídica de la Subdelegación de Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que se consideró que debería darse el trámite correspondiente como una demanda independiente, por las razones que se exponen en el oficio de cuenta. Ahora bien, una vez analizado el escrito que nos ocupa, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Integración del expediente. Fórmese el expediente 163/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por **********************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Acto reclamado. *************** pretende que a través del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre el acto y autoridades siguientes: A) Señalo como autoridad ORDENADORA a la TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA DE LA SUBDELEGACIÓN DE ZONA ORIENTE DEL ISSSTE. B) De igual manera, señaló como autoridades responsables ORDENADORA AL C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA DE CADA AUTORIDAD. De la autoridad señalada como Responsable y marcada con el inciso A) Reclamo EL INFORME DE SIETE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, rindió informe justificado la titular de la Unidad jurídica de la Subdelegación de Zona oriente, en el cual manifiestan con diversas argucias legales que el director general del ISSSTE, no tienen facultades para ordenar el cumplimiento del fallo natural que dio origen al presente juicio de garantías. De las autoridades señaladas en los incisos B) RECLAMO EL INFORME DE DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS, se rinde diverso informe donde se efectúa un cálculo aritmético y manifiesta que no se adeudan cantidades por concepto de pensión, lo cual es una afirmación dolosa e ilegal porque si fuese el contexto correcto se hubiese manifestado esa circunstancia desde la contestación de demanda y el tribunal de origen la hubiese valorado y tomado determinación al respecto diversa a la plasmada en la resolución que no ha sido viable ejecutar." Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que lo reclamado no genera una afectación a la parte quejosa. Razones de la Improcedencia. Este órgano de control constitucional, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no generen una afectación a la parte quejosa, ya sea como titular de un derecho tutelado por una norma de derecho objetivo, o bien como titular de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, así como en contra de normas generales que no hayan generado un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Con el fin de dar respuesta a lo anterior, es necesario destacar que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución del referido juicio y que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del precepto constitucional referido, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo), lo cual es reiterado por el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intente contra actos administrativos, ya que para que la instancia resulte procedente éstos deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional. De todo lo hasta aquí señalado, se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico: ? La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. ? El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido se pronunció el Máximo Tribunal del país, por conducto de su Primera Sala, en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". Una vez que se precisó lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia número 1º.A.J/17, publicada en la página 35 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, de rubro "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". Atento a lo anterior, se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. Por lo tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Ahora bien, en cuanto a que la afectación al mencionado interés jurídico debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 16/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, página 17, ha resuelto categóricamente que debe acreditarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones, pues las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, por ende, es obvio que para que puedan examinarse en el juicio de amparo es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. Al respecto, se tiene en cuenta que los artículos 107, fracción I, 17, fracción I, 61, fracciones XII y XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Resulta oportuno destacar que en el caso de leyes autoaplicativas, el gobernado podrá impugnarlas con motivo del inicio de su vigencia; o bien, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, en términos del segundo párrafo, de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado, los mandatos legales, para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley de la materia. De tal forma que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Precisado lo anterior, es menester indicar que en el caso, la parte quejosa reclama los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Titular de la Unidad Jurídica de la Subdelegación de Zona Oriente y Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por lo que, debe decirse que la sola presentación de dichos informes justificados, no demuestran la existencia del acto reclamado ni el perjuicio que estos le causan, y en consecuencia, la afectación que se le está causando en su esfera jurídica de derechos. Encuentra sustento lo anterior por analogía, la tesis aislada 1.9°.P.25 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5045, que establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS MANIFESTACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZADAS EN SU INFORME JUSTIFICADO RESPECTO DE LA AMPLIACIÓN ADMITIDA A LA QUEJOSA CON ANTERIORIDAD, AL NO TRATARSE DE UN NUEVO ACTO. Hechos: En un juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito tuvo por ampliada la demanda de la quejosa en cuanto a los conceptos de violación, por lo que requirió a la autoridad responsable su informe justificado; hecho lo anterior, aquélla intentó nuevamente ampliar su demanda respecto a un "nuevo acto", a lo cual el a quo se negó, al no ser novedoso, toda vez que se trataba únicamente de manifestaciones que realizó dicha autoridad respecto de la referida ampliación de la demanda que fue admitida a la impetrante. Inconforme con la decisión, ésta interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la ampliación de la demanda de amparo indirecto es improcedente contra las manifestaciones de la autoridad responsable realizadas en su informe justificado respecto de la ampliación admitida a la quejosa con anterioridad, al no tratarse de un nuevo acto.MJustificación: Lo anterior, porque si en su informe justificado la autoridad responsable expuso diversas manifestaciones, ello fue para dar respuesta a los nuevos conceptos de violación presentados por la quejosa -derivados de su ampliación de demanda-; sin embargo, no se trató sobre un nuevo acto. Sin que de ello pueda desprenderse o actualizarse la obligación del juzgador de amparo o de la autoridad responsable, o bien, el derecho adjetivo de la quejosa de poder ampliar su demanda con base en el segundo informe justificado -derivado de una ampliación de demanda-, en el caso, a solicitud de la justiciable, pues el deber de la responsable es rendir su informe con justificación en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Por su parte, si lo que la recurrente pretende demostrar es la aparente existencia de un nuevo acto reclamado, que le atribuye a la autoridad responsable, debe señalarse que ello es incorrecto, pues el informe justificado que ésta remitió derivó de la ampliación de los conceptos de violación, esto es, únicamente dio contestación en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, que dispone taxativamente que en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; de donde no puede ubicarse la ampliación que se pretende, en tanto que a la quejosa corresponde demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando no sea violatorio en sí mismo de derechos fundamentales y de las garantías otorgadas para su protección, como se establece en el párrafo tercero del artículo 117 citado." En consecuencia, queda de manifiesto que la parte quejosa carece de interés para instar el presente juicio de amparo respecto de tales actos, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Conclusión. En mérito de lo hasta aquí expuesto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***********************. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Asimismo, téngase como autorizado para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a ****************************, por no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y a las diversas personas que menciona por así haberlo solicitarlo expresamente. Por lo que hace al correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello.1 Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.2 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
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