María Elisabeth Morfín Morfín
Expediente 91/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Elisabeth Morfín Morfín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veinte de mayo de dos mil diecinueve (fojas 111-116), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá ser destruible, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable, pues de conformidad con el artículo 87 de la citada Ley de Amparo, las autoridades que desempeñan actividades jurisdiccionales como en el caso del Tribunal Laboral, carece de legitimación para recurrir a la sentencia; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que la responsable pueda recurrir la sentencia de que se trata. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de documentos o garantía, toda vez que no fueron exhibidos los primeros, ni la segunda en el cuaderno incidental por no haberse aperturado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veinte de mayo de dos mil diecinueve (foja 63 vuelta), hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo V-91/2019, promovido por María Elisabet Morfín Morfín, por propio derecho, contra la autoridad y acto siguiente: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. La omisión de ordenar el llamamiento a juicio de la parte demandada en el juicio ordinario laboral 431/2016. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: Escrito inicial de demanda (fojas 2 a 8), prevención de seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 9 a 12), escrito aclaratorio de demanda (foja 15), y auto admisorio de doce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 16 a 18). Por otra parte, en cuanto al informe justificado que obra en autos, el secretario hace relación del mismo mediante la tabla siguiente: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO FOJA SENTIDO Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto del presidente de dicho Tribunal. La omisión de ordenar el llamamiento a juicio de la parte demandada en el juicio ordinario laboral 431/2016. 22 Parciamente cierto El auto que se tuvo por recibido y las documentales que adjuntó al informe. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterados los proveídos mediante los cuales se tuvo a la autoridad responsable rindiendo el informe justificado. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que obran las documentales que el Tribunal responsable remitió en alcance al informe justificado (fojas 35 a 61), y las enviadas el veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 70 a 71); a lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que únicamente la representante social de la adscripción hizo manifestaciones en esta etapa los cuales presentó el veintiuno de marzo del año en curso (fojas 27 y 28); a lo que el Juez acuerda: Téngasele formulando los que a su parte corresponden, los cuales se tomarán en consideración al momento de resolver este asunto y por perdido el derecho de las demás partes de hacerlo, por lo que se cierra esta fase. Enseguida, procede dictar la resolución siguiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 91/2019-V; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y recibido ese día en este juzgado María Elisabet Morfín Morfín, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y por la autoridad siguiente: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. La omisión de ordenar el llamamiento a juicio de la parte demandada en el juicio ordinario laboral 431/2016. Acto que estimó violatorio de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El doce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 16 a 18), previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió el informe con justificación a la autoridad responsable, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede ; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48, 55, fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión que se reclama en esta vía, se atribuye a un Tribunal laboral que reside dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y con base en la integridad de la demanda, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y de que éste no vea obstaculizado el acceso a la justicia, así como de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 255, tomo XIX, abril de 2004, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este sentido de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias relativas remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado por esta vía constitucional, consiste en: ? La omisión de ordenar el llamamiento a juicio de la parte demandada en el juicio ordinario laboral 431/2016, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. Al rendir el informe justificado el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, manifestó que era parcialmente cierto lo que se le reclama (foja 22); sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que en acuerdo de diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis (foja 50), ordenó girar oficio a la Junta Especial Número Ocho, con residencia en Lázaro, Cárdenas, Michoacán, para que en auxilio de dicho Tribunal llevara a cabo el emplazamiento de la parte demandada, Ayuntamiento de Aquila, Michoacán, siendo devuelta dicha comunicación sin diligenciar el cuatro de julio de dos mil diecisiete (foja 51), acordando lo conducente a la misma en acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve (foja 56), en donde se advierte la responsable ordenó comisionar al actuario adscrito a dicho Tribunal para que llevara a cabo el emplazamiento de la parte demandada, siendo efectuado dicho llamamiento a juicio el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, como se advierte de la constancia de notificación (foja 71); por lo anterior, se aprecia que a la fecha de la presentación de la demanda cinco de febrero de dos mil diecinueve, no se había llevado a cabo el emplazamiento a juicio de la parte demandada residente en Aquila, Michoacán; por tanto, es cierta la omisión reclamada. Lo que se corrobora con las documentales que remitió el Tribunal responsable en alcance al informe justificado (fojas 35 a 61), así como las que adjuntó al oficio TCA/AMP/1465/2019 (fojas 70 a 71), cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia de la omisión reclamada, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que se advierte de las constancias que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió como justificación al informe. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar el alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional la quejosa reclama, en esencia, la omisión de ordenar el llamamiento a juicio de la parte demandada en el juicio ordinario laboral 431/2016, por parte de la autoridad responsable. En ese sentido, de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se aprecia que el veintiséis de abril de dos mil diecinueve (foja 71), llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada Ayuntamiento de Aquila, Michoacán, dentro del juicio laboral 431/2016, como se advierte de la constancias de notificación. Del contexto que antecede se desprende que en efecto se actualiza la referida causal de improcedencia invocada, toda vez que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -cinco de febrero de dos mil diecinueve-, dado que la responsable el veintiséis de abril pasado (foja 71), emplazó a la parte demandada en el juicio de origen. Por tanto, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la propia autoridad responsable, ya resolvió el juicio laboral subyacente. Tiene aplicación la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causa de improcedencia estudiada, razón por la que nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor trascendencia, como lo es una causa de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo, tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Elisabet Morfín Morfín respecto del acto atribuido a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta sentencia, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando cuarto.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual aclara la fecha en que se realizó el oficio TCA/AMP/1571/2019, recibido por este órgano jurisdiccional el seis de mayo de dos mil diecinueve (foja 92); lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento formulado en acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve (foja 67). Lo anterior, agréguese a los autos únicamente para que conste, toda vez que de las constancias remitidas por la responsable se advierte que las mismas fueron acordadas en proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 62), asimismo, en auto de treinta de abril de dos mil diecinueve (foja 72), se le tuvo a la autoridad mencionada remitiendo copia certificada las constancias de notificación y emplazamiento realizado a la parte demandada en el juicio de origen Ayuntamiento de Aquila, Michoacán, por lo que se le tuvo cumpliendo con el requerimiento formulado en autos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- María Elena Ruiz García78/2019
- María Elena Ruíz Pérez388/2019
- María Elena Saenz Becerril838/2019
- María Elena Sáenz Becerril1201/2019
- María Elena Sáenz Becerril1036/2019
- María Elena Sáenz Becerril1187/2019
- María Elizbeth Santibáñez Beltrán134/2016
- María Eloisa Medina Tapia1224/2017
- María Eloisa Medina Tapia1225/2017
- María Eloisa Medina Tapia24/2018
- María Eloisa Medina Tapia1226/2017
- María Engracia Martínez Lara444/2019