María Eloisa Medina Tapia

Expediente 24/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
24/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/02/2018

Partes del expediente

  • María Eloisa Medina Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto dieciocho de enero de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por María Eloisa Medina Tapia, por propio derecho, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que sea necesario hacer devolución de documentos originales, toda vez que no fueron ofrecidos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el comunicado signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele informando que el juicio en que se actúa quedó registrado en el sistema de turno con el número de orden 000016/2018 del rubro turno de demanda de amparo y contabilizada en favor de este órgano jurisdiccional, de lo que se toma conocimiento. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de cinco de enero del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes el ocho y once siguientes (fojas 152, 153 y 156). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 52 a 70), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán: Tome las medidas necesarias que permitan la conclusión de la fase relativa al desahogo de los medios de prueba ofrecidos en el juicio de origen". Esto es, en la sentencia se determinó que ante la circunstancia de que la Junta responsable omitió observar el principio de celeridad, transgredió en perjuicio del quejoso el derecho de justicia pronta previsto en el numeral 17 constitucional, al haberse abstenido de velar que su homóloga en la Ciudad de México recibiera los oficios a través de los cuales solicitó el desahogo de la prueba de cotejo o compulsa, así como que dicha encomienda se realizara con toda oportunidad. Sentencia que causó ejecutoria el nueve de mayo del año inmediato anterior y se requirió su cumplimiento (fojas 88-89). Mediante proveídos de uno y veintiséis de junio; diecisiete de julio; siete de septiembre; dieciséis de octubre; veintidós de noviembre y once de diciembre, todos de dos mil diecisiete (fojas 105, 112, 119, 127, 133, 139 y 145), se solicitó nuevamente a la responsable la obediencia al fallo protector. Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, remitió los oficios 1223, 1505/2017, 1792/2017, 2032/2017, 2563/2017, 2032/2017, 2801/2017, 3085/2017 y 11/2018 (fojas 99, 108, 115, 122, 130, 136, 142 y 148), a los que acompañó copia certificada de las constancias siguientes: Acuerdo de quince de mayo de dos mil diecisiete (foja 100), en el cual giró respectivo exhorto recordatorio a sus símiles en Chihuahua, Chihuahua y Ciudad de México, a fin de que desahogaran diverso medio de prueba. Misivas 1221 y 1222, con las cuales les hace saber lo anterior (fojas 102 y 103). Auto de siete de junio del año próximo pasado (foja 109), en el que ante la imposibilidad que manifestó la junta análoga en la Ciudad de México, para el desahogo del cotejo solicitado, remitió exhorto recordatorio a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en aquella localidad, a fin de que comisionara al actuario de su adscripción para el verificativo del medio probatorio. Calco 1504/2017, con el que solicita lo que precede (foja 110). Proveído de siete de junio de dos mil diecisiete, en el que la Secretaría citada con antelación, comisionó al diligenciario para que llevara a cabo el cotejo solicitado (foja 116). Acuerdo de tres de julio siguiente, en el que la junta responsable tuvo por recibida la información mencionada en el epígrafe que precede (foja 117). Auto de cuatro del mes y años citados, en el cual la junta semejante de Chihuahua, ordenó el desahogo de la diligencia encomendada -testimonial- (foja 123). Diligencia del notificador adscrito a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, en la cual manifestó la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la encomienda (foja 124). Proveído de cuatro de agosto del año inmediato anterior, en el que la junta responsable tuvo por recibida el acta circunstanciada anterior y requirió con apercibimiento a la demanda proporcionara los datos correctos donde se desahogaría el medio de prueba ofertado (foja 125). Acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual, ante la información facilitada por la aquí quejosa, giró exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, a fin de que llevara a cabo el desahogo de la prueba ofrecida (foja 131). Auto de veinticuatro de octubre de la anualidad pasada, en el cual, la junta responsable, ante la imposibilidad manifestada por la semejante en Chihuahua, requirió a la actora proporcionara la información correcta a fin de llevar a cabo el desahogo de la prueba ofertada por ésta (foja 137). Proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual la junta responsable tuvo por recibidas las constancias del secretario de acuerdos de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, con las que acreditó el desahogo del medio de prueba solicitado (foja 143). Determinación de once de diciembre del año citado, en la que declaró la deserción de la prueba -testimonial- ofrecida por la actora, el secretario adscrito a la junta responsable certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar, y se otorgó plazo -tres días- con apercibimiento a las partes para que formularan alegatos (fojas 149). Del examen de las documentales reseñadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la junta responsable cumplió con el fallo protector, pues el once de diciembre de dos mil diecisiete, el secretario adscrito a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, certificó que en el expediente 1042/2009, no existían pruebas pendientes por desahogar, de lo que se infiere que tomó las medidas necesarias que permitieron la conclusión de la fase relativa al desahogo de los medios de prueba ofrecidos. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues tomó las medidas necesarias para que en lo posible se pudieran desahogar los medios de convicción ofrecidos que permitieron la conclusión de la fase relativa a esa etapa en el expediente 1042/2009, tan es así que el secretario adscrito a la junta responsable levantó certificación referente a que no existían pruebas pendientes por desahogar; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Asimismo, tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue tomar las medidas necesarias que le permitieran finalizar una etapa en el juicio laboral de origen. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA ELOISA MEDINA TAPIA. Visto el oficio signado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo 20/2018 de su índice, y un legajo de copias certificadas, formado con motivo de la demanda promovida por María Eloisa Medina Tapia, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Lo anterior, en virtud de que tanto en los juicios de amparo 1003/2016, 497/2017, 1224/2017 y 1226/2017 del índice de este juzgado, como en aquél se reclaman actos derivados del juicio sumario familiar 380/2015 del registro del Juzgado Mixto del distrito judicial de Ario de Rosales, Michoacán, que dio origen al toca civil I-359/2017 de donde emana el acto reclamado, lo que origina la actualización del supuesto establecido en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En las relatadas condiciones se asume el conocimiento del asunto. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que la parte quejosa en su demanda de amparo precisó como acto reclamado el siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- Se hace consistir en el auto de fecha 07 siete de diciembre del año 2,017 dos mil diecisiete, dictado dentro del toca de apelación número I-359/2017, formando con motivo del recurso de apelación, que se hizo valer dentro del Juicio Sumario Familiar número 380/2015, sobre Cesación de Alimentos Provisionales, promovido por el C. José Luis Huerta Figueroa frente a la compareciente Sic. fijación del acto reclamado. Ahora, tomando en consideración la narración de hechos de la demanda formulada por la quejosa interpretados como un todo, se obtiene que el acto reclamado lo constituye el acto siguiente: La determinación dictada el siete de diciembre de dos mil diecisiete en el que se desechó el recurso de revocación que hizo valer contra la diversa de treinta de noviembre del año próximo pasado que inadmitió el incidente de apelación mal admitido que promovió dentro del toca de apelación I-359/2017 del índice de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, bajo la perspectiva de que dicho recurso se debió admitir en ambos efectos y no sólo en el devolutivo. Acto que reclama en esta instancia constitucional, partiendo de la perspectiva de que la determinación tomada en el recurso de revocación no admite otro recurso. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En la especie, quien resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. Ahora, es pertinente indicar que de acuerdo a la interpretación teleológica y funcional del artículo 107 de la Ley de Amparo todas las hipótesis para la procedencia del juicio de amparo requieren de un elemento sine quanon, es decir un presupuesto necesario para su procedencia relativo a que el acto reclamado produzca ejecución irreparable en los derechos del quejoso, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, es a la luz de este requisito conforme al cual se habrá de estudiar el acto reclamado por la quejosa el cual se ubica después de concluido el juicio, esto es, en apelación. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido la postura de que después de concluido el juicio debe prevalecer el elemento de "afectación directa a derechos sustantivos del promovente como determinante para la procedencia del juicio de amparo indirecto, que representa una salvedad para no esperar al dictado de la sentencia que ponga fin al juicio, como condicionante para recurrir a la vía constitucional, como acontece con las determinaciones emitidas en juicio que afectan derechos sustantivos como son la propiedad, vida, posesión, salud, etcétera. Ahora, el acto reclamado en esta instancia constitucional, es el de siete de diciembre de dos mil diecisiete en el que se desechó el recurso de revocación que hizo valer contra la diversa de treinta de noviembre del año próximo pasado que inadmitió el incidente de apelación mal admitido enderezado dentro del toca de apelación I-359/2017 del índice de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, bajo la perspectiva de que la sala responsable debió admitir dicho recurso en ambos efectos y no sólo en el devolutivo. Como se observa, el acto reclamado se emitió durante la substanciación del recurso de apelación I-359/2017, es decir, después de concluido el juicio, sin embargo el acto que reclama la parte quejosa en esta instancia constitucional no es de ejecución irreparable, en virtud de que el desechamiento del recurso de revocación promovido dentro del toca subyacente no es de ejecución irreparable, en virtud de que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, como son la vida, salud, propiedad, libertad, etc., y, por tal circunstancia, no es susceptible de combatirse en esta instancia constitucional, dado que el acto reclamado se refiere a una cuestión procesal relativa a la sustanciación de la apelación. No es inadvertido para quien resuelve, que el recurso de apelación de donde deriva del acto reclamado se promovió en virtud de que la quejosa se inconformó contra la sentencia dictada dentro del juicio sumario familiar 380/2015 del índice Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ario de Rosales, Michoacán, que tuvo por efecto cancelar la pensión alimenticia de que venía gozando la quejosa; sin embargo, ese hecho no es óbice para que se deseche la demanda, toda vez que en ese momento procesal se encontraba en trámite el recurso de apelación de donde emana el acto reclamado y será hasta que se dicte la sentencia dentro de dicho recurso la que será objeto de estudio constitucional; empero, no en esta vía constitucional si no en el juicio de amparo directo que promueva la quejosa, en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. De modo que, el auto que se impugna de inconstitucional no es de ejecución irreparable, toda vez que no afecta derechos sustantivos del quejoso ya que, en su caso, podría producir afectación a derechos adjetivos o procesales; empero, éstos podrán ser impugnables a través del juicio de amparo directo, cuando se dicte la resolución que le ponga fin al juicio de donde deriva el acto reclamado, pues es esa y no la aquí combatida la que podría producir una ejecución irreparable en perjuicio de la quejosa. En ese orden de ideas, la determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional no da lugar a algún acto privativo de derechos sustantivos como la libertad, la propiedad, la posesión, la salud, etcétera, lo que demuestra que es un acto procesal que únicamente produce efectos al interior del propio procedimiento judicial, pues esta determinación sólo podrá incidir o contribuir para la afectación de los derechos sustantivos de la quejosa, si es que se resuelve la apelación y le es adversa. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a la anterior determinación, por su orientación jurídica, la Jurisprudencia IV.2º.C. J/2 10a., de rubro siguiente: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, cuyo rubro establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Séptima Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Toda vez que la presente demanda de amparo fue remitida por el Juez Tercero de Distrito con residencia en esta ciudad, en virtud de la incompetencia que plantea en favor de este juzgado, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, copia de la demanda de amparo, así como del presente acuerdo, a efecto de que se proceda a la compensación correspondiente. Se autoriza al secretario firmar los oficios relativos al presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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