María Emilia Sesma Téllez

Expediente 359/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
359/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • María Emilia Sesma Téllez
  • Secretaría de Planeación Y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de julio de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el quince de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo, no fue recurrida por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia que determino sobreseer el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, dado que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Devolución de legajo. Se ordena devolver el legajo de pruebas al Juzgado Décimo Primero Especializado Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL... VI. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 359/2021-V, promovido por ***, en contra de los actos reclamados y autoridades responsables fijados en el considerando III, de conformidad con las consideraciones vertidas en los considerandos IV y V. Notifíquese

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído veintiocho de abril de dos mil veintiuno se requirió a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días manifestara si era su deseo ampliar su demanda. Sin embargo, la parte quejosa no hizo manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado, por lo que se declara precluido el derecho para ampliar la demanda de amparo, respecto de la vista otorgada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Sirve de fundamento la jurisprudencia: PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Litis. De autos se advierte que la quejosa **** reclama, entre otros actos, la orden verbal o escrita consistente en el bloqueo, traba de embargo, aseguramiento, inmovilización, congelamiento en relación con la cuenta bancaría 0145056896, ligadas a las diversas 0148849641 y 0154376978, de BBVA Bancomer. Providencia precautoria. Ahora bien, de los informes recabados en autos y de la copia certificada del expediente relativo a la providencia precautoria de retención de bienes como acto prejudicial de juicio ejecutivo mercantil oral 04/2021 del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, se desprende lo siguiente: 1. En auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, en la providencia precautoria de retención de bienes como acto prejudicial de juicio ejecutivo mercantil oral 04/2021, se decretó la retención de bienes y cuentas bancarias de la quejosa María Emilia Sesma Téllez, hasta por la cantidad de $2´602,929.05 (dos millones seiscientos dos mil novecientos veintinueve pesos 05/100 moneda nacional); y, se ordenó girar oficio, entre otros, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su ejecución. 2. El Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibió el oficio de retención de cuentas bancarias y lo retransmitió a las entidades financieras. Vista para ampliar. En ese sentido, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo en relación con la autoridad responsable y actos siguientes: Autoridad responsable: 1. Juez Décimo Primero Especializado Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. 2. Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Actos reclamados: 1. El auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, en la providencia precautoria de retención de bienes como acto prejudicial de juicio ejecutivo mercantil oral 04/2021, se decretó la retención de bienes y cuentas bancarias de la quejosa. 2. Su ejecución, a través de la retransmisión a las entidades financieras. Se precisa a la parte quejosa que en caso de estimar conveniente ampliar su demanda, ésta deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que, en caso de no ampliar la demanda, se resolverá el juicio de amparo sólo por los actos y autoridades precisados en autos. Es aplicable, la jurisprudencia: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Diferimiento. En esa tesitura, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy. En esa medida, se señalan para celebrarla las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese; y, vía electrónica a la parte quejosa. Autoridades correo electrónico Comisión Nacional Bancaria y de Valores contencioso@cnbv.gob.mx .

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