María Encarnación Ariza Castolo

Expediente 228/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
228/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
31/12/2018

Partes del expediente

  • María Encarnación Ariza Castolo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del once de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General.

  2. Principal

     Quejoso solicita devolución de documentos Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa *** por medio del cual solicita la devolución de los documentos que acompaño a su escrito inicial de demanda de amparo, así como los consistentes en: a) Citatorio del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. b) Acta de notificación del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. c) Oficio *** signado por la Subdirectora de Control Vehicular de la secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. En tales condiciones, previa copia certificada que obre en autos devuélvanse a la parte quejosa los documentos que solicita por conducto de las personas que señala, mediante toma de razón que por su recibo obre en autos, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa ..., a través del cual aclara que en relación al desistimiento acordado en proveído del seis del mes y año en curso, no es su deseo desistirse del presente juicio de amparo, sino únicamente informar a este órgano jurisdiccional la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el veintiocho de noviembre pasado, le fue notificada la resolución que dio respuesta a su escrito del diecisiete de agosto del año en curso, materia del presente juicio de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia En ese sentido, y visto el estado procesal de los autos, se advierte que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, ante Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que señala la parte quejosa, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal referido, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecía de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Así, la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Establecido lo anterior, cabe recordar que el quejoso controvierte la omisión de dar contestación al escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho presentado en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, lo que implicaría vulnerar el derecho fundamental previsto en el artículo 8 de la Constitución Federal, del cual se desprende que toda autoridad debe respetar el derecho de petición de los particulares, siempre que éstos la realicen por escrito, de manera pacífica y respetuosa.. Sin embargo, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada, en atención a que la parte quejosa presentó un escrito en Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el diez de diciembre de dos mil dieciocho, al que acompañó el oficio SFA-SI-CGENyASF-DISCV-5385/2018 del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, signado por la Subdirectora de Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Admiración del Gobierno del Estado de Puebla, en el que se da contestación a la omisión impugnada, en los términos siguientes (fojas 41 a 46): ".Con fundamento en las disposiciones que anteceden, hago de su conocimiento que de la consulta realizada por el número de serie 9BWCC05X34P024869, en la página electrónica del Registro Público Vehicular, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica del Gobierno Federal, se observa que el vehículo descrito en el primer párrafo, se encuentra inscrito en la citada página con número de registro público vehicular (NRPV) 1AABIIJ9 y con placas de circulación TZC5979 de Puebla. Que derivado de su escrito, me permito infórmale que se realizó la búsqueda de la solicitud de baja de las placas TCZ5979 efectuada en el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con lo declarado en su petición número VI, sin embargo, esta autoridad no cuenta con antecedente alguno donde usted o bien la aseguradora El Águila compañía de seguros, S.A. de C.V., requieran la baja de las placas antes citadas, a esta Secretaria. Derivado de lo anterior, para que esta Autoridad se encuentre en posibilidades de llevar a cabo su solicitud de baja de placas, se deberá efectuar el pago de las contribuciones que correspondan de conformidad con lo establecido en el artículo 88 último párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Puebla, vigente. En este sentido, es de indicarse que en el supuesto de haberle transmitido la propiedad a la aseguradora; deberá informarle que podrá realizar la baja por siniestro, agendando su cita en la página www.puebla.gob.mx, opción "tramites" en la Oficina Recaudadora y de Asistencia al Contribuyente más cerca a su domicilio, tramite en el cual deberá presentar de conformidad con la regla III.3. de Reglas Generales que dan a conocer los Requisitos para los Tramites o Movimientos relativos al Registro Estatal Vehicular, la siguiente documentación en original y copia legible. Asimismo, usted podrá efectuar el aviso de enajenación, en la Oficina Recaudadora y de Asistencia al Contribuyente más cerca a su domicilio, tramite en el cual deberá presentar de conformidad con la regla III.15.1 y III.15.4 de Reglas Generales que dan a conocer los Requisitos para los Tramites o Movimientos relativos al Registro Estatal Vehicular, la siguiente documentación en original y copia legible: Dicha resolución fue notificada el veintiocho de noviembre del año en curso. Por lo tanto, se considera que con motivo de la emisión de la resolución del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica de la inconforme, o habiéndola irrumpido la cesación no deje huella alguna de dicha afectación. Por lo tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora, como ya se vio, en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo inicialmente se reclamó la falta de respuesta a su escrito del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho; sin embargo, la autoridad responsable ya emitió la respuesta respectiva, por lo que surge la incógnita si respecto de este último acto, sería posible darle vista o no a la parte quejosa, para que amplié la demanda de amparo relativa. Para contestar la interrogante, debe decirse que el caso no se ubica en la hipótesis descrita en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo, porque no se trata de un acto administrativo emitido de manera unilateral, por la autoridad responsable, y si bien podría ampliarla con base en las reglas generales de ampliación de una demanda de amparo, previstas en el artículo 111 de la misma legislación, lo cierto es que en esta última premisa, debe agotarse, contra dicha respuesta, el juicio de nulidad, y, por ende, a nada práctico conllevaría darle vista para ampliar. Debe recordarse que el artículo 111 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Sin embargo, los supuestos establecidos para la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando atienden a elementos de oportunidad o temporalidad para su promoción, así como el conocimiento posterior de actos relacionados con aquellos reclamados inicialmente, lo cierto es que el legislador no previó que en esos casos se actualizara la hipótesis de excepción al principio de definitividad, como sí lo previó -expresamente- respecto de la ampliación de la demanda tratándose de los casos en que se reclamen actos materialmente administrativos emitidos unilateralmente, y la autoridad responsable complementa la fundamentación y motivación, en términos de los artículos 61, fracción XX, párrafo último, 117, párrafo último y 124, párrafo último, de la Ley de Amparo. De ahí que el legislador ordinario no previó que tratándose de demandas de amparo en los que se reclame una violación al derecho de petición, deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 117, párrafo último, de la ley de la materia, consistente en otorgar un plazo razonable para ampliar la demanda respecto del acto emitido en respuesta a la solicitud de que se trata, pues ese supuesto se reservó a los actos unilaterales de la administración pública y, tampoco se estableció que el particular quedaba exento de agotar los medios ordinarios de defensa, como en este caso, el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Lo anterior no irroga perjuicio alguno al sistema dispuesto en la Ley de Amparo para efecto de la procedencia de la demanda de garantías pues, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar el acuerdo de la responsable como corresponda y estime conveniente y, si el quejoso opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, por razones de economía procesal, el Juez de Distrito que ha conocido de la demanda de amparo puede y debe ponderar si el juicio constitucional es la vía procedente para tal impugnación o no, lo cual, de hecho, acontecería si el quejoso impugnara el acuerdo de la responsable a través de una nueva acción de amparo, con la sola particularidad de que se tendrían dos expedientes diversos. No obsta a lo anterior, el hecho de que el Juez de Distrito se encuentre en posibilidad de considerar actualizada la fracción III del artículo 74, en relación con la diversa XVI del numeral 73, relativa a la improcedencia del juicio de amparo ante el cese de los efectos del acto reclamado, ello porque esta consideración podría acontecer por lo que respecta al acto de omisión de la responsable en emitir el acuerdo de respuesta pero no por lo que hace a la ampliación de demanda; en todo caso, podría sobreseerse respecto de los nuevos actos si el Juez Federal estima que en la especie se acreditan diversas razones para ello." Con base en lo anterior, es posible sobreseer el juicio, por cesación de efectos, dado que contra la respuesta procede el juicio de nulidad, y de nada serviría que se le diera oportunidad de ampliar la demanda, si a la postre se sobreseería por no agotarse el principio de definitividad. En ese orden de ideas, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con cincuenta minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciocho.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ..., del que se desprende que realiza manifestaciones tendentes a desistirse del presente juicio de amparo; ante ello, se provee: Atento a la naturaleza del desistimiento en cuestión, de las consecuencias que el mismo acarrea, y en razón de que éste contraviene los intereses que pueda tener la referida quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su numeral 2°, requiérase a ..., a fin de que comparezca en forma personal ante este órgano federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de que ratifique el escrito de cuenta; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se continuará con la tramitación del presente juicio de garantías.

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